La historia del ejército chileno enfrenta una mancha más: un cargamento de 45 kilos de cocaína fue encontrado en un contenedor militar enviado a Suiza. No es la primera vez que esa institución resulta involucrada con el narcotráfico, pues durante la dictadura pinochetista el Estado participó activamente en la producción y trasiego de enervantes. Ahora bien, existe otra posibilidad aún más inquietante: que la droga haya sido “sembrada” por espías de Perú, país con el cual Chile tiene un diferendo limítrofe… y donde recaló el buque que llevaba el contenedor.
VALPARAÍSO, CHILE.- El hallazgo en Basilea el 2 de septiembre pasado de una bolsa con 45 kilos de cocaína, camuflada en un contenedor fletado por la Fábrica de Armamentos del Ejército de Chile (Famae), puso nuevamente en tela de juicio a esta institución castrense y trajo a la memoria el oscuro tiempo de la dictadura pinochetista, cuando los militares se aliaron con mafias internacionales para impulsar la producción y el tráfico de drogas.
El contenedor en que fue hallada la cocaína iba identificado sólo como “cajas de transmisión de vehículos acorazados”. Su destino era la empresa helvética Ruag Defense, que debía repararlas.
El escándalo estalló este domingo 13 tras la publicación de un reportaje de Jorge Molina en la versión digital del semanario The Clinic.
Según expresa este periodista en entrevista con Proceso, la información surgió de Suiza, que la entregó a la embajada de Chile en ese país. “Las autoridades diplomáticas chilenas se contactan con la Subsecretaría de Defensa. Luego, ésta informa a Famae, la que presenta una querella”.
En efecto, el 5 de octubre el jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Guerra, René Fuentealba, comunicó telefónicamente lo sucedido al director de la Famae, general de brigada Mauricio Heine. Tres días después le envió el oficio reservado 1162, donde detalla lo ocurrido.
El 13 de octubre Heine presentó ante el Juzgado de Garantía de Talagante una querella criminal por el delito de narcotráfico. En la sección “Los Hechos” de ese documento se detalla que el compromiso de la Famae era entregarle a Ruag Defense la carga en el puerto de Valparaíso. Desde allí los suizos correrían con la responsabilidad del traslado, de acuerdo con la modalidad de transporte internacional “Free on board”.
El Juzgado de Talagante solicitó a la Fiscalía Santiago Oriente que comenzara una investigación. Por otra parte, el subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, informó al Consejo de Defensa del Estado –mediante el oficio 1281 del 2 de noviembre– para que evaluara la presentación de una querella criminal.
La pista peruana
Según se consigna en el expediente, a mediados de abril la Famae contrató los servicios de World Transport International –empresa chilena creada en 2005– para que llevara la carga desde la planta que la Famae tiene en Talagante (20 kilómetros al sur de Santiago) hasta Valparaíso. Dicho procedimiento se realizó el 12 de junio. Una vez en Valparaíso, la carga fue recibida por Fracht Chile, empresa de transporte fundada en 1955, con sede en Suiza, y contratada por Ruag Defense.
Según la Famae, Fracht Chile informó que la carga fue instalada en un contenedor sellado el 21 de julio y que el 27 del mismo mes zarpó de Valparaíso. El 2 de septiembre Ruag Defense certificó su arribo a la ciudad suiza de Thun, donde tiene la planta industrial donde se verificarían las reparaciones.
Ahora bien, Molina precisó en su nota que el material militar estuvo dos días de paso en el puerto peruano del Callao. Y posteriormente desembarcó en Rotterdam, Holanda, para luego seguir camino por tierra hasta Basilea.
En entrevista con el vespertino La Segunda, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseveró que en Holanda “se encontraron los sellos adulterados”. Reconoció que la carga se estacionó en el Callao pero desestimó la posibilidad de que haya sido intervenida por espías peruanos.
En la conversación con este semanario, el periodista Molina expresa que –pese a lo que señala el ministro Gómez– la tesis que están manejando las fuentes de inteligencia del ejército es que se trata de un asunto de espionaje. “Nadie tiene cómo comprobarlo. Pero es la sospecha”, señala.
Esta hipótesis –que se apoya en la relativamente baja cantidad de droga encontrada– supone que espías peruanos “sembraron” la droga para generar inconvenientes en el ejército chileno durante momentos en que la tensión entre ambos países se mantiene alta por diferendos limítrofes que parecen nunca acabar. “Es como que los espías peruanos les dijeron a los chilenos: ‘Los cagamos’”, señala el periodista.
Molina –autor del libro Crimen imperfecto (2002), que contiene la historia de Eugenio Berríos, químico y fabricante de drogas del ejército chileno– se pregunta: “¿Por qué se introdujo la droga en un cargamento militar?”. Y añade: “La lógica indica que este tipo de cargamento militar nadie lo revisa (…) es muy fácil pasar la droga. La complejidad surge ante el hecho de que nadie la recogió”, señala.
El reportero estima que, considerando la calidad de adversarios de ambos países y el hecho de que Perú es un productor y exportador de drogas, “el cargamento jamás debió haber pasado por Callao (…) y hasta ahora nadie quiere asumir la responsabilidad”.
El periodista advierte que no se puede descartar la posibilidad de que efectivos del ejército estén involucrados en el ilícito: “Hay un historial de episodios de esta naturaleza que es imposible de soslayar”. Sin embargo, cree que actualmente “con los sistemas de control que tiene el país, es difícil que eso haya ocurrido”.
De todos modos puntualiza: “Chile es un país de pasada y de blanqueo de drogas. (…) Se utiliza para esto porque el timbre de la autoridad chilena vale harto”.
