El asesinato de un comandante en la capital de Guerrero desató una serie de tiroteos que volvieron a recordar la inmensa precariedad que se padece en aquel estado. El policía había sido acusado de tortura y fabricación de pruebas, estaba implicado en los homicidios de dos normalistas y se le señaló por atentar contra un exsubprocurador, entre otros delitos. Pero no es un caso aislado. Otros mandos estan implicados en delitos igual de graves, e incluso se detectó que un agrupamiento entero hacía labores de inteligencia para la delincuencia organizada.
CHILPANCINGO, GRO.- La ejecución del comandante de la Policía Ministerial (PM) David Urquizo Molina, perpetrada la mañana del 30 de julio en el centro de esta capital, no sólo desató balaceras en distintos puntos de la ciudad, donde cuatro pistoleros fueron abatidos por policías estatales y seis más detenidos. Evidenció también que en la entidad no hay avances contra la inseguridad y que, de hecho, la corrupción policiaca la fomenta.
Los tiroteos se extendieron del centro al norte de Chilpancingo, el tráfico de la Autopista del Sol se colapsó y el terror se apoderó de la ciudadanía… pero el gobernador Rogelio Ortega Martínez permaneció en un restaurante donde desayunaba con empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
En contraste, los hombres de negocios, quienes seguían los pormenores de las balaceras a través de las redes sociales, exhortaron al Ejecutivo a centrar su atención en la violencia. Los integrantes de la organización patronal denunciaron que la delincuencia organizada sigue operando impunemente, secuestrando, extorsionando y hostigando.
Ortega se limitó a decir que los ciudadanos tienen que romper el miedo y fomentar la cultura de la denuncia. Y se comprometió, de nuevo, a regular a las guardias comunitarias que operan en tres cuartas partes del territorio estatal.
Jefe bajo sospecha
El polémico jefe policiaco asesinado había enfrentado órdenes de aprehensión; fue acusado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de tortura y fabricación de pruebas en torno a los asesinatos de dos normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011; un exsubprocurador lo responsabilizó de atentar en su contra (Proceso 2012), y se le vinculó con el atentado contra el empresario Pioquinto Damián Huato, en enero de 2014.
Además, en el libro Ni vivos ni muertos –en el que el periodista Federico Mastrogiovanni reconstruye el secuestro y ejecución de Alan Reyes, cometido por un comando el 24 de diciembre de 2011– se asevera que David Jesús Urquizo Molina estuvo involucrado en aquellos delitos.
En una parte de su texto, Mastrogiovanni narra: “El licenciado Rosete suelta una información importante y me dice cómo dio con los restos de Alan.
“–A alguien –recuerda de pronto– le urgía ya entregar el cuerpo en las condiciones que fueran, pero no tenía a la persona indicada para poderlo hacer. El hecho es que esta investigación nos llevó a través de informantes y de una tarea ardua, de estar toque y toque puertas, nos llevó con un presunto responsable. Sin embargo, al haber policías en el primer levantamiento de Alan, al haber policías en la Procuraduría en el segundo levantamiento de Alan, al haber policías coludidos con el crimen organizado, se deja una puerta abierta. ¿Por qué digo esto? Porque el excoordinador de la Policía Ministerial de Chilpancingo, Guerrero, de apellido Urquizo, tenía contacto conmigo y le urgía ayudarme a concluir esta investigación. ¿Qué te quiero decir? Pues que posiblemente haya tenido participación en esta desaparición forzada.”
En el momento de hacer aquella entrevista, Urquizo estaba suspendido de sus funciones.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 9 de enero de 2012, relativo a los enfrentamientos entre Policía Federal, Policía de Guerrero y estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que bloqueaban la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, Urquizo fue uno de los oficiales que sembraron armas y torturaron a estudiantes detenidos después de que dos normalistas fueran ultimados a tiros en la refriega.
Según ese análisis “se documentó el caso de (estudiante) Gerardo Torres Pérez, a quien el comandante regional, David Jesús Urquizo Molina, acusó de haber disparado contra los policías con un AK, modelo MSDAKS 762 calibre 772X 39mm”.
En contraparte y de acuerdo con el normalista, fueron los policías quienes le sembraron el arma, lo detuvieron, lo golpearon y lo llevaron a una casa abandonada, donde le hicieron disparar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos que los agentes previamente habían recogido del lugar donde los dos alumnos de Ayotzinapa fueron baleados.
