Apenas tomaron posesión los nuevos alcaldes, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz instrumentó su programa de rescate de la zona metropolitana, en la que Movimiento Ciudadano prácticamente borró al PRI. Se reunió con Enrique Alfaro y luego envió al Congreso una iniciativa en la que solicitaba la autorización de un crédito por 3 mil 800 millones de pesos para repartirlos entre los emecistas y para varias obras que ya comienzan a ser cuestionadas.
Pasados los comicios intermedios en los que su partido, el PRI, fue arrasado en los municipios de la zona metropolitana, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz intenta congraciarse con los nuevos alcaldes emecistas de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque –Enrique Alfaro Ramírez, Pablo Lemus Navarro, Alberto Uribe Camacho y María Elena Limón García, respectivamente–, quienes recibieron los ayuntamientos en bancarrota.
Días después del relevo de los 125 alcaldes jaliscienses, el lunes 5 Sandoval Díaz anunció su decisión de solicitar un crédito por 3 mil 800 millones de pesos –a pagar en 25 años– para repartirlos entre los ayuntamientos, sobre todo en los encabezados por los alfaristas. Horas antes el mandatario se reunió en Casa Jalisco con Alfaro Ramírez y algunos de los emecistas para hablar presuntamente de su programa de rescate municipal.
El viernes 9, Sandoval Díaz envió su iniciativa al Congreso local en la que glosa sus peticiones. El documento fue aprobado en tiempo récord por los diputados de la LX Legislatura, cuya gestión termina este mes. El resultado fue de 35 votos a favor y dos abstenciones: la del panista Miguel Salcedo y la de José Luis Sánchez, del Movimiento de Regeneración Nacional, cercano a la bancada de MC.
Según la propuesta del gobierno priista, la administración de Alfaro Ramírez recibirá 198 millones de pesos; la que lidera Lemus Navarro, 92 millones; la de Uribe Camacho, 88 millones, y la que encabeza Limón García sólo 22 millones.
De la zona metropolitana, sólo el priista de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, quien heredó el ayuntamiento de su compañero de partido Jorge Arana, no recibirá nada. Hasta el cierre de edición ni el alcalde ni el gobierno estatal habían abordado el asunto.
La alcaldesa de Taquepaque, Limón García, aun no resuelve los diferendos con su antecesor, Alfredo Barba Mariscal, y el padre de éste, Alfredo El Güero Barba –dirigente estatal de la CROC y cacique de Tlaquepaque–, y ya enfrenta problemas con los líderes de MC que intentan acomodar en puestos claves a sus correligionarios o a personas que buscan negociar bajo la mesa.
Uno de ellos es Jesús Reynoso –allegado al Güero Barba, quien fue secretario del ayuntamiento de Zapopan durante la administración del senador priista Arturo Zamora Jiménez–, quien estuvo a punto de ser impuesto por la dirigencia emecista como secretario general.
Los rumores
Antes de la aprobación del crédito de 3 mil 800 millones de pesos –con el cual la deuda pública se elevará a 19 mil 600 millones, lo que convierte a Jalisco en uno de los estados más endeudados–, cuando los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso discutían el documento enviado por el Ejecutivo, corrió el rumor de que en la bancada panista, compuesta por 13 diputados, había inconformidad, pues algunos legisladores presuntamente pedían 1 millón de pesos para dar su voto en favor del endeudamiento.
El coordinador de los panistas, José Luis Munguía, desmintió el rumor. También tuvo que responder a los señalamientos de la consejera estatal del PAN, Faviola Martínez Martínez, quien el mismo viernes 9 envió un comunicado a los medios en el cual comentó que los legisladores de su partido habían votado a favor porque les ofrecieron la Secretaría del Congreso para la LXI Legislatura, que inicia el próximo 1 de noviembre, así como una magistratura en el Poder Judicial.
En un comunicado, Martínez, quien al igual que Miguel Ángel Martínez Espinoza y César Madrigal Díaz busca la dirigencia estatal del PAN, expuso que el reparto del crédito benefició, en primer lugar, al gobierno de Jalisco y luego a las administraciones emanadas de MC.
Según ella, ninguno de los 29 municipios que gobierna Acción Nacional se beneficiará con ese crédito; en cambio, agregó, se destinarán 3 mil 230 millones de pesos a obras públicas proyectadas por el gobierno estatal y 170 millones para la Universidad de Guadalajara, independientemente de su presupuesto anual.
“A todas luces se ve que el PAN en el Congreso no quiso ser una oposición responsable –dijo–. No entiendo qué hay de fondo para que los diputados panistas hayan cedido a la presión del PRI y de MC. Todo parece indicar que pesaron más los intereses personales de unos cuantos que los intereses del partido.
