Pese a que Estados Unidos pidió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán desde que el capo estaba preso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se declaró impedida de iniciar el proceso jurídico para entregarlo a ese país, debido a su condición de prófugo.
Documentos de los cuales Proceso tiene copia dan cuenta de que no puede empezar el proceso jurídico de extradición debido a que el objetivo “está prófugo” (desde el 11 de julio de 2015), lo cual no obsta para que el gobierno mexicano mantenga “bajo reserva” el expediente número 541-4-2753/15 (oficio que un juez le pidió a la cancillería) durante un periodo de tres años.
La fecha de reserva empezó a correr el 19 de agosto de 2015. Esto significa que toda la información jurídica relacionada con Guzmán Loera, el reo de más alta peligrosidad que se le fugó a Enrique Peña Nieto, será dada a conocer cuando éste prácticamente concluya su mandato.
El documento forma parte del voluminoso expediente de seis amparos contra la extradición promovidos por Juan Pablo Badillo Soto, abogado del Chapo y quien en el juicio 712/2015-IV, promovido ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, demandó a la SRE “un informe justificado” del proceso de extradición contra su cliente.
En el documento, firmado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Sandra Elisa Hernández Ortiz, se da respuesta al oficio del 29 de julio de 2015 promovido por el abogado de Guzmán Loera: “No es cierto que el secretario de Relaciones Exteriores haya realizado acto alguno”.
“Si bien es cierto que el gobierno de los Estados Unidos de América solicitó formalmente la extradición internacional del señor Joaquín Guzmán Loera…
“… también es cierto que el procedimiento de extradición aún no se ha iniciado en virtud de que, como es del dominio público, el quejoso se escapó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano…”
El documento destaca que la SRE “no ha iniciado una resolución definitiva” en cuanto al proceso de extradición contra Guzmán Loera. Lo anterior implica que aun siendo detenido, no se le podría enviar de inmediato a Estados Unidos.
Una vez detenido el máximo líder del Cartel de Sinaloa, el proceso podría durar entre 10 y 12 meses, dijo a este semanario el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, José Alberto Rodríguez Calderón (Proceso 2033).
Contra Marina y Sedena
Y mientras el gobierno mexicano inició la cacería de Guzmán Loera, peinando la zona del Triángulo Dorado, donde confluyen las sierras de Chihuahua, Sinaloa y Durango, Badillo Soto ya logró la sexta suspensión “de oficio y de plano”.
A diferencia de los otros cinco amparos para evitar la extradición del Chapo, su abogado sumó ahora nuevos elementos en sus alegatos con los cuales busca disminuir el nivel de presión contra su cliente.
Se trata de incluir en esta nueva solicitud de amparo a los protagonistas de la persecución: al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al de la Secretaría de Marina (Semar), al de Gobernación (Segob) y al de la Comisión Nacional de Seguridad.
Es la primera vez que el abogado del Chapo señala a la Sedena, la Semar y la Segob como “responsables ordenadoras y ejecutoras” de la persecución.
Según Badillo, “en el actual momento mi representado, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, se encuentra ferozmente perseguido por las Fuerzas Armadas de la Sedena, Semar, de fuerzas expedicionarias de mercenarios sudamericanos, elementos armados norteamericanos de la CIA, DEA, FBI, con el propósito de abatirlo, masacrarlo, asesinarlo, desaparecerlo forzadamente, extraditarlo o deportarlo a los Estados Unidos”.
En su alegato, el abogado sostiene que ahora las pretensiones de extraditarlo son ciertas, “por ser realizados por operativos bélicos que se ejecutan en las serranías de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, como así lo están informando.
Insiste en su amparo indirecto 967/2015 promovido ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal: “Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, en el momento actual se ha convertido en víctima propiciatoria de actitudes y voluntades ajenas consistentes en la feroz y violenta persecución por las Fuerzas Armadas mexicanas…
“Se tiene certeza”, argumenta Badillo, “y la total convicción de que el gobierno mexicano ha contratado fuerzas punitivas de militares mercenarios colombianos para abatir, asesinar al señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, pretendiendo justificar con su siniestra e inconstitucional actuación, que dichos mercenarios son colaboradores auxiliares de las Fuerzas Armadas mexicanas”.
Si se diera su reaprehensión, dice el litigante, “pido se le respete su integridad personal, respeto a su vida y a sus garantías individuales y derechos humanos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución…”.
El artículo 14 de la Constitución establece que “ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales, a juicio del Ejecutivo”. Y desde el punto de vista de Badillo Soto, “en el caso concreto no existe excepcionalidad alguna”.
Sí, en cambio, demanda “la suspensión de oficio y de plano”, misma que se otorga cuando se argumenta debidamente que el acto reclamado es “inminente”.
En este caso, dice en entrevista, por estar siendo perseguido es que se considera “inminente” que pueda ser abatido y de ahí que se me concedió la “suspensión de oficio y de plano” que no significa otra cosa que no pueda ser asesinado, masacrado o abatido.
Incluso, el martes 20 promovió el amparo 1160/2015 a favor de Óscar Manuel Gómez Núñez, uno de los cinco abogados que tiene litigando Guzmán Loera. Este último fue detenido presuntamente por haber participado en la evasión del sinaloense. El amparo, mismo que se concedió, fue para que se presentara ante el Ministerio Público y no fuera incomunicado o violentado en sus derechos humanos. l
