Ser mujer en el Estado de México es pertenecer a un grupo tan vulnerable que el número de desaparecidas y asesinadas no ha dejado de crecer en los últimos años. En 2011 varias organizaciones le exigieron a las autoridades que se emitiera una alerta de género, pero se negaron; en esos días lo único que les importaba era cuidar la imagen política de Enrique Peña Nieto, quien aspiraba a la Presidencia. Ese retraso ha sido fatal, pues los feminicidios no cesan. Ahora se emitió la alerta, pero hay otros problemas: el principal, que la administración de Eruviel Ávila insiste en maquillar las cifras.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se vio obligado a reconocer la violencia feminicida e institucional que marcó al Estado de México cuando él era gobernador, al emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los 11 municipios más poblados de la entidad.
En enero de 2011 hubo una negativa a decretar esa alerta, pues se consideró que los solicitantes –el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)– tenían como objetivo manchar la carrera política del entonces virtual candidato a la Presidencia.
Sin embargo, los constantes asesinatos y desapariciones de mujeres en la entidad orillaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a declarar la AVGM el pasado 28 de julio y a formalizarla el 31 de julio.
La declaratoria se emitió luego de que, tras un año de investigación, el grupo de investigación creado por el Sistema Nacional concluyó que 51% de los homicidios dolosos cometidos durante el gobierno de Peña Nieto y 40% de los ocurridos durante la gestión de su sucesor, Eruviel Ávila Villegas, siguen impunes.
Pese a la “guerra de cifras” –entre las ofrecidas por el gobierno estatal al grupo multidisciplinario, las presentadas por los solicitantes, tomadas éstas de datos oficiales, y las propias investigaciones de los expertos–, “la impunidad quedó evidenciada, así como la obstrucción de la justicia por parte de las autoridades”, dice a Proceso María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF.
“Por más que el gobierno de Ávila quiso ajustar cifras –dejar en 771 los casos de homicidios dolosos de mujeres entre 2005 y 2010, en el periodo de Peña Nieto, cuando nosotras documentamos 922 con cifras oficiales–, no pudieron ocultar que, hasta ahora, más de la mitad de esos casos están inconclusos y se han ido acumulando más durante la actual administración estatal”, apunta.
Integrante también de Católicas por el Derecho a Decidir, Estrada considera que lo valioso del informe de los expertos –funcionarios públicos de ocho dependencias federales coordinados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)– es que “reconocieron lo que siempre habían desconocido: que los feminicidios y las desapariciones de mujeres van en aumento.
“Por eso no nos peleamos con las cifras, porque a nosotras nos las dio Alfredo Castillo (procurador mexiquense en el gobierno estatal de Peña Nieto), y con Eruviel la Procuraduría General de Justicia, con documentos sellados, nos informó que entre 2011 y 2013 hubo 840 homicidios dolosos.”
La actual administración mexiquense le informó al grupo de expertos que en los dos últimos gobiernos se habrían cometido 933 homicidios dolosos, de los cuales sólo 159 se considerarían feminicidios, ocurridos entre 2011 y agosto de 2014.
Sin embargo, en el Estado de México “no se realiza una adecuada sistematización de la información sobre la situación de la violencia contra las mujeres en la entidad”, se lee en la quinta de nueve conclusiones a las que llegó el grupo, en el cual participó personal de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Conavim.
Guerra de cifras
Aunque incompletos, algunos de los datos que proporcionó el gobierno de Ávila Villegas reflejan la dimensión de la violencia contra las mujeres y niñas en la entidad y también el alto grado de impunidad.
De acuerdo con las cifras estatales, de 2005 a 2014 se presentaron 26 mil 79 denuncias de violación y 13 mil 866 por otros delitos sexuales contra niñas y mujeres. Al respecto, “el gobierno del Estado de México refirió que debido a que no cuenta con información sistematizada, no puede proporcionar información sobre el estado procesal que guardan dichas denuncias ni información sobre la violencia familiar que se reporta en dicho periodo”, apunta el documento.
Algo similar ocurre con los reportes de desaparición. Según el gobierno estatal, de 2005 a 2014 desaparecieron 4 mil 281 mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 727 fueron localizadas; 95 de ellas, fallecidas. Hasta ahora, mil 554 mujeres no han sido localizadas.
Sin que se explique en qué condiciones se localizó a las mujeres o si se integraron averiguaciones previas por haber sido víctimas de algún delito, el gobierno de Ávila notificó que la mayoría de las desaparecidas estaban en el rango de edad de 15 a 17 años, y que los municipios en los que ocurrió la mayoría de los eventos de desaparición de mujeres son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan de Juárez, Chalco, Ixtapaluca y Atizapán de Zaragoza.
Ante la falta de información, los investigadores del Sistema Nacional recurrieron a bases de datos del sistema de salud, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras, y las cotejaron con los reportes entregados por el gobierno de Ávila.
Uno de estos ejercicios reveló “la fuerte discrepancia entre las cifras” de defunciones de mujeres con presunción de homicidio, aportadas por las Estadísticas Vitales de Mortalidad, de la Secretaría de Salud federal, con las averiguaciones previas abiertas durante la gestión de Alfredo Castillo, presentadas en 2010 a la Comisión Especial para Feminicidios de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
Así, mientras para la base de datos federal en 2005 los cuerpos de 383 mujeres tenían huellas de haber sido asesinadas, la procuraduría estatal sólo integró 97 averiguaciones; al año siguiente la disparidad fue de 134 contra 279; en 2007, 155 contra 197; en 2008, 171 contra 212; en 2009, 197 contra 279, y en 2010, 136 contra 220.
