Activistas sociales y defensores de derechos humanos de Puebla muestran su preocupación por el reciente nombramiento de Jesús Rodríguez Almeida como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Sus dos predecesores durante la gestión del panista Rafael Moreno Valle –quien insiste en lanzarse por la Presidencia de la República para 2018– han sido represores, pero Rodríguez Almeida, además de golpeador, suele utilizar instrumentos perversos como el espionaje, la infiltración y la intimidación, dice uno de los entrevistados.
Como secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida fue señalado por manifestantes, reporteros y defensores de derechos humanos que documentaron las arbitrariedades de la policía capitalina en los primeros dos años de gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Durante ese periodo hubo cientos de violaciones a las garantías individuales, dicen. Las agresiones empezaron el 1 de diciembre de 2012, justo cuando Enrique Peña Nieto se instaló en la Presidencia.
Desde ese día, la política del gobierno capitalino frente a las protestas sociales cambió de una relativa tolerancia a la acumulación de casos por detenciones arbitrarias y fabricación de acusaciones contra dirigentes estudiantiles y activistas sociales.
Los operativos policiacos se multiplicaron. Luego vino la cascada de denuncias y quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Rodríguez Almeida, que emitió las recomendaciones correspondientes, la mayoría de ellas –60%– contra el gobierno de Mancera.
Pese a la ilegalidad de los operativos y actuaciones de los uniformados, Rodríguez Almeida intentó legitimarse con la emisión del Protocolo de actuación policial para el control de multitudes, que entre otras previsiones autoriza el uso de fuerza letal contra la población civil, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de marzo de 2013 (Proceso 1929).
Un año después, el 7 de mayo de 2014, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, propuso la Ley para proteger los derechos humanos y regular el uso legítimo de la fuerza pública, conocida como Ley Bala, un conjunto de normas similar al protocolo capitalino, que incluso fue aprobada, pero se derogó tras la muerte del menor José Alberto Tehuatlie Tamayo, en agosto de ese año.
Rodríguez Almeida presentó su renuncia a Mancera el 5 de diciembre de 2014 (Proceso 1969) y, el domingo 9, Moreno Valle lo designó para un cargo homólogo en Puebla.
Durante la administración de Moreno Valle, Puebla registró una andanada de violencia y represión que, conforme a estadísticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, se traduce en 241 presos, persecuciones políticas, el asesinato de un dirigente indígena de la Sierra Norte, la muerte de Tehuatlie Tamayo, así como decenas de heridos durante operativos contra movilizaciones sociales.
La estadística corresponde a las acciones emprendidas por los dos primeros titulares de la SSP con Moreno Valle: Ardelio Vargas Fosado, quien hoy es director del Instituto Nacional de Migración (INM), y Facundo Rosas Rosas, quien dejó el cargo en medio del escándalo detonado porque sus colaboradores cercanos participaban en el saqueo de combustible de los ductos de Pemex. Fueron capturados infraganti por militares a finales de julio.
Rodríguez Almeida es el tercer titular de la SSP poblana.
Historial de represión
La noche del 20 de noviembre de 2014, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, que reúne a unas 70 organizaciones civiles dedicadas a la niñez, acudió al Zócalo de la Ciudad de México. Acompañado de su madre, su esposa, dos hermanas y su hijo pequeño, fue a exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
Ese día policías federales y capitalinos comenzaron a reprimir a cientos de personas que participaban en la Acción Global por Ayotzinapa. Y aunque Juan Martín les gritaba que había niños, los agentes no se detuvieron. Al final hubo 31 detenidos y al menos 11 reporteros golpeados. Horas antes, en una acción violenta de los mismos cuerpos policiacos, fueron arrestadas 11 personas en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Videos y fotografías del operativo inundaron las redes sociales. De inmediato, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Artículo 19 condenaron la violencia oficial, así como un deslinde de responsabilidades y la reparación del daño a las víctimas.
Cuatro días después, el entonces titular de la SSP capitalina, Rodríguez Almeida, elogió a los policías que participaron en el operativo:
“Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y, sobre todo, porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”, expuso el funcionario, doctor en derecho de larga trayectoria en el ámbito policiaco y carcelario.
Dos semanas después, tuvo que renunciar a la SSP, dejando tras de sí numerosos expedientes abiertos en tribunales y en las comisiones de derechos humanos nacional y local.
