Señor director:
Permítame difundir en Palabra de Lector esta petición al presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de que atienda él directamente, y no la PGR, la solicitud que entregué en Palacio Nacional con motivo del despojo de mis derechos de autor.
Se trata de un robo patrimonial que hace la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM ) tanto al suscrito como a todos los compositores mexicanos. Para empezar, en el sexenio de Carlos Salinas, el impuesto presidente de la agrupación, Roberto Cantoral García, vendió el terreno y el estudio de grabación que nos pertenecía y canceló la marca de discos de la SACM, repartiendo el dinero producto de dicha venta entre compositores que decidieron seguirlo en esta acción, la cual por sí misma resultó ser un fraude.
A partir del poder adquirido, Cantoral García hizo un arreglo para reconocer a dos compositores españoles como autores de mi tema “El buey de la barranca”. Envió mi dinero a España con la participación del editor ibérico Óscar Mendoza y con destino final a la Sociedad General de Autores y Escritores (SGAE) de España, presidida por quien responde al nombre de Tedy Barbosa, actualmente investigado por ilícitos cometidos durante su gestión en aquel país.
Esto es lo que oculta la PGR al desestimar mi petición de presentar las liquidaciones que la SACM ha hecho de mi obra tanto en México como en el extranjero.
Gracias a la investigación que realicé en la embajada de España, supe que la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Española es la que debe recibir la excitativa de la PGR a fin de investigar el plagio de mi obra, con la intervención de la sociedad de autores española. De este modo se conocería la traición de Roberto Cantoral a los compositores mexicanos y su complicidad con latrocinios de extranjeros contra los derechos de autor nacionales.
En la actualidad, Roberto Cantoral Zucchi y la contadora Rosario Díaz Ibarra, herederos del poder de Cantoral García sin mérito alguno, se han apoderado del patrimonio de la SACM, al punto de que la contadora Díaz Ibarra se emparentó con un director del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) para convertir a dicha dependencia en la antesala de la SACM, erosionando aún más a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual depende dicho instituto. Como cruel paradoja, esta institución termina defendiendo los intereses de los editores discográficos, y no a los compositores.
Mientras el resultado es que se ha anulado cualquier pago por mi obra, la Segob respondió a una solicitud de mi parte que es respetuosa de la vida interna de la SACM, e inclusive me remitió a otra autoridad, haciendo a un lado su responsabilidad de regir, por ley, a este tipo de sociedades.
Señor presidente: Ante la inadecuada actitud de la PGR al no pedir en tiempo y forma las liquidaciones de mi tema musical en el extranjero y al proponer el no ejercicio de la acción penal sin investigación alguna, le pido que se reabra mi averiguación previa para demostrar el nicho de corrupción e impunidad que denuncio y para que se me restituyan mis derechos económicos, ya que vivo en injusta y total indigencia, como muchos compositores despojados por la SACM. (Carta resumida.)
Atentamente
Rogelio Calzada
Rosario Castellanos 545
Colonia Artes Gráficas
Venustiano Carranza
México, DF 15830
