El domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixtla, después de que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas… De nuevo, la violencia atizada desde el Estado.
CHILPANCINGO, Gro.- La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29.
A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó la semana pasada la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible.
Todo ello ocurre en el contexto de la interminable confrontación de las bandas delictivas que se disputan las zonas de producción y trasiego de narcóticos en la Sierra de Guerrero, que provoca el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia y, peor, los presuntos nexos de las autoridades y las Fuerzas Armadas con el narco.
La situación tocó fondo el jueves 12, cuando más de mil personas de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo retuvieron a unos 200 soldados, después de que éstos desarmaron y arrestaron a guardias comunitarios que se enfrentaban con una célula criminal liderada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano en el poblado de El Naranjo, en el municipio de Castillo.
Los pobladores denunciaron públicamente que los soldados, adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, se abocaron a neutralizar a los guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en vez de capturar a los delincuentes.
Alrededor de un millar de personas, la mayoría hombres armados de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y El Ranchito, interceptaron a los militares en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Los comisarios de al menos 20 comunidades de la región de la Sierra informaron en un comunicado que, tras horas de tensión, los pobladores liberaron a los 60 comunitarios retenidos y recuperaron las armas que les habían decomisado los elementos del Ejército.
No obstante, los sierreños enfurecieron cuando se enteraron de que, tras la detención de la autodefensa en El Naranjo, la banda de los Villalobos asesinó a 15 policías comunitarios de Ojo de Agua, pueblo considerado la guarida de esa banda, que días antes fue expulsada por la fuerza de Polixtepec, en General Heliodoro Castillo.
La gente acusó al Ejército de actuar en contubernio con la organización delictiva y retuvo a los militares porque se negaron a regresar a Ojo de Agua para verificar la información.
Los soldados fueron liberados la mañana del viernes 13, cuando infantes de Marina arribaron a la Sierra y realizaron un operativo en la zona de influencia de los Villalobos. Sin embargo, los marinos no confirmaron la ejecución masiva de comunitarios y sólo encontraron rastros de la batalla, entre ellos cuatro camionetas incendiadas.
En las inmediaciones de Ojo de Agua se localizó a tres policías comunitarios que se ocultaron en los cerros y habían sido reportados como desaparecidos.
El estallido
La violencia en esta franja de la Sierra se desató el miércoles 4, cuando el comisario de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos, y su secretario, Víctor González Luna, fueron ejecutados en una emboscada sobre un camino de terracería que conecta el poblado con la comunidad de Puentecillas y a 500 metros de un destacamento militar.
Dos días después, al menos 100 integrantes del grupo de autodefensa de la UPOEG irrumpieron en Polixtepec y durante varias horas se enfrentaron con la banda de los Villalobos, cuyos líderes son señalados como responsables de los asesinatos del comisario y su asistente.
En el tiroteo murieron tres presuntos delincuentes, quienes viajaban en una camioneta blindada, y seis policías comunitarios resultaron heridos.
Según los comandantes de la UPOEG, consultados por Proceso, la banda de los Villalobos controla esa zona mediante el terror y amenaza a las poblaciones vecinas con asesinar a sus autoridades y habitantes si no se someten.
Los líderes comunitarios indican que los hermanos Villalobos Arellano e Isaac Castillo constituyen el brazo armado del narcotraficante José Carlos Moreno Flores, La Calentura, quien fue detenido por el Ejército en 2011, en la Ciudad de México, acusado de trabajar con Joaquín El Chapo Guzmán y ser el cabecilla del Cártel de Sinaloa en la Sierra y Chilpancingo.
Reportes periodísticos indican que Moreno Flores fue liberado y posteriormente asesinado en Guadalajara, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.
En el combate, los comunitarios forzaron a los delincuentes a replegarse hasta los cerros. Cuando controlaron Polixtepec, catearon las casas de los Villalobos, identificables porque son las únicas construidas con materiales de calidad, que tienen pisos de mármol y ostentan acabados finos, en una zona donde predominan las viviendas de madera con techo de cartón.