Debido a ésas y otras irregularidades, siete funcionarios fueron cesados. El 16 de octubre de 2012, sin embargo, la procuradora guerrerense, Martha Elva Garzón Bernal (que el 16 de mayo de 2013 renunciaría a su cargo), informó, sin dar a conocer las causas, que los siete integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero destituidos habían sido reinstalados. Entre ellos estaba Urquizo.
Vivir entre fuego
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades estatales no habían informado nada sobre el origen del ataque contra Urquizo, pero su muerte no presagia un clima más tranquilo en la capital.
En los últimos días, Chilpancingo y Acapulco han sido el epicentro de la inseguridad en el estado.
Esta situación ocurre pese a la gran cantidad de soldados y policías federales desplegados en la zona. La estructura criminal en las principales regiones sigue intacta y persisten las ejecuciones, secuestros y extorsiones.
En el primer semestre de este año –enero a junio– se contaron 943 homicidios dolosos, de los cuales 584 se cometieron con arma de fuego, y 44 secuestros, indican cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La mayor incidencia delictiva se registra en Acapulco, donde las pandillas se disputan la venta y trasiego de droga.
Presionada por el asfixiante ambiente que se vive en el puerto, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó el 26 de julio que agentes federales habían detenido dos días antes, en Hidalgo, al exsubdirector de Tránsito de Acapulco, Armando González Valeriano, El Terán.
El exjefe policiaco está acusado de trabajar para la banda Cártel Independiente de Acapulco, considerada brazo armado del Cártel de Los Beltrán Leyva en la zona.
La dependencia federal indicó que El Terán se escondía en el municipio de Mineral de la Reforma, desde donde decidía las acciones del grupo criminal en el puerto. En el comunicado oficial se asentó que González Valeriano era el encargado de coordinar la venta de droga al menudeo, así como de ordenar secuestros y extorsiones de empresarios.
La CNS refirió que El Terán estaba construyendo alianzas con líderes de otros grupos delictivos al servicio de los Beltrán, entre ellos Nicasio Arizmendi Díaz, El Cacho, presunto jefe de plaza en el poblado Kilómetro 30, ubicado en la zona rural de Acapulco, así como con Félix Alejandro Magno Acevedo, El Correcaminos.
Reportes periodísticos indican que la madrugada del 22 de marzo de 2010, afuera del domicilio del entonces subdirector de Tránsito, fueron hallados descuartizados dos de sus sobrinos, con un narcomensaje contra los operadores de Héctor Beltrán Leyva, El H. El texto estaba firmado por La Barbie. Una semana antes, un comando intentó sacar al Terán de sus oficinas, pero el oficial logró escapar.
Apenas en abril, los policías de Acapulco regresaron a laborar tras un paro de un año, motivado porque varios elementos fueron despedidos por no acreditar los exámenes de confianza.
Como sea, los problemas en la estructura policial de la entidad se agudizaron esta semana, luego de que un grupo de agentes estatales decidiera irse a la huelga y hacer un plantón en demanda de mejoras laborales.
El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, dijo que los inconformes son parte de una unidad especial denominada Grupo de Información y Análisis Táctico, enfocada en recabar datos sobre la delincuencia organizada para combatir el narcomenudeo.
El agrupamiento, que operaba principalmente en Acapulco, tenía a su cargo un equipo de investigación y 24 unidades oficiales “con características de civiles” para desplazarse. Y fue desintegrada porque se conducía de manera autónoma y no entregaba los estudios requeridos, apuntó el general retirado.
Durante una conferencia de prensa, el 28 de julio, Almazán acusó a los jefes del grupo especial Jonathan Arcos Moreno y Filiberto López Mondragón de haber rechazado la orden de concentrarse en el área operativa de la Policía Preventiva Estatal y entregar sus equipos y recursos.
Los elementos de esa unidad, continuó el militar, también divulgaron la identidad y fotografías de agentes encubiertos de la Secretaría de Gobierno, que se encuentran infiltrados en organizaciones sociales y otros sectores de interés para las autoridades a fin de recabar información sensible.
“(Los inconformes) están haciendo la recomendación a diversos grupos radicales y posiblemente hasta delictivos de que no se dejen sorprender por ellos (los agentes infiltrados), lo cual pone en riesgo su integridad física y hasta su propia vida”, aseveró Almazán.
