Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió hace dos décadas una recomendación para que las autoridades de Colima y Jalisco se pongan de acuerdo para resolver el conflicto social y limítrofe en Ayotitlán, Jalisco, comuneros inconformes fueron reprimidos por paralizar la minera Peña Colorada. Acusan al gobierno colimense de coludirse con la trasnacional para seguir invadiendo y explotando sus territorios.
COLIMA, COL.- Usada por primera vez en 2014 para desalojar a indígenas que habían tomado los pozos del manantial de Zacualpan en protesta por un proyecto minero, la tanqueta del cuerpo antimotines del gobierno estatal le abrió paso al operativo policiaco del miércoles 22 contra ejidatarios y comuneros nahuas de Ayotitlán, Jalisco, que paralizaron los trabajos de la mina Peña Colorada (Ternium Arcelor Mittal) con la exigencia del pago de regalías por la presunta extracción de hierro de sus tierras.
En unas horas, el gobierno colimense atendió la petición del poderoso consorcio minero de capital indio-italiano-argentino y envió a cientos de agentes de la Policía Estatal y de la Procuraduría General de Justicia que arremetieron contra los campesinos y se llevaron a 34 detenidos.
“Todo empezó con una lluvia de piedras contra los manifestantes, primero lanzadas por miembros del sindicato de Peña Colorada y después por los propios policías mientras iban avanzando, entonces la gente respondió de la misma forma para defenderse de la agresión”, dice el comunero J. Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Río Marabasco, A.C. (Fremmar).
Según versiones de varios testigos, hubo cerca de 50 indígenas lesionados con piedras y toletes, entre ellos prácticamente todos los detenidos —uno de ellos requirió hospitalización en la ciudad de Colima—, además de que durante los sucesos agentes policiacos dispararon sus armas de fuego.
Cuando se aproximaban los policías antimotines, uno de los abogados de los comuneros, Eduardo Mosqueda Sánchez, salió al frente para tratar de mostrarles una suspensión de un juez que acredita que esos terrenos son del ejido.
La doctora Raquel Gutiérrez Nájera, integrante de la defensa jurídica de los detenidos, dice que, según la declaración preparatoria de Mosqueda, en ese momento bajó de la tanqueta un hombre que se presentó con él como el procurador de Justicia, Marcos Santana Montes; el abogado trató de explicarle que el ejido contaba con la suspensión judicial, pero el funcionario le arrebató el documento y lo rompió diciéndole que en Colima no vale ese amparo. A la vez, varios agentes sometieron violentamente al abogado y lo esposaron.
El ejidatario Félix Monroy Rutilo, habitante de Los Potros, refiere haber observado lo anterior y se aproximó para pedir a los agentes que dejaran libre al abogado, pero “un policía vestido de negro y con pasamontañas me encañonó y me disparó una vez sin lograr herirme, por lo que me arrojé por una ladera y alcancé a ver que hizo otros seis disparos, estos últimos al aire”.
Durante la refriega, cuenta Esteban Guzmán Pulgarín, presidente del Consejo Indígena de la Sierra de Manantlán, un ejidatario de la comunidad Las Maderas recibió un balazo en una pierna, mientras que “algunos de nuestros compañeros, después de haber sido esposados seguían siendo golpeados por los policías en el piso”.
Expone: “Fue una situación muy difícil la que vivimos, a pesar de que hemos sido muy respetuosos de la ley y de las autoridades. Si entramos ahí es porque son tierras del ejido; nunca había sufrido una agresión tan grande la comunidad indígena de Ayotitlán como la del miércoles 22, hemos tenido encarcelados, asesinados y desaparecidos, pero una acción masiva como la de ese día, en la que fueron golpeados hombres, mujeres y niños, nunca había ocurrido; lamentamos que algunos medios de Colima hayan manejado que nosotros fuimos los agresores”.
Al día siguiente, el procurador Santana Montes, declaró que los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza pública para asegurar a las personas y aunque aceptó que algunos detenidos tenían lesiones en la cabeza, justificó que éstas fueron consecuencia de pedradas que “sus propios compañeros les propinaron”.
Aunque refirió que en el informe del operativo se estableció que se escucharon tres descargas de arma de fuego en el lugar, el funcionario afirmó que los policías sólo portaban escudo, casco y tolete. El secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, señaló que 10 policías resultaron lesionados y seis patrullas sufrieron daños.
De acuerdo con el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán, Ernestino Ciprián Ocaranza, la toma de las instalaciones de Peña Colorada se realizó en cumplimiento de un acuerdo de la asamblea del 28 de junio, después de que no hubo resultados en negociaciones previas donde el núcleo agrario demandó el pago de mil millones de pesos, equivalentes a 20% de las utilidades que habría percibido la empresa en los últimos tres años.