Los comunitarios encontraron indicios de procesamiento de amapola para elaborar heroína. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guerrero es el estado donde se produce la mayor cantidad de este opiáceo en el país.
Entre tanto, los Villalobos se refugiaron en El Naranjo y Ojo de Agua, donde según los comunitarios existen fosas clandestinas y laboratorios para elaborar heroína blanca, conocida como la china white.
A pesar de las denuncias, el Ejército se limitó a instalar un campamento en Polixtepec y amenazó con arrestar a los comunitarios si seguían avanzando en persecución de los Villalobos. Esto sucedió el jueves 12, cuando la autodefensa de la UPOEG irrumpió en El Naranjo con ese propósito.
Cuatro días antes, los comisarios de alrededor de 20 poblados de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles y al Ejército para que atendieran ese lugar, ya convertido en tierra de nadie que se disputan las bandas del narcotráfico.
Como medida de presión, bloquearon la carretera de la región Centro a la Sierra, a la altura del poblado Campo de Aviación. Hasta la fecha siguen ahí. Pero las autoridades no se presentaron y los pobladores tuvieron que convertirse en guardias comunitarios para preservar la justicia en alguna medida.
Bruno Plácido Valerio, líder indígena de la UPOEG –organización que se formó en la región de Costa Chica y se ha extendido a varias comunidades de Acapulco y la región Centro–, señala que a mediados de este año su organización llegó de forma “silenciosa” al menos a 40 comunidades de la Sierra.
Plácido Valerio sostiene públicamente que, junto a los comisarios de la sierra, la UPOEG está aplicando estrategias para revertir la narcoviolencia en la zona, donde cientos de campesinos se dedican a la siembra de droga por falta de otras opciones de supervivencia.
La indolencia gubernamental y la violencia del narco han creado pueblos fantasmas por el desplazamiento masivo de personas que no desean someterse a la delincuencia, indica el líder de la UPOEG.
Violencia preelectoral
La mañana del 7 de junio, normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos quemaron más de 20% de las casillas para la elección de alcalde en Tixtla, lo que implicó la anulación del proceso.
Ahora, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto Nacional Electoral preparan los comicios extraordinarios para el domingo 29 en el único de los 81 municipios guerrerenses donde se declaró nulo el proceso normal.
El 29 de septiembre, el pleno del Congreso estatal designó en sigilo un concejo municipal que administra el ayuntamiento. Lo encabezan el priista Raúl Vega Astudillo, como presidente, y Pedro Bartolo Santos, como síndico.
Vega Astudillo es primo del gobernador Héctor Astudillo Flores y durante varios años ocupó cargos de primer nivel en la Secretaría de Educación estatal, mientras que Bartolo Santos es originario de El Troncón, en Tixtla –donde también opera un grupo de autodefensa–, y forma parte del movimiento social que exige justicia por la desaparición de los 43 normalistas.
Los otros ocho miembros del concejo son militantes del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo, así como integrantes del movimiento popular de Tixtla.
La inclusión en el concejo municipal de activistas y autoridades comunitarias que se opusieron al proceso electoral exhibió una división en el movimiento social, generada por el reparto de prebendas y canonjías que hizo Rogelio Ortega Martínez cuando era gobernador interino.
En tanto que los padres de los 43 y los normalistas de Ayotzinapa decidieron no participar en los comicios extraordinarios, el ala del movimiento social incrustada en el concejo decidió postular a Miguelina Ramos Hernández como candidata por Morena.
La profesora Ramos Hernández es integrante de la Asamblea Popular de Tixtla, formada por organizaciones que exigen justicia por el caso Ayotzinapa.
El PRI y el PRD decidieron postular a los candidatos que participaron en la elección anulada: Saúl Nava Astudillo y Hossein Nabor Guillén, respectivamente.
El miércoles 11, las policías estatal y federal realizaron un operativo para impedir que normalistas de Ayotzinapa se llevaran una pipa cargada con combustible. La intercepción degeneró en represión, que dejó una veintena de estudiantes lesionados, cuatro de ellos de gravedad, y 13 detenidos. Éstos fueron liberados en la madrugada del jueves 12.
