Por cada premio económico que se entrega a los atletas que triunfan en el país, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo retiene 7%. La ley indica que este dinero debería irse a un fideicomiso, pero es tiempo que no se sabe si ese fondo existe, y por lo tanto se desconoce el destino de esos recursos. El presidente del organismo, Antonio Lozano, ha hecho todo lo posible por silenciar las exigencias de transparencia, y la Conade “ha renunciado” a su capacidad de exigir cuentas claras.
La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) llame al orden al presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano Pineda, quien no deposita en un fideicomiso –como indican los estatutos– los porcentajes de los premios económicos que le retiene a los atletas mexicanos y extranjeros que compiten en territorio nacional.
Una atleta mexicana presentó una apelación ante la CAAD para que Pineda demuestre la existencia del mencionado fideicomiso. El presidente de la FMAA se rehusó a hacerlo.
Cuando el órgano de arbitraje deportivo pidió a la Conade que interviniera, la jefa del Departamento de Asuntos Judiciales de la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos (CNyAJ) de la dependencia, Tania Patricia Cházaro Pratz, alegó que no le corresponde, en virtud de que no se trata de recursos públicos, sino privados.
Por lo anterior, en mayo pasado, la CAAD solicitó a la Conade que “reconsidere” esa posición, toda vez que sí “es su obligación supervisar que las asociaciones (deportivas) nacionales cumplan con los estatutos y demás reglamentos deportivos, apercibido que de no hacerlo así, se acordará lo que legal, reglamentaria y estatutariamente sea conducente”.
La resolución del máximo órgano de justicia deportiva de México representa la mayor oportunidad para que el nuevo director de la Conade, Alfredo Castillo, sancione a Lozano por no dar cuenta de los recursos que recauda a expensas de los deportistas.
Desde que asumió el cargo, Castillo ha declarado en repetidas ocasiones que terminará con los abusos de los presidentes de federaciones. Dijo que auditará a las agrupaciones deportivas, criticó la cantidad de recursos que reciben para operar y, en privado, a sus colaboradores y a algunos deportistas les dijo que piensa meter a la cárcel a quienes operen en la ilegalidad.
Sin embargo, en la práctica las acciones de la Conade se contraponen a las declaraciones que Castillo ofrece a los medios de comunicación.
La historia
El 11 de diciembre de 2013, la atleta Blanca Rosa López Malvez, en su calidad de afiliada a la Asociación de Atletismo del Estado de Jalisco (AAEJ), presentó una apelación ante la CAAD para impugnar el hecho de que la FMAA le retuvo 7% del premio económico que obtuvo por participar en el XVI Medio Maratón Internacional Mundo Cuervo, el 17 de noviembre de ese año.
La empresa organizadora de la carrera, Tequila Espíritu de México, S.A. de C.V., le retuvo 227 pesos a favor de la FMAA. La inconforme manifestó que ese porcentaje de retención se realiza “en cualquier evento de atletismo avalado por la FMAA”.
En el escrito, la atleta argumentó que se violan en su perjuicio “los artículos 14 y 16 de las garantías individuales de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se me está engañando al retenerme un porcentaje de 7% de los premios en efectivo que gano en las carreras atlético deportivas, haciéndoseme creer que dichos porcentajes son depositados en un fideicomiso inexistente”.
Asimismo, denunció que se viola el Reglamento del Estatuto de la FMAA, la Ley General de Cultura Física y Deporte y su Reglamento. Así, señaló que se comete “1) el ilícito de no contar con el fideicomiso que señala el capítulo V, artículo 45, fracción X, incisos a) y b) del Reglamento del Estatuto para depositar los porcentajes en efectivo de las premiaciones que le retienen a los atletas, mexicanos y extranjeros que compiten en México.
“2) El ilícito de no depositar en el fideicomiso los porcentajes de 7% de los premios en efectivo que se me descuentan de los premios por las carreras de ruta en las que participo y 3) el ilícito de que la FMAA no informa a las autoridades deportivas nacionales sobre el mencionado fideicomiso para su supervisión.”
