Después de la noche trágica de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, la comunidad guerrerense de Carrizalillo se vio inundada de presuntos sicarios de Guerreros Unidos, quienes se escondían junto con una mujer a la que después los lugareños identificaron como María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde igualteco José Luis Abarca. Habitantes del lugar van más lejos y afirman que ahí, en el municipio de Eduardo Neri, hay fosas clandestinas que podrían contener los restos de los normalistas de Ayotzinapa.
CARRIZALILLO, Gro.- Habitantes de este pueblo confirman que fue usado como guarida del grupo delictivo Guerreros Unidos tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre del año pasado; incluso aseguran que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, estuvo refugiada aquí la primera quincena de octubre de 2014.
Añaden que en las cercanías podrían estar los cuerpos de los normalistas desaparecidos.
“Era una mujer elegante, que cubría su rostro con velo, sacaba mucho dinero del cajero automático de la minera y siempre iba resguardada por sicarios que se desplazaban en cuatro camionetas. Cuando fue detenida y exhibida en la televisión, la gente dijo: ‘¡Miren!, esa señora es la que estuvo aquí’”, cuenta a Proceso el comisario municipal Nelson Figueroa.
Carrizalillo está enclavado en la parte serrana del municipio de Eduardo Neri, en las inmediaciones de la veta de oro más grande del país, explotada por la minera canadiense Goldcorp, en el llamado “cinturón de oro” de la ribera del Balsas.
Durante años ha padecido los efectos de la depredación empresarial y la confrontación entre sicarios al servicio de las bandas Los Rojos y Guerreros Unidos, que buscan el control de la ruta de trasiego de drogas y las millonarias ganancias por el cobro de piso a Goldcorp.
La bonanza de la minera contrasta con la pobreza y marginación de los habitantes de Carrizalillo, lugar sin servicios públicos, de calles sinuosas y mal pavimentadas, donde una decena de casas, abandonadas y con marcas de metralla, refleja el abandono gubernamental.
Proponen diálogo con narcos
El lunes 2, los cuatro obispos católicos de la entidad llamaron al gobierno a “dialogar” con la delincuencia para revertir la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero.
En el documento Compromiso por Guerrero y con la Paz, Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo-Chilapa; Maximino Martínez Miranda, de Ciudad Altamirano; y Dagoberto Sosa Arriaga, de Tlapa, afirman que el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores se inicia “en medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”.
Los obispos demandan un programa que sume a los representantes de las instituciones y sectores sociales para reconstruir el tejido social y el estado de derecho, así como elaborar un plan de desarrollo integral y sustentable que prevea el diálogo con la delincuencia.
Tales declaraciones de los prelados ocurrieron luego de que el pasado 28 de octubre, pobladores de Carrizalillo retuvieron más de 10 horas a nueve agentes federales y a un civil identificado como Modesto Onofre Peña Celso, presunto miembro de Guerreros Unidos, quienes pretendían llevarse por la fuerza al comisario ejidal Ricardo López.
Según los pobladores de Carrizalillo, durante la retención de los federales y de Peña, éste habría confesado que en varios cerros de las inmediaciones hay fosas clandestinas que fueron utilizadas por Guerreros Unidos para desaparecer a sus víctimas.
Incluso hablaron de una fosa con más de 60 cadáveres cerca de la mina.
Los retenidos fueron entregados después a efectivos de la Secretaría de Marina y trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, ante la desconfianza local hacia el Ejército y las policías Federal y Estatal.
Según los vecinos de Carrizalillo, los policías federales se confabularon con Guerreros Unidos para detener al comisario ejidal Ricardo López García, quien maneja los recursos que entrega la minera a los ejidatarios por concepto de renta de sus tierras.
Peña Celso, presunto operador de Guerreros Unidos, forma parte de una familia de ejidatarios de Carrizalillo que hace unos meses dejó el poblado y se refugió en Iguala, luego de que varios de sus integrantes fueron asesinados; a otros se les señala por sus probables nexos con la delincuencia.
Tras romper el miedo
Tres días después del incidente del 28 de octubre, los pobladores de Carrizalillo decidieron hablar y confirmaron que al menos un centenar de sicarios de Guerreros Unidos se refugió en ese poblado tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes aseguraron que fueron trasladados a esta comunidad.
Incluso el comisario ejidal, Ricardo López, y el comisario municipal, Nelson Figueroa, llamaron a los padres de los 43 estudiantes para que vayan a Carrizalillo y busquen ahí a sus hijos.
López y Figueroa declararon públicamente que tenían indicios de que los normalistas habrían sido trasladados a ese lugar, luego de la cacería desatada en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del año pasado.
