Todo indica que China está vendiendo acero a precios más baratos incluso que lo que cuesta producirlo. Alrededor de 50 países han tomado medidas para hacer frente a esta situación, que amenaza con desmantelar sus plantas productivas y dejar sin empleo a millones de personas. México es la excepción respecto de estas medidas, toda vez que, siguiendo los mandamientos neoliberales, el gobierno de Enrique Peña Nieto se rehúsa a imponer aranceles y otras estrategias que protejan a un sector que da trabajo a medio millón de mexicanos.
Dos meses después de que los industriales acereros anunciaran que estaban en crisis –por lo que tendrían que cancelar inversiones, cerrar plantas e iniciar despidos masivos–, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, recibió a los agremiados de la Cámara Nacional del Acero (Canacero), quienes exigieron acciones inmediatas contra la “competencia desleal”.
Acusaron que el acero chino provocó un quebranto de escala mundial en el sector… pero la diferencia es que otros países lanzaron programas de emergencia para proteger sus industrias y México no.
La cita fue el 9 de junio, una semana después de que Altos Hornos de México (AHMSA) y De Acero, las únicas dos siderúrgicas que quedan en manos de mexicanos, anunciaran el despido de 4 mil 500 personas (700 de confianza) de la primera empresa, y de 2 mil 500 de la segunda (25% de la planta laboral) que, para entonces, había parado totalmente la operación de una de sus plantas principales, ubicada en Coahuila.
A esto se suma el temor fundado de que vengan más recortes en otras empresas y zonas del país, ante la pasividad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde 2008, la industria global del acero enfrenta una serie de problemas que se agudizaron a partir de 2013. El mayor es el precio del metal chino, que llega a venderse más barato que el costo de producción.
Ni siquiera en plena crisis los acereros mexicanos obtuvieron del gobierno alguna medida de protección y, por el contrario, fueron los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto los que abonaron al desastre: primero con sus eliminaciones arancelarias y luego con las recientes reformas energética y hacendaria.
No sólo los acereros mexicanos estaban sufriendo, también los extranjeros que hacen negocios en el país. Arcelor Mittal, el gigante anglo-indio propietario de Sicartsa, la siderúrgica ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, anunció cierres parciales desde febrero, para entrar poco después en un paro técnico que, para el día del encuentro con Guajardo Villarreal, no se había levantado.
En la sala de juntas de su despacho, Guajardo recibió, alrededor de la 1:00 de la tarde, a Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA, y a Jorge Guzmán, director de Arcelor Mittal en México, por las dos acereras más grandes del país.
También asistieron el director de De Acero, Luis Osorio; de Tubacero, Joseph Woldenberg, y de Ternium, Régulo Salinas. Al frente del grupo iba el presidente de la Canacero, Guillermo Vogel –quien preside el Grupo Collado– y Salvador Quesada Salinas, director general de esa cámara.
Durante el encuentro –narrado a Proceso por tres de los asistentes– los industriales intentaron profundizar en la explicación de los problemas, pero sólo tuvieron una hora para describir el panorama ante Guajardo; el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza Garza, y Sylvia Marcela Robles Romo, una funcionaria de tercer nivel del Servicio de Administración Tributaria, relacionada con asuntos legales del exterior.
Guajardo concluyó la junta sin anunciar medidas para enfrentar la emergencia. Sólo dijo que estudiarían posibles reformas legislativas y convocó a los empresarios a reunirse en 12 semanas para tener tiempo de analizar sus demandas.
“Pero, secretario, en 12 semanas ya no estaremos”, replicó Alonso Ancira, el último magnate mexicano del acero. Entonces, Guajardo aceptó reprogramar la siguiente junta para dentro de un mes.
Entre las propuestas que llevó la Canacero destacaban la de instaurar un arancel temporal a la importación acerera, eliminar el esquema de “importaciones temporales” que la maquila ha empleado para comprar metal barato y activar un mecanismo, relativamente sencillo, para investigar en menor tiempo el abaratamiento del acero chino.
En cuanto a esto último, Guajardo expuso que la dependencia acaba de resolver 14 indagatorias. Fue entonces cuando los industriales se terminaron de convencer de la indiferencia gubernamental y la ignorancia de los funcionarios del sector: En efecto, esos casos se resolvieron, pero el comercio desleal sobre el que versaban databa de 2011. Y en el mismo periodo, Estados Unidos y Canadá resolvieron más de 100 casos cada cual, por ejemplo.
