Ante la presión de los empresarios michoacanos y del gobierno federal, el gobernador perredista Silvano Aureoles advirtió que impedirá el secuestro de autobuses, el vandalismo, la obstrucción de vías federales y las tomas de casetas de peaje por los maestros disidentes y jóvenes normalistas. También se mostró dispuesto a colaborar en el cumplimiento de las 118 órdenes de aprehensión contra líderes de la CNTE y estudiantes. Pero éstos no parecen dispuestos a ceder, e incluso buscan dialogar, pero con autoridades federales.
MORELIA, MICH.- Según una vocera de los normalistas que se manifiestan en la avenida La Huerta, en esta capital, su objetivo es dialogar con el gobierno federal, pues “se ve que hay presión del gobierno de Peña Nieto, de la Policía Federal y de la iniciativa privada de Michoacán” para impedir las protestas contra las políticas educativas.
Por su parte, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitaron un alto “al terrorismo de Estado” del gobernador perredista, Silvano Aureoles Conejo, y del alcalde independiente, Alfonso Martínez Alcázar, a quienes acusaron de provocarlos y hostigarlos durante las tomas de instalaciones, cuando a decir de ellos “son sitios públicos y, por lo tanto, se pueden realizar allí actos públicos”.
Un profesor del organismo sindical disidente acusa:
“Una vez más vuelven a golpear al sector estudiantil. Continuando con la dinámica de criminalizar la protesta social, que es uno de los estragos que trae consigo la militarización del país, el gobierno de Aureoles muestra su verdadero rostro y carácter represor, pues pretende callar cualquier grito de justicia.
“Con un operativo policiaco de miles de policías federales, estatales y del GOE (Grupo de Operaciones Especiales) se reprimió violentamente a los normalistas de Michoacán que han iniciado, desde hace más de un mes, un movimiento en contra de la reforma curricular a las escuelas normales”.
Entrevistado el jueves 5 en el programa Primero Noticias, de Televisa, Aureoles Conejo informó que existen 118 órdenes de aprehensión contra líderes de la CNTE y estudiantes de las escuelas normales, de las cuales 90 son del fuero federal y las restantes del común, aunque no hay fecha determinada para cumplir las detenciones.
Ante la amenaza de estudiantes de las normales de tomar calles y secuestrar autobuses, declaró “que en la entidad está garantizada para todos la libre expresión, pero sin afectar los derechos de terceros”.
También indicó que a los maestros de la CNTE se les acusa de varios delitos, pero “la lista de normalistas es aún más grande, por los actos de vandalismo, secuestro de vehículos particulares, del servicio público, ataques a comercios… Yo creo que sólo de normalistas son alrededor de más de 50 –órdenes de aprehensión– y en el caso de maestros, la propia autoridad refirió que por lo menos eran 30”.
Aureoles Conejo adelantó que la autoridad estatal colaborará con la federal “para lo que se requiera” al realizar las detenciones.
Añadió que, por lo pronto, desde hace semanas se ha impedido que los manifestantes cierren carreteras y casetas de peaje, aunque por derecho constitucional se les ha permitido marchar.
En ese contexto, reveló: “En el caso de robo de vehículos les estoy pidiendo a los dueños que hagan las denuncias correspondientes, porque hace apenas una semana pregunte en qué se estaban moviendo (los maestros y estudiantes normalistas) y resulta que los dueños de las líneas se los prestan”.
Promesas a la IP
El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado, denunció ante la policía local y la PGR el secuestro de un conductor y tres autobuses.
Relata que primero fue secuestrado el conductor de un autobús foráneo y que el vehículo fue abandonado en el centro de la tenencia de Tiripetío, y que la noche del lunes 2, normalistas de Arteaga detuvieron un autobús en Cuatro Caminos, bajaron a los pasajeros y se llevaron la unidad por la carretera libre hacia su escuela. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado fue alertada de la toma de autobuses y el GOE los recuperó.
Pese a esto y a las advertencias del gobernador, normalistas y comuneros de la Meseta Purépecha volvieron a organizar la retención de autobuses y camiones repartidores. Hasta la fecha los vehículos plagiados por estudiantes y profesores disidentes suman 65, entre ellos una “nodriza” con 12 coches último modelo.
De igual forma, estudiantes de la Normal de Cherán sustrajeron ocho autobuses de distintas empresas en la Central de Autobuses de Zamora. Según testigos, los normalistas llegaron encapuchados y armados con palos, por lo que la gerencia y los choferes no se les enfrentaron.
El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Rogelio Guízar Pérez, exigió al gobierno estatal que aplique la ley y garantice el estado de derecho, así como la seguridad física y patrimonial de todos los michoacanos.
En un comunicado, Guízar Pérez reprobó los actos vandálicos de los normalistas, luego de que el viernes 6 irrumpieron en las instalaciones de Coca Cola en Morelia. A decir del dirigente empresarial, con acciones como esa los manifestantes han provocado el hartazgo de la sociedad.
“No podemos permitir que los estudiantes sigan afectando a terceras personas, pues es de esta forma como ha ido en decremento el desarrollo del estado”, afirmó.
Méndez Hurtado, dirigente local de la Canapat, ofreció “un voto de confianza al gobernador” para que “aplique todo el rigor de la ley a los estudiantes normalistas que regularmente secuestran autobuses”. Añadió que durante las administraciones de Fausto Vallejo Figueroa y de Salvador Jara Guerrero los transportistas de pasajeros perdieron más de 250 millones de pesos por los delitos mencionados.
Tras condenar el secuestro de “al menos 25” autobuses el pasado 15 de octubre, el también dirigente del Consejo Coordinador Empresarial hizo un “respetuoso llamado” al gobernador para evitar que este delito se siga cometiendo “sin que los responsables estén tras las rejas”.
Méndez Hurtado afirmó que los gobiernos anteriores solaparon esas conductas delictivas y recordó que hace tres años –cuando los jóvenes fueron desalojados de la Normal de Tiripetío tras incendiar 10 autobuses, tres patrullas de la Policía Federal Preventiva y vehículos de una docena de empresas– “el gobierno coadyuvó para dejarlos en libertad cuando ya habían pisado el penal”.
Añadió que la administración de Vallejo prometió pagar los autobuses incendiados, pero “nunca se cumplió ese compromiso”, y que de las más de 10 mil denuncias interpuestas ante la procuraduría estatal desde hace una década, ninguna ha prosperado.
Por eso manifestó su confianza en Aureoles Conejo, “quien ha levantado la voz y advirtió que aplicaría todo el peso de la ley”.
A su vez, el gobernador perredista precisó, en la entrevista para el noticiario televisivo, que ya inició el diálogo con la CNTE y los jóvenes de las escuelas normales “para irnos poniendo al corriente”. Sin embargo, advirtió que su gobierno impedirá y, en su caso, sancionará las tomas de carreteras y casetas, así como los bloqueos de calles “cada vez que se les ocurra, porque así no vamos a llegar a ningún lado”. l
