El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –que permitió a cuatro personas usar mariguana con fines recreativos– es una gran oportunidad para modificar la actual lucha antidrogas centrada en la criminalización, algo que ya demostró su sangriento fracaso. Y Guillermo Silva, director general adjunto de la CNDH, va más allá: considera que, si se aprovecha, esta discusión permitirá elevar el nivel del diálogo social y convertir a los derechos humanos en el eje de la construcción de las políticas públicas.
El debate sobre la legalización de la mariguana con fines lúdicos es una “oportunidad histórica” de cambiar la estrategia de seguridad pública del gobierno mexicano porque, advierte Guillermo Silva Aguilar, director general adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es evidente que no ha funcionado.
El abogado de la CNDH reconoce que no se puede poner en riesgo la salud de los niños y adolescentes –pues es una de las prioridades del Estado mexicano, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto–, pero afirma que tampoco se puede soslayar la oportunidad para discutir cambios en la política de seguridad pública.
“Eso es obvio. Sí se tendrá que replantear y hacer un cambio a la luz de lo que ha pasado. No podemos decir si es un éxito o un fracaso, pero en el contexto de estas políticas han existido violaciones a los derechos humanos o se han generado condiciones que han propiciado estas afectaciones. Si uno de los objetivos de la política del Estado es prevenir la violencia, es evidente que los resultados no han sido los que se podrían esperar. Este debate nos daría esa oportunidad de analizar ese otro lado de las políticas públicas”, indica el exdirector de Asuntos Indígenas de la CNDH.
Advierte que no se puede entrar con miedo al debate: “El miedo nos inmoviliza, no nos permite llegar a ninguna parte. No nos ayuda a cambiar ni a mejorar la realidad que tenemos”, sostiene en entrevista el mismo día en que la Secretaría de Gobernación anunció la realización de cinco foros regionales para discutir la legalización de la mariguana… y también cuando Peña Nieto reiteró su negativa a esta apertura.
No es tiempo de mitos
Silva, abogado y coordinador de asesores del ómbudsman Raúl González Pérez, resalta la importancia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio amparos a cuatro personas para que usaran la mariguana con fines recreativos.
Lo que está en juego en el debate que arranca tanto para el Estado mexicano como para la sociedad en general, dice, es enfrentar un problema internacional que habrá de discutirse en abril de 2016 en una sesión especial de la ONU:
“Está en juego el que tengamos una perspectiva clara para los próximos años de cómo encarar esta problemática, que no es exclusiva de México. Ha llegado el momento de replantear, de estudiar este fenómeno y, de manera informada y objetiva, llegar a conclusiones que definan un nuevo rumbo.”
El miércoles 2 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que para enero de 2016 y hasta marzo se realizarán debates sobre la legalización de la mariguana en cinco regiones. La convocatoria está abierta a interesados, especialistas e instituciones.
Frente a este anuncio, Silva Aguilar sostiene que ya no es tiempo de mitos, sino de pruebas científicas sobre los beneficios y los riesgos de la mariguana.
“Tiene que ser una discusión muy objetiva, muy plural, incluyente, pero particularmente informada. Irónicamente no hay estudios concluyentes, pero hay que dejar que la ciencia hable, que sea la que aporte la información real y objetiva, tal vez bajo protocolos unificados que nos pudieran decir cuáles son las consecuencias para los consumidores y su entorno.”
Debate responsable
Uno de los aspectos relevantes que Silva Galván destaca del fallo de la Corte es que se basó en una perspectiva de derechos humanos que, abunda, debe ser el eje de todas las políticas públicas en materias como el control de adicciones y consumo de drogas.
Explica que esto es relevante porque a raíz de la reforma constitucional de 2011 se entiende que todas las actividades del Estado deben centrarse en el cumplimiento, la observancia y la promoción de los derechos humanos.
El abogado egresado de la UNAM advierte que el uso de enervantes es un tema muy complejo porque no trata sólo del libre derecho al desarrollo de la personalidad –como lo establece el artículo 1 constitucional bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad– sino que toca derechos interrelacionados entre sí, “como la protección de la salud, los deberes que se tienen para hacer efectivos los derechos de los niños y adolescentes, y el mismo respeto que debe haber al ejercicio de esos derechos respecto a los de terceros.
