Con poco más de un mes como gobernador, el priista Alejandro Moreno Cárdenas está consiguiendo lo que a otros les cuesta años: el estado entró en una espiral de violencia de raíz política inusitada, que incluye la toma de instalaciones públicas con rehenes, sabotaje a la infraestructura y presuntas provocaciones. Voces opositoras lo acusan de fomentar esos conflictos, sobre todo en municipios donde triunfaron alcaldes del PAN.
CAMPECHE, Camp.- Mientras la inestabilidad política crece en los municipios donde perdió el PRI, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se retrata para su cuenta de Facebook jugando con niños en el parque, comiendo tacos en la calle o informando de los logros alcanzados en sus primeros “100 días de gobierno” cuando apenas van 37.
Al respecto, Manuel Zavala Salazar, dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), comenta: “Ni 40 días han transcurrido desde que asumió el cargo y vemos ya a la entidad en una situación alarmante por la inseguridad, pero sobre todo el ambiente político se ve enrarecido”.
Como ejemplo, señala los “municipios donde han estallado conflictos que parecieran alentados o inducidos con un esquema porril”. Agrega que esto puede explicarse “si nos remontamos a los antecedentes políticos de quien hoy encabeza el Ejecutivo estatal”.
Se refiere a que Moreno Cárdenas inició su ascenso en la política en 1999, después de que por presuntas órdenes del entonces gobernador José Antonio González Curi encabezó una “rebelión estudiantil” –en la participaron líderes de colonos y policías vestidos de civil– en la Universidad Autónoma de Campeche para expulsar al rector José Abud Flores de manera violenta.
También se recuerda la ocasión en que irrumpió en el Congreso local para arrojar huevos al entonces diputado Luis Carlos Basto mientras hablaba en la tribuna.
“La situación en el estado no se va a calmar ni nos va a hacer creer que todo está bien, con fotografías (del gobernador) revisando a medianoche la construcción de un paso peatonal o cayendo de sorpresa en el hospital del IMSS para supervisar la atención a los pacientes. Necesitamos una situación real de tranquilidad que genere credibilidad”, dice el líder opositor.
En cambio, señala, Moreno Cárdenas inició su gobierno con ánimo revanchista y desarrolla una política de confrontación en algunos de los seis municipios donde ahora gobierna la oposición (cinco del PAN y uno de Morena) y que en conjunto aglutinan a más de la mitad de la población.
Allí, dice Zavala Salazar, el mandatario priista “tira la piedra y esconde la mano”.
El peor de esos casos es el municipio de El Carmen, capital económica del estado y clave para la industria petrolera del país, donde el pasado jueves 1 asumió la alcaldía el panista Pablo Gutiérrez Lazarus, de 32 años. Desde días previos a su toma de posesión, éste ha sorteado presiones políticas y mediáticas “detrás de las cuales está el PRI”, opina la dirigente estatal del PAN, Yolanda Valladares.
Como subsecretario de Gobierno para el municipio de El Carmen, el gobernador priista designó al expanista José Ignacio Seara Sierra. Cuando éste era diputado federal, su hijo fue detenido con los escoltas como presuntos responsables de un secuestro, en el cual utilizaron un vehículo del DIF municipal.
Seara es considerado integrante de un grupo político antagónico al de Gutiérrez Lazarus. Pero uno de sus mayores problemas es el nombramiento de Guillermo Zayas González como director municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, pues se halla sujeto a un proceso penal y otro administrativo como presunto responsable del fallido operativo policiaco que en 2008 provocó la muerte de 12 personas en la discoteca News Divine, del Distrito Federal.
La designación de Zayas provocó fuertes críticas contra Gutiérrez Lazarus y también contra el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien fue precandidato a la gubernatura de Campeche pero terminó declinando, como el resto de los aspirantes, en favor del “candidato de unidad”: Moreno Cárdenas.
