El director de la Conade, Alfredo Castillo, tardó casi medio año en realizar acciones concretas para el deporte mexicano. Pero su primera decisión de calado fue desconocer dos federaciones, lo que polarizó el ánimo de los directivos a menos de un año de los Olímpicos de Río 2016. Si bien buena parte de las agrupaciones deportivas están plagadas de irregularidades, el modo en que se toma esta medida ya comienza a afectar a los atletas, pone en entredicho el cumplimiento de la Carta Olímpica e ignora la inmensa responsabilidad que la propia Conade ha tenido a la hora de fomentar la opacidad, la corrupción y el amiguismo.
La decisión de Alfredo Castillo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de “poner en orden” las asociaciones deportivas nacionales (federaciones) y a sus presidentes, creó un caos de indefinición jurídica en el que los atletas ya sufren los daños colaterales, a menos de un año de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El primer coprotagonista de esta nueva confrontación en el deporte mexicano es Castillo, quien como máxima autoridad del deporte nacional acusa a los presidentes de las federaciones –con argumentos– de lucrar con los recursos públicos que reciben y de tomar decisiones técnicas que, lejos de llevar a la excelencia deportiva, van en detrimento de los resultados en competencias internacionales.
Por otro lado están las federaciones –la máxima autoridad técnica de la disciplina que representan– y sus dirigentes. Escudadas en el hecho de que son asociaciones civiles, se rehúsan a rendir cuentas sobre el dinero que reciben y generan.
Bajo un esquema aparentemente democrático, pues supuestamente rinden cuentas a una asamblea, algunos federativos se han perpetuado durante décadas en sus cargos, sin importar que su cosecha de medallas olímpicas sea raquítica o nula. La razón es que sus afiliados (las asociaciones estatales que conforman cada federación) siguen votando por ellos, en muchas ocasiones a cambio de prebendas o por simple amiguismo.
El tercer participante en este conflicto es otra asociación civil: el Comité Olímpico Mexicano (COM), que encabeza Carlos Padilla Becerra, responsable de vigilar el cumplimiento de la Carta Olímpica. Este documento contiene las reglas y principios del olimpismo, entre ellos respetar la autonomía de quienes integran este movimiento.
El lunes 10, a través de su cuenta de Twitter, Alfredo Castillo informó que la Conade inició un procedimiento para revocar el registro de la Federación Mexicana de Boxeo A.C. (Femexbox), que preside Ricardo Contreras, porque “presenta irregularidades en su documentación” y se detectaron “inconsistencias” en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), es decir, en el padrón donde deben inscribirse todos los participantes en el deporte nacional, de acuerdo con lo ordenado en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LCFD).
“Las federaciones están siendo revisadas tanto en sus estatutos como en el ejercicio de los recursos tal cual lo marca la ley”, añadió Castillo en otro tuit.
Al día siguiente, también mediante esta red social, Castillo desconoció a la Federación Mexicana de Luchas Asociadas (FMLA) porque no está inscrita en el Renade. De hecho, se refirió al director de la FMLA como “su supuesto dirigente, Artemio Izquierdo”.
“Desde este día, sólo se reconoce a la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas A.C. como asociación deportiva nacional”, escribió Castillo.
Aunque después la oficina de Comunicación Social de la Conade envió un par de boletines no ofreció ningún detalle extra sobre las irregularidades detectadas. Tampoco exhibió documentos que las demuestren.
Así, por ejemplo, es la palabra de Castillo contra la del presidente de la Femexbox, Ricardo Contreras, quien asegura que ni siquiera ha sido notificado oficialmente de su desafiliación, y presentó documentos firmados y sellados por la Conade, cuando la dirigía Jesús Mena, que certifican que está en orden.
Estos anuncios alarmaron a los presidentes de las federaciones, porque desde que Castillo asumió la dirección de la Conade, en abril de este año, comenzó a amedrentarlos con dejar de ministrarles dinero público ante la falta de comprobación de los recursos que recibieron en 2014.
Anunció auditorías –primero en las federaciones de Tiro con Arco y Remo– y poco a poco subió el tono: amagó con fincar cargos penales a los directivos porque detectó que presentan facturas falsas y obtienen recursos por partida doble, pues para un mismo certamen deportivo le piden a la Conade, pero también a un estado o a un patrocinador. Así, Castillo comenzó a filtrar que piensa meter a los federativos a la cárcel (Proceso 2007).
Desde finales de junio, Castillo también retiró la ayuda económica a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), porque su presidente, Antonio Lozano, obligó al mediofondista Juan Luis Barrios a participar en el Campeonato Nacional de Atletismo –que calificaba a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015– en lugar de permitir que participara en otra competencia en Nueva York.
El contraargumento
Las medidas tomadas por Castillo no resuelven los problemas que aquejan al deporte nacional. Por el contrario, avivan la llama de un conflicto añejo, porque aunque la Conade desconozca a éstas y otras federaciones y no les entregue recursos, lo cierto es que mientras tengan el respaldo del COM y el reconocimiento de su respectiva federación internacional seguirán rigiendo sus deportes en México, según los preceptos del movimiento olímpico consagrados en la Carta Olímpica: Ocurre que el Comité Olímpico Internacional (COI) ordena que las federaciones nacionales sean independientes, y si los gobiernos de sus países interfieren con su soberanía, ese país es expulsado de las competencias internacionales correspondientes.
La Carta Olímpica señala: “Como el deporte es una actividad que forma parte de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y obligaciones de autonomía, que consisten en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de buena gobernanza”.