La ignorancia fue a más. El subsecretario Rogelio Garza Garza declaró días después en una entrevista que México producía cada año 70 millones de toneladas de acero, luego se retractó y dijo que producía 70 mil millones y que a nivel global hay una “sobrecapacidad” de acero de entre 250 mil millones y 300 mil millones de toneladas.
El absurdo fue evidenciado por el columnista de El Universal Alberto Barranco el 15 de junio: En realidad, México produce 20 millones de toneladas al año, y China, 800 millones de toneladas, pero sólo emplea la mitad en su mercado interno, por lo que el resto se comercializa internacionalmente. Fue por esa sobreoferta que la industria mundial entró en crisis.
Apertura a la mexicana
Un término anglosajón se ha vuelto común entre los industriales acereros, pero no en el gobierno mexicano: dumping, vocablo que designa la competencia desleal, por ejemplo, al vender en el extranjero un producto a un precio menor del que tiene en el país de origen o, inclusive, cuando el precio es inferior al costo de producción.
Esto está pasando. A principios de mayo, durante la reunión del Comité del Acero de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Risaburo Nezu, quien preside dicho comité, expuso en la declaración final que se trataba de un desafío estructural que debía abordarse con urgencia.
En ese sentido, el pasado 16 de junio, ocho asociaciones de la industria siderúrgica de Estados Unidos, Canadá, México, América Latina y Europa emitieron un comunicado conjunto en el que llamaban a emprender acciones inmediatas y efectivas:
“Reafirmamos nuestro llamado a cada gobierno nacional a enfocarse en este tema en su país y realizar todos los esfuerzos necesarios en su diplomacia comercial y en sus regulaciones.”
Los precios que generaron la crisis son reveladores de dumping: Por ejemplo, la segunda semana de junio, el planchón de acero, que es la materia prima para los procesos de laminación, se ofertó entre 290 y 300 dólares por tonelada, mientras que el precio de la chatarra –que es la materia prima para fabricar el planchón– cuesta alrededor de 280 dólares la tonelada: casi una paridad inexplicable.
El bajo precio no conlleva ventaja alguna para el consumidor. Es decir, aun cuando el insumo sea barato, los automóviles, electrodomésticos o materiales para construcción siguen costando lo mismo, así que la ganancia es para los importadores e intermediarios.
Así, desde mediados de 2014 Estados Unidos instauró aranceles a diferentes productos de acero, y en los meses siguientes lo hicieron Brasil, Argentina y Colombia, imponiendo también impuestos, salvaguardas y otros mecanismos para evitar que entrara acero chino tan barato que destrozara su industria.
El gobierno mexicano, por el contrario, se ha empecinado en mantener un arancel cero desde el 9 de febrero de 2010, cuando el entonces presidente, Felipe Calderón, emitió un decreto mediante el cual quitó el arancel. Desde entonces, la Canacero y otros organismos vislumbraron lo que se avecinaba, e inclusive el Sindicato Nacional de la Industria Metal-Mecánica (SNIMM) consiguió una suspensión provisional en 2012, cuando esa eliminación tributaria estaba por entrar en vigor. Sin embargo, el amparo se sobreseyó en 2013, combatido por el gobierno peñanietista.
“Nosotros vislumbrábamos lo que está ocurriendo. Desde 2013, los contratos colectivos no mejoraron y ya enfrentamos la pérdida de empleos. Ya no es amenaza, es la realidad de casi 7 mil empleos perdidos en los últimos meses por la falta de arancel y medidas para frenar las diferentes prácticas de competencia desleal”, afirma el dirigente del SNIMM, Tereso Medina Ramírez.
Su preocupación va a más. Según apunta, el medio millón de empleos directos del sector se hallan en riesgo. De ésos, 35 mil están en Coahuila, donde los despidos ya alcanzaron a 10% de la planta.
“No pedimos que les cierren la cortina a los productos chinos, sino que se haga igual que hacen 50 países, que tienen acuerdos comerciales regulados con aranceles de 2 a 7%. Pedimos piso parejo”, agrega.