De nada sirvió la explicación del presidente municipal panista que recurrió a Sales Heredia, cuando éste aún era zar antisecuestros, para que le recomendara a un buen jefe de seguridad pública. Afirma que se le entregó una lista, de la que él eligió a Zayas por su currículum.
Una semana después de que el nuevo ayuntamiento entró en funciones, padres de jóvenes muertos en la discoteca News Divine se manifestaron en el parque central de Ciudad del Carmen para protestar contra la designación de Zayas.
Regidores del PAN y el presidente municipal de El Carmen acusaron a los regidores priistas de llevar a los inconformes a Ciudad del Carmen. En la manifestación también participaron las organizaciones no gubernamentales Cauce Ciudadano y Alarbo, A.C. Le reprocharon al munícipe la contratación de Zayas y llamaron a la comunidad a rebelarse contra su nombramiento para evitar “que se repita aquí lo que ocurrió en México”.
Los regidores panistas afirman que una camioneta de la exdiputada federal Rocío Abreu, rival de Gutiérrez Lazarus en la elección para la alcaldía–, se utilizó para recogerlos en el aeropuerto y trasladarlos al sitio donde ofrecieron su conferencia de prensa. Después, dicen los panistas, los llevaron hasta donde se encontraba el alcalde.
Gutiérrez Lazarus les “garantizó” que si un tribunal llega a requerir a Zayas por ese caso, él será puesto a disposición porque el cargo no implica que se le esté dando inmunidad, fuero ni protección.
Defensa
Horas después de la tragedia del News Divine, una sentencia del entonces procurador del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, estigmatizó a Zayas: “Él los mató con dolo”.
Sin embargo, el también exfiscal de Homicidios capitalino afirma en entrevista: “Yo no ordené el operativo, no ordené cerrar las puertas y no era coordinador de la Unipol. Nunca lo fui. Es una de tantas mentiras. Yo me enteré, ya dentro de la cárcel, que me nombraron coordinador de la Unipol. Lo supe cuando me presentaron por primera vez en la rejilla de prácticas luego de la tragedia. En ese momento entendí que iban a imputarme toda la responsabilidad de lo ocurrido, y así es”.
Según él, Félix Cárdenas manipuló los peritajes con ese propósito.
“En mi caso el principio de inocencia no operó. Sin prueba alguna me dictaron auto de formal prisión por homicidio doloso y hay una resolución posterior, en la que se dice que hasta el momento no se ha acreditado por qué conducta se me está juzgando”.
También cita el dictamen que emitieron expertos de las Naciones Unidas: “Los peritos determinaron que las víctimas murieron asfixiadas y aplastadas entre ellos, explican la mecánica de lo ocurrió en cada caso y dictaminan que ninguna de las personas que participó en el operativo tiene responsabilidad, pues la responsabilidad es del Estado”.
Destaca que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por violaciones a sus derechos, pero cuando el organismo se refirió al tema “se manifestó respecto a las quejas de todo el mundo, excepto las mías… como si yo no tuviera derechos o no los hubieran violado. Nunca me supieron explicar por qué nunca se manifestaron sobre mi queja”.
En cuanto a las protestas por su nombramiento en El Carmen, señala: “He querido ser muy respetuoso del dolor de los padres, pero los están manipulando o usando para fines políticos. Se está politizando nuevamente este tema. Lo único que sé es que sigo siendo gente de trabajo y lo que he hecho está en papeles.
“No soy un riesgo para la sociedad. Creo que, al contrario, hice mil y un buenas, pero por esta que no hice mal… Incluso, no siendo yo el responsable, les pido perdón a los padres por lo que les hicieron creer, por lo que piensen de mí. Las cosas no son como les han hecho creer”.
Huestes priistas
El martes 20, presuntos trabajadores del Sindicato de los Tres Poderes (afiliado a la priista CTM), encabezados por el delegado en El Carmen, José del Carmen Urueta Moha, tomaron el palacio municipal y retuvieron a 180 trabajadores, a los que mantuvieron sin agua, alimentos ni energía eléctrica por más de 24 horas.