Por datos del INEGI, los expertos encontraron que a partir de 2010 las defunciones de mujeres “con presunción de homicidio ocurridas en el Estado de México en la vía pública” oscilaron entre 50 y 40%; que más de 60% de las agredidas aparecieron en municipios distintos al de su origen; también, que mientras en el resto del país las muertes violentas de mujeres ocurren por armas de fuego, en el Estado de México “es más usual recurrir al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento y sumersión, conductas que, a consideración del grupo de investigación, refleja, en algunos casos, una clara actitud misógina de las personas agresoras”.
El ambiente hostil para las mujeres en el Estado de México se expresa también en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que en la consulta de noviembre de 2014 arrojaba 7 mil 765 reportes de violencia contra las mujeres, el equivalente a 9.5% a nivel nacional, además de que no había registro de órdenes de protección.
Violencia institucional
Mediante visitas a dependencias oficiales y entrevistas con servidores públicos, los responsables del informe corroboraron que, en el marco de la “violencia constante” hacia las mujeres ubicado por arriba del nivel nacional, las mexiquenses tienen que enfrentarse además a la “violencia institucional” por parte de personal de agencias del Ministerio Público y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, donde la resolución de las querellas por violencia contra la mujer se suele promover por “vía amistosa”.
Estrada insiste en la gravedad que supone la falta de sistematización de las cifras en el gobierno del Estado de México: “Yo les enseñaba los documentos en los que el año pasado la procuraduría nos decía que había mil 900 asesinatos, pero ellos decían que no estaban desagregados por sexo, alegando que el Sistema Nacional de Seguridad no se los pide. Hasta el gobierno federal ha reportado que ni siquiera en las reuniones de procuradores el del Estado de México da información.
“Eso es muy grave porque con base en qué diagnóstico es que han destinado de 8 mil a 70 mil millones de pesos, entre 2008 y 2013, para atender la violencia contra la mujer, si no tienen lo mínimo, que es un diagnóstico de los delitos para evaluar y conocer el impacto”, puntualiza.
En el reporte que entregó el gobierno estatal a los expertos se enlistan acciones para atender a mujeres, Unidades de Atención a Mujeres y Centros de Atención y Reeducación a Personas que Ejercen Violencia de Género, como parte del programa Mexiquense por una Vida Libre de Violencia.
No obstante, los responsables del informe que dio lugar a la AVGM refieren que en visitas a esas unidades y centros confirmaron que “no cuentan con protocolos de atención claros ni con el personal suficiente en relación con la demanda de los servicios”, además de que los servidores trabajan “bajo intuición empírica”.
La defensora considera que “no es aceptable” que el gobierno estatal pretenda continuar con la operación de esas dependencias “cuando no tienen resultados, tienen que evaluar qué funciona y qué no, y no continuar con la fuga de recursos”. Recuerda que en 2009 el gobierno de Chihuahua entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una larga lista de acciones e inversiones cuando se analizó el caso de Campo Algodonero, por las muertas de Ciudad Juárez, “pero la Corte de cualquier forma sentenció a México, porque refirió que pese a todas esas inversiones no se daban garantías de seguridad a las mujeres”.
Estrada señala que el informe “tiene vacíos y está incompleto”, y recuerda que cuando el Sistema Nacional determinó formar el grupo multidisciplinario con personal de dependencias federales, el OCNF y la CMDPDH interpusieron un recurso judicial contra esa determinación, por considerar que “no es aceptable que el gobierno sea juez y parte”.
Sin embargo, admite, el juez federal dio la razón al Sistema Nacional, por lo que las organizaciones decidieron “aportar toda información que se había recabado y acercar al grupo con las familias de las víctimas, así como con otras organizaciones”.
“No pudimos incidir en todo lo que hubiéramos querido, pero al menos me quedo con los pronunciamientos que se hacen sobre la impunidad que prevalece en los homicidios dolosos de mujeres y en los feminicidios, que se considera grave la desaparición de mujeres y que se acepta que existen actos de corrupción y obstrucción de la justicia”, puntualiza la defensora.
“Lista de buenas ideas”
El pasado 31 de julio, la Secretaría de Gobernación y la Conavim formalizaron la AVGM en Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
Se enlistan 17 indicaciones ordenadas en tres secciones de medidas de seguridad, prevención y justicia, y la recomendación de visibilizar la violencia de género y divulgar mensajes de cero tolerancia.
Algunas de las medidas ordenadas para las zonas de riesgo son reforzar los patrullajes preventivos, instalar alumbrado público, cámaras de video y postes de emergencia, así como incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público.
Se instruye al gobierno del Estado de México a emprender acciones urgentes en caso de desaparición de mujeres y niñas durante las primeras 48 horas “a partir de que se tenga conocimiento de la desaparición”; crear agrupaciones municipales, estatales y mixtas de reacción inmediata para la localización de mujeres y niñas, así como valoraciones de análisis de riesgo relacionadas con la violencia de género.
Entre las medidas preventivas se consideran campañas permanentes de prevención de violencia, capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para funcionarios públicos encargados de la procuración de justicia, y un programa especializado para educadores a fin de prevenir la violencia hacia las mujeres.
En materia de justicia, se ordena la creación de una Unidad de Contexto para identificar “las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad”, y asignar recursos para “conformar un grupo de especialistas” de la procuraduría para “diagnosticar expedientes, en archivo o reserva, relacionados con feminicidios u homicidios dolosos de mujeres, e identificar las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos”.
Para Estrada, “todavía falta definir cómo va a intervenir la federación en estas acciones, porque tiene que haber una coordinación para que se cumplan; si no, será una lista de buenas ideas.
“Por eso –apunta– insistimos en participar en la fiscalización tanto de las acciones como de los recursos que se van a usar; queremos que esta primera declaratoria sea un buen precedente para otros estados.”
