CHAHUITES, OAX.- Las heridas en los hombros de Néstor aún no cicatrizan y los recuerdos de los machetazos fastidian su sueño. Pero en el albergue de Chahuites, Oaxaca, el salvadoreño de 27 años guarda silencio. Piensa que no tiene caso abundar en su historia, pues muchos de los migrantes que descansan ahí también sufrieron agresiones en el camino.
Suena paradójico, pero el asalto que sufrió Néstor el pasado 28 de septiembre y que llevó a uno de sus compañeros al hospital, moribundo, quizá le permita conseguir una visa “humanitaria” con la cual continuará –ahora de manera legal– su odisea rumbo a Estados Unidos.
Las autoridades migratorias otorgan de vez en cuando la condición de visitante por razones humanitarias a los migrantes “ofendidos, víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio mexicano”. Entre enero y agosto de este año, 669 centroamericanos recibieron esta condición, 168 más que durante todo 2014, según datos oficiales.
Es sábado 3, 16 migrantes de la treintena que reposa en el albergue espera que el Instituto Nacional de Migración (INM) dictamine si los asaltos que padecieron ameritan una visa humanitaria.
Pero aún les faltan tres días de caminata para llegar al albergue más cercano, en Ciudad Ixtepec, a 150 kilómetros: la Casa Hogar Hermanos en el Camino, que dirige el sacerdote Alejandro Solalinde.
Pasarán por los municipios Reforma, Unión Hidalgo y Juchitán, entre otros, en los cuales el albergue de Ixtepec documentó gran cantidad de asaltos, dice a este semanario el voluntario Alberto Donis. “La gran mayoría de los que se hospedan en el albergue fueron atacados en el camino, muchos en Chiapas pero también muchos en Oaxaca”, explica.
“Llegan grupos de 20 o 30 personas por día. Están supercansados, picados por las abejas, deshidratados y con hambre, algunos resfriados por el frío de la noche y otros insolados. En algunas ocasiones llegan por tren, pero ya es muy raro y son muy pocos, no más de 10 personas.”
Hasta mediados de 2014, los 11 mil habitantes del municipio de Chahuites, en el sur del Istmo de Tehuantepec, veían pasar a los migrantes centroamericanos encima de los vagones del tren que venía de Arriaga, Chiapas. Pese a los peligros que representaban los grupos criminales –quienes controlaban tramos enteros del ferrocarril, llamado La Bestia–, para los más pobres es el único modo de atravesar México.
Pero a mediados del año pasado, bajo la presión que ejerció el gobierno estadunidense para detener la oleada de niños migrantes a su territorio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur.
Con el pretexto de “controlar los flujos migratorios” y proteger a los migrantes, el gobierno federal multiplicó los operativos en el sur del país. El INM cercó con retenes las principales carreteras, intensificó los patrullajes y realizó operativos sistemáticos para impedir a los migrantes subir a La Bestia.
De acuerdo con una información que Proceso obtuvo por medio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en los primeros ocho meses de 2015 el INM llevó a cabo 21 mil 886 “revisiones migratorias” en todo el país, un promedio de 90 por día, 65% más que el año anterior.
En ese periodo el INM hizo más revisiones que durante todo 2012 –20 mil 786, 57 por día– o que en 2013 –20 mil 856–; al seguir en esta dinámica rebasará con mucho el número de operativos que llevó a cabo en 2014: 25 mil 383 o 69 al día.
En Oaxaca, el INM incrementó su presencia de manera notable: en los primeros ocho meses del año llevó a cabo 2 mil 914 revisiones –12 diarias, en promedio–, con lo cual rebasó la suma de sus operativos en 2012 (mil 919), 2013 (2 mil 284) o 2014 (2 mil 342).
Resultado de lo anterior, poco más de un año después de la aplicación del Plan Frontera Sur, México rebasó a Estados Unidos en el número de detenciones y deportaciones de centroamericanos. Según cifras oficiales, en los primeros nueve meses de 2015 el INM detuvo a más de 152 mil personas –555 diarias, en promedio–, de las que deportó a 118 mil. Las autoridades migratorias estadunidenses, por su parte, deportaron a 55 mil 744.
El asalto
Si bien los migrantes más adinerados –los recién deportados de Estados Unidos o con familiares en ese país– pagan miles de dólares a las redes de coyotes que los trafican desde Centroamérica, a los más pobres ya no les queda más que caminar de albergue en albergue y, a veces, abordar una combi –que les cobra sobreprecios– para evadir los retenes.
Ya en las zonas boscosas de Chiapas y del sur de Oaxaca, los migrantes bordean las vías. Saben que en algún momento llegarán a un pueblo. Nunca las pierden de vista. Orientarse entre los montes sería imposible sin ellas.
Al percatarse de que reducidos y vulnerables grupos de migrantes recorren los rieles, grupos de pobladores de la zona empezaron a emboscarlos para robarles lo poco que traen.
El pasado 28 de septiembre Néstor y sus tres compañeros llevaban 12 días viajando desde su salida de El Salvador. “Veníamos siguiendo las líneas. Nos dijeron que son las que llevan a uno hasta allá”, recuerda. Llegaron a un punto de las vías conocido como “el basurero”, a kilómetro y medio de Chahuites. “Veníamos fundidos. Teníamos todo el día caminando, los pies estaban cansados, ya no traíamos agua”, cuenta.
