En la actualidad, en Michoacán los secuestradores actúan con mayor cinismo, lo que ha generado mayor impunidad de policías, militares y de algunos de los particulares que participan en las desapariciones forzadas, un fenómeno que se ha intensificado en los tres años de administración de Enrique Peña Nieto… “De alguna manera siguen llevando a cabo estas violaciones a los derechos humanos sin temor a ser descubiertos”, resume la activista Laura Orozco Medina, miembro del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México “Alzando Voces”.
De 2007 a la fecha, en Michoacán se registraron oficialmente sólo 253 casos de desapariciones forzadas que implican a policías y soldados, pero esa cifra equivale sólo al 10% de los casos ocurridos en la entidad, pues la mayoría de los afectados no presentan su denuncia por temor a represalias.
Quien afirma lo anterior es Laura Orozco Medina, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México “Alzando Voces” (Cofaddem). Matiza: esa práctica se agravó en los últimos tres años en Michoacán, desde que llegó Enrique Peña Nieto a Los Pinos. Y cita el caso del subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Víctor Hilario Hernández Oseguera, quien hoy es acusado por prácticas de extorsión, delito por el cual el juez Octavo de Distrito de la entidad ordenó su captura el martes 6.
Hernández Oseguera llegó al cargo cuando Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado por Peña Nieto como Comisionado de Seguridad para Michoacán. Fue denunciado en febrero último, cuando trató de extorsionar a tres empresarios del campo, a quienes les pidió 3 millones de pesos tras imputarles delitos inexistentes.
Los secuestradores actúan “con mayor cinismo, lo que ha generado mayor impunidad… De alguna manera siguen llevando a cabo estas violaciones a los derechos humanos sin temor a ser descubiertos. Hay todo un sistema político que avala o permite que esto siga sucediendo”, sostiene Orozco.
–¿Cómo observan esta diferencia, por qué ven que se ha agravado esta situación? –se le pregunta a la activista.
–Porque en los periodos del PAN (2000-2012) había desapariciones forzadas, pero escondían el mecanismo que usaban. Se llevaban a los jóvenes en camionetas blancas simulando que era crimen organizado. Ahora actúan sin ese cuidado, utilizando métodos más perfeccionados e incluso con mayor cinismo porque llegan en patrullas a plena luz del día se los llevan.
Orozco perdió a su padre Leonel Orozco Ortiz y a sus hermanos Leonel y Moisés. Don Leonel fue detenido y desaparecido por efectivos vestidos de civil identificados como “paramilitares” en la comunidad de Nuevo Zirosto el 3 de julio de 2008.
Al año siguiente, el 18 de abril, Leonel Orozco Medina fue detenido y desaparecido por elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en la misma comunidad; Moisés corrió una suerte similar el 22 de mayo de 2012, cuando uniformados de Apatzingán se lo llevaron. A partir de entonces, la familia Orozco Medina optó por abandonar su tierra para evitar el acoso de policías y militares.
Desde el Cofaddem, Laura Orozco ha seguido los casos de desapariciones forzadas. Dice que aun cuando la organización ha documentado 253, muchos de ellos venían acompañados de otros cinco, en promedio.
“Tenemos algunas denuncias de hasta 12 jóvenes desaparecidos y sólo un familiar es quien denuncia. Muchas veces, cuando llegan con nosotros a pedir ayuda, no han presentado la denuncia en la procuraduría”, precisa la joven michoacana.
Recuerda el caso Daniel Ramos Alfaro, un instructor educativo rural de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de 21 años, quien fue detenido y desaparecido por fuerzas militares el 2 de octubre de 2013, cerca de la comunidad de Betania, en Uruapan, cuando se dirigía a hacer sus labores de alfabetización.
En septiembre de ese mismo año, dice la activista del Cofaddem, desparecieron cuatro jóvenes: Rigoberto Mejía Mendoza, Patricio Barrera Corona, Simón Corona Banderas y José Manuel Molinero. A los tres primeros se los llevaron policías municipales de Turicato; Molinero, quien el día anterior a su desaparición fue golpeado por uniformados de Morelia, quienes lo abandonaron a la salida de la ciudad pensando que estaba muerto.
El caso de Paredes Ruiz
El Cofaddem aprovechó la visita reciente del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, para entregar una lista de 25 casos de desaparición forzada en la que están implicados agentes policiacos y militares. Ninguno de ellos ha sido resuelto a pesar de que han sido denunciados ante las autoridades de la entidad.
Uno de los casos más emblemáticos que registra Cofaddem es el de José Francisco Paredes Ruiz, un defensor de derechos humanos detenido por soldados el 26 de septiembre de 2007.
Orozco insiste: “Ahora que se han incrementado los casos de desaparición, de acuerdo con la documentación que tenemos, son los mismos agentes del Estado (policías y militares). A diferencia de antes, cuando la gente decía que se los llevaban policías sin uniforme en camionetas blancas, ahora muchos son policías que usan patrullas municipales, estatales o federales para llevárselos”.
