En el estado hay jueces que destacan por su cuestionable desempeño, según las denuncias que se acumulan contra ellos en el Consejo de la Judicatura. A continuación se presentan los casos de dos de ellos, quienes siguen defendiendo los cargos que –a decir de quienes los acusan– tan buenos dividendos les han dado.
Rodeada por un séquito de abogados, camina con sus zapatillas negras y su entallado vestido azul celeste. Un collar de pedrería de colores baja de su cuello y le ayuda a resaltar su anatomía. El andar armónico parece enfatizar su poder. Es María de Lourdes Huízar Contreras, extitular del Juzgado Penal de Autlán de Navarro.
En octubre pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ) la cesó de manera fulminante. En los últimos años, ella acumuló un récord de 40 quejas en su contra en todos los lugares donde ha trabajado.
Antes de laborar en Autlán, Huízar fue responsable del Juzgado XIV Penal, en Puente Grande.
Previo a ello, en enero de 2014, al ser nombrada como titular del Juzgado Tercero de lo Familiar, localizado en Ciudad Judicial, 20 empleados le cerraron las puertas y se encerraron durante unos minutos en las oficinas para manifestar su inconformidad con la designación.
Además de protestar por la remoción de Dionisio Núñez Verdín como titular de ese juzgado, los trabajadores sindicalizados sabían que Huízar había sido señalada por presuntos abusos contra sus subordinados.
También se le recuerda por exigirle a uno de los empleados que compartiera su sueldo con uno de sus hermanos. Y el 21 de octubre pasado, al mismo tiempo que la juez era sancionada por el pleno del CCJ, empleados del Juzgado Penal de Autlán que no estaban enterados de ello enviaron a Guadalajara por escrito sus inconformidades contra Huízar. Éstas se sumaron al expediente que el CJJ tiene en su contra.
Sin embargo, Huízar alista su defensa legal para recuperar la titularidad del Juzgado Penal de Autlán.
El martes 10, sin previa cita, llegó al edificio del CJJ y presionó para que la recibiera en ese momento el presidente de la Comisión de Vigilancia y Disciplina, Jorge García González.
La asistente del consejero le dijo que su jefe podría atenderla una semana después, pero Huízar aprovechó un momento en que se abrió la oficina de García González para intentar meterse al despacho con un notario. Ocurrió justo cuando el reportero de Proceso Jalisco se encontraba en la sala de espera, en un intento por entrevistar al consejero.
La exjuez sólo pudo cruzar unas palabras con éste y se retiró molesta con los abogados y el notario que la acompañaban.
Al respecto, García González aclaró en entrevista que hay presiones para cumplir las sanciones contra algunos funcionarios judiciales, pero señala que cada expediente se investiga de manera objetiva, además de que lo analizan y discute el pleno del CJJ, encabezado por Luis Carlos Vega Pámanes, presidente de ese organismo y del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Presunta corrupción
Otro caso de un juez retirado del cargo por presuntos abusos y extralimitarse de sus facultades es el de José Efraín López Ramírez, quien hace años aspira a ser magistrado en el STJ.
Mientras fue juez en el municipio de Chapala utilizaba autos de lujo, como Mercedes Benz, algunos recién salidos de la agencia. Pero acumuló al menos 20 quejas ante el CJJ desde 1997 hasta la fecha.
En Ciudad Guzmán, López Ramírez concedió una orden de aprehensión contra la empresaria Angélica Fuentes, esposa del dueño del equipo de futbol Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara. La pareja sostiene un diferendo judicial en el cual está en juego un capital superior a 150 millones de dólares (según datos de 2012).
La querella penal contra Fuentes quedó integrada en la averiguación previa 375/2015 por la presunta administración fraudulenta de Chivas, según se dio a conocer el 6 de octubre. Se anunció que la señalada estaba a punto de ser detenida con dos de sus colaboradores y encarcelada en un penal regional de Ciudad Guzmán.
Quien sometió a consideración del pleno del CJJ esa resolución de separación del cargo de López Ramírez fue García González, al considerar que la orden de aprehensión contra Angélica Fuentes no sustentaba el estricto apego a la legalidad que merecía el asunto. A la vez fue retirado del cargo el agente del Ministerio Público (MP) Jorge Ramírez Gómez.
Una de las inconsistencias encontradas en el proceso es que se pretendía juzgar a Fuentes bajo el antiguo sistema de justicia penal de presentación de escritos, cuando en Ciudad Guzmán ya operan los juicios orales.
También se cuestionó que el caso se trasladara de la zona metropolitana de Guadalajara a una de las regiones donde los abogados de Vergara presumían mayor capacidad de control del juez y el MP, según se apuntó en varios medios de comunicación locales.
Este semanario publicó que en 2012 el juez López Ramírez fue señalado por haber dejado en libertad a dos sujetos confesos del robo de 5 mil 700 monedas de plata valuadas en 2 millones 850 mil pesos a un pensionado estadunidense radicado en la ribera de Chapala. Según la causa penal sustentada en la averiguación previa 182/2012-A, se responsabilizaba de ese ilícito a dos empleados domésticos del extranjero (Proceso Jalisco 389).
En el expediente se asentó que si bien los trabajadores reconocieron su culpabilidad y declararon ante la policía y el MP cómo, cuándo y en qué gastaron el dinero robado, el juez López Ramírez ordenó su libertad inmediata bajo el argumento de que se trataba de “un delito no grave”. Incluso, el juzgador devolvió el botín a los delincuentes, según la defensa del agraviado.
Cuestionado sobre esos señalamientos, López Ramírez enfureció y corrió de su despacho a la reportera de este semanario Anna G. Lozano porque, dijo, él no tiene que rendirle cuentas de su trabajo a nadie.
Por el mismo asunto, la defensa del estadunidense demandó penalmente al MP, al considerar que entre este último, López Ramírez y los ladrones había un acuerdo para sacar beneficios mutuos con la liberación de los presuntos delincuentes.
El Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, que encabeza José Luis Guízar Abarca, promovió un amparo en favor de López Ramírez para que sea restituido con todos sus derechos en el Juzgado de Ciudad Guzmán.
De acuerdo con Guízar Abarca, López Ramírez fue destituido de manera injustificada, por lo que el viernes 6 se le concedió el amparo. “Por desgracia, eso sólo refleja que el CJJ se ha propasado en todo”, comenta.
No obstante, el consejero de la Judicatura Jorge García González menciona que el proceso contra López Ramírez continúa y se le mantendrá separado del cargo mientras se termina la investigación. l