El reclamo, dice, se encuentra respaldado por una suspensión otorgada al núcleo agrario por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, con sede en Guadalajara, dentro del juicio de amparo 462/2013.
La suspensión de plano fue otorgada a los ejidatarios Senorino Flores Hernández, J. Santos Elías Padilla, Pedro Martínez Rosales, Rubén Gerardo Alonzo, Cirilo Roblada Rodríguez y Pedro Ciprián Michel, en representación sustituta del ejido Ayotitlán, contra diversos actos, entre ellos la emisión de las concesiones mineras a favor del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V. títulos 196668, 2262253 y 227602 para realizar trabajos de exploración, explotación, beneficio y depósito de material estéril y los diversos actos de ejecución en una superficie aproximada de mil 202hectáreas de uso común en el ejido de Ayotitlán, en dos predios: uno de 401 hectáreas y otro de alrededor de 801 hectáreas.
Conflicto artificial
El director de Peña Colorada, Arturo Miguel Tronco Guadiana, afirmó a través de un comunicado que “se encuentran vigentes, válidos y pagados por adelantado” los convenios que rigen su relación con ese ejido, y que no está en negociaciones ni proceden acuerdos adicionales que cambien las condiciones originales de dichos convenios por la renta de mil 200 hectáreas, en las que actualmente la minera “no realiza extracciones”.
También aseguró que en esos terrenos se suspendió la actividad industrial en acatamiento a la suspensión de la autoridad judicial, pero “Peña Colorada cuenta con los permisos vigentes para operar dentro de la propiedad privada de la empresa en el estado de Colima, la cual ha sido la fuente única de extracción de mineral en los 40 años de operación de la mina”.
Por lo tanto, señaló Tronco Guadiana, “no proceden sus pedidos adicionales de regalías (de parte de los ejidatarios), siendo que Peña Colorada extrae el mineral de sus concesiones mineras, y de terrenos de su propiedad, los cuales no tienen relación con el ejido y menos con las personas que ingresaron ilegalmente a la mina y que por ende no negocia, ni aceptará cualquier tipo de presión o extorsión de tales personas”.
En rueda de prensa ofrecida el 23 de julio en el Palacio de Gobierno, conjuntamente con el secretario general de Gobierno de Colima, Rafael Gutiérrez y el procurador Santana Montes, el directivo de la minera acusó a los ejidatarios y comuneros irrumpir en la empresa con “agresiones y amenazas a personal de la empresa y el secuestro por más de ocho horas de tres de nuestros empleados”.
En ese mismo contexto, Gutiérrez señaló que los 34 presos fueron sorprendidos “en delito flagrante de despojo por medios violentos, privación de la libertad y otros delitos graves que no alcanzan fianza”, a la vez que el procurador aventuró que podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión.
Sin embargo, el viernes 24 de julio sólo 33 detenidos fueron consignados ante el juez por el agente del Ministerio Público J. Guadalupe Barbosa Larios, por los delitos de secuestro, robo calificado, daños, despojo y lesiones calificadas, de acuerdo con la averiguación previa 025/2015 de la Mesa Única del MP en el municipio de Minatitlán.
La noche del jueves 30, al cumplirse el término constitucional ampliado de 144 horas, el juez primero de lo penal de Colima dictó auto de libertad a los 33 detenidos. En el transcurso de ese día, los policías involucrados acudieron al juzgado a desistirse de la denuncia de lesiones. Antes, el gobierno estatal se había desistido en lo que le correspondía. Respecto de los delitos de secuestro y despojo, el juez determinó que no se acreditaron.
La víspera se habían reunido los gobernadores de Jalisco y Colima, Aristóteles Sandoval y Mario Anguiano Moreno, en la residencia oficial del segundo, quien de acuerdo con el boletín oficial, “ante las gestiones de Sandoval Díaz, el mandatario colimense demostró su voluntad política al otorgar el perdón a los detenidos”.
También se anunció que los dos mandatarios acordaron establecer una mesa de diálogo entre el consorcio minero Peña Colorada, los ejidatarios de Ayotitlán y representantes de ambos gobiernos “para dar solución a la problemática social de estos habitantes de Jalisco, que surge por la diferencia de intereses por las tierras que arrenda la empresa minera a dicho ejido”.
Las señales de que esto ocurriría se vislumbraron desde el martes 28, cuando el Gobierno de Colima convocó a una rueda de prensa en el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde en presencia de funcionarios de Jalisco y Colima, así como del director de Peña Colorada, el principal mensaje fue emitido por Gaudencio Mancilla Roblada y Eusebio Jacobo Ciprián, ejidatarios de Ayotitlán, quienes pidieron la libertad de los detenidos, con el argumento de que “fueron engañados” por otras personas.
