Bogotá.- Como abogado, exsenador e integrante de un culto evangélico, Víctor Velásquez ha promovido demandas de inconstitucionalidad contra leyes en favor de las minorías sexuales. También ha librado luchas políticas para impedir que las parejas del mismo sexo tengan derechos patrimoniales y puedan contraer matrimonio.
“Matrimonio viene de matriz. Un hombre no puede tener matriz, por tanto no se puede casar con otro hombre”, argumenta.
Velásquez se opone al uso de anticonceptivos, repudia que las televisoras transmitan series que abordan “temáticas de lesbianismo y homosexualismo”, y como parte de su cruzada “a favor de los valores tradicionales” hoy tiene en la mira a las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, quienes son novias.
Según dice, la demanda que presentó ante el Consejo de Estado para despojarlas de su investidura no responde a animadversiones personales ni a motivación homofóbicas.
“Mi interés es académico y el cumplimiento de la Constitución colombiana. Como las dos congresistas han dicho que son pareja y se inscribieron como candidatas por el mismo partido para la misma elección, en mi criterio jurídico están impedidas por esa causal y no podrían haber sido elegidas”, dice a Proceso.
–Pero ellas vivían en diferentes ciudades y no bajo el mismo techo –se le plantea.
–En eso tienen razón, pero la causal existe. No es un requisito sine qua non el que se viva bajo el mismo techo y sobre el mismo lecho.
–¿Usted se considera homofóbico?
–Ese es el adjetivo que les dan a las personas que critican algún comportamiento que no se ajusta a la norma. En el Congreso hay muchas personas que tienen orientación homosexual y no han tenido problemas. El problema es que violaron una norma, pero ya el Consejo de Estado decidirá.
–¿No le parece que su preocupación por el cumplimiento de la ley tiene un doble estándar? Las demandó a ellas pero usted ha estado ligado a partidos vinculados a la “parapolítica”.
–Yo no tengo nada que ver con esos temas. Mi hoja de vida está limpia. Tan condeno la “parapolítica” que como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso pedí investigaciones, y he pedido la pérdida de investidura de personas vinculadas por esos temas.
Además de su activismo judicial y de estar contra la eutanasia, el aborto y la adopción de menores por parte de parejas gays, Velásquez demandó en 1992 –según sus propias palabras “como un instrumento del Señor”– el concordato entre el gobierno de Colombia y el Estado Vaticano. Sostiene que esos procesos jurídicos son “un hobby” para él.
“Algunas gentes van a jugar futbol, yo soy un aficionado a promover demandas sobre asuntos públicos, ese es mi pasatiempo”, afirma.
–Eso cuesta dinero. ¿Quién lo financia?
–Nadie. Yo hago las demandas.
La representante (diputada) Angélica Lozano, sin embargo, pone en duda que el abogado y tres veces candidato al Senado actúe por cuenta propia. Piensa que se trata de una acción concertada que tiene como propósito apartarla de la vida pública, al igual que a su novia, la senadora Claudia López.
La abogada y exalcalde de la localidad bogotana de Chapinero sostiene que si ella y su pareja tienen un fallo adverso en el proceso de pérdida de investidura, “no podremos volver a trabajar en política ni ser funcionarias públicas, y eso se llama muerte política. Quedas muerto en vida. Es gravísimo”.
Pero según juristas, es improbable que el Consejo de Estado responda afirmativamente a la demanda de Velásquez, pues ésta se sustenta en pruebas muy débiles, como entrevistas a medios en las que las congresistas hablan de su noviazgo.
Y contrario a la posición conservadora que personifican Velásquez y el procurador general Alejandro Ordóñez, los colombianos en general muestran cada vez más tolerancia a la diversidad sexual, incluso los que se oponen a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción por parte de parejas gay.
El director de Colombia Diversa, Mauricio Albarracín, dice que el país está siendo cada vez más respetuoso de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI)
“El año pasado tuvimos dos ministras que salieron del clóset (la de Comercio, Cecilia Álvarez, y la de Educación, Gina Parody, que tienen una relación amorosa), y dos legisladoras (López y Lozano) que hablaron de su noviazgo, y la reacción fue de tolerancia, lo que es una señal muy importante”, asegura el dirigente de la ONG que promueve los derechos de las minorías sexuales.
Agrega, sin embargo, que la demanda de Velásquez es una “reacción homofóbica” a esa apertura, lo que evidencia “las luces y sombras que tenemos en Colombia frente a este tema”.
Señala que el país, que hasta 1980 castigaba con tres años de cárcel la sodomía, “ya no es un infierno para los homosexuales. Tenemos avances legales notables, pero como todos los países latinoamericanos, tenemos muchas sombras todavía”.
De acuerdo con un estudio de Colombia Diversa, entre 2013 y 2014 se presentaron a escala nacional 164 homicidios de personas de la comunidad LGBTI, uno cada cuatro días en promedio.
A pesar de que el grado de impunidad de estos crímenes es muy alto, Albarracín observa con optimismo la apertura cada vez mayor que muestran la sociedad y las instituciones colombianas frente a la comunidad LGBTI.
Dice que homofóbicos como Velásquez o el procurador Ordóñez –quien considera “pecado” la homosexualidad y la combate desde su cargo– representan el último reducto de conservadurismo fundamentalista en Colombia.
“No representan nada. Es un grupillo, aunque el procurador tiene mucho poder y lo usa de manera fanática”, señala.
