Señor director:
Después de agradecer a Proceso que mantenga un espacio para que la ciudadanía siga manifestando sus inquietudes, me permito comentar lo siguiente.
Primero nos vendieron la idea de que con las reformas estructurales el país avanzaría y que ello se reflejaría en un mejor nivel de vida de todos los mexicanos.
Después nos dijeron que la nación no avanzaba porque el nivel educativo de los habitantes de la República es muy bajo en comparación con el de otros miembros de la OCDE; que se necesitaba una reforma educativa.
Al implantarse tal reforma, generó mucha inconformidad en el sector magisterial, pues entre otras cosas lo que se pretendía era eliminar las pensiones de los maestros, para dárselas a los diputados, como sucede en Querétaro.
Luego, insistieron en mejorar el sistema de impartición de justicia, sin decirnos que los sobornos no alcanzan para cubrir las necesidades económicas de jueces y magistrados.
En suma, nuestro nivel de vida ha disminuido; se sigue encarcelando a luchadores sociales por consigna; se asesina a grupos poblacionales indiscriminadamente; los servidores públicos hacen fortuna con recursos públicos y no pasa nada, como en el caso del exgobernador de Aguascalientes, quien paga sus fianzas con los mismos recursos de los cuales dispuso indebidamente, y los fondos de retiro de los trabajadores son administrados por gente inescrupulosa.
Si evaluáramos a todos los servidores públicos y a los encargados de impartir justicia, este país se quedaría sin burocracia, empezando por los que ocupan cargos de confianza, pues son quienes han postrado a México en un lecho del que difícilmente pueda levantarse.
Por ello es necesario que levantemos la voz y exijamos que a los partidos políticos les reduzcan en 65% sus prerrogativas; que quienes ocupen una curul no aprueben leyes en dos horas, sino después de analizarlas profundamente y pensando en aquellos que representan; que los gobernadores y presidentes municipales no puedan ser elegibles para otros cargos en tanto no terminen sus periodos; que el funcionario público que desvíe recursos materiales y económicos para enriquecerse sea sometido a juicio político y devuelva lo que sustrajo; que se suspendan las pensiones a los expresidentes y se reduzca el salario de los jueces a un 65%. (Carta resumida.)
Atentamente
Hugo Ocaña Hernández