En conferencia de prensa, Ricardo Contreras acusó a Castillo y a la Conade de llevar a cabo “una intervención gubernamental” que viola la Carta Olímpica. Anunció que pedirá al COM que intervenga para detener “las agresiones”.
Carlos Padilla, sin embargo, refutó la petición de Contreras. El presidente del COM aclaró que apoya aquellas acciones que emprenda la Conade para transparentar la manera en que las federaciones ejercen los recursos públicos.
Dijo también que no tiene elementos para considerar que se está violando la autonomía de las federaciones, pero matizó: “En el momento que se violente la Carta Olímpica vamos a intervenir notificando al COI. Hasta hoy no tenemos elementos. Nosotros no vamos a desafiliar en este momento a ninguna federación porque no hay una causal como las que la Carta Olímpica dice que deben ocurrir para que (una federación internacional o el COM) desafilie a una federación (mexicana)”.
Esto significa que la Conade puede quitarle los recursos federales a todas las federaciones que decida. También es su derecho desconocerlas si no cumplen con los requisitos que marca la ley o si no están registradas en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade).
Estas dos acciones están respaldadas en la LCFD, que en su artículo 30 también faculta a la dependencia para “participar en la formulación de los programas deportivos” (fracción 19) y para “establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas internacionales” (fracción 21).
Pero, paralelamente, la ley reconoce a las federaciones como” la máxima instancia técnica” (artículo 52) y como “el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y modalidades” (artículo 51).
Esto las autoriza para, como históricamente ha ocurrido, en conjunto con el COM y con la Conade, fijar los criterios de los procesos selectivos rumbo a los Juegos Olímpicos o cualquier otra competencia que forma parte del deporte privado internacional, como los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, campeonatos mundiales, etcétera
En un texto publicado en el diario La Afición el lunes 17 (y no en una conferencia de prensa, cuando puede ser interpelado), Castillo justificó sus acciones. Escribió que la Conade desde hace muchos años dejó en manos de las federaciones “la creación de los atletas”, pero que lo único que han hecho es “vivir del presupuesto sin dar resultados”.
“Y en ese ánimo de justificar gastos, encontramos facturas falsas, empresas fantasma y muchas otras irregularidades. Llegamos al extremo de encontrar actas protocolizadas antes de la fecha de su realización. Pero si el Estado mexicano quiere intervenir, inmediatamente brincan las federaciones aludiendo a la Carta Olímpica o al principio de no intervención por parte del Estado.
“Si las federaciones no quieren la intervención del Estado, entonces deberán convertirse en sociedades mercantiles y generar sus propios ingresos y dejar de fingir que son asociaciones sin fines de lucro, cuando tenemos dirigentes que se han enriquecido a costa de los atletas durante décadas. Si los presidentes de federaciones se quieren perpetuar en el cargo por décadas –no obstante la falta de resultados en competencias–, entonces empecemos por atribuirle la responsabilidad a éstas y no al Estado cuando se fracasa”, escribió.
La otra responsabilidad
Castillo culpa a las federaciones del estado que guarda el deporte en México, pero la Conade, que por ley es el máximo órgano en esta materia, ha sido omisa y ha incumplido su obligación de vigilar que estas asociaciones hagan correctamente su trabajo, según marca el artículo 58 de la mencionado ley. Se ha limitado a entregarles recursos a ojos cerrados y nunca ha sancionado a ningún presidente por la mala aplicación de los recursos federales.
El propio Castillo reconoce que los presidentes de las federaciones han cometido delitos que contravienen las obligaciones que tienen como agentes colaboradores de la Administración Pública Federal. El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP) adscrito a la Conade nunca ha abierto una investigación para fincarle responsabilidades ni a federativos ni a funcionarios deportivos.
Con los desconocimientos que ha anunciado, lo que Castillo provoca es que las federaciones sigan operando… pero sin la supervisión de la Conade. El excomisionado para la seguridad en Michoacán no ha dicho, por ejemplo, quién hará el trabajo que durante años tendrían que haber realizado las federaciones y la Conade.
Por lo pronto, el arquero Juan René Serrano dijo que el daño colateral que se ha generado ya está alcanzando a los atletas. En su caso, él y sus compañeros tuvieron que costear su viaje para participar en una Copa del Mundo en Polonia.
“No es contra los deportistas, pero al final afecta al deportista. Apretar a las federaciones para que se pongan en orden, para que empiecen a hacer las cosas bien, es algo que ya urgía; hacía falta que se diera un cambio. Todo tiene un daño colateral y este daño llega a nosotros.
“A un año de los Juegos Olímpicos, cualquier cosa es crítica y cualquier cosa que se haga puede tener repercusión para el próximo año. En mi caso trataré de olvidarme de todo esto, concentrarme en mi preparación y, si no dan apoyo, lo voy a buscar”, declaró.
Al día siguiente de hacer esta declaración, Castillo reunió en su oficina a Serrano; a la subcampeona olímpica en Londres 2012 Aida Román, a Eduardo Vélez y a Mario Cardoso.
Después Conade mandó un boletín en el que anunció que “ya está acabando con los intermediarios” y, por ende, solicitará a la Federación Internacional de la especialidad que desconozca a la Federación Mexicana de Tiro con Arco (Femeta).
De acuerdo con la Carta Olímpica, ningún gobierno puede hacer una petición de este tipo, puesto que no es de su competencia “determinar la estructura y gobernanza” de las organizaciones que forman parte del movimiento olímpico.
