TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.– Si el gobernador Manuel Velasco Coello y su grupo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) optaron por diferir los comicios locales para posicionar a sus alcaldes y diputados en el Congreso estatal, les falló el cálculo, pues la jornada del 19 de julio pasado no sólo fue la más vigilada, sino también la “más desastrosa” en la historia reciente de la entidad, según documentaron los observadores electorales que estuvieron ese día en Chiapas.
En cada calle, barrio y municipio, los militantes de ese partido y los del PRI –su presunto aliado– fueron quienes más incidentes violentos protagonizaron antes, durante y después de los comicios en los cuales se votó por 122 alcaldes y 41 diputados locales –24 por la vía uninominal, 16 por la vía plurinominal y uno más electo por los chiapanecos en el extranjero.
Ambos partidos no sólo formaron grupos de choque y armaron a sus integrantes para que intimidaran a la ciudadanía, también organizaron acarreos y la compra de votos durante las elecciones. Verónica Rodríguez Montes, titular del Instituto de Estudios de Posgrado, por ejemplo, fue sorprendida en esta ciudad con 100 mil pesos presuntamente para comprar votos a favor de los candidatos de la alianza PRI-PVEM.
También hubo heridos de bala; la quema de la paquetería electoral y mobiliario de oficina en una decena de consejos municipales, así como la toma de otros consejos por algunos militantes inconformes con los resultados, según documentó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), desplegó el 19 de julio un operativo en la entidad e incluso invitó a Edgardo Buscaglia, experto en materia de seguridad y crimen organizado, para que observara su labor. La dependencia recibió más de 500 denuncias, de las cuales 142 terminaron en averiguaciones previas y 372 más en actas circunstanciadas y sus agentes detuvieron a ocho personas por diversos ilícitos.
Para el investigador Edgardo Buscaglia, especialista en delitos patrimoniales, en la jornada del 19 de julio hubo una “total ausencia de las autoridades locales para proceder” contra las irregularidades electorales que “prostituyen la democracia”. Lo que él observó ese día en Chiapas, declaró, fueron “vacíos de Estado”.
El especialista tipifica como “fraude electoral sistemático” el acarreo masivo de votantes que pudo constatar en muchas casillas de Chiapas. Y agrega: “Constaté una negligencia espantosa de la cual el gobernador y el Estado deberían responder. Porque el gran enemigo del estado de derecho es la impunidad”. Pero también reconoció la valentía de los ciudadanos chiapanecos para denunciar a quienes violaban las leyes.
El día de la jornada electoral, más de tres mil 900 observadores electorales se desplegaron en los municipios chiapanecos. En dos de ellos, Nicolás Ruiz y Belisario Domínguez, la jornada no se pudo realizar. En el primero, los votantes se negaron a aceptar que la planilla del PVEM fuera encabezada por una mujer, pues los usos y costumbres del lugar lo impiden; en el segundo, indígenas zoques de Santa María Chimalapa, Oaxaca, irrumpieron en la zona y quemaron las urnas y la alcaldía porque, dijeron, ese territorio les pertenece.
Desde antes de la jornada electoral, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) provocó inconformidad al aceptar el registro de las candidaturas de los 12 partidos políticos sin respetar la paridad de género consagrada en la Carta Magna y en las leyes electorales de la entidad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) corrigió la falla.
Varios candidatos a alcaldes que encabezaban las planillas fueron propuestos para síndicos o regidores y en su lugar quedaron sus esposas, hermanas o hijas. Sin embargo, eso provocó confusión, pues en las boletas electorales que no estaban foliadas no se actualizaron los nombres de las aspirantes.
Y el mismo 19 de julio, poco antes de que concluyera la jornada, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, fue el primero en salir a denunciar el “cochinero” electoral del gobernador Manuel Velasco Coello, del órgano electoral y sus partidos políticos afines, en particular el PVEM. Ese día, expuso, Chiapas vivió una regresión autoritaria de 27 años.
Según el perredista, todo el aparato de gobierno estuvo al servicio del PVEM y dos partidos locales satélites, dirigidos por gente del gobierno estatal, que formaron coaliciones extrañas para acaparar el mayor número de votos para sus candidatos.
Navarrete cuestionó también al órgano electoral, que si bien fue electo por el Instituto Nacional Electoral, dijo, siempre estuvo supeditado a los intereses del gobernador Velasco y su partido.
Al día siguiente, el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, organizó una conferencia de prensa en la Ciudad de México para exponer: “En Chiapas vivimos un proceso que nació viciado desde que el Verde Ecologista y el PRI propusieron que las elecciones se tuvieran un mes después que las federales, contrario a lo que dictaba el texto constitucional”.
