La miseria sigue empujando a hombres y mujeres centroamericanos a tratar de llegar a suelo estadunidense atravesando el mexicano, donde son víctimas de asaltos, golpizas y violaciones sexuales. No hay mujer que salga ilesa de semejantes agresiones, a tal grado que las farmacias de Centroamérica venden la “inyección anti-México”, un anticonceptivo de larga duración. Este año el gobierno mexicano deportó a más de 118 mil centroamericanos cuyo viaje a Estados Unidos fue interrumpido en Chiapas o Oaxaca. Es resultado del Programa Frontera Sur, mediante el cual Washington –según afirma The New York Times– le endosó a su vecino del sur la tarea de reprimir el flujo migratorio.
Primera parada: Arriaga, Chiapas. El coyote pagó 50 pesos por los 15 minutos del servicio sexual, pero necesitó más tiempo para desahogarse. Y en la cama Raquel escuchó la historia que ahora también la ahoga:
“En su grupo llevaba a una mujer con su hijo de un añito que lloraba tanto, seguro desesperado de caminar por el monte, hasta que él (el coyote) le dijo a la mamá que ya no los iba a llevar. Y ahí la dejaron. Al rato ella los alcanzó, sola. Él le preguntó: ‘¿Y el niño?’ ‘Ya se murió’. Nada más dijo eso. No supieron si lo abandonó en el monte y se lo comieron los animales o lo mató porque tenía que seguir. Imagínese cuánto dolor”.
Esta nicaragüense de maneras aniñadas y belleza exuberante (cabellera afro entintada de rubio, grandes ojos delineados, curvas tapadas con un bikini negro bajo encaje rojo) toma en la cama el pulso sobre las nuevas dificultades migratorias. Eso la hace afirmar con tristeza: “Ahora que quitaron el movimiento del tren, los migrantes más peligran”.
La vecindad donde Raquel se dedica al negocio del placer está a pocos metros de las vías donde otrora pasaba el tren cargado de migrantes; hoy se ve como un abandonado set de película: hoteles y pensiones en ruinas, vagones oxidados, pocas almas en la calle.
La crisis generada por el Programa Frontera Sur (anunciado en julio de 2014 para detener la migración a Estados Unidos junto con la prohibición a los migrantes de subir a los trenes) les pega a todos en carambola, incluso a ella y a sus colegas.
“Antes había más dinero, más movimiento. Venían y yo, cabalito, cabalito, sacaba unos mil 500 al día; ahora, 500 si me va bien, si no 300 –dice y pone como muestra el árbol navideño de plástico que compró para sus hijas e instalará sin regalos, porque no le alcanza para comprarlos–. Aquí era la parada del tren y se iban derechitos a la frontera. Ahora que ya no los dejan subir, qué les puede pasar por los montes.”
Ella misma responde: “Vino la semana pasada un muchacho temblando tanto, hasta le ofrecí agua. Dijo que unos asaltantes los desnudaron, los pusieron en cuclillas y revisaron a cada uno si no llevaban dinero escondido en el ano. Los pusieron a hacer sentadillas desnudos y a hacer fuerzas por si salía algo de dinero. Gracias a Dios no los violaron”.
Frente a la vecindad, del otro lado de las vías, Guatemala y El Salvador tienen sus consulados. Rafael Carrillo, a cargo de la oficina salvadoreña, confirma el diagnóstico de la nicaragüense: después de la puesta en marcha del Frontera Sur, las 15 visitas diarias de sus compatriotas pidiendo asistencia humanitaria bajaron a menos de cinco.
En la bitácora donde registra los motivos de visita de sus paisanos se consignan asaltos, golpizas, secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales. Por la estadística sabe que la migración no ha bajado, pero ahora tiene otros obstáculos: los migrantes ya no llegan a las ciudades donde hay instituciones que pudieran ayudarlos; los pocos que lo hacen llegan desmayados de cansancio. Además, explica, “el migrante no quiere poner denuncia, lleva prisa”.
“El problema –dice– es que los han obligado a buscar por el monte y ahí les sale la delincuencia, los asaltan, los roban, violan a las mujeres”. No sabe cuántas han sido víctimas, pero dice que el número de casos es similar al de años anteriores.
Según cálculos de organizaciones de derechos humanos, cada año al menos 300 mil extranjeros cruzan México para llegar a Estados Unidos; aproximadamente 45 mil son mujeres.
La violación sexual parece el destino ineludible para la mayoría de las mujeres que cruzan México, por lo que las farmacias centroamericanas venden la que llaman “inyección anti-México”, un anticonceptivo de largo efecto que, si no las salva de la agresión y de las enfermedades, al menos previene el embarazo.
No es para menos: se calcula que entre seis y siete de cada 10 mujeres son violadas en la ruta migratoria.
