Desde el lanzamiento de la iniciativa para la creación, por primera vez en la historia de México, de un organismo rector de la cultura a nivel de secretaría, se habló de premura, y aún más, de que el nuevo organismo no era necesario. El debate que abrió la Cámara de Diputados, a última hora, resultó insuficiente. Finalmente la Secretaría de Cultura prácticamente ya existe, aunque sin una ley general. Quedó atrás el vínculo educación-cultura que, sin cumplirse del todo, fue el fundamento de la política mexicana, y al cual el secretario Aurelio Nuño renunció “por falta de tiempo”.
Sin el apoyo de los trabajadores de la cultura, aunque sí con el espaldarazo de algunos creadores que fueron a la Cámara de Diputados a dar el sí, se aprobó el pasado jueves 10 de diciembre, con 426 votos a favor y una abstención, la iniciativa de decreto para crear la Secretaría de Cultura, presentada por Enrique Peña Nieto el 2 de septiembre pasado.
Es la primera vez que el subsector Cultura se engloba en una secretaría propia, aunque los argumentos, justificación y contenido en general de la iniciativa no convencieron. Pero sobre todo, lo más cuestionable fue la ausencia de una razón para lanzarla, al grado de que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, dijo que su dependencia no se daba abasto para seguir manejando la parte cultural.
Incluso varios especialistas que estaban en favor de su creación señalaron las deficiencias de la iniciativa, pero prefirieron que se aprovechara “la oportunidad” (Proceso, 2033). Diputados y senadores le dieron de inmediato su respaldo al proyecto, y se llegó a comentar que pasaría sin problema pues Peña Nieto contaba con la mayoría priista en ambas cámaras.
Se vislumbró que más allá del debate de si crear o no una Secretaría de Cultura, existen dos concepciones de cultura: una que prefería mantener el considerado hasta hoy indisoluble vínculo entre ésta y la educación (y por tanto dejar al subsector dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y otro que la ve como un recurso económico, aprovechable en el campo del turismo, el comercio y los espectáculos.
Hubo quienes confiaron en que la nueva dependencia no podría ser avalada, pues carecía de “orden y lógica” y era de rigor jurídico contar previamente con una Ley General de Cultura. Esto ha dado pie a que se considere que una vez que concluya el proceso de creación de la secretaría en el Senado, se apruebe también la iniciativa de Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, que la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara alta, presentó hace más de un año. La senadora ya se perfila para un nuevo puesto político, la llamada mini-gubernatura de Puebla.
En este sentido se pronunció Jesús Ricardo Fuentes, creador con Jaime Guerrero, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, de la cual se derivó la creación de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México:
“Primero –expuso en Proceso– se hace la ley que establece el orden a partir de la experiencia administrativa: qué le corresponde a cada cosa para ver qué se debe hacer, las facultades, las atribuciones, las necesidades. En un orden de administración pública vemos qué se necesita y cuál es el marco de ley. Se genera un ordenamiento y luego se ve cuáles son los instrumentos, o sea la instancia administrativa que surge a partir de este ordenamiento. Son los principios del derecho positivo.”
El antropólogo Eduardo Nivón admitió que la iniciativa no llegó en buen momento, pues es mitad de sexenio, y aunque estuvo de acuerdo en la creación del organismo, señaló:
“Son muchas la contradicciones del actuar público, quisiera más transparencia en el discurso, que fuera más claro, más completo sobre el proceso de la cultura, pero a veces no ocurre y sin embargo es la oportunidad de crear la Secretaría de Cultura. Preferiría tomar esta oportunidad, tratar de que salga lo mejor posible, a decir vamos a esperarnos.”
Con prisas
En diciembre de 2012, el aún presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa, descartó la posibilidad de crear una Secretaría de Cultura, y ofreció fortalecer el Consejo y sus instituciones. No obstante, el 4 de diciembre pasado acudió con Aurelio Nuño, titular de la SEP, a defender el proyecto de Peña Nieto.
