El esquema de “delación premiada” le funcionó muy bien a la procuraduría brasileña. Tanto que lo iniciado como una investigación rutinaria de lavado de dinero en casas de cambio creció hasta convertirse en el mayor escándalo de corrupción en Brasil: una trama relacionada con la asignación de obra pública que implica a la petrolera estatal, a las cinco empresas más grandes de la construcción y a los partidos de gobierno y de oposición. Pero la investigación no ha cesado, y en la mira están políticos de muy alto nivel…
Río de Janeiro.- En Brasil se les dice “Las Cinco Hermanas”, como un juego en referencia a las célebres Siete Hermanas petroleras, aquellas que durante años manejaron como quisieron el mercado energético mundial.
En su origen, las “hermanas” brasileñas eran empresas constructoras que se expandieron a otros sectores: energía, agua, agroindustria, defensa, transportes, finanzas, petroquímica y hasta calzado.
Las Cinco Hermanas crecieron durante la dictadura brasileña (1964-1985) y desde entonces han construido juntas toda la infraestructura del país: carreteras, presas, líneas del metro, plataforma petrolera, etcétera. Su poder es todavía inconmensurable en este país, en otros de América Latina y hasta de África, como Angola y Mozambique.
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvao son, además, las principales financiadoras de los partidos políticos, con donaciones que crecen al paso del tiempo. Hasta el año pasado sus negocios y éxitos se destacaban cotidianamente en la prensa económica.
Pero desde que se desató el escándalo Petrobras, en marzo de 2014, sus nombres comenzaron a aparecer en boca de los delatores y en las acusaciones formales de Rodrigo Janot, procurador general de Brasil.
Nadie pensaba que se podía tocar a empresarios tan poderosos hasta el pasado 19 de junio, cuando la Policía Federal cumplió órdenes de aprehensión contra los presidentes de Odebrecht y de Andrade Gutierrez.
La imagen de Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo presos en Curitiba hizo creíbles las palabras a la prensa de Deltan Dallagnol, fiscal responsable de la Operación Lava Jato (lavacoches): “Estamos viviendo un momento histórico en el combate contra la corrupción. Se rompió el cerco de la impunidad en Brasil. Por más poderosos que son sus autores (de los crímenes), nadie está encima de la ley”.
“Delación premiada”
La Operación Lava Jato confirmó que es la mayor acción contra la corrupción en Brasil. En marzo de 2014 la justicia investigaba sólo a cuatro organizaciones de cambistas que tenían operaciones en los lavados de autos de la ciudad de Curitiba.
Por intercepciones telefónicas, la Policía Federal descubrió que uno de esos cambistas (Alberto Youssef) le regaló a Paulo Roberto Costa, entonces director de Abastecimiento de Petróleo Brasileiro (Petrobras), un automóvil Land Rover. Éste fue detenido el 20 de marzo de 2014 y las autoridades se incautaron también más de 80 mil documentos.
Janot decidió entonces crear un equipo especial para esta investigación, que se perfilaba ya como un esquema de corrupción internacional.
Gracias a acuerdos de cooperación con Suiza, la Procuraduría General de Brasil comprobó que Costa tenía en aquél país cuentas bancarias por 23 millones de dólares. Y se hallaron otros 5 millones de dólares en otras cuentas a nombre de sus familiares. Esas cantidades superaban con mucho sus ingresos por concepto de salario.
La Procuraduría le ofreció entonces entrar al esquema judicial de “delación premiada”, en vigor en Brasil desde 2003: a cambio de su colaboración en la investigación, Costa recibirá una reducción de pena. Si mintiera u ocultara datos importantes, perdería este beneficio.
Costa accedió y a partir de su delación (el 22 de agosto de 2014), comenzó lo que las autoridades llamaron la segunda fase de la Operación Lava Jato y el descubrimiento de un enorme esquema de corrupción que implica por un lado a Petrobras y grandes constructoras, y por el otro al menos a tres partidos políticos.
La cloaca
Costa contó que 16 empresas, sobre todo Las Cinco Hermanas, se organizaron como un cártel. En lugar de concurrir normalmente para cada licitación que hacia Petrobras, las empresas se ponían de acuerdo en reuniones secretas sobre quién iba a ganar la obra y cuánto iba a cobrar. Los altos funcionarios de Petrobras recibían a cambio “propinas” que iban de 1 a 5% del valor del contrato.
Esas propinas millonarias en dólares se les entregaban a los funcionarios vía los cambistas y empresas de fachada, que no tenían empleados ni actividad real pero sí cuentas bancarias en el extranjero.
Costa indicó que también los partidos políticos se benefician de esas propinas.
Según su declaración, los funcionarios de Petrobras estaban coludidos con los partidos, los cuales recibían 3% de las propinas. Él mismo le pasaba dinero al Partido Progresista; Renato Duque, ahora exdirector de Servicio de Petrobras, al Partido de los Trabajadores; y Nestor Cervero, entonces Director Internacional, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Éstos son los tres partidos de la coalición de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
También recibía “propinas” un político del Partido de la Social Democracia Brasileña, de oposición.