No sólo la representación laboral tiene esa perspectiva. En entrevista, el director de Relaciones Institucionales y Comercio Internacional de De Acero, Juan Antonio Reboulen, abunda:
“Un sector del gobierno que maneja la política económica desde hace dos décadas asume como dogma la apertura comercial y profesa que el proteccionismo es indeseable. Si protestas y rechazas el modelo, es que no eres competitivo. A veces se llega a creer que se trata de desaparecer la industria nacional para convertirnos en importadores.”
La consideración del ejecutivo coincide con la de su homólogo de AHMSA, Francisco Orduña Mangiola, que resume en una palabra el proceso: desindustrialización.
En realidad, la Organización Mundial de Comercio (OMC) considera la imposición de aranceles como una medida válida contra el dumping y otras competencias desleales.
Alcanzados por la apertura
AHMSA y Sicartsa fueron alguna vez empresas paraestatales. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron en condiciones polémicas, bajo el argumento de que no eran rentables y estarían mejor administradas por el sector privado. Ahora es el gobierno el que parece intentar extinguirlas.
“Durante años vimos cómo desaparecían en procesos similares las industrias nacionales del juguete, textil, calzado, cerámica, entre otras. Sólo lo vimos pasar y nadie hizo nada para protegerlas. Hasta ahora, nos está pasando a nosotros, lo entiendo. Pareciera que se trata de un plan para convertirnos sólo en importadores, introductores, comercializadores, pero no productores”, dice Juan Antonio Reboulen.
Francisco Orduña pone un ejemplo de lo que ocurre con la apertura procurada por el Estado mexicano: luego de cinco años de operación, Agronitrogenados, subsidiaria del corporativo de AHMSA, que producía fertilizantes, cerró en 1999 por no poder competir con los bajos precios internacionales. Un día después del cierre, los precios de los fertilizantes importados se dispararon.
“El problema es grave. Si esta tendencia continúa y el acero chino domina el mercado, podrán fijar el precio y dispararlo, ya que no haya competencia. Entonces el país enfrentaría un problema de Estado”, agrega Orduña.
En otras palabras, los dos ejecutivos advierten que se trata de abaratar la oferta, eliminar la competencia nacional y apoderarse del mercado. Y todo con la ayuda del gobierno mexicano.
Las dimensiones de la crisis actual son cuantificables: en el primer cuatrimestre del año la producción siderúrgica en México disminuyó 6.6% en relación con el año anterior, mientras que las importaciones crecieron 15.2%.
La Canacero protesta porque una parte de esas importaciones ocurre en condiciones desleales, vía las “importaciones temporales”. Esas importaciones, características de la maquila, son de materiales que ingresan, se les agrega valor y son reexportados… pero finalmente se comercian en México sin pagar derechos ni impuestos.
De acuerdo con la Canacero, el Servicio de Administración Tributaria ha solapado la importación, por ejemplo, de tubería, que es un producto terminado al que no se le suma valor.
Otra práctica documentada es la de forjar aleaciones para eludir las medidas antidumping. Al agregarle boro al acero, por ejemplo, las aduanas permiten el ingreso del metal chino en la categoría de “aceros aleados”. Esa práctica ocurre en 40% del acero chino.
El caso es que en México ni siquiera las normas antidumping funcionan. Orduña señala que, en Estados Unidos y Canadá, una vez denunciado el dumping, las autoridades imponen fianzas al producto y hacen que la carga de la prueba recaiga sobre el denunciado. En contraparte, en México no hay fianzas, las investigaciones son lentas, las resoluciones no tienen efecto retroactivo y la carga de la prueba recae sobre el denunciante.
En síntesis: durante los años que pasan para determinar la validez de la denuncia, el exportador sigue comercializando sus productos.
Aún más. Como parte de los compromisos asumidos por México, una siderúrgica mexicana debe cumplir al menos 17 normas ambientales, 38 laborales y cuatro sanitarias en la materia, y debe pagar un impuesto al carbón creado en la reforma hacendaria de 2013 y medidas para proteger el agua, sin incentivos por uso eficiente.
La cuestión es que en China las acereras operan sin regulaciones. Según cálculos de la OCDE, la industria siderúrgica mexicana produce cada tonelada de acero líquido con 40.8% menos emisiones de bióxido de carbono que la china.
