Durante más de un siglo las autoridades canadienses obligaron a cerca de 150 mil niños y jóvenes indígenas a vivir en internados donde abundaban los actos discriminatorios, los castigos físicos y los abusos sexuales. Estos centros –financiados por el gobierno federal y administrados por congregaciones religiosas– fueron la máxima expresión de una política no oficial pero igualmente persistente: el exterminio cultural de los grupos autóctonos. Una comisión especial publicó el pasado 2 de junio su informe final sobre uno de los episodios más tétricos de la historia canadiense.
MONTREAL, CANADÁ.- Canadá cometió “genocidio cultural” en contra de los pueblos autóctonos que pueblan su territorio, pues “destruyó o se apropió de todo aquello que permite a un grupo existir: sus instituciones, su tierra, su lengua, su cultura y su vida espiritual”.
La expresión más clara de ello ocurrió en 139 internados que funcionaron de 1876 a 1996 y en los cuales se cometieron abusos en contra de 150 mil infantes y adolescentes de entre 6 y 16 años de edad pertenecientes a dichos grupos autóctonos.
Tales señalamientos aparecen en un informe presentado el martes 2 en Ottawa por la Comisión de Verdad y Reconciliación encargada de investigar los atropellos contra indígenas del país que fueron obligados a vivir en esos internados.
Con la adopción en 1876 del Acta India, el gobierno canadiense estipuló, entre otros puntos, que los niños de las comunidades indígenas pasaran a la tutela del Estado. Para ello construyó una red de internados en todo el país con el fin de asimilarlos por la fuerza a la vida moderna, eliminando la influencia de los padres y de los pueblos de origen en su desarrollo cultural, intelectual y espiritual.
El dinero provenía del gobierno federal, y la administración de estos centros estaba en manos de diversas congregaciones religiosas, cerca del 75% del total a cargo de la Iglesia católica. De septiembre a junio, los jóvenes debían vivir en estas instituciones, donde se les enseñaba un oficio, educación básica y doctrina cristiana.
Algunos testimonios recogidos en el informe expresan agradecimiento hacia estos centros, pero la mayoría de los exalumnos recuerdan escenas funestas.
“Mis padres lloraron cuando las autoridades vinieron a buscarme”; “nos desnudaban y nos lavaban con cloro”; “los internados estaban muy alejados de nuestras comunidades”, son frases que describen los momentos en que los indígenas llegaban a esas instituciones.
Pero el horror no concluía ahí. Muchos de los antiguos estudiantes hablan de castigos físicos y de abusos sexuales por parte de religiosos, vigilantes y profesores, al igual que de horas interminables de trabajo.
También la Comisión ha documentado cerca de 3 mil 200 muertes por enfermedad o por oscuras razones en estos internados. En varios de los casos, los cuerpos nunca fueron entregados a los deudos.
Historiadores y miembros de la Comisión coinciden en su diagnóstico: las condiciones de vida eran muy deficientes, la enseñanza resultaba sumamente limitada y se aprovechaba la mano de obra de los alumnos para cumplir con trabajos que nada tenían que ver con su capacitación. Y en todo esto destacaba como política general inculcar el menosprecio a sus culturas originarias.
“Me ponían jabón en la boca si hablaba en mi idioma”; “los curas se burlaban de las creencias de mis padres”; “llegué a odiar el haber nacido en mi comunidad”, queda expresado en diversos testimonios recopilados por la Comisión.
Depresión, ansiedad, drogadicción, alcoholismo, suicidios y violencia familiar han sido vinculados con la experiencia en los internados. Las palabras de los antiguos alumnos así lo confirman: “Golpeaba a mis hijos por cualquier pretexto”; “he vivido drogado muchos años”; “aún sueño con el rostro del vigilante que me violó”…
Cerca de 80 mil personas que frecuentaron estos centros siguen con vida.
Romper el silencio
Lo ocurrido en los internados canadienses permaneció oculto durante décadas. A partir de 1980, académicos y periodistas comenzaron a difundir pruebas de la complicada vida en estos centros, pero era necesario que el silencio fuera roto por las propias víctimas.
Un hecho aceleró las cosas: en 1990, Phil Fontaine, en esa época vicepresidente de la Asamblea de las Primeras Naciones de Manitoba –que integra a los grupos autóctonos de esa provincia–, reconoció públicamente que sufrió agresiones sexuales en un internado.
A principios de los noventa diversos colectivos autóctonos comenzaron a solicitar explicaciones al gobierno y a las congregaciones religiosas sobre lo ocurrido; exigieron indemnizaciones económicas, apoyo sicológico y el reconocimiento de todos estos abusos.