El síndico del concejo municipal de Tixtla, Bartolo Santos, denunció, en conferencia de prensa realizada el mismo día 12, que tras la represión contra los estudiantes en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, los policías estatales huyeron y dejaron en indefensión a los ciudadanos de la zona, colapsada por la narcoviolencia y los conflictos sociales.
Los integrantes del concejo municipal que forman parte del movimiento social también condenaron la nueva agresión contra los normalistas y reprocharon a las autoridades estatales y federales el uso desproporcionado de la violencia para criminalizar la protesta social.
“En Tixtla se mantenía un clima de aparente tranquilidad, pero con la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa la situación se vuelve a complicar y no sabemos a quién le conviene”, reprochó Bartolo Santos.
Sobre la elección extraordinaria, señaló que los miembros del concejo municipal indicaron en su momento que no hay condiciones para el proceso porque las autoridades no han garantizado el derecho de acceso a la justicia a los padres de los normalistas desaparecidos.
Por su parte, los padres de los estudiantes desaparecidos y activistas demandaron la destitución del secretario de Seguridad Pública, el general retirado Pedro Almazán Cervantes, tras la golpiza que sus fuerzas propinaron a los estudiantes.
Los inconformes calificaron de “brutal” la actuación de la Policía Preventiva Estatal, pues los uniformados incurrieron en actos de tortura y vejaciones cuando ya habían sometido a los jóvenes.
En conferencia de prensa realizada el jueves 12 en el auditorio de la Normal, rechazaron que se tratara de un enfrentamiento. Denunciaron que nuevamente agentes estatales y federales instalaron retenes en las vías que conectan Ayotzinapa con Chilpancingo para cercar y detener posibles manifestaciones.
Por ello, exigieron al gobernador Astudillo Flores que no criminalice la protesta social y deje de seguir “la línea de represión de sus antecesores”, como dijo el vocero de los padres de los 43, Felipe Flores Velázquez.
Éste también recriminó a las autoridades federales y estatales que empleen las fuerzas policiacas y militares contra los normalistas, en lugar de enfrentarse con los narcotraficantes.
El abogado de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, informó que ocho de los 20 lesionados sufrieron heridas graves y cuatro están en situación delicada. Precisó que el estudiante de primer año Juan Castro Rodríguez tiene traumatismo craneoencefálico; Kevin Jordi Saldaña tiene destrozado el maxilar superior y requiere reconstrucción facial, y Hugo Jiménez tiene los brazos fracturados.
Rosales indicó que los policías estatales quemaron a otros tres normalistas con cigarros y desnudaron a otros para someterlos a vejaciones.
Argumentó que las empresas de transporte público han incumplido un acuerdo de proporcionar autobuses para las actividades de los estudiantes y que por eso fueron a tomarlos, pero los policías lo impidieron.
Luego, según el abogado, los jóvenes acordaron conseguir combustible para abastecer las unidades que mantienen retenidas en la Normal, pero cuando regresaban con una pipa de doble remolque fueron interceptados violentamente por los policías. Rosales consideró que de esta forma los empresarios y políticos cerraron filas para aterrorizar a los normalistas y reducir sus posibilidades de movilización.
Por su parte, el representante de la base estudiantil de la Normal, Carlos Martínez, advirtió que las protestas no van a cesar, porque hasta la fecha no hay justicia por los crímenes de las autoridades contra sus compañeros de Ayotzinapa.
En respuesta, el gobernador Astudillo Flores advirtió que no permitirá acciones de los normalistas “que afecten el derecho de terceros” y ofreció proporcionarles unidades y combustible para que no tengan que “robar” a las empresas.
El viernes 13 los normalistas, acompañados por los padres de los desaparecidos, marcharon a Chilpancingo. La protesta concluyó en un mitin frente a la sede del Ejecutivo, donde reiteraron sus demandas.
