En varias escuelas públicas del estado y de la región, los directivos violan las leyes educativas y su reglamentación. No sólo cobran por servicios escolares como inscripción, credenciales, exámenes y trámites, sino también otorgan privilegios a unos empleados y hostigan a otros. Y aunque el secretario del ramo en la entidad, Francisco Ayón, invita a los padres de familia a que denuncien los abusos, todas las quejas han sido ignoradas.
El ciclo escolar de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) comenzó con quejas de los padres de familia y de los trabajadores de la institución por el cobro ilegal de exámenes extraordinarios.
En un comunicado que hicieron llegar al gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, y al titular de la SEJ, Francisco Ayón López, las oficiales administrativas “J” Ana Rosa Altamirano Cabrera y Lourdes Pérez Orendain, de la Secundaria Mixta número 55 Ma. Helena Cosío Vidaurri (clave 14EES0179D), denuncian que el miércoles 2 fueron amenazadas por el director del plantel, Alfredo Marrón Limón, y el coordinador educativo, Manuel Mota Arias, por no aceptar que se cobre a los estudiantes 18 pesos por cada examen extraordinario.
Las trabajadoras de la escuela ubicada en la calle Mitla 250, colonia Monumental, mencionan que Marrón Limón dijo que la subdelegación DSR401 le notificó por escrito que ese cobro debía hacerse, sin embargo se negó a mostrar el documento. Supuestamente, la disposición entra en vigor a partir de este ciclo y el alumno que no pague se quedará sin derecho a examen, y que aun si lo presentara por descuido del maestro, éste tiene la obligación de no reportar su calificación.
Al respecto, las administrativas argumentan: “Nos negamos a cobrarles basándonos en el artículo 3 de la Constitución Política, que establece que la educación es laica y gratuita, y en el artículo 6 de la Ley General de Educación, que dice: ‘En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna’”.
Resaltan que la nueva disposición ha tomado por sorpresa a los niños, y en agosto algunos de ellos tuvieron que pagar los exámenes con el dinero que llevaban para comprar un lonche.
Las trabajadoras mencionan que al no acatar la instrucción del director han sido objeto de mobbing (acoso laboral) por sus compañeras de trabajo y les advirtieron que pueden despedirlas.
En el escrito dirigido al gobernador, Altamirano Cabrera señala que el hostigamiento es tal que prefirió solicitar una licencia por un año, a partir del 16 de septiembre, a pesar de que el 1 de octubre cumple 25 años de servicio y tiene derecho a un estímulo de antigüedad.
En entrevista, explica que en esa escuela se le cobra a los alumnos prácticamente por todo y no está claro cómo se utilizan los recursos así obtenidos, pues el director expide recibos sin validez fiscal que hace con un programa de computadora e imprime en papel bond.
Uniformes, credenciales, libros, aportaciones “voluntarias”, exámenes médicos, póliza de seguro y ahora los exámenes extraordinarios, todo eso tienen que pagar los padres de los alumnos (alrededor de 2 mil en ambos turnos) y el dinero se reparte entre los allegados del director.
Por ejemplo, las llamadas cuotas voluntarias que se piden al inicio de cada ciclo escolar como condición para inscribir a los estudiantes ascienden a 500 pesos, que son depositados en BBVA Bancomer a la cuenta 00743888522882791358, que está a nombre del presidente de la sociedad de padres de familia, Arturo Vázquez Montes de Oca.
Si los padres tienen dos hijos en la escuela, deben dar 600 pesos, y si son tres, se eleva a 700.
De las credenciales se encargan el profesor Nazareth Neri Velázquez y el guardaespaldas del director, Alfredo Lara, quienes cobran 100 pesos por cada una.
Además, llama la atención el carácter intimidatorio de la hoja de requisitos de inscripción que se entrega a los padres de familia cuando empieza el ciclo escolar. Se les advierte que si no entregan la documentación completa, incluidos los pagos, sus hijos no serán registrados. Y si alguien no lo hace, la dirección del plantel les envía mensajes con los alumnos:
“Se le informa que su hijo no ha entregado los 15 pesos del examen final que se aplica de las nueve asignaturas y que equivale a la calificación del quinto bimestre. He de señalarle que ya se había avisado en la junta del 7 de mayo y en un aviso similar. Le informo que es URGENTE (sic) que mande lo del examen, ya que la escuela no cuenta con los recursos necesarios para su impresión.”
La dirección volvió a argumentar esta carencia para cobrar 15 pesos para la reproducción de los exámenes de diagnóstico de conocimientos, social, pedagógico y psicológico que se llevaron a cabo los días 27 y 28 de agosto, y del 7 al 11 de septiembre.
Pero los padres también deben cubrir una póliza de seguro por 80 pesos, a pesar de que la SEJ cuenta con un Seguro Escolar contra Accidentes Personales que se desprende de la Ley de Educación del Estado de Jalisco. Dicha ley señala en su artículo 151 que la contratación de un seguro popular será optativa para las asociaciones de padres de familia.