Duque está preso desde el 14 de noviembre de 2014, aunque niega todas las acusaciones de Costa. Pero gracias a la cooperación internacional, ahora con Mónaco, se comprobaron envíos de dinero desde empresas de Panamá hacia Suiza y luego al principado.
En total Mónaco bloqueó 32 millones de euros por sospechar que se trataba de dinero lavado. La justicia rastreó los depósitos y apuntó que la empresa que alimentaba esa cuenta pertenecía a Odebrecht.
Ese mismo día la Policía Federal hizo las primeras aprehensiones en las oficinas de aquellas empresas. Algunos ejecutivos fueron detenidos, se decomisaron documentos y computadoras y Las Cinco Hermanas emitieron comunicados de prensa asegurando “su inocencia y su total colaboración con la justicia”.
Pero a partir de entonces la investigación va a seguir el camino trazado por 17 delaciones premiadas que van a incriminar a 128 personas por corrupción, lavado de dinero, formación de cártel y crímenes contra el sistema financiero nacional. Además de los cambistas y de los funcionarios de Petrobras, las denuncias incluyen a ejecutivos y presidentes de Las Cinco Hermanas y de dos conglomerados menores: Mendes Júnior y Engevix.
El Ministerio Público hizo 46 pedidos de cooperación internacional para comprobar el destino del dinero lavado.
La aportación de Suiza fue “ejemplar”, según Carlos Bruno, encargado de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia: “Sin la colaboración del Ministerio Público suizo nunca hubiéramos podido llegar tan lejos en la investigación” comenta a Proceso. Ese país devolvió a Brasil 120 millones de dólares de los 400 bloqueados por las autoridades judiciales suizas.
Tanto el procurador suizo, Michael Lauber, como un equipo de fiscales brasileños viajaron entre los dos países para intercambiar información confidencial. El embajador helvético en Brasilia, André Regli, comenta a este semanario: “Esta colaboración es la prueba de que Suiza ya no permite que se use su sistema financiero para esconder dinero de proveniencia ilícita”.
Efecto dominó
La Operación Lava Jato parece no tener fin. A finales del mes pasado fueron detenidos más ejecutivos de empresa, esta vez relacionados con la energía nuclear. Y el sábado 1, Duque, quien hasta ese momento había negado las acusaciones en su contra, solicitó entrar en el esquema de “delación premiada”. Su testimonio puede ser capital para investigar al grupo que aún no ha sido tocado: el de los políticos.
El pasado marzo el Ministerio Público hizo un pedido al Supremo Tribunal Federal para que se le permita investigar a los políticos citados como parte del esquema ilícito, pero que tienen fuero federal.
Desde entonces un equipo de 30 fiscales investiga a 47 políticos, entre ellos el presidente del Congreso, Eduardo Cunha; el presidente del Senado, Renan Calheiros; los gobernadores de Río de Janeiro, Fernando Pezao, y de Acre, Tiano Viana; el exministro de Ciudades, Mário Negromonte y hasta el expresidente Fernando Collor de Mello; así como a más legisladores y exgobernadores, la mayoría de ellos, de partidos aliados al actual gobierno.
Las autoridades judiciales ya preparan al país para un nuevo terremoto: el Ministerio Público está transparentando su investigación. En un sitio web (https://lavajato.mpf.mp.br) y en conferencias de prensa y artículos, los fiscales eligieron dar toda la información sobre sus indagatorias y obtener así el apoyo de la sociedad brasileña.
Su actuación refleja “una nueva generación de jueces y procuradores pragmáticos y decididos a combatir la corrupción, sean cuales sean las consecuencias. Para conseguirlo usan múltiples estrategias (jurídica, política y de comunicación), adoptan recursos tecnológicos y organizan una cooperación internacional nunca antes vista”, escribió en el diario Folha de S. Paulo, Joaquim Falcao, profesor en derecho por la Fundación Getulio Vargas.
Después de ver a los más grandes empresarios en la cárcel, se cree que la justicia puede efectivamente encarcelar a los políticos. El lunes 3, el exministro José Dirceu, condenado anteriormente en el proceso del Mensalao (que reveló los sobornos entregados a legisladores y miembros de partidos políticos durante el gobierno de Lula), fue nuevamente detenido por su supuesta participación en este esquema.
Como lo escribió en el semanario Época el procurador Deltan Dallagnol el pasado 4 de julio: “Cuando los incriminados deciden colaborar se provoca un efecto dominó. En el caso Petrobras, el valor de las propinas fue multiplicado por 238 a lo largo de la investigación. La corrupción originalmente investigada pasó de 26 millones de reales a 6 mil 200 millones de reales. Lo mismo aconteció con el número de personas y empresas investigadas y eso maximiza el retorno del dinero a las arcas públicas”.
Ahora todo un país está sintiendo el efecto dominó: de la economía a la política. Y Las Cinco Hermanas se volverán enemigas al tener que delatarse entre sí.