El capítulo V del Reglamento del Esatuto se refiere al calendario de eventos, a los campeonatos nacionales y los avales para competencias oficiales que otorga la FMAA.
El artículo 45 tiene que ver con la expedición del aval de la FMAA para realizar competencias en estadio abierto, bajo techo, en carreteras, calles o a campo traviesa.
En tanto, la fracción X establece que “la FMAA, o en su caso, la Asociación correspondiente, recibirá de los organizadores del evento una cuota de cooperación en la siguiente forma: a) 48 horas antes de la iniciación (sic) del evento, la cantidad equivalente a 7% del valor total de los premios que se entregarán a los atletas nacionales, y 14% del valor total de los premios que se entregarán a los atletas extranjeros, siempre y cuando acrediten su participación con carta credencial de su federación de origen que autorice su competición. b) Estas cantidades se incorporarán al fideicomiso de la federación con la supervisión de las autoridades deportivas nacionales”.
El 16 de diciembre de 2013, la CAAD admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por López e informó a Lozano que, una vez notificado, contaría con cinco días hábiles para contestar por escrito y exhibiera pruebas en su defensa, “apercibido que de no hacerlo así se tendrán por presuntamente ciertos los hechos y omisiones que expresa el apelante”.
Alrededor de ocho meses, Lozano echó mano de artilugios para no dar respuesta al planteamiento de la CAAD, entre ellos, que este órgano de justicia no es competente para pedirle que documente la existencia del fideicomiso ni evidencias de que ahí deposita los porcentajes que le retiene a los atletas. También arguyó que López no tiene legitimidad para apelar.
Incluso promovió un juicio de amparo directo (1868/2014-III), con el cual sólo logró que el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, José Eduardo Alvarado Ramírez, “lo amparara” para que la CAAD resolviera a la brevedad el caso registrado con el expediente CAAD-RA-47/2013, puesto que ya se había demorado en dar a conocer una resolución definitiva.
De tal suerte que, el 22 de septiembre de 2014, una vez más, la CAAD requirió a Lozano para que demostrara lo exigido. Lo único que el federativo presentó en su defensa fue un documento que reza, en lo sustantivo: “Ni yo, en lo personal, ni la FMAA, asociación civil, hemos infringido disposición legal alguna, estatutaria o reglamentaria”.
El 23 de octubre de 2014 la CAAD declaró por perdido el plazo de la FMAA y de Lozano para exhibir los documentos que comprobaran la existencia del fideicomiso.
Que sí, que no
El 13 de noviembre de 2014 se realizó la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, en la que compareció la parte apelante (López Malvaez), pero no la parte apelada “ni persona que legalmente la representara”.
Por lo anterior, el 26 de enero de 2015, el Pleno de la CAAD declaró “fundado, operante y suficiente” el agravio denunciado, “motivo por el cual se ordena dar vista a la Conade para que en el ámbito de sus funciones proceda a verificar el cumplimiento de los Estatutos de la FMAA, en especial el referente al fideicomiso, para evitar la incertidumbre”.
El 24 de marzo pasado, la Conade respondió en el oficio CNyAJ/274/2015 que, aunque la dependencia cuenta con la atribución para supervisar que las asociaciones deportivas nacionales (federaciones) realicen sus actividades conforme a sus ordenamientos, se precisa que esa potestad se constriñe, conforme al artículo 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a las funciones que como colaboradoras de la Administración Pública Federal le son delegadas, para lo cual puede llevar a cabo acciones de fiscalización, evaluación y vigilancia de los recursos públicos.
“En ese entendido, y en relación directa con lo señalado en el numeral 54, inciso g), de la Ley en comento, la Conade no tiene atribuciones para llevar a cabo atribuciones de vigilancia de los recursos privados, pertenecientes a las colaboradoras de la Administración Pública Federal ni tampoco facultades para participar o influir en la vida privada de una Asociación Civil, por lo tanto, no tiene facultad alguna para resolver lo relacionado a fideicomisos de las asociaciones al no estar involucrados recursos públicos en los mismos; reiterando, en consecuencia, que al actuar de este Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal (Conade) se encuentra sujeto únicamente a las facultades que le confiere la ley”, se lee en el documento que firma Tania Patricia Cházaro Pratz.