“Me sorprende mucho la actitud del coordinador de la bancada (Munguía), más aún de la dirigencia estatal que no haya tratado de parar el endeudamiento; endeudamiento que dejó fuera a los municipios gobernados por el PAN.”
En su respuesta, Munguía destacó que Martínez sólo busca los reflectores para ganar adeptos en su intento por ganar la dirigencia estatal en las elecciones internas de noviembre. Sus palabras, dijo, carecen de fundamento; “ella representa sólo los intereses de su hermano, el senador José María Martínez. Ya lo ha hecho en otras ocasiones”.
Y remató: “El voto del grupo parlamentario (panista) fue libre. Lo decimos de manera clara: no estamos en contra de los recursos que se le asignan a la Línea Uno del Tren Ligero, ni de los temas de movilidad en la zona metropolitana, de la construcción de tres bases para la Fuerza Única Regional (FUR) o de los beneficios que se pretenden en el tema de educación.
“Con relación al dinero de los ayuntamientos, por desgracia no nos toca gobernar municipios metropolitanos.”
Los nuevos alcaldes de MC, sobre todo los de la zona metropolitana, lejos de cuestionar el endeudamiento del gobierno del estado, manifiestan que el dinero que recibirán es insuficiente. El zapopano Lemus Navarro, por ejemplo, esperaba más de 300 millones.
En Tonalá, las cosas aún no están claras. El priista Chávez Dávalos llegó finalmente a la alcaldía, luego de que en 2012 lo “persuadieron” mediante un secuestro exprés de que se hiciera a un lado para dejar vía libre a su correligionario Jorge Arana. Chávez Dávalos no sólo recibió el ayuntamiento en bancarrota, sino, hasta donde se sabe, su ayuntamiento no se beneficiará con los fondos del gobierno estatal.
Con respecto al ayuntamiento tapatío, las cosas no serán fáciles para Alfaro Ramírez. Su antecesor, Ramiro Hernández García, dejó una abultada deuda, lo mismo que hizo el propio Sandoval Díaz durante su gestión como alcalde, entre 2009 y 2012. Sandoval Díaz dejó a Guadalajara convertida en la ciudad más endeudada de todo el país, con 2 mil 800 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.
Obras cuestionadas
Parte de los 3 mil 800 millones de pesos aprobados se canalizarán a la construcción de tres bases regionales de la FUR y una militar en Tecalitlán, cuyo costo se estima en 212 millones de pesos.
Las nuevas instalaciones se ubicarán en la zona sureste, en la frontera con la región de Tierra Caliente de Michoacán, donde con frecuencia se registran enfrentamientos y asesinatos entre presuntos miembros del crimen organizado, así como ataques a corporaciones policiacas en Jilotlán de Dolores y Tecalitlán, ocurridos en años recientes.
En octubre de 2010, al menos nueve policías estatales fueron acribillados por un comando armado en Jilotlán. Y en la víspera de los festejos de la Virgen de Guadalupe de ese mismo año un enfrentamiento con bandas del crimen organizado dejó 13 civiles muertos y 22 heridos.
De acuerdo con el proyecto, la base militar se construirá en Tecalitlán con recursos estatales y en ella se albergará un batallón de infantería en una superficie de 53 hectáreas que el gobierno estatal donó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las tropas tendrán su propia unidad habitacional en ese sitio, donde opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
La propuesta de construir las instalaciones castrenses surgió luego de que el 1 de mayo pasado un grupo de sicarios de la organización criminal liderada por El Mencho atacó a las fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación y derribó un helicóptero militar, en el que murieron 12 soldados.
Ese mismo día, presuntos sicarios realizaron más de 40 narcobloqueos simultáneos en varios municipios jaliscienses y otros de Colima, Michoacán y Guanajuato.
La propuesta de endeudamiento fue cuestionada por la Red Jalisciense de los Derechos Humanos. Según Óscar González Garí, titular del organismo, la iniciativa va en contra de las observaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en un documento reciente recomienda regresar a los militares a sus cuarteles, ante la serie de denuncias por violaciones a las garantías constitucionales en diferentes regiones del país.
Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en asuntos de seguridad, comenta que la inversión en instalaciones castrenses se da en medio de una crisis de seguridad en la entidad, exacerbada en la región sur después de que se puso en marcha la Operación Jalisco el 1 de mayo pasado.
El crédito propuesto por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y aprobado por los diputados servirá para la compra de miles de cámaras de video-vigilancia, con un costo total aproximado de 700 millones de pesos.
Además, la autoridad pretende construir tres bases para la operación de la FUR en diferentes zonas de Jalisco, como parte del proyecto Escudo Urbano C5, por un monto de 200 millones de pesos.
La iniciativa propone también destinar una partida para ampliar la Línea Uno del Tren Ligero en más de un kilómetro sobre Periférico Norte, así como para la compra de nuevos vagones. l