Los argumentos esgrimidos por Nuño en el sentido de que el subsector cultura ha crecido tanto que merece su propia secretaria y de que la educación demanda toda la atención del secretario y él no tiene tiempo para la cultura, no sólo no convencieron, sino provocaron indignación:
“Yo lo que he planteado –dijo Nuño– es que la cultura se encuentra en una trampa burocrática de una Secretaría de Educación, a cuyo secretario no le da tiempo para destinar la atención que requiere la cultura, y un Conaculta que no tiene la fuerza política suficiente que se merece, y la tenemos que sacar de ahí, convertirla en una secretaría para que tenga la fuerza política suficiente que merece la cultura del país lo más pronto posible.”
Para el historiador Felipe Echenique, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se equivoca Nuño al decir que “el binomio educación y cultura” nació en 1921 con la SEP, fundada por José Vasconcelos, según rebate en breve texto enviado ahora a esta redacción.
Echenique dice sin ambages que el secretario, que ocupa el famoso escritorio que tenía Vasconcelos en la Universidad Nacional y se encuentra ahora en la SEP, se equivoca pues incluso tal vínculo se remonta al nacimiento mismo de la nación cuando al crear el Museo Nacional en 1825, el presidente Guadalupe Victoria lo adscribe a lo que era la Real y Pontificia Universidad.
La sensación que ha dejado en el ambiente la aprobación de la iniciativa presidencial, a días de terminar el segundo periodo legislativo de 2015 y cuando el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Santiago Taboada, había ofrecido posponer la discusión del dictamen hasta el año entrante, ha sido de orfandad.
Incluso se abrieron unas mesas con la promesa de escuchar todas las opiniones. No obstante, luego de su encuentro con los diputados el 2 de diciembre pasado, el arquitecto Manuel Figueroa Matus, coordinador del Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura de la SEP, hizo ver que se habían concedido apenas treinta minutos a cada una de las agrupaciones sindicales.
Y señaló que era un tiempo insuficiente. Las agrupaciones de trabajadores que acudieron ese día al Congreso de la Unión, como Radio Educación, Centro Nacional de las Artes, investigadores de los institutos INAH e INBA, entre otros, coincidieron en su rechazo a la iniciativa y demandaron más tiempo para el debate, lo cual no prosperó.
Como había previsto Figueroa Matus, el encuentro fue tomado por los diputados como una consumada discusión.
Al exponer ante el pleno el dictamen, Taboada afirmó que se habían instalado mesas de trabajo para escuchar “a todos quienes querían contribuir a esta iniciativa” y habían participado trabajadores, dependencias y sobre todo creadores e intelectuales.
“Las prisas son muchas y los intereses distintos a los de la investigación y conservación dentro del sistema educativo nacional –sentencia el historiador Echenique en su documento–. Queda claro que los intereses a privilegiar son los de las mineras sobre, por ejemplo, el Cerro de San Pedro, aun y con todo lo emblemático que resultaba para San Luis Potosí y que, al parecer, esa medida seguirá en Xochicalco, Wirikuta, Sierra Negra de Puebla, en Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, o para dar prioridad a los intereses turísticos y utilizar intensivamente el ‘patrimonio cultural’, eufemismo que se refiere a los bienes nacionales arqueológicos, artísticos e históricos de uso común y dominio público, adscritos hasta ahora al sistema educativo nacional.”
El especialista en legislación cultural Bolfy Cottom, ya había advertido de la declinación que hacía el titular de la SEP de sus obligaciones en materia cultural, y dijo que en lugar de “reasumir el papel que históricamente había tenido”, queda claro su desinterés.
“Me parece que es una falta de seriedad y de respeto a la memoria histórica de este país, no están dimensionando las implicaciones de divorciar la cultura de la educación”, dijo en entrevista con este semanario en septiembre pasado.
Y como anticipándose a todo lo que sería el rápido proceso para la aprobación de la secretaría, recordó una frase de Miguel de Unamuno:
“Podrán vencer, pero convencer no.” l