Los primeros casos fueron, en su mayoría, privaciones de la libertad; luego vinieron los secuestros, y ahora son desapariciones forzadas en las cuales participan particulares en connivencia con autoridades, asegura Orozco.
Y puntualiza: “Recordemos que el concepto de la desaparición forzada es la privación de la libertad, cualquiera que sea su forma, ya sea secuestro o sólo privación de la libertad por parte de autoridades o de particulares que actúen con el permiso o tolerancia y cooperación de las autoridades.
“Nos hemos dado cuenta que muchos de esos particulares actuaron con esa cooperación y permiso de las autoridades. Incluso, cuando utilizaban camionetas blancas como particulares, detrás de ellos iba un convoy militar o un carro de la policía federal, resguardándolos.”
La integrante de esta organización (creada hace poco más de una década) precisa que a pesar de que las autoridades conocen esos casos, no han dado una respuesta satisfactoria:
Y cita el caso de Paredes Ruiz, de quien nada se sabe, pese a las quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos estatal y nacional y los llamamientos de organismos internacionales como Americas Watch y el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Las autoridades, dice, no les han dado ninguna respuesta. Primero negaron que elementos del estado hubieran detenido al activista, después se empantanaron las investigaciones. Hasta ahora no hay diligencias ni interés por implementar mecanismos que ayuden a los familiares a encontrar a sus desaparecidos.
Escandalosa complicidad
En el Cofaddem, la mayoría de sus integrantes son mujeres que se recorren Michoacán. Su labor consiste en tocar las puertas de las oficinas gubernamentales para exigir que se investigue el paradero de sus familiares y denunciar la complicidad de policías y militares con las bandas criminales.
Según Laura Orozco, la complicidad entre autoridades y secuestradores, así como el cinismo con el que actúan, tiene que ver con la protección a los delincuentes desde las altas esferas del gobierno.
“Siempre hemos dicho que es una política de Estado y el cinismo con el que actúan es por la clase política que se encuentra en el poder: el PRI. De alguna manera, en Michoacán, en estos cuatro años que gobernó el PRI, los delincuentes se sintieron protegidos porque había un respaldo de la autoridad estatal que, a su vez, era respaldada por el gobierno federal”, sostiene la activista.
Se le recuerda que durante 2014 el enviado presidencial para pacificar Michoacán, Alfredo Castillo, nunca tuvo un encuentro con los familiares de los desaparecidos.
“Nunca quisieron recibirnos –dice Orozco–. Hicimos solicitudes de audiencia pero nunca quisieron recibirnos. En una ocasión tuvimos acercamiento con Fausto Vallejo y cuando le dijimos que los responsables eran parte del mismo Estado, se negó a dialogar con nosotros. Después ya no tuvimos más encuentros a pesar de que hicimos solicitudes.”
Asegura que nunca ha existido voluntad política ni para el caso de la desaparición de sus familiares ni para otro familiar de desaparecidos, aun cuando organizaciones internacionales les han dado seguimiento.
La indolencia oficial ha llegado al grado de no contestar las peticiones de organizaciones como Amnistía Internacional, que hizo recomendaciones al gobierno de Michoacán encabezado por Fausto Vallejo. Nunca tuvo respuesta.
“En Amnistía Internacional nos dijeron que no podían creer que en Michoacán, ni por diplomacia dieron una respuesta a las acciones urgentes como el caso de mi familia –dice Orozco–. Nos dijeron que otros países o incluso otros estados, como Chihuahua, les habían contestado; pero no en Michoacán.”
Con respecto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), advierte que el problema es que no ha dado un seguimiento a sus propias recomendaciones. “Por eso el estado es omiso; sabe que no hay una mayor presión”.
De acuerdo al seguimiento que ha hecho el Cofaddem de las desapariciones forzadas en Michoacán de 2006 a la fecha, buena parte de las víctimas son hombres de entre 15 y 35 años, algunos son defensores de derechos humanos, activistas y luchadores sociales: muchos casos son registrados en las zonas más ricas en recursos naturales.
En Aquila y Ostula, por ejemplo, explica Orozco, desaparecen más personas por la cuestión de la minería; en la región de Uruapan, que es la zona aguacatera, o en Cherán, por la cuestión de las maderas.
–Con la llegada de Silvano Aureoles, ¿qué piensan hacer?
–Él no se ha acercado a la organización a pesar de que sabe que existimos. Le estaremos solicitando audiencia para presentar unos pliegos petitorios en que demandamos la búsqueda de los desaparecidos.
La representante del Cofaddem reitera: en materia de derechos humanos, violencia y desapariciones forzadas, la situación es crítica, “por la agresividad en la violación de los derechos humanos y por la falta de voluntad política para erradicar las desapariciones forzadas y establecer los mecanismos que ayuden a solucionar este problema social”.
Y remata: “Existe una represión generalizada contra todo aquel que levanta la voz y de esa manera sembrar el terror para que no alcemos la voz y el estado siga acallando todas las voces de protesta”.