“Aquí ya estamos entrando a un terreno de ponderación de derechos y esto tiene varias facetas. El mismo reconocimiento de un consumo libre y responsable –que cae bajo el derecho al libre desarrollo de la personalidad–, si la persona llegase a hacerse adicta marca otra obligación del Estado, que es el derecho a la protección de la salud. Entonces, verlo de una manera aislada nos limita, debemos verlo de una manera global.”
Así, aclara, el debate sobre el consumo de mariguana aporta muchos elementos, pero no agota la revisión de las políticas de drogas.
–¿Cómo se tendría que hacer ese debate desde una perspectiva de derechos humanos? –se le pregunta.
–Se tiene que contrastar una parte teórica y otra práctica con la realidad, y también desde una perspectiva interdisciplinaria.
Explica que esta regulación tiene que analizar las características propias de la sustancia psicotrópica, las repercusiones que tiene su uso, las condiciones culturales y sociales en las que se da su consumo y los mecanismos de atención a quienes puedan devenir adictos o ya lo sean.
“No vale un análisis meramente teórico o doctrinario. Se tiene que contrastar el derecho con la realidad que estamos viviendo y que estos elementos nos den una política pública que realmente incida en la regulación del consumo de enervantes y de las repercusiones implícitas”, advierte el representante de la CNDH.
–¿Ya hay madurez social para discutir estos temas?
–Creo que ya está. La sociedad está muy informada, tenemos las capacidades institucionales técnicas. En este debate que se empieza a dar ya participa la sociedad civil, el área científica, las universidades, como la UNAM.
Silva Aguilar sostiene que la solución no es criminalizar al que consume, pues deben diferenciarse los distintos actores y la gente involucrada en estos procesos de tráfico y consumo: “No es el mismo el papel ni la responsabilidad de quien consume de manera personal a quien lucra e induce a otros al consumo”.
Insiste en que debe darse un enfoque de salud pública al problema de las adicciones, y abandonar el de criminalización y persecución.
“Si fuéramos muy simples tendríamos que decir que una parte esencial de las políticas sería la persecución de ciertas conductas, pero como Estado debemos dar respuestas que consideren la integralidad de factores.”
–¿El debate será benéfico para toda la sociedad?
–Este ejercicio es histórico, muy útil, nos va a poner en posición de hacer ejercicios posteriores sobre otros temas igual de polémicos, y el resultado, de cualquier forma, será bueno. De hecho, la vigencia del derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene como prerrequisito que la persona pueda tomar una decisión libre e informada. El Estado también tendría que proporcionar esta información.
–¿No se trata de hacer grandes empresarios a los productores de la mariguana?
–No sería la idea. Hay aspectos que no han recibido la importancia o la relevancia que deberían tener y que también tienen que ver con los derechos humanos, como es analizar el uso medicinal.
“Creo que eso va a ser también benéfico, ayudará a desmitificar varias cosas y a hacer accesibles tratamientos que, de otra forma, serían problemáticos para personas con epilepsia y que han tenido que llevar un proceso judicial para acceder a un medicamento que tendría que estar a su disposición. Eso sin contar los rituales que nuestros pueblos originarios tienen sobre varias sustancias psicotrópicas, y que también se tienen que proteger porque involucran un derecho humano.”
Finalmente el abogado se manifiesta esperanzado de que si se pone a los derechos humanos como eje para guiar estas deliberaciones, podrá llegarse a buenos resultados, porque esta perspectiva puede abrir más oportunidades para una discusión muy importante.
–¿Qué está en juego en esta discusión, tanto para el Estado mexicano como para la sociedad?
–El que tengamos una perspectiva clara para los próximos años de cómo encarar esta problemática. También está el futuro de nuestros niños y jóvenes, porque no podemos permitirnos, bajo una interpretación muy libre, tal vez de vanguardia en esta materia, ponerlos en riesgo. Definitivamente no tenemos ese derecho ni estamos en esa posibilidad. También está el incidir en reformular la manera en cómo nos relacionamos con la violencia y con otras consecuencias de las políticas públicas.
–Usted señalaba que es una oportunidad histórica…
–Sí, es una oportunidad histórica, creo que tenemos el marco constitucional y legal, y la sociedad ya está en condiciones de asumir la discusión y la deliberación de estos temas de manera objetiva, clara y, sobre todo, respetuosa.