Altamirano Cabrera señala que algunos padres de familia le dijeron eso al director, pero de todas formas los hizo pagar el seguro. Lo peor, puntualiza, es que ni siquiera se sabe a qué aseguradora contrató y cuánto le paga. Sin embargo, “los padres dan el dinero por temor a que tomen represalias con sus hijos”, comenta.
Sucede lo mismo con tres libros, que no entran en el programa nacional de textos gratuitos, por lo cual deben comprarse con una señora llamada Paola, cercana al director de la secundaria, por 480 pesos.
La técnica administrativa Pérez Orendain menciona que Paola ni siquiera es empleada de la escuela pero tiene oficina propia y recibe el dinero de la venta de los libros para las materias de Tecnología, Artes y Asignatura Estatal.
Con los uniformes existen otras irregularidades. Antes los vendían en el plantel y ahora deben conseguirse con un proveedor específico designado por el director por medio de un volante que se les entregó a los padres de familia.
La empresa es Bordados y Uniformes Leo, con domicilio en la calle Lorenzo Barcelata 1938, colonia Santa Cecilia. En el volante destaca en letras azules que ahí se encuentran los uniformes de la secundaria mixta 55.
A decir de las denunciantes, el costo promedio de cada uniforme es de 800 pesos y los padres lo compran ahí para evitar que sus hijos sean suspendidos o los regresen por no llevar la vestimenta correcta. Además, cada año se cambia el modelo, a fin de que nadie venda o regale los uniformes que deja de usar.
Altamirano Cabrera y Pérez Orendain indican que, aparte de los cobros indebidos, el director Marrón Limón rara vez asiste al plantel y quien se queda a cargo es el coordinador educativo, Manuel Mota Arias, quien falsifica la firma del titular en circulares y oficios.
Como ejemplo muestran la circular 004-2014-2015, fechada el 3 de octubre de 2014, en la que notifica la suspensión del uso de computadoras en la oficina del personal de apoyo secretarial porque se infectaron de virus por la introducción de USB y visitas de páginas web no seguras.
Agregan que para presionar a los padres, suspenden a los niños por cualquier cosa y los anotan en una lista negra. Si alguien quiere cambiar a su hijo de turno, le dicen que son indisciplinados o que debe pagar todos sus adeudos para que se realice el trámite.
Padres exprimidos
Las empleadas administrativas recuerdan que el titular de la SEJ, Francisco Ayón López, a través de los medios de comunicación invita a denunciar cualquier abuso o irregularidad que afecte a los estudiantes, pero en la secundaria mixta 55 no se ha aplicado sanción alguna.
Señalan que en el plantel también hay personal con privilegios, como la profesora Karla Deyanira García Reyes, quien tiene el permiso del director para entrar y salir a la hora que desee. Apuntan que frecuentemente no va a dar clase y a veces se lleva al intendente del plantel para que haga reparaciones en su casa. Una mamá la reportó porque retrasa la educación de su hijo al no presentarse.
Sobre el cobro de aportaciones voluntarias, refieren que el artículo 4, fracción I, de la Ley de Educación del estado señala que la SEJ debe establecer mecanismos para regular el destino, aplicación y transparencia de esos recursos, y por ningún motivo se condicionará la aplicación de exámenes o entrega de documentación al pago de contraprestación alguna.
En su edición 294, Proceso Jalisco publicó la denuncia de que en el ciclo escolar 2010-2011, cuando era reciente el nombramiento de Marrón Limón como director de la secundaria mixta 55, comenzó a exigir una cuota de ingreso de 350 pesos por alumno, con descuentos progresivos: si se inscribían dos hermanos, el cobro era de 450, y por tres 525.
En ese ciclo escolar también mandó elaborar credenciales especiales a la empresa Master Publicitaria, por las que cada estudiante tuvo que pagar 100 pesos. Aparte exigió 10 pesos por cada constancia de estudios, que hasta entonces fueron gratuitas.
Además, en la edición 482 se dio a conocer que a la alumna María Fernanda Ochoa Martínez se le entregó su certificado de secundaria y su carta de buena conducta firmadas por Manuel Mota Arias, ya que Marrón Limón casi no acude al plantel, con la presunta anuencia de sus jefes.
Abusos de este tipo también se presentan en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero (clave 14DPR0333O) y en la Ramón Corona, de Guadalajara. En un escrito que envió a la SEJ, la profesora Adriana H. Higareda de Anda señala que en el primer plantel se compraron computadoras a sobreprecio. Esto se denunció en agosto de 2014, y sin embargo Alvin Velázquez, del programa Escuelas de Calidad, le respondió que no se realizaría ninguna investigación.
A decir de la profesora entrevistada, la supervisora de la primaria Gregorio Torres Quintero, María Asunción Reina Bravo, no paga los servicios de internet ni de teléfono, prometió reparar los baños y no lo hizo, y por si fuera poco les cobró a los padres de familia 100 pesos por un libro que no les entregó, y no les devolvió el dinero.
La denunciante, quien también es docente en la escuela Ramón Corona, señala que en ésta la dirección se queda con el salario de los profesores que dejan de trabajar y en lugar de dar de baja sus plazas o buscarles un suplente, integran a sus alumnos a otros salones. l