“Sobre todo las mujeres hondureñas vienen preparadas para no quedar embarazadas. Se habla de eso, de que se ponen una inyección que dura un mes”, admite el funcionario, conocedor de la ruta.
Los efectos del programa que trasladó la frontera estadunidense al sur de México, al río Suchiate, que separa a Chiapas de Guatemala, quedan marcados en los cuerpos de las migrantes.
“Si sufriste una violación…”
Segunda parada: Centro de Ayuda Humanitaria de Chahuites, Oaxaca.
En la pared color cemento de este precario albergue, en octubre de 2014 se exhibía un cartel que dejaba la sangre helada: “Amiga viajera: ¿Sabías que si sufriste una violación sexual tienes hasta tres días para prevenir una infección por VIH y un embarazo no deseado?”.
Este es un refugio de los que se improvisaron para atender a las víctimas masivas que ya no llegaban a los albergues conocidos, ubicados al pie de las vías, por el cambio de ruta provocado por la cancelación de los trenes.
Entre el Suchiate y el Istmo oaxaqueño hay más de 300 kilómetros, distancia que aumenta si se viaja por brechas, que parecen callejones donde el maltrato está asegurado. Se le conoce como la “ruta de los machetes”: cuando no hay armas de fuego, los asaltos son a machetazos y en los albergues es posible encontrar a los sobrevivientes con la piel o los huesos rajados.
En 2014 casi siete de cada 10 personas que pasaban por ese corredor salían heridas, traumatizadas, con el alma rota. Pocas llegaban intactas.
A partir de ese año los horrores ya no fueron exclusivos del norte. Se extendieron a Chiapas, Tabasco, Campeche, Oaxaca y Veracruz, estados que, según el sacerdote Alejandro Solalinde, fueron convertidos en el “cerco de seguridad” para evitar el cruce.
Para el también director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, donde hay más de 270 migrantes varados, los resultados del plan improvisado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para detener la migración han sido “desastrosos” y sólo han generado víctimas del delito a gran escala.
Además, señala en entrevista con Proceso, el gobierno no ha desintegrado la banda más criminal que agrede a los migrantes, porque la compone el mismo gobierno (“mafias” como la de Migración), que además de perseguir a los migrantes, secuestrarlos, extorsionarlos, ha desplegado operativos más violentos y fuerzas armadas alrededor de los albergues en un intento de que los migrantes no se acerquen a pedir ayuda. Pero ellos, sin embargo, han ido encontrando sus propias rutas.
Alberto Donis, asistente de Solalinde, menciona que con los cambios los migrantes tienen los caminos bloqueados: si se suben al tren, les lanzan operativos; cuando se bajan, los corretea el personal de Migración, que ha llegado a golpearlos cuando los encuentra, y ahora también policías privados.
Migración patrulla con volantas (“perreras” móviles) y planta retenes para detener a quien localiza, y ahora se acompaña por la Policía Federal o estatal, Marina o Ejército. La pinza la cierran los rancheros locales, que ven en los migrantes una alcancía y los asaltan o atacan en esas zonas inaccesibles por donde ahora transitan. Por eso se han abierto rutas a través del mar, donde a veces naufragan.
Detenidas por el pavor
Tercera parada: albergue no identificado, Chiapas.
Dos hermanas indígenas de Totonicapán, Guatemala, que hablan quiché y español, están varadas en este albergue que, como muchos otros, ahora parece campo de refugiados; está habitado por migrantes traumatizados en espera de una visa humanitaria que les permita seguir su camino sin ser violentados.
“Lamentablemente el viaje fue un poco mal”, suelta C, la mayor de las hermanas, quien dice tener 30 años aunque aparenta una década menos y es mamá de dos niños –de 11 y tres años– quienes miran embobados la tele en ese centro atestado de varones.
“La caminata nos había costado mucho, como tres días enteros rodeando. Pedíamos agua y comida en los ranchos, porque nos habían asaltado en un lugar que no conocemos cómo se llama”. Esa es la primera pista que da de su sufrimiento.
Conforme avanza la entrevista, como cebolla que se abre por capas, comienza a abrir el alma:
–Nos quitaron 4 mil –dice.
–Se llevaron toda mi ropa –agrega.
–Me violaron –dice cerrando los ojos, como para no ver lo que está diciendo.
La agresión ocurrió apenas el 11 de octubre, en Chiapas, cuando llevaba apenas tres días de camino.
Explica: “Ya casi por la noche, ya estaba oscuro. Eran dos que habían salido del monte, luego salieron tres, pero sólo fueron dos los que abusaron de mí, me rompieron la ropa, me esculcaron si tenía dinero, me quitaron las cosas, me pegaron. Yo le dije a mi hermana que corriera con los niños. Quedé golpeada, morada toda, también de la cara, porque gritaba que no le hicieran nada a mi hermana y más me hacían”.