Debido al elevado número de demandas judiciales –unas 13 mil– interpuestas por exalumnos de esos internados, el gobierno federal se vio obligado a firmar la Convención relativa a las pensiones autóctonas, para lo cual tuvo que desembolsar mil 900 millones de dólares. En diciembre de 2008, 79 millones de dólares fueron entregados por las autoridades católicas.
Viviane Michel es presidenta de Femmes Autochtones du Québec, el mayor colectivo de mujeres indígenas de la provincia francófona. En entrevista con Proceso desaprueba cómo se gestionaron las indemnizaciones: “El dinero fue entregado con prisa, sin un objetivo concreto. Fueron pagos individuales, en vez de invertir en programas específicos”.
El 11 de junio de 2008, el primer ministro Stephen Harper presentó sus disculpas a los antiguos alumnos de estas instituciones a nombre del gobierno de Canadá. El 29 de abril de 2009, el Papa Benedicto XVI también manifestó su pesar por el comportamiento de algunos sacerdotes.
La construcción de la memoria
El gobierno federal canadiense decretó en junio de 2008 la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, iniciativa para la cual autorizó un presupuesto de 60 millones de dólares. Esta instancia ha tenido como objetivo indagar sobre los abusos cometidos en los internados y sus consecuencias dentro de las comunidades autóctonas, además de fomentar la reconciliación a nivel nacional.
Pero la Comisión enfrentó diversos escollos para esclarecer lo que verdaderamente ocurrió en los internados. Contó originalmente con el juez Harry LaForme como su presidente y con Claudette Dumont-Smith y Jane Brewin Morley como comisionados. Sin embargo, en octubre del mismo año LaForme abandonó sus funciones con el argumento de que la independencia del organismo estaba en riesgo por pugnas políticas.
Dumont-Smith y Brewin Morley renunciaron en enero de 2009 tras manifestar que el éxito de la Comisión podía peligrar por problemas internos. El juez Murray Sinclair fue designado presidente. Wilton Littlechild y Marie Wilson asumieron las funciones de comisionados.
Estos cambios ocasionaron un año de retrasos en los trabajos de la Comisión, lo cual impactó negativamente en su credibilidad. No sorprende por tanto que el 30 de enero de 2014 se haya autorizado un año adicional para las labores del organismo.
Pero los problemas no sólo han tenido que ver con los cargos y el calendario. La Comisión ha expresado que el factor económico también representó una traba para asegurar su adecuado funcionamiento, pues en los últimos meses debió trabajar con recursos muy limitados. Prueba de ello es la dificultad para contactar a los miembros de la Comisión. En una respuesta a Proceso, esta instancia informó que han laborado con poco personal, lo cual impide la comunicación con los medios informativos y con todo canadiense que quiera saber sobre sus tareas.
De igual manera, los aprietos en cuanto al financiamiento y el compromiso con los plazos fijados obligaron a reducir la duración de cada testimonio de las víctimas a un máximo de 10 minutos: demasiados años fueron necesarios para que el silencio fuera derrotado como para contar experiencias tan desgarradoras en menos de 600 segundos.
Otra dificultad tuvo que ver con la consulta de documentos provenientes de instituciones gubernamentales y congregaciones religiosas. Públicamente, la Comisión se quejó en diversos momentos del limitado apoyo y la poca cooperación que recibió para consultar archivos y registros por parte de Ottawa y de los grupos religiosos.
Sin embargo, algunas decisiones judiciales consiguieron que la Comisión pudiera tener acceso a esos documentos. Por ejemplo, en enero de 2013 la Suprema Corte de Ontario ordenó al gobierno federal entregar todo el material solicitado que estuviera resguardado en la Library and Archives Canada (LAC).
La Comisión ha señalado que para que se divulgue con eficacia lo que ocurrió en los internados y el impacto de estos hechos en las víctimas, y con el propósito de que toda la población canadiense esté enterada de las dimensiones de estos eventos, es fundamental el apoyo del gobierno.
Los miembros de los pueblos indígenas –entre ellos hurones, inuits, ojibwas, sarsis, mohawks e innus– representan el 4.3% de la población canadiense. Su esperanza de vida es seis años menor al promedio del país, su tasa de suicidios es una de las más altas del mundo, su cifra de desempleo es del doble de la media nacional, 40% de los niños autóctonos viven en condiciones de pobreza y sólo 35% de la población indígena obtiene un diploma de secundaria. Todos estos números dan cuenta de los grandes rezagos dentro de estas comunidades y no pueden ser comprendidos sin una mirada crítica al pasado.
En febrero de 2012, la Comisión entregó un informe intermedio a las autoridades federales. En el mismo quedaron consignadas las dificultades para tener acceso a diversos archivos, la falta de apoyo sicológico a las víctimas y el desconocimiento de la mayoría de los canadienses acerca de lo ocurrido en los internados.