Entre otros, destacan el amparo demandado por el abogado Manuel Fuentes Muñiz en relación con el mencionado protocolo de control de multitudes; una queja ante el ómbudsman nacional por el mismo motivo; los procesos abiertos por siete detenciones arbitrarias del 6 de junio y del 2 de octubre de 2013, esta última con saldo de un centenar de detenidos y decenas de lesionados –el caso está documentado por diferentes organizaciones de derechos humanos–, así como por la agresión a 47 periodistas durante el desarrollo de la protesta.
Se sumaban a los agravios contra Rodríguez Almeida los operativos contra estudiantes de los CCH de la UNAM, así como la colaboración con el gobierno federal en la represión del 1 de diciembre de 2012 y las del 13 de septiembre y el 1 de diciembre de 2013.
Inclusive, en un comunicado emitido el 28 de noviembre de 2013 AI recordó que la mayoría de los detenidos y acusados de delitos graves quedaron en libertad por falta de pruebas.
En sus ediciones 1907 y 1933 Proceso documentó que la mayoría de las acusaciones estaban soportadas en las declaraciones idénticas de dos policías en cada caso. Pero al hacer el análisis de videos de las propias cámaras urbanas de la SSP, los uniformados ni siquiera habían estado en el lugar de la detención.
Lo que sí estaba claro es que en la mayoría de los casos los detenidos eran quienes participaban en movimientos locales incómodos al gobierno capitalino.
Durante la gestión de Rodríguez Almeida las golpizas y dispersión de multitudes con gases tóxicos marcaron las protestas ciudadanas en el Distrito Federal que no fueron convocadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fueron la constante.
También entonces la delincuencia organizada mostró su poder: desapareció a 13 jóvenes en el bar Haven, en plena Zona Rosa, el 26 de mayo de 2013. Los cuerpos sin vida de éstos aparecieron días después en el Estado de México.
Rodríguez Almeida también se caracterizó por el incremento en denuncias y testimonios por cobros de piso y distribución de drogas en el corredor Centro-Roma-Condesa, con saldo de varios ejecutados.
Los hombres de Moreno Valle
Organizaciones no gubernamentales poblanas temen que con la llegada de Jesús Rodríguez Almeida a la SSP de Puebla se agrave la estela que dejaron sus antecesores Vargas Fosado y Rosas Rosas.
Ricardo Jiménez, del Movimiento por la Alternativa Social, refiere que desde el inicio de su sexenio el panista Moreno Valle ha puesto la seguridad pública estatal en manos de funcionarios reconocidos como “represores” de movimientos sociales.
En el caso de Vargas Fosado, en 2006 dirigió los violentos operativos contra los pobladores de San Salvador Atenco, en el Estado de México, y contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En su paso por la dependencia poblana, Vargas Fosado usó la fuerza del estado contra comerciantes de autopartes, locatarios de mercados, personas defraudadas por cajas de ahorros, campesinos de Chignahuapan y habitantes del municipio de Francisco Z. Mena que participaron en protestas.
Cuando Vargas Fosado dejó la SSP para irse como comisionado al INM, lo relevó Facundo Rosas Rosas, quien tenía como antecedente una recomendación de la CNDH por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante un operativo contra estudiantes de Ayotzinapa en 2011, en el que murieron dos jóvenes.
En Puebla, Rosas fue acusado de reprimir y detener a estudiantes, transportistas, comerciantes, maestros y activistas que participaron en marchas y protestas; de dirigir operativos para impedir la llegada de manifestaciones al Zócalo poblano, y de utilizar drones para vigilar a los movimientos sociales, entre otras acciones represivas.
Rosas se hizo acreedor a otra recomendación de la CNDH por “violaciones graves” al aplicar la llamada Ley Bala el 9 de julio de 2014 en un desalojo contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, lo que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años.
Pese a ello, Moreno Valle lo sostuvo en el cargo hasta que el pasado 28 de julio Rosas renunció luego de que los mandos a su cargo Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal, y Tomás Méndez Lozano, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), fueron descubiertos infraganti, el 15 de julio, cuando protegían un cargamento de combustible robado a Pemex.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra los policías de Puebla por participación y protección a la delincuencia organizada. Rosas declaró que renunciaba para que las investigaciones se realizaran “sin duda de parcialidad alguna”.
Durante su trayectoria Vargas, Rosas y Rodríguez Almeida han coincidido en sus actividades laborales. En 2006, por ejemplo, el primero era jefe del Estado Mayor de la Policía Federal (PF); el segundo, titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y el tercero, titular del área antisecuestro y robos en la PF.
