XALAPA, VER.- A siete meses de que se celebren las elecciones para elegir al sucesor de Javier Duarte y a 13 de que concluya su polémica administración, el mandatario priista no da una: Dos senadores de su partido, Héctor Yunes y José Yunes, le dieron la espalda, y arrecian las críticas contra su gobierno, quebrado en las finanzas y de poco oficio político.
En lo que atañe a la seguridad, la disputa entre Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Ántrax resquebrajó la zona Córdoba-Orizaba –precisamente, el distrito natal del mandatario.
En el aspecto económico, hoteleros, contratistas y organizaciones –varias de ellas afines al PRI– siguen reclamando pagos pendientes. Además, el aumento de 2% a 3% en el impuesto a la nómina revolvió al ámbito empresarial.
Respecto del alza tributaria, el gobierno de Duarte estima poder recaudar, en el último año de su gobierno, alrededor de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, legisladores de oposición (PAN, PRD, PT, MC y hasta Ricardo Ahued, del PRI) recriminaron que ese dinero no será utilizado para tapar el “boquete financiero”.
De hecho, ese hueco se ampliará: apenas el miércoles 4, la mayoría priista del Congreso local aprobó que el gobierno de Duarte contrate más empréstitos el año próximo. Hilario Barcelata, investigador de finanzas públicas de la Universidad Veracruzana, estima que la deuda global podrá ascender a 31 mil 960 millones de pesos.
“Recientemente Duarte dijo que no es un mago para hacer aparecer el dinero, y tiene razón, pero tampoco es un ilusionista, es un desilusionista… Con el saqueo que hemos tenido en cuatro años, con seis distintos tesoreros que hoy viven en la impunidad, alguien, varios servidores públicos, deberían tener un pie en la cárcel”, fustigó en tribuna el diputado del PT Fidel Robles.
La ampliación del gravamen de 2% a 3% –un requerimiento para adquirir más empréstitos el año próximo– irritó a la Cámara Nacional de Comercio, el Consejo Coordinador Empresarial, micros y medianas empresas, que iniciaron una campaña de denuncia contra cada uno de los 30 diputados del PRI y partidos satélites que votaron a favor de la iniciativa duartista. Así, difundieron retratos sepias de cada legislador con la leyenda “Se busca por traicionar los intereses del pueblo veracruzano”.
Entre deudas y dinero que no aparece
Duarte se metió además en conflictos de índole político con los senadores Héctor Yunes y José Yunes. Ambos priistas pidieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue a los exservidores públicos de Veracruz que han quebrantado la entidad. El mandatario achacó la situación a las convulsiones naturales que provoca una “sucesión”.
A dicha solicitud se sumó el diputado plurinominal panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien el lunes 2 demandó a Duarte y al exgobernador, Fidel Herrera por un presunto desvió de recursos de más de 9 mil millones de pesos, puesto que, dijo, tuvieron en la nómina durante dos sexenios a más de dos mil aviadores.
Un cotejo entre documentos del Órgano de Fiscalización (Orfis) –brazo técnico auditor del Congreso local– y el primer informe trimestral del Gasto Público 2015 de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan, del gobierno de Duarte) revela que en sólo seis meses (abril-septiembre) el “pasivo no circulante” –que incluye las “cuentas por pagar a largo plazo”, las “deudas” y “pasivos diferidos a largo plazo”– creció 7 mil 47 millones de pesos:
Al 31 de marzo pasado el pasivo global no circulante se encontraba en 37 mil 423 millones 426 mil 523 pesos, y el 29 de septiembre había crecido a 44 mil 470 millones 800 mil pesos, según el último informe del auditor general del Orfis, Lorenzo Portilla. Este funcionario añadió que los ayuntamientos de Veracruz acumulan, por separado, una deuda de 3 mil 855 millones 800 mil pesos.
Derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, el órgano auditor interpuso 14 denuncias penales en contra de ayuntamientos y, por separado, del Fideicomiso del Túnel Sumergido –obra que se construye desde hace 10 años y que ahora está a cargo de Grupo Carso, de Carlos Slim–, pues se detectó un presunto daño patrimonial de 390 millones 185 mil 399 pesos.
Paralelamente y a través de desplegados en Proceso, La Jornada y El Universal, la Universidad Veracruzana denunció que el gobierno encabezado por Duarte adeuda 2 mil millones de pesos a la institución educativa. De ese monto, 400 millones de pesos corresponden a subsidios federales recibidos por el gobierno estatal… y nunca transferidos:
“(Hemos) llegado incluso a no pagar oportunamente los salarios del personal universitario. La Universidad Veracruzana exige al gobierno estatal una calendarización de los pagos pendientes. Asimismo, la Junta de Gobierno le expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia, intensificados de junio a estas fechas, que han vulnerado la seguridad de los miembros de nuestra casa de estudios”, se asentó.
En respuesta, Duarte publicó un desplegado en el Diario de Xalapa en donde aseveró que “no todo es dinero” y que si alguien ha sido “generoso” con esa casa de estudios es el actual gobierno.
Dos días después, la rectora, Sara Ladrón de Guevara, y Duarte desayunaron en el edificio de Rectoría y acordaron una “revisión gradual” de las ministraciones y pendientes gubernamentales. Ladrón de Guevara responsabilizó a los medios de crear “un ring político”.
La casa de la opacidad
Proceso solicitó a la Sefiplan el desglosado de pasivos del gobierno estatal. La dependencia contestó –un mes después– que la información se encontraba actualizada al segundo trimestre financiero de 2015 y remitió a una página web inexistente. Este reportero también solicitó en tres ocasiones una entrevista con el titular, Antonio Gómez Pelegrin, pero su vocera Patricia Rangel no la ha agendado.
Ante el cúmulo de pasivos, el integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, el panista Julen Rementería, ironizó: si se juntaran todos aquéllos a quienes el gobierno les debe dinero, “fácilmente se llenaría el estadio Luis Pirata Fuente”, en alusión a un inmueble que tiene capacidad para 30 mil espectadores.
Además de los débitos con la Universidad Veracruzana hay deudas con contratistas, atletas de alto rendimiento, becados universitarios y más de 30 mil adultos mayores que en la práctica fueron expulsados del programa de pensión vitalicia del DIF estatal, y quienes en compensación fueron enviados a inscribirse al programa de 65 y Más de la Secretaría de Desarrollo Social federal –que sólo permitirá nuevas inscripciones a partir del año entrante.
Ante el cúmulo de críticas de políticos de oposición y líderes empresariales, Duarte justificó: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero sí reclamar obras”. Más adelante dijo: “No soy mago, el dinero tiene que aparecer de algún lado, tenemos que actuar con responsabilidad; somos el gobierno más auditado en la historia, pero estamos actuando con responsabilidad”.
Un exfuncionario de Veracruz, quien fue muy cercano a Duarte, comenta a este semanario: “Hay falta de dinero y eso es claro, pero también hay cosas que no se previeron: las deudas con medios locales y nacionales, los conflictos políticos… El vendaval fue creciendo, no lo midieron, hay una gran responsabilidad de una operación política ineficaz, ésa es la palabra: ineficacia, de Gina Domínguez (exvocera de Duarte y hoy asesora de su gobierno), de Enrique Ampudia (secretario particular), en su momento de Gerardo Buganza (secretario de Gobierno), entre otros”. l