Luego de casi siete años desde la fecha de su creación y gracias a 6 mil 750 testimonios recopilados, la Comisión hizo público su informe final, donde establece que los internados fueron un instrumento fundamental en el intento de llevar a cabo un genocidio cultural en Canadá. Asimismo, señala que los daños ocasionados por estos centros pueden perpetuarse si el gobierno no modifica sus relaciones con los grupos autóctonos.
En su informe final, la Comisión presentó 94 recomendaciones para paliar el impacto de los internados y para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas. Como punto toral solicita a Ottawa adoptar de lleno la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Canadá votó en contra de la misma en 2007, pero en septiembre de 2010 anunció su aceptación oficial. Sin embargo, no ha dado pasos significativos para implantarla.
En otros aspectos, la Comisión recomienda la puesta en marcha de nuevas estrategias y un mayor financiamiento en educación, salud y justicia para las comunidades autóctonas; la adopción de leyes para la protección de la diversidad lingüística; la asistencia social completa para los niños de estos grupos; la enseñanza obligatoria en todas las secundarias canadienses de cursos sobre las culturas indígenas y respecto a lo ocurrido en los internados. De igual manera, pide al gobierno apoyar cada uno de los programas que favorezcan la atención a las víctimas y a sus respectivas familias; ejemplo de ello es la petición de crear el Consejo Nacional de la Reconciliación.
Los miembros de la Comisión han señalado que muchas de estas recomendaciones forman parte de las reivindicaciones de los grupos indígenas desde hace décadas, y considera que aun cuando el gobierno ha dado poco apoyo a estas comunidades, la publicación del informe final representa una oportunidad única para enmendar errores pasados.
El pasado martes 2 en Ottawa, en el acto de cierre de actividades de la Comisión, Bernard Valcourt, ministro federal de Asuntos Autóctonos, declaró que el gobierno estudiará las recomendaciones y seguirá apoyando todo lo que favorezca la reconciliación nacional. Sus palabras fueron recibidas por el auditorio con una mezcla de frialdad y desconfianza.
Por su parte, el primer ministro Stephen Harper esquivó las preguntas formuladas por la oposición en el Parlamento respecto al informe final de la Comisión; únicamente dijo que el gobierno continuará trabajando para reforzar sus relaciones con los grupos autóctonos.
“El papel de los miembros de la Comisión ha sido muy bueno, aunque dentro de sus límites. El informe final señala puntos de importancia, pero también muestra que el gobierno ha querido pasar rápidamente a otra cosa. No ha existido de su parte la voluntad de poner en marcha todo el conjunto de políticas específicas que se requieren”, afirma Viviane Michel, presidenta de Femmes Autochtones du Québec.
Demasiada discreción
A pesar de los esfuerzos por parte de los integrantes de la Comisión, asociaciones autóctonas, periodistas y académicos han señalado que varios de los objetivos trazados aún no se han cumplido.
La escucha de los testimonios y la construcción de la memoria ya han sido realizadas, pero el tema de la reconciliación es una asignatura pendiente debido a que en el proceso sólo participaron las víctimas.
La creación de la Comisión fue una exigencia de los antiguos alumnos de los internados. Por su parte, el gobierno federal se vio obligado a ceder en las negociaciones para indemnizar a las víctimas.
También, desde el surgimiento de la Comisión quedó estipulado que ninguna persona o institución debía ser obligada a participar. De igual forma, los antiguos alumnos que fueron indemnizados debieron firmar un documento que les impide emprender procesos judiciales contra los victimarios. A todo esto se suma el hecho de que la mayoría de las personas que infligieron castigos y abusos ya fallecieron.
Mylène Jaccoud es profesora de criminología en la Universidad de Montreal. En entrevista con Proceso comenta que los trabajos de la Comisión no han tenido la difusión de la que gozaron ejercicios similares en otras partes del mundo, donde la meta era mostrar un problema nacional y no el de una comunidad específica.
“Parece que el gobierno quería dar la impresión de hacer algo al respecto. Todo ha sido demasiado discreto, como si sólo se tratase de un asunto autóctono”, afirma Jaccoud.
Jaccoud explica que el perdón y la reconciliación son términos demasiado complejos como para evocarlos con facilidad. “Para reconciliarse es necesario reconocer los tipos de violencia y sus consecuencias. Debe existir un diálogo verdadero, algo que no ha ocurrido”, puntualiza.
Diversas asociaciones de exalumnos de los internados afirman que las disculpas y los cheques por parte del gobierno y de las congregaciones religiosas han sido insuficientes. Subrayan que perdonar resulta muy difícil por la manera en que se llevaron a cabo las actividades de la Comisión. Sin embargo, muchas de las personas que declararon en el seno de esta instancia señalan que ha existido una reconciliación entre ellos, sus hijos y cónyuges, quienes vivieron un clima de violencia y desamparo por culpa de las heridas sicológicas.