Mancilla y Jacobo, integrantes de un grupo antagónico de la actual directiva ejidal, reprobaron la decisión de ingresar a las instalaciones de la empresa minera, que a su juicio ha cumplido todos sus compromisos con el ejido, y sin mencionar nombres se pronunciaron por el castigo a quienes resulten responsables de los hechos.
En esa rueda de prensa, el secretario de Gobierno de Colima confirmó que existen órdenes de presentación contra los directivos del Comisariado Ejidal de Ayotitlán.
El dirigente del Fremmar, Hermenegildo García, comenta que desde el jueves 23 ocho ejidatarios y comuneros tramitaron un amparo ante un juzgado de Guadalajara contra su posible detención, entre ellos los integrantes de la mesa directiva: Ernestino Ciprián Ocaranza, presidente; Roberto Cobián Gutiérrez, secretario, y Dionicio Elías de los Santos, tesorero.
Otros campesinos que tramitaron amparo son el propio Hermenegildo García, Esteban Guzmán Pulgarín y Félix Monroy Rutilo.
Hermenegildo García, quien dice haber acudido el 22 de julio como observador al acto de toma de instalaciones de la minera y haber estado todo el tiempo al lado de los directivos del ejido, niega que los empleados de la empresa hayan sido secuestrados, pues “lo que hubo ese día fueron negociaciones con el representante jurídico, David Cárdenas de la Cruz, quien siempre tuvo libertad, hizo llamadas y cuando por la tarde quiso retirarse se fue junto con las personas que lo acompañaban sin que nadie se los impidiera”.
Sobre la demanda principal de otorgar regalías por la extracción de minerales en las tierras de Ayotitlán, “argumentó que el único que podía resolver era el director de la empresa, pero que éste no se encontraba en el país, aunque en cambio ofreció realizar el pago de casi 15 millones de pesos que debía Peña Colorada al ejido por la renta de 801 hectáreas para el depósito de material estéril”.
A juicio de Hermenegildo García, resulta ridículo que el gobierno de Colima haya argumentado en la consignación que este pago —que se realizó mediante transferencia bancaria y del que constan los recibos correspondientes— fue el “rescate” de los supuestos “secuestrados”.
Considera que la intención del gobierno de Colima es “politizar más el asunto para que nos entre pánico y ya no hagamos reclamos a Peña Colorada, pues las autoridades colimenses están en contubernio con esta empresa por todos los intereses económicos que implica”.
La acción penal del gobierno de Colima contra los ejidatarios, estima, “fue completamente armada por el gobierno colimense, que tiene el propósito de coaccionarlos para que dejen de movilizarse en defensa de los derechos de los ejidatarios de Ayotitlán, quieren golpear de esa manera al ejido”.
Gobernadores rebasados
Para el dirigente del Fremmar, la indefinición de límites territoriales entre los estados de Colima y Jalisco ha contaminado el conflicto del ejido Ayotitlán con la minera, por lo que “en este asunto ya quedaron rebasados los gobiernos estatales y se necesita la intervención del gobierno federal, pues ninguno de los estados ha atendido ni cumplido la recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que les sugiere ponerse de acuerdo para trabajar por el bienestar de los habitantes de la región”.
Según Jesús Hermenegildo, la minera Peña Colorada se ha encargado de dividir al ejido mediante “apoyos económicos que entrega mañosamente a algunos ejidatarios para tratar de entorpecer los procesos legales y debilitar el movimiento, pues la empresa piensa que por la vía legal le saldrá más caro cumplir con sus responsabilidades”.
Respecto del argumento del director de Peña Colorada en el sentido de que no se realiza extracción de hierro en las tierras rentadas al ejido, Hermenegildo García manifiesta que dentro del predio de 401 hectáreas “se encuentra exactamente el pozo donde están extrayendo la pulpa, ahí entra el amparo; toda la molienda y el pozo de extracción está dentro del plano definitivo del ejido Ayotitlán; no estamos invadiendo, es nuestro territorio”.
No obstante, durante más de 30 años “han estado pisoteando nuestros derechos la empresa y ambos gobiernos, uno porque no actúa en defensa del territorio y el otro porque quiere invadir, pero esta situación ya se notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Puntualiza: “Después de la libertad de nuestros compañeros se hará lo correspondiente legalmente: continuar insistiendo en el pago, que se haga lo que tenga que hacerse pero jurídica y legalmente, la instancia que lo tiene que hacer es la Federación, para que de una vez termine este juego que se ha llevado a cabo desde hace años, porque debemos vivir pacíficamente como lo que somos: seres humanos”. l