De lo anterior se desprende que como las federaciones son asociaciones civiles con personalidad jurídica, patrimonio propio, independiente, autónomo que tiene su propia autodeterminación, entonces la máxima dependencia del gobierno federal en materia de deporte no puede intervenir cuando algún presidente de federación abuse de los deportistas mexicanos, se enriquezca, sancione o tome decisiones que los afecten a ellos y al deporte nacional.
Después de haber conocido la respuesta de la Conade, López Malvaez se inconformó ante la CAAD y manifestó que esa decisión “me deja en un estado total de indefensión, ya que la falta de un pronunciamiento serio de dicha Comisión conlleva que la FMAA siga reteniendo el 7% y con ello no se conozca en realidad el destino de ese dinero”.
El 18 de mayo pasado, tras haber analizado el oficio enviado por Conade, la CAAD determinó que esa dependencia sí “tiene la facultad de supervisar, verificar y asegurar que las asociaciones deportivas nacionales y organismos afines realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás ordenamientos aplicables, lo anterior en términos de los dispuesto por el artículo 30, fracciones 17 y 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte”.
Por lo anterior, la CAAD determinó pedir a la Conade que “reconsidere lo solicitado por este órgano colegiado”.
“Este Pleno advierte que la Conade está haciendo manfiestaciones en relación a la autonomía de las asociaciones deportivas nacionales y no toma en cuenta lo que establecen los artículos antes referidos de la Ley General de Cultura Física y Deporte”.
A nombre de la Conade, Cházaro Prats dio esa respuesta a la CAAD, prácticamente un mes después de que Alfredo Castillo asumiera la dirección de la dependendia deportiva. Contestó así después de que el excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán anunciara que detectaría las irregularidades que cometen los presidentes de las federaciones para corregirlas en beneficio de los deportistas mexicanos, quienes son “prioridad del Estado”.
Castillo informó, por ejemplo, que auditaría a las federaciones de remo y tiro con arco, pero hasta hoy no se conocen los resultados de dichos análisis. También se quejó de que 96% del dinero público que se destina al deporte de alto rendimiento se va en subsidios para que las federaciones se encarguen de la preparación de los atletas mexicanos y organicen eventos deportivos nacionales e internacionales en territorio mexicano.
El 31 de mayo, además, declaró que ya detectó que en la realización de esos certámenes, las federaciones le cobran a la iniciativa privada y también hacen que Conade pague por el mismo encuentro.
“Por poner un ejemplo, cuando trajeron la Copa Davis aquí a Yucatán, el sector privado tuvo que pagar una fuerte cantidad y, posteriormente, la federación le pidió a la Conade que pagara absolutamente todo. Termina siendo un negocio de la federación. Eso no volverá a pasar”, advirtió.
Asimismo, el pasado 4 de junio, durante una gira por Culiacán, le dijo a la prensa local que varias federaciones tendrían problemas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con la Secretaría de Hacienda por ingresos que no han declarado, lo cual, además, constituye un delito que debe ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR).
“No quisiera alertar a ninguna federación, pero lo que sí les puedo decir es que vamos a disminuir drásticamente los subsidios que se dan y hoy por hoy vamos a contabilizar cada peso que se pida para viajes, campamentos y cualquier otra actividad”, abundó.
En diciembre de 2012, Proceso publicó que, desde que se convirtió en la máxima autoridad del atletismo nacional, Lozano jamás ha enseñado a sus afiliados los estados financieros de la federación y que tampoco entrega cuentas del dinero que entra y sale de ese fideicomiso, suponiendo que de verdad exista.
La reportera preguntó al entonces responsable jurídico de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Gerardo Millán, y al subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Alejandro Cárdenas, sobre el fideicomiso, pero ambos dijeron desconocer su existencia, así como el destino del dinero retenido (Proceso 1887). Es decir, la autoridad deportiva tampoco ha cumplido con su obligación de vigilar el manejo de ese dinero que sale de los bolsillos de los deportistas.