De pronto un hombre se les apareció, machete en mano. “¡Alto!”, gritó. Otro apareció a su lado izquierdo y un tercero por atrás; todos con los rostros cubiertos. Tras un segundo de pasmo, dos de los migrantes corrieron con la velocidad que les permitieron sus piernas adoloridas. El jefe de los “malandros” ordenó a uno de los ladrones que los persiguiera.
A Néstor y su compañero los forzaron a desnudarse. Mientras los hombres revisaban sus bolsillos, tenis, mochilas y los elásticos de su ropa interior, escucharon los alaridos de dolor de uno de sus compañeros, en el monte.
Volvió el salteador. “¿Qué pasó?”, le preguntó el jefe. “Ya no hay problema, lo maté”, contestó éste. “¡Pero asegúrate!”, vociferó el primero. El otro se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la loma.
Regresó poco tiempo después, enfurecido pues una de sus víctimas había huido. “¡Putos ustedes! Me lo van a pagar”, escupió, dirigiéndose a Néstor y su compañero. Los asaltantes pusieron a los dos migrantes en el piso, quienes, aterrorizados, repetían que no tenían nada, que ya les habían dado todo lo que traían. Llovieron los primeros machetazos sobre Néstor. Éste levantó su mochila e intentó protegerse con ella.
“¡No lo hagas!”, regañó el jefe. “Ya que mataste al otro va a ser un gran pedo. Recojan sus cosas y se van antes de que me arrepienta de dejarlos vivos”, amenazó. Y advirtió: “Ustedes dos me han conocido, yo los conocí bien a ustedes. Si van a poner una denuncia, sé dónde van a estar, van a estar en el albergue y los voy a buscar”.
Los “malandros” se desvanecieron.
En pánico, Néstor y su compañero recogieron sus ropas y pertenencias y corrieron medio kilómetro. Gracias a la adrenalina, el salvadoreño no sentía los chorros de sangre que descendían por su espalda ni el dolor en la nuca ni los tajos en la mano y el brazo.
Llegaron a una carretera y luego a una gasolinera. Su compañero, que no venía tan herido, pidió auxilio a los empleados. Llamaron a los voluntarios del albergue y Néstor fue llevado al hospital. Ahí le presentaron una foto de su compañero, empapado en su sangre, quien logró escapar cuando su verdugo lo abandonó, pensando que era un cadáver.
Refugio
A finales de 2014 Solalinde alertó sobre los asaltos sistemáticos que reportaban los migrantes al llegar a su albergue. Junto con activistas y defensores de los indocumentados, entre ellos Irineo Mújica Arzate, recorrió las rutas del sur para registrar las nuevas modalidades de la migración a pie y para acompañar a los migrantes a denunciar los ataques.
Desde Estados Unidos, donde trabaja por temporadas para conseguir un poco de dinero a fin de solventar los gastos del albergue, Mújica recuerda en entrevista telefónica: “Cuando nos percatamos de la amplitud del problema, vimos la necesidad de rentar un espacio. Pero llegaban cada vez más migrantes. En Chahuites se quedaban a dormir en el parque con los pies destrozados, por lo que convertimos el espacio en un albergue.”
De esta manera improvisada abrió el primer albergue del Plan Frontera Sur.
A una calle del mercado y de la estación de autobuses de Chahuites, frente a una pollería, hay una casa con dos puertas. Arriba de la primera se puede leer “Agencia Estatal de Investigaciones”, y sobre la otra “Fiscalía de Atención al Migrante”. Las dos oficinas son iguales: dos escritorios, cuatro sillas y un ventilador.
Vestido de civil, el agente del Ministerio Público de la fiscalía, Marcelino Benítez, explica a Proceso que el número de delitos contra los migrantes se disparó en la zona de Chahuites: desde septiembre de 2014 esta oficina registró alrededor de 200 denuncias por agresiones y robos en el sector, pero no procedió a ninguna detención.
Donis insiste en que desde el arranque del Programa Frontera Sur la Fiscalía Especializada en Atención al Migrante de Oaxaca sólo ha emitido una orden de aprehensión contra tres individuos, en el municipio de Corazones. Uno de ellos está prófugo.
“El maleante es listo”, refiere el funcionario al presentar un “logro”: “En el puente mataron a un delincuente y se apagó el foco rojo”. A lo largo de sus 20 años de carrera, Benítez se acostumbró a los pleitos entre vecinos, de resolución expedita. Pero las agresiones a migrantes, que requieren de investigaciones y operativos, lo rebasan.
“No es fácil integrar sus casos. Ellos no saben ni quiénes son sus agresores. A veces llevan el rostro encapuchado y a veces ni les roban porque no traen nada”, dice y añade: “Si corren o se defienden se hace la agresión. Cuando las lesiones son visibles, los médicos sacan la documentación a favor (de los migrantes). Caracterizan el atraco como delito grave.”
“Cuando las lesiones son visibles, los médicos sacan la documentación a favor (de los migrantes)”, asevera.
Según datos oficiales, entre enero y agosto de este año la delegación del INM en Oaxaca entregó 188 tarjetas de visitante por razones humanitarias a migrantes centroamericanos porque sufrieron una agresión. Durante todo 2014, la misma delegación otorgó 36 de estos documentos a centroamericanos indocumentados. l
