Señor director:
En el marco de la pretendida creación de la Secretaría de Cultura propuesta por el Ejecutivo Federal, mediante su iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, con el fin de transformar Conaculta en un nuevo organismo burocrático, en el INAH se empiezan a dar acciones que dejan ver la desregulación y el abandono oficial que representa dicha iniciativa para la protección y conservación del patrimonio cultural.
Específicamente, el titular de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos (CNMH), arquitecto Arturo Balandrano Campos, comenzó a desintegrar el área de zonas de monumentos históricos, cuya función está sustentada en la ley federal que protege el patrimonio histórico inmueble, despidiendo injustificadamente a tres especialistas.
La desintegración del área creada en 1972 con la aprobación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos responde a la política de desregulación de las poblaciones y ciudades mexicanas que el gobierno pretende dejar a la libre competencia y a la intervención abierta de la iniciativa privada y las trasnacionales, entre otros intereses.
No se trata sólo de separar la cultura y la educación, o de darle un manejo vertical, autoritario y controlado al presupuesto federal en forma elitista; se trata de la continuidad del proyecto salinista, manifestado en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, cuando se creó por decreto el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el 7 de diciembre de 1988, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.
La política del salinismo nos dejó como experiencia procesos de apertura indiscriminada hacia la iniciativa privada, y la sobrevivencia del patrimonio cultural, sólo a través de la utilidad turística, es decir, el lucro como forma de existir y explotar los bienes culturales del país.
Los estudios de zonas de monumentos históricos que se iniciaron en 1972 y que a la fecha cuentan con 59 declaratorias federales han sido elemento fundamental en la defensa, protección y conocimiento de los valores del patrimonio histórico inmueble, y justificaron ciudades que han sido reconocidas como patrimonio cultural de la humanidad. Entre ellas se encuentran el Centro Histórico de la Ciudad de México, Puebla de Zaragoza y Guanajuato, entre otras.
La eliminación del área de zonas de monumentos históricos por parte del INAH deja ver, por un lado, el incumplimiento explícito de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y por otro la profundización del proyecto salinista donde el Patrimonio Cultural no es más que un producto sujeto a la misma dinámica del libre mercado, ya que también ha desnacionalizado el petróleo, la minería, el agua, etcétera. Su objetivo es desregular la protección y conservación del patrimonio y de las ciudades mexicanas, dejándolas a merced del turismo como factor de utilidad, criterio que vino avanzando con la implementación del programa de Pueblos Mágicos de la Sedesol, llamados por la sociedad Pueblos Trágicos, debido a las afectaciones negativas de que son objeto una vez que entran al programa.
Los trabajadores firmantes, especialistas en estas áreas sustantivas, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la creación de la Secretaría de Cultura; a la desintegración del área de zonas de monumentos históricos; a los despidos injustificados en la CNMH que afectan los derechos laborales de los trabajadores del INAH, y a la continuidad del proyecto salinista que comercializa y abre procesos de privatización indiscriminada del patrimonio cultural de los mexicanos.
Atentamente
Trabajadores de la cultura Nadia Teresa Jaramillo Orellana, Claudia Leyva Corro, Gabriela Patterson Delaye, Eréndira Reyes García, Mireya Flores Cedillo, José Luis González Mesa, Edwin Romero Meneses, Diego Molina Terreros, Alfonso López Heredia, Jésica Montoya Paz, Marcela Mendoza Sánchez y Luis Adolfo Gálvez
González (responsable de la publicación).