El reportero señala que el momento en que se hace este descubrimiento es particularmente negativo para el ejército: “A los militares les han estado dando muy duro por hechos que son reales (escándalos de corrupción y fraude al fisco) y ya no existen condiciones para que se protejan situaciones de ese calibre”.
La interpretación que hace de estos hechos Humberto Palamara, abogado, ingeniero naval, oficial de corbeta en retiro y especialista en inteligencia, es distinta. En charla con este corresponsal señala: “No sería raro que el ejército estuviera nuevamente involucrado en tráfico de drogas”.
Afirma que hay muchos antecedentes que vinculan a esta institución con esos ilícitos. “Está el caso del químico Eugenio Berríos, cuyo historial comprueba que el ejército no sólo vendió drogas, sino que también comercializó insumos para su fabricación”.
Palamara estima que al volver la democracia, en 1990, ésta no llegó a las fuerzas armadas: “Actualmente siguen operando los mismos enclaves autoritarios y redes de corrupción que hacían de las suyas en tiempos de la dictadura”, expresa.
Palamara consiguió en 2006 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigara a Chile por haberle impedido difundir en 1993 su libro Ética y servicios de inteligencia. La Corte argumentó que se vulneró el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Este exagente de inteligencia de la armada no cree en la tesis que asigna al espionaje peruano la autoría del ilícito: “Esa versión es sólo una buena excusa para encubrir a los responsables”.
“Hay quienes creen que para zafar de este entuerto lo mejor para Chile es culpar a Perú”. Sin embargo, “las posibilidades de que se haya metido la droga en un contenedor que estaba sellado, era trasladado por barco, violando todas las medidas de seguridad, son menores”.
Agrega: “Lo importante es que el contenedor salió desde Chile y las posibilidades de que haya chilenos involucrados son altísimas”.
El especialista en inteligencia estima que este incidente “puede dañar en forma grave el prestigio internacional de Chile”, y considera que lo único que cabe en este momento “es que se descubra la verdad, que los responsables se sienten en el banquillo de los acusados y que cumplan las penas que les corresponden de acuerdo a la ley”.
“Coca rusa”
Desde finales de 1973, apenas capturado el poder, el dictador Augusto Pinochet y su jefe de los servicios de inteligencia, Manuel Contreras, comenzaron a rodearse de lo más selecto de las organizaciones criminales del mundo. Por Santiago desfilaron los jefes de las mafias siciliana, francesa, corsa, cubana y croata, que eran recibidos casi como jefes de Estado.
Con la asesoría de esos grupos y por propia iniciativa, el ejército chileno se fue involucrando activamente en la producción y tráfico de drogas. A mediados de los ochenta, el Complejo Químico del Ejército, con sede en Talagante, se convirtió en el centro de operaciones del legendario bioquímico Eugenio Berríos, quien procesó allí la denominada “coca rusa”, que es inodora, por lo que no puede ser detectada por los perros adiestrados de las policías antinarcóticos.
En aquel periodo, el director de ese centro militar era el coronel Gerardo Huber, quien al igual que Berríos, sería asesinado en 1992 por sus compañeros de armas –quienes temían que éstos confesaran todas sus fechorías y, de esta manera, involucraran al alto mando del ejército.
En julio de 2006, Contreras, ya extitular de la Dirección de Inteligencia Nacional, confesó cómo se procesaba y exportaba cocaína en el Complejo Químico de Talagante. Lo hizo en una declaración dirigida al juez Claudio Pavez, quien investigaba el homicidio de Huber.
Contreras aseguró que los principales operadores de este negocio fueron el hijo del general, Marco Antonio Pinochet, y el empresario Yamal Bathich, representante en Chile del traficante de armas y drogas sirio Monzer al Kasaar. Según Contreras, este último se encargó de distribuir la coca en Europa y enviar el dinero a Chile.
Otro personero que detalló la participación del ejército en este tipo de ilícitos es el exinfante de marina estadunidense y traficante de drogas Frankel Iván Baramdyka. Según la solicitud de extradición enviada a Chile el 19 de marzo de 1987 por la Corte Federal de California del Sur, Baramdyka metió 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos a través de Baja California, México, entre 1984 y 1985.
En el libro La delgada línea blanca (2000), de los periodistas Rodrigo de Castro y Juan Gasparini, Baramdyka detalló el papel que jugaron Pinochet y el ejército chileno en numerosas operaciones de tráfico de drogas.
Baramdyka dijo que a principios de 1984 se contactó con el consulado de Chile en Los Ángeles, donde Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del dictador chileno, tenía su centro de operaciones. Baramdyka reveló que éste le facilitó la adquisición de grandes cantidades de éter y acetona para narcoproductores colombianos, de los cuales él era intermediario.
Estos insumos para producir cocaína eran fabricados en el Complejo Químico del Ejército, en el periodo que éste era dirigido por el coronel Huber.
Baramdyka sostuvo que a mediados de 1984 pagó 2 millones de dólares en efectivo a un funcionario chileno del consulado de Los Ángeles por productos químicos producidos en Talagante. Este señor “trabajaba estrechamente con Pinochet hijo”, aseguró el exinfante de marina.
En esas antiguas declaraciones –donde se indica al jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, como uno de sus principales contactos con el régimen militar– Baramdyka involucra directamente a la Famae en la organización de los envíos de droga a Europa.
De acuerdo con este traficante, la armería estatal cargaba con cocaína bombas de racimo de fabricación chilena, que luego eran transportadas en vehículos del ejército al aeropuerto de Santiago.
Según él, la seguridad corría por cuenta de la CNI. Baramdyka asentó que entre 1986 y 1987, bajo ésta y otras modalidades, el régimen chileno metió en Estados Unidos y Europa 12 toneladas de cocaína.
Baramdyka estuvo preso en Santiago de Chile entre 1983 y 1987; y en una prisión de California entre 1993 y 2001.
