Después de la restricción presupuestaria que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) impuso a las federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico Mexicano (COM) estableció una alianza con la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), la asociación civil no reconocida por la ley con la que estuvo confrontada y cuya rivalidad se evidenció en los tribunales durante el sexenio foxista.
El presidente del COM, Carlos Padilla, relata en entrevista que el miércoles 19 se reunió con la cúpula de la Codeme, representantes de las federaciones deportivas y del movimiento paralímpico para reorganizar las agrupaciones deportivas y encontrar la forma de obtener recursos ante el recorte.
En el encuentro se acordó respaldar la propuesta del presidente de la Federación Mexicana de Basquetbol, Agustín Villa, de organizar un foro de consulta con autoridades hacendarias, legisladores, comunidad deportiva y la propia Conade.
La decisión se tomó a pesar de que esa federación no cuenta con los avales del COM ni de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA, que sólo reconoce a la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, Ademeba).
En aquella junta también se pactó celebrar una asamblea extraordinaria del COM.
De acuerdo con algunos de los asistentes, la intención es pronunciarse ante el presidente Enrique Peña Nieto y pedirle su intervención contra las medidas restrictivas adoptadas por el titular de la Conade, Alfredo Castillo, ya que consideran que violentan la Carta Olímpica y el deporte federado. Los inconformes argumentan que el recorte es improcedente, puesto que existen convenios firmados con el organismo federal.
En el encuentro, Padilla deslizó que, al no disponer de recursos, se planea cobrar a los seleccionados nacionales los alimentos que consumen en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), administrado por el COM.
El directivo habló de solicitar dos citas urgentemente: una en la Secretaría de Educación Pública y otra con la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, para pedir que se garantice en la Constitución la entrega de recursos al deporte.
Padilla repudió también las amenazas que ha proferido Castillo desde que llegó a la Conade, en abril pasado: “Hoy por hoy se habla de cárcel y de desafiliaciones, y menos de deporte. Es lo que nos debe preocupar: ¿quién va a apoyar el deporte?”.
La Conade, en contraparte, asegura contar con auditorías y otras pruebas sobre irregularidades cometidas por los presidentes de las federaciones de Luchas Asociadas (Artemio Izquierdo), Boxeo (Ricardo Contreras) y Tiro con Arco (Effy Sánchez). Pero nadie las ha visto ni a nadie le consta.
Como sea, Castillo decidió desafiliar a las federaciones con irregularidades, y la ley del deporte establece que si las federaciones no tienen el reconocimiento y el aval de la Conade no pueden recibir recursos del erario. Los federativos que las dirigen forman parte del frente contra las decisiones del director de la Conade.
Los señalamientos
El lunes 10, la Conade informó que había iniciado un procedimiento para revocar el registro a la Federación Mexicana de Boxeo (FMB), que preside Ricardo Conteras desde hace 28 años. La dependencia detectó que no estaba en regla la documentación presentada al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade).
En abril de 2013, José Sulaimán –ya fallecido–, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pidió públicamente la renuncia de Contreras, puesto que en las últimas tres décadas México sólo había conseguido dos medallas olímpicas (Proceso 1901).
Y un día después de anunciar la situación de la FMB, la Conade comunicó que desconocía a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas, A.C., y a su presidente, Artemio Izquierdo, al encontrar diversas anomalías en su operación, entre ellas, que ese grupo no está acreditado ante el Renade. Izquierdo no ha ganado ninguna medalla olímpica durante su mandato.
Respecto del atletismo mexicano, Antonio Lozano extinguió la antigua Federación Mexicana de Atletismo (FMA) en 2012 con la idea de liberarse de la pesada carga que representaban para ese organismo sus obligaciones patronales y financieras. En su lugar, el dirigente formó la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). De esa manera dejó sin trabajo a los empleados de la FMA y millonarias cuentas pendientes con Hacienda (Proceso 1887).
Además, al menos desde julio de 2013 Lozano ha desacatado los dictámenes emitidos por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, el máximo órgano de justicia deportiva. Hasta el momento, la Conade sigue sin sancionar al dirigente.
En esgrima, el presidente de esa federación, Jorge Castro, fue acusado por el exentrenador de la selección nacional de esa especialidad, Alexandre Llorente, de robar no sólo a la Conade, sino también a técnicos, deportistas y hasta a las asociaciones estatales mediante la falsificación de facturas, y del desvío de recursos y viáticos, además de designar a capricho a los deportistas que participan en los torneos internacionales (Proceso 1978).
El taekwondo se suma a la lista. El presidente de esa federación, Juan Manuel López Delgado, fue demandado por realizar cobros excesivos por concepto de afiliación, kits de vestuario y exámenes, entre otros rubros. También se le acusa de cobrar la participación en torneos patrocinados por el gobierno (Proceso 1943).
En tanto, el titular de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC), Edgardo Hernández, supuestamente recibió de la Conade, en 2011 y previo a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, 1.8 millones de pesos para la adquisición de material deportivo de 18 atletas que participaron en la justa continental. No obstante, el directivo únicamente destinó a ese fin 300 mil pesos de dicha partida. Del presupuesto restante nada se sabe (Proceso 1890).
Hernández también está acusado de encubrir a su excolaborador Juan Manuel Jarquín Bautista, quien labora en el IMSS como camillero y presuntamente promueve el uso de sustancias prohibidas entre los ciclistas oaxaqueños (Proceso 1892).
Para completar, en febrero de 2013, el exciclista regiomontano Raúl Alcalá dijo que el presidente de la FMC se quedó indebidamente con más de 20 millones de pesos correspondiente a la Vuelta Ciclista México 2012, y que por esa razón los patrocinadores retiraron su apoyo el certamen (Proceso 1895).
Un dato más: la Federación Mexicana de Ciclismo despojó de su boleto de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 a la campeona nacional de ruta 2014 Ana Teresa Casas. En su lugar, designó a la hija del vicepresidente de la federación, que ni siquiera participó en el selectivo (Proceso 2020).