Exigían la presencia del alcalde y en un principio la destitución del director de Educación. Al paso de las horas llegaron más sindicalistas desde los municipios de Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega y Palizada, bajo el mando de su líder estatal, Juan Carlos González.
Zayas hizo el intento de negociar con los líderes gremiales, quienes accedieron a dejar salir a las personas enfermas y a permitir la entrada de alimentos, aunque luego los sindicalistas los decomisaron y los consumieron.
Durante la protesta, que provocó lesiones a 10 personas, se bloquearon con camiones las calles aledañas al edificio y hubo conatos de violencia contra los rehenes que intentaban salir o contra sus familiares que pretendían rescatarlos. Fuentes del ayuntamiento confiaron extraoficialmente que se sospechó de una provocación para que interviniera la policía municipal y arreciaran las críticas a Zayas. Lo cierto es que, sin explicación alguna, días antes la policía estatal dejó de vigilar la isla.
La protesta concluyó cuando Gutiérrez Lazarus acudió a dialogar con los manifestantes y firmó cuatro acuerdos, totalmente ajenos a la exigencia inicial. Luego de firmar la minuta, Urueta Moha advirtió que si no se resolvía ese día el conflicto, la dirigencia nacional del sindicato iba a enviar refuerzos de otros estados para apoyarlo.
En tanto, en la villa de Isla Aguada –que está en tierra firme–, pobladores inconformes con los resultados de la elección de comisario municipal del domingo 18 –que ganó Marín Ramírez Barrera, a quien acusan de narcotráfico– bloquearon parcialmente el Puente de la Unidad, que conecta a la isla con la península, tomaron la caseta de cobro y dejaron pasar sin pagar a cientos de vehículos. También interrumpieron a ratos el suministro de agua a Ciudad del Carmen.
Tras el conflicto en el palacio municipal, Gutiérrez Lazarus fue a negociar con los manifestantes de Isla Aguada, también priistas, quienes argumentaron que convocar nuevamente a elecciones no es competencia del ayuntamiento. El alcalde acudió acompañado por la dirigente estatal de su partido, Valladares Valle, y por Seara Sierra.
Cuestionado sobre lo que ocurre en El Carmen, Seara indica que no medió en el palacio de gobierno porque el alcalde no lo solicitó. “Si no me invitan a la fiesta, no voy”, dice, pues el problema era de índole municipal.
De todas formas, niega que esos conflictos constituyan intentos de sabotaje al gobierno municipal. Asegura que se deben a “errores de Pablo”, que en el caso del sindicato “sacudió el avispero”.
Una síndico y familiares de los afectados interpusieron 10 denuncias ante la Vicefiscalía General del Estado por privación ilegal de la libertad en la toma del palacio municipal (expediente C.C.H./6422/2a/2015), mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió el legajo de oficio de gestión vd-212/2015.
La noche del jueves 22, cientos de pobladores de Isla Aguada protestaron por cuarto día. De nuevo tomaron los cárcamos para cortar el suministro de agua a Ciudad del Carmen y bloquearon el Puente de la Unidad, pero esta vez incendiaron palapas turísticas en los muelles.
Poco antes de la medianoche llegaron a la comunidad decenas de elementos antimotines de la Policía Estatal Preventiva encabezados por el subsecretario de Seguridad Pública, Samuel Salgado Serrano. Después de dispersar a los manifestantes, liberaron las instalaciones pero las custodiaron sólo hasta la mañana siguiente.
Según los inconformes, recurrieron a la violencia porque el munícipe les dijo que no se repetirían las elecciones el domingo 25, como exigían, y se ratificaba el triunfo de Ramírez Barrera. La anulación de la elección es facultad del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, no del ayuntamiento.
