A sumida la negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como único medio para suspender la evaluación docente, los medios publicaron una y otra vez las presuntas tropelías de la disidencia magisterial.
Desde el 30 de mayo, instalado el tema como agenda de gobierno, no hubo un día sin que el tema resaltara en las primeras planas.
Francisco Bravo, quien hasta hace unos meses fue secretario general de la Sección 9 de la CNTE en el Distrito Federal y miembro de la comisión negociadora de su gremio con la Segob, entiende como una “guerra” el embate que, a su entender, desataron el gobierno federal y los “poderes fácticos” contra la disidencia magisterial, para “enfrentarlos” con la sociedad y “justificar” una eventual represión.
Entrevistado por Proceso, el profesor dice: “Hubo negociaciones pero ningún acuerdo con la Segob. Todos ubican a la Coordinadora en el centro del problema. No fue así y nunca creímos en la suspensión de la evaluación. Era previsible que fuera una maniobra, un engaño más del gobierno federal”.
En el recuento, sabe que la idea de que ellos estuvieron detrás de la medida ha tenido “altísimos” costos para el gobierno, pero “también” para la CNTE.
Explica: “Ellos han buscado diferentes formas de irnos eliminando: la represión en varios estados, las amenazas, los encarcelados… Pero no han podido y la reforma (educativa) no ha avanzado. Pero el asunto del dinero es otra arma del gobierno. Al mismo tiempo de que tratan de desprestigiarnos, fabrican un escenario acotado. La capacidad de reacción disminuye si te tienen acotado económicamente y socialmente arrinconado. Hacen las dos cosas: te quito pero al mismo tiempo creo condiciones para que no puedas reaccionar, para que no te puedas mover. A los profes les puede que las personas les tengan odio”.
Continúa: “En la reforma educativa se juega un montonal de lana y que tiene ver particularmente con las aspiraciones de Mexicanos Primero. Sabemos que ellos ofrecen cursos de preparación por entre 6 mil y 10 mil pesos. Saben que ahí hay un mercado cautivo. Ponte a pensar la cantidad de maestros que pueden ir a hacer esos exámenes, si de ahí van a depender tu trabajo y tus percepciones económicas”.
Nada más por el programa de estímulos, si el Programa de Carrera Magisterial repartía 51 mil millones de pesos indistintamente a los maestros, tomando la proporción oficial de 15 maestros del SNTE por cada integrante de la disidencia, a los segundos les tocarían un promedio superior a los 3 mil millones de pesos por ese concepto.
Pero Bravo asegura que la disidencia es mucho mayor. Señala que sólo en Oaxaca son 81 mil profesores de la CNTE. Suma 60 mil de Chiapas (sección que ganó la Coordinadora al Sindicato en 2013), otros 60 mil de Michoacán, “por lo menos” 35 mil de Guerrero y 20 mil en la capital del país. La propia Segob ha reconocido la presencia de la CNTE en 22 estados.
“Hemos crecido por lo menos cuatro veces desde la promulgación de la reforma educativa. Con la maestra Gordillo el SNTE se declaró en ‘resistencia’ contra la reforma y, tan pronto la encarcelaron, Juan Díaz, que era su empleado, de repente cambió el discurso y se alinearon. Pero las bases del sindicato no están contentas. Siguen los escándalos de corrupción y ven que sólo nosotros (la CNTE) damos la batalla contra la reforma.
“Por eso el gobierno quiere ayudar a Juan Díaz. El SNTE se está resquebrajando y no quieren que más profesores se unan a nosotros.”
Sobre el programa de Carrera Magisterial, explica: “Ahí la corrupción fue terrible. Se vendían los exámenes y ¿quiénes los tenían?: Ellos (SNTE). Esa era la forma de alentar beneficios para ellos. Yo mostré muchas veces los exámenes que circulaban antes de su aplicación”.
En cuanto a los incentivos de ese programa detalla que quien conseguía el puntaje estipulado recibía un cheque “jugoso” de lo acumulado por cada quincena de un año.
Bravo afirma que no está familiarizado con el programa que establece las nuevas reglas para pagar los estímulos. La CNTE, dice, se concentra en mantener el empleo, amenazado por el mismo examen de desempeño y permanencia del que se desprenden los sobresueldos y que está programado para noviembre.
“Siempre dijimos que esta es una reforma administrativa, no educativa. La suspensión (de las evaluaciones) demostró que sólo ha sido un arma política para defender los intereses del gobierno.”
El viernes 26, al tiempo que concluía la entrevista con Bravo, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, declaraba: “El gobierno debe estar al lado de los cientos de miles de maestros que están empujando la reforma, que continúan preparándose para seguir en las aulas. Con ellos debemos estar los dirigentes, el gobierno, la sociedad, los empresarios”.
Juan Díaz de la Torre canceló de última hora una entrevista programada con este semanario.