Señalaron que en las primeras horas de ese 27 de septiembre, al menos 30 hombres armados procedentes de Iguala llegaron a Carrizalillo a bordo de varias camionetas. Afirmaron que se trataba de miembros de la banda Los Peques, señalada como brazo armado de Guerreros Unidos, y que habrían sido protegidos por la familia Peña Celso.
De acuerdo con los denunciantes, en esa ocasión fueron llevadas al lugar varias retroexcavadoras, y una gran cantidad de arena destinada a una obra pública “simplemente desapareció”.
El 11 de octubre de 2014 la agencia Apro dio a conocer, con base en un reporte federal, que tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al menos un centenar de sicarios al servicio de Guerreros Unidos se habría refugiado en Carrizalillo.
Los hermanos Víctor, El Oso; Mateo, El Gordo; y Salvador, El Chava Benítez Palacios, propietarios del autolavado Los Peques, en la calle Juan N. Álvarez de Iguala, son señalados como los líderes de este grupo armado y presuntamente habrían participado, junto a policías municipales, en el ataque a los normalistas.
Nelson Figueroa afirma que decidieron hablar ahora del caso Ayotzinapa porque ya se fueron los operadores de Guerreros Unidos, quienes mantenían un férreo control en la zona minera, bajo el manto protector de autoridades estatales, federales y soldados del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.
Durante un recorrido que Proceso realizó por Carrizalillo, Figueroa afirma que tras el ataque de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa estuvo refugiada en este lugar durante la primera quincena de octubre de 2014.
Agrega que después de que los pistoleros de Guerreros Unidos se refugiaron en el pueblo, utilizaron una camioneta tipo Urban, propiedad del ejido, para desplazar a una “misteriosa persona” que permaneció en el lugar la primera quincena de octubre de 2014 y llegó en un convoy de camionetas de lujo y unidades de transporte procedentes de Iguala, que no pasó inadvertido para pobladores de Mezcala, el personal de la minera y los habitantes de Carrizalillo.
Guerreros Unidos reforzó la seguridad de las entradas y salidas de Carrizalillo y la mujer abordaba la camioneta del ejido para ir constantemente al cajero de Goldcorp, a dos kilómetros del poblado, siempre resguardada por sicarios a bordo de cuatro camionetas, indica.
Cerca del 15 de octubre la mujer se fue. El 21 del mismo mes la PF realizó un operativo –que incluyó numerosas patrullas y tres helicópteros– en el poblado. El resultado de esta acción fue la captura de sólo tres sicarios; los demás lograron escapar.
De esta forma, los habitantes de Carrizalillo y otros poblados como Amatitlán y Mezcala, se sacudieron parcialmente el yugo impuesto por Guerreros Unidos.
Pero cuando intentaron denunciar, notaron que militares y policías federales seguían al servicio de los operadores de Guerreros Unidos, afirma Figueroa, quien agrega que no hay indicios de que José Luis Abarca haya estado en Carrizalillo con su esposa.
El comisario dice que desde el 1 de junio de 2014 Guerreros Unidos, con apoyo de los integrantes de la familia Peña, habían desplazado a una célula de Los Rojos que tenía el control de la zona.
Y pese a que el control férreo de Guerreros Unidos se diluyó, el asedio de la delincuencia se mantiene, por las ganancias generadas por la renta de tierras a Goldcorp.
En Carrizalillo, un pequeño grupo de ejidatarios es beneficiado por la renta de sus tierras a la minera, dinero que era arrebatado por los operadores de Guerreros Unidos, indica.
Refiere que una vez los líderes del grupo criminal exigieron a los ejidatarios que aportaran dinero para formar una guardia comunitaria; se reunió una bolsa de 800 mil pesos, que se le quedó al jefe del grupo, identificado sólo como El 9, quien daba órdenes incluso a los soldados del 27 Batallón de Infantería, que permanecieron unos meses en Carrizalillo.
No obstante, ahora lograron atraer la atención de las autoridades después de haber detenido a los agentes federales.
“Antes no hablamos porque ellos tenían el control de todo; la Policía Federal organizó un recorrido con los padres de los normalistas de Ayotzinapa y trajeron a reporteros de Iguala, pero nadie dijo nada porque si decías algo y te escuchaba un soldado, le informaban al 9 y después llegaban a tu casa y te tableaban”, expresa el comisario.
Luego de la retención de federales y la declaración sobre la existencia de fosas en Carrizalillo, agentes de la PGR llegaron al poblado y ya han localizado cinco cuerpos, al parecer tres mujeres y dos hombres.
