El combate a la desigualdad y la pobreza se ha convertido en un tema central del debate sobre economía y política en el mundo, así como en uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En ello coinciden el Foro Económico Mundial, el informe Iguales/Acabemos con la desigualdad extrema/Es hora de cambiar las reglas (Oxfam, 2014), el estudio de la OCDE Todos juntos/¿Por qué reducir la desigualdad nos beneficia? (2015), lo mismo que el influyente libro de Thomas Piketty El capital en el siglo XXI (2013), entre muchas otras publicaciones.
La investigación de Gerardo Esquivel Desigualdad extrema en México/Concentración del poder económico y político, publicado hace dos semanas por Oxfam México, representa un valioso aporte a la ineludible discusión sobre la creciente disparidad en los ingresos y la calidad de vida de los mexicanos. A nadie puede dejar indiferente la dimensión que ha alcanzado ese grave problema en los ámbitos económico, político, social y humano.
En México, el 1% más rico concentra 21% de los ingresos totales del país, y el 10% más favorecido acumula 64.4% de la riqueza nacional. Esta disparidad va en aumento: Mientras el PIB per cápita crece a menos de 1% anual, la fortuna de los 16 hombres más opulentos de México casi se ha sextuplicado entre 1996 y 2014, al pasar de 25 mil 600 millones de dólares a 142 mil 900.
El crecimiento de los cuatro personajes más acaudalados del territorio mexicano (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) es aún más asombroso. En 2002 la suma de sus fortunas representaba 2% del PIB; en 2014 el porcentaje aumentó a 9%. Sólo la del ingeniero Slim (77.7 mil millones de dólares, de acuerdo con la lista de Forbes 2015) equivale a 6% del PIB, y la de los otros tres empresarios, a 3%; es decir, el capital del segundo hombre más rico del mundo rebasa el doble de la riqueza sumada del mencionado trío.
Esas cifras contrastan con los 53.3 millones de mexicanos que viven en la pobreza, 11.5 millones de ellos en pobreza extrema. Más de 23 millones de personas no pueden adquirir una canasta alimentaria básica. Sólo 20% de la población, 23.2 millones, no son pobres ni vulnerables; el resto enfrenta alguna carencia social o tiene problemas de ingreso. (Coneval, 2013.) México pertenece al 25% de los países con mayor desigualdad en el mundo.
Como lo indica el título del estudio de Esquivel, la desigualdad extrema en la República está vinculada con la concentración del poder económico y político. La fortuna de los cuatro megabillonarios nacionales proviene de sectores privatizados, concesionados y/o regulados por el Estado.
A partir del proceso de privatización de Telmex en 1990, el consorcio ganador contó con un escenario privilegiado (escasa competencia, débil regulación, control de la red nacional de telefonía) para consolidarse como el gigante de las telecomunicaciones. En el caso de las concesiones otorgadas por el gobierno para la explotación de las minas, Larrea y Bailleres se vieron beneficiados por la exención fiscal. Hasta 2013, México fue uno de los pocos países que no cobró impuestos o regalías por la producción a boca de mina, lo cual propició una extracción acelerada para lucro de los concesionarios. La hipótesis de Esquivel es que las élites empresariales han capturado políticamente al Estado mexicano en defensa de sus intereses particulares a costa del interés nacional.
Si se compara la desigualdad extrema de México, sintetizada en el estudio publicado por Oxfam, con el capítulo I de la Constitución, consagrado a los derechos humanos y sus garantías, comprobaremos que México es un país de leyes y propósitos incumplidos. La prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana expresada en el artículo primero contrasta penosamente con la situación de marginación, pobreza y discriminación en la que viven más de 17.28 millones de personas en los seis estados más pobres del país: Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. (Coneval, 2013). La población indígena es la que sufre una mayor exclusión discriminatoria: tres de cada cuatro son pobres, y 38% sufre pobreza extrema. Mientras que los trabajadores del sector agrícola reciben un ingreso mensual promedio de mil 961 pesos, los miembros de las etnias originarias alcanzan menos de la mitad: 886 pesos al mes.
La desigualdad de género también tiene visos discriminatorios. La participación laboral de las mujeres es de 48% frente a 83% de los varones, y la brecha salarial entre hombres y mujeres, de 26%.
En el artículo tercero de la Constitución, el Estado se compromete a garantizar la calidad y equidad de la educación como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social, así como para desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, lo que obviamente no se cumple. El Estado tampoco ha sido capaz de garantizar –como lo estipula el artículo cuarto– una alimentación nutritiva suficiente y de calidad ni protección de salud adecuada ni vivienda digna ni acceso a agua potable a los millones de pobladores que viven en pobreza o miseria.
El artículo 25 constitucional –en el cual asume el Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral, sustentable y fomente el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de la riqueza, la cual permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, así como la equidad social– está muy lejos de haberse cumplido a cabalidad. La prohibición de las prácticas monopólicas y de las exenciones de impuestos contenida en el artículo 28 tampoco ha sido acatada.
Ante este panorama, Gerardo Esquivel propone un gran pacto nacional por la igualdad en el que la ciudadanía participe en la construcción de un Estado eficaz, sustentado en cinco recomendaciones: 1. Creación de un auténtico Estado Social, que trascienda el Estado del Bienestar, así como las políticas asistencialistas, y que garantice los derechos a la alimentación, educación y salud (como lo mandata la Constitución). 2. Establecimiento de una política fiscal más progresiva con tasas más altas del ISR para los de mayores ingresos, gravando las ganancias de capital, dividendos e intereses, además de la aplicación de impuestos a las herencias y al patrimonio global. 3. Realización de un gasto mejor focalizado a educación, salud e infraestructura de beneficio social y efecto redistributivo. 4. Diseño de una política salarial y laboral que recupere la capacidad de compra del salario mínimo y fortalezca el mercado interno. 5. Práctica de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos para prevenir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
Se puede coincidir o no con las recomendaciones de Esquivel para resolver la desigualdad extrema en México; lo que no puede hacerse es eludir la discusión acerca de este problema mayúsculo que, más allá de la desventura humana de la pobreza y la fractura social que implica, puede tener graves consecuencias en materia de seguridad, estabilidad y democracia. Adicionalmente, se ha demostrado que la desigualdad extrema constituye un freno para el crecimiento económico. Por todo ello, el combate a la inequidad social debe estar en el centro del debate político nacional.