Su hermana I interviene: “Yo me fui corriendo con los niños. Nos escondimos en los montes”.
Hora y media después se reencontraron. Los chiquillos estaban trabados del susto; la hermana veinteañera, desconcertada. C no dijo nada. Pero en cuanto llegó al primer albergue se le esfumaron las ganas de volver a salir a la calle.
C: “Ya no seguimos por miedo que nos pasara algo en el camino, ya tenemos aquí un mes y tres días”.
Los primeros días estaba nerviosa, en silencio. Otra migrante salvadoreña se le acercó, le preguntó qué le pasaba, y le contó que la habían violado. Esa fue la llave para que compartiera la agresión que sufrió.
C: “El 19 me hicieron exámenes en Tapachula los doctores para ver si era cierto lo que decía. No había dicho, porque me amenazaron con que me buscarían y matarían si decía algo”.
Otro silencio.
“Estoy bien, sólo que siempre me pongo nerviosa, con miedo, sin poder dormir, pensando. Se me vienen un montón de cosas, todo lo que he pasado.”
El segundo día de entrevista, ya sin su hermana y sus hijos cerca, cuenta la historia con menos distancia y empieza a llorar como niña. En Guatemala fue violada frente a sus hijos; eran dos vecinos y quedó infectada de VIH. Migró porque necesita medicamentos e ingresos para sostener a sus hijos, pues su esposo la dejó cuando le llamó a Estados Unidos para contarle de la agresión. Probó suicidarse con veneno, pero en el hospital la revivieron.
Ahora no sueña con ir a Estados Unidos. El horizonte se le achicó. Sólo espera una visa humanitaria para asentarse, tal vez en la Ciudad de México, pues le han dicho que ahí hay trabajo. La imaginación no le alcanza para delinear un futuro. Sólo llora. Llora mucho.
Frenos desde la partida
Cuarta parada: Tapachula, Chiapas. Como un imprevisto cruce de vías, la suerte le cambió a la hondureña Santa María Rosales, madre de tres hijos, a partir de 2013, cuando la procuraduría estatal realizó un operativo-razia en el bar donde trabajaba como mesera y la acusaron a ella (no a sus patrones) de trata de personas. Dos años dejó tres hijos al garete. No pudo cuidarlos.
Su liberación, el pasado 26 de mayo, fue un escándalo en las noticias, porque quedó demostrado que una veintena de mujeres de bajos recursos (migrantes en su mayoría) encarceladas en Chiapas fueron falsamente acusadas del mismo delito.
Aunque regresó a su casa, volvió a un lugar cambiado por el Programa Frontera Sur y la alegría de la libertad le duró poco.
Hace tres meses su hija Paola, adolescente, iba con su bebé como todos los días a trabajar en una zapatería en Tonalá y, por primera vez en toda su vida, a esa joven hondureña criada en México la detuvo Migración. Estuvo retenida dos días en Pijijiapan. A Santa no la dejaron pasar a verla; sólo le permitieron recoger a su nieta, que aún tomaba leche materna.
“Sólo la vi de lejos, llorando”, recuerda ahora en una silla en su casa de pocos muebles donde vive hacinada con una hermana y los hijos de ambas.
Al día siguiente a Paola la mandaron al DIF; al otro, la deportaron a Honduras.
Santa se quedó a cargo de su nieta, ahora de 10 meses, y para cuidarla tuvo que empezar a trabajar en casa, tejiendo para vender bolsas como las que hacía en la cárcel. Paola ha intentado tres veces salir de Honduras, las tres la han interceptado antes de llegar a México.
El Programa Frontera Sur forma parte de una estrategia de militarización que empieza en Honduras y termina en el río Bravo. En Honduras se llama Rescate de Ángeles, pero policía militarizada y equipada por Estados Unidos impide la salida a los menores de edad.
Por este acuerdo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, este año México superó a Estados Unidos en número de deportaciones, con más de 118 mil migrantes expulsados. En un año el número de migrantes centroamericanos detenidos por el gobierno mexicano aumentó 71% comparado con el mismo periodo del año anterior, previo al lanzamiento del programa.
Sonia Nazario, periodista experta en migración, publicó en The New York Times que por medio de ese programa. Estados Unidos le endosó el problema de los refugiados a México para que impida que la gente llegue a la frontera.
“Ahorita está peor la migración”, dice Santa con su semblante de mujer en paz, siempre sonriente, jugueteando con su nieta. “Y tanto sufrimiento que tuvimos en la cárcel”.
Cada que Paola puede comunicarse a su casa, desesperada, le dice: “Mami, ¿cómo está mi gorda? Ya no aguanto, ya no quiero estar aquí”. Pero las políticas fronterizas las separan.