Sin embargo, el senador Luis Armando Melgar, del PVEM, declaró en tribuna que todo transcurrió “con normalidad democrática y plural”. Fue “un proceso transparente y en estricto apego a la legalidad”, expuso el senador, quien es ejecutivo de TV Azteca. Su homólogo del PRD, Zoé Robledo Aburto, le contestó que no era “normal” que en Chiapas sólo cuatro partidos se repartieran 89% de las alcaldías y 90% de las diputaciones.
Robledo abundó: en 1988 la entidad era el “granero” del tricolor, pues el PRI obtuvo 89% de los sufragios: pero este año el color cambió a Verde, dijo el legislador perredista.
Hoy, los consejeros del IEPC están bajo procedimiento jurídico y es probable que sean removidos por las irregularidades electorales.
El PVEM atropelló a su exaliado
En los comicios federales del 7 de junio pasado, 1 millón 50 mil votos (73.66%) fueron para la coalición PRI-Verde. De ese total, 690 mil fueron para el Verde y representan 24.98% de los votos en todo el país.
Pero el 19 de julio, donde 61.58% de los votantes participaron en la jornada electoral local, el Verde y sus partidos satélites se propusieron quedarse con todo en los 122 municipios y con la mayoría de diputaciones en el Congreso del estado:
El PVEM obtuvo 645 mil 578 sufragios; el PRI, 382 mil 986; el PRD, 120 mil 335; el PAN, 111,554; el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 173 mil 367; Chiapas Unido, 159 mil 382; Mover a Chiapas, 154 mil 131; PT, 6 mil 466; Movimiento Ciudadano (MC), 48 mil 81; el Panal, 28 mil 229; Encuentro Social, 16 mil 153, y el Partido Humanista, 15 mil 963.
Según el IEPC, acudieron a las urnas 2 millones 100 mil 400 electores; 64.12% del padrón chiapaneco. Al cierre del cómputo, el PVEM y sus aliados obtuvieron 56 de las 122 alcaldías. Después quedó el PRI, con 26. Ambos partidos hicieron alianza en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, ganaron ambas.
La alianza PRI-PVEM también ganó 16 distritos; en el resto de las circunscripciones el Verde obtuvo el triunfo de manera independiente, por lo que tendrá mayoría absoluta en el Congreso local.
A su vez, los partidos Chiapas Unido y Mover a Chiapas, creados a finales de 2014 y vinculados con el gobierno estatal, obtuvieron 10 y nueve alcaldías, respectivamente, con lo cual se convirtieron en la tercera y cuarta fuerzas políticas en la entidad, desplazando incluso al PRD y PAN.
Sin embargo, no todo le salió bien a la alianza PRI-PVEM. Sus oponentes forcejearon en los municipios de Comitán, Chamula, Cintalapa, Tonalá, Chiapa de Corzo, Ixtapa, Ocotepec, Comalapa, Carranza, Simojovel, Socoltenango, La Concordia, Huitiupán, Bochil, El Bosque, Jitotol, Jiquipilas, Amatenango de la Frontera, Siltepec, Berriozabal, Chicomuselo, Tizmol, Bellavista y otros.
La disputa más controvertida fue en la capital, Tuxtla Gutiérrez, donde el proceso de cómputo terminó el 27 de julio por la madrugada, cuando el IEPC le dio el triunfo a Fernando Castellanos, candidato de la alianza PRI-PVEM, que presuntamente superó al panista Francisco Rojas Toledo por 67 mil 385 sufragios contra 66 mil 590, una diferencia de sólo 795.
La disputa por Tuxtla trascendió a nivel nacional. Pese a los dos videos contra el candidato panista –en uno se observa una caja de zapatos llena de dinero para su campaña y en otro en el que recibe 1 millón 400 mil pesos de un presunto empresario a cambio de obra cuando llegue a la alcaldía–, los líderes nacionales del PRD y del PAN, Carlos Navarrete y Gustavo Madero, unieron fuerzas para apoyar a Rojas Toledo; lo mismo hicieron los candidatos del MC y Morena.
Rojas Toledo atribuyó la difusión de los videos a una guerra sucia. Según él, recibió dinero del empresario poblano Francisco Martínez, quien se dedica a equipar los hospitales en Chiapas, pero eran un aporte a sus campañas médicas. Ese video es de una donación “que yo mismo hice pública en mi declaración de conflicto de intereses hace meses en el 3×3”, asegura el panista.
E insiste: el gobernador Velasco está desesperado, e intenta todo para evitar que se hable del fraude electoral del pasado 19 de julio. Él piensa que los tuxtlecos somos tontos y que con esa “distracción mediática” la gente va a dejar de exigir respeto a la democracia, pero está equivocado, dice.
En Tapachula, el doctor Óscar Gurría, denunció fraude electoral en favor de Neftalí del Toro, candidato del PRI apoyado por el PVEM. Gurría denunció compra de votos, acarreo masivo de electores, uso de programas sociales, como el de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), para condicionar el voto entre los beneficiarios y otras irregularidades que le fueron “solapadas” al candidato del PRI.
