El triunfo de tres candidatos independientes en una gubernatura y dos diputaciones, una local y otra federal, impactó de tal modo el ambiente político dominado por los partidos que tiende a sobredimensionarse. Analistas y políticos advierten que, en primer lugar, la mayoría de esos aspirantes provienen de los partidos, y en segundo, que sin la legislación adecuada pueden reproducir o incluso agravar los vicios del sistema electoral.
Montados en las victorias de tres candidatos independientes, uno a gobernador, otro a diputado federal y uno más a legislador local, la prensa extranjera, la clase política, los comentaristas de televisión y radio, e incluso la Presidencia de la República, presumieron que sus triunfos fueron posibles gracias a la reforma política peñanietista.
“Bienvenidos al partido de los independientes”, ironizó el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD, mientras el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, afirmó en conferencia de prensa que “gracias a la reforma electoral se permitió la participación de candidatos independientes”.
Más cauto, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, advirtió que El Bronco fue priista durante toda su carrera, expresó su tristeza por la derrota de Ivonne Álvarez, exsenadora y aspirante del tricolor, y advirtió que la existencia de los candidatos independientes influirá en la renovación de 12 gubernaturas en 2016.
The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times y decenas de medios y agencias informativas internacionales se concentraron en el triunfo de El Bronco, que “rompió el bipartidismo” en Nuevo León, aunque evadieron mencionar que el Congreso local del mismo estado seguirá controlado por el PRI y el PAN, las dos principales fuerzas políticas del estado y del país.
Conductores de Televisa, TV Azteca y Multimedios entrevistaron a Rodríguez Calderón, a pesar que durante la campaña electoral minimizaron la llamada “broncomanía” y ninguna encuesta acertó al porcentaje de votos con que ganó el expriista, vinculado a antiguos grupos políticos y económicos muy fuertes de Monterrey.
En las otras ocho entidades donde se eligió gobernador se presentaron 17 candidatos independientes, pero todos pasaron sin pena ni gloria: en Baja California Sur hubo dos (Benjamín de la Rosa y Jorge Luis Godínez), en Campeche se inscribió Luis Antonio Canché; en Colima se postularon dos (Gabriel Salgado Aguilar y Carlos Barbazán), igual que en San Luis Potosí (Enrique Suárez del Real y José Alfredo Loredo), uno en Sonora (Manuel Eduardo Rábago) y tres en Querétaro (Alberto Marroquín, Rolando Augusto Ruiz y Omar Osvaldo González).
A nivel de presidencias municipales, pocos alcanzaron victorias como José Alberto Méndez, en Comonfort, Guanajuato, o Alfonso Martínez, exmilitante panista que triunfó como candidato independiente en Morelia, Michoacán, ambos con muchos menos recursos que sus contendientes.
Entre los candidatos a diputados federales, la expectativa de los independientes fue de más a menos: de 122 que manifestaron su intención de inscribirse en 28 entidades, sólo 52 se registraron y 22 cumplieron con los duros requisitos para ser aspirantes en 12 entidades y 20 distritos electorales federales. En otras palabras, menos de la sexta parte lograron su objetivo.
En la mayoría de los casos no se trató de individuos que construyeron plataformas de apoyo, sino de escisiones de militantes del PRI, PAN o PRD que no los postularon.
Para 2016 se espera un buen número de candidatos independientes en entidades como Sinaloa (donde cinco ciudadanos se registraron como tales para diputados federales y existe un pujante movimiento local, el Partido Autónomo de Sinaloa), Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Mal diseño
Durante el debate que se suscitó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el miércoles 10, el senador panista Roberto Gil Zuarth advirtió que, pese al optimismo por las candidaturas independientes, existen varias dudas y fallas en la legislación sobre esta nueva figura, incorporada apenas en la reforma al artículo 35 constitucional de agosto de 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón, y no en el de Enrique Peña Nieto.
“La pregunta que hay que hacernos es si las candidaturas independientes, como las estamos viendo el día de hoy, van a ser ese revulsivo que van a regenerar el sistema de partidos, si van a ser nuevas fuentes de legitimación del sistema de partidos”, comentó Gil Zuarth.
Para el presidente de la Comisión de Justicia, de entrada existe “un mal diseño de fiscalización de los recursos que pueden ser profundamente peligrosos para la democracia mexicana”, consideró necesario revisar este sistema “para evitar que intereses económicos entren de manera espuria a la política a través de esta figura”.
Negociador del PAN durante la reforma político-electoral de 2014, Gil Zuarth afirmó que muchos candidatos independientes son, en realidad, escisiones de los grandes partidos.
“La candidatura exitosa de Nuevo León es una escisión de un partido político. La candidatura independiente exitosa en Morelia, Michoacán, es una escisión de un partido político. La candidatura exitosa en Sinaloa (Manuel Clouthier) es una escisión de un partido político. Por cierto, de los partidos emergentes, Morena es una escisión de un partido político”, enumeró Gil Zuarth.
Por su parte, la exconsejera del IFE Lourdes López refiere que las candidaturas independientes se han ido formando “a golpe de sentencias de órganos jurisdiccionales y no es un mérito del gobierno de Peña Nieto”.
“Es importante que no sobredimensionemos el fenómeno de Nuevo León. A pesar del triunfo de El Bronco, en Nuevo León no se acabó el bipartidismo porque el Congreso estará dominado por el PRI y el PAN. Aquí hubo un voto de castigo en contra del gobierno de Rodrigo Medina”, explica López, entrevistada vía telefónica por Proceso.
Para la investigadora en ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la reforma político electoral de 2014 dejó incompletos varios aspectos de las candidaturas independientes. Entre ellos cita los siguientes: un acceso desigual a los medios de comunicación, ya que se reparte el tiempo entre todos los independientes como si fueran un solo partido; y el tope de gastos de campaña y los límites del financiamiento privado quedaron en función de cada legislatura estatal, con grandes riesgos para que se introdujera “dinero negro” a las campañas.
“Existe un enorme hueco en la legislación en estas tres materias: acceso a medios, tope de gastos y financiamiento privado. La legislación no está acabada y se ha hecho en el camino. Yo soy de la opción de reducir el financiamiento privado y limitarlo sólo a personas morales, y reducir también el tope de gastos porque un tope alto es un incentivo para gastar y no un elemento equitativo”, resume.
La exconsejera –en funciones durante los momentos más difíciles del IFE, las elecciones presidenciales de 2006– afirma que un fenómeno positivo de las candidaturas independientes es que ayudarán a comprobar que las campañas no tienen que ser tan caras ni tan elevado el financiamiento público para los partidos.
“Veníamos de un régimen de partido hegemónico. Pasamos a un sistema de partidos disfuncional y ahora queremos ir hacia un sistema de independientes. No hay que sobredimensionar el fenómeno. Lo que debe seguir en nuestra democracia no es que ganen sólo los independientes sino que se haga valer la soberanía popular”, abunda López.
Caso Castañeda, el antecedente
La historia reciente sobre las candidaturas independientes se remonta al caso del excanciller foxista Jorge G. Castañeda, el primero resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La instancia internacional condenó al Estado mexicano por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y obligó a discutir el acceso de los ciudadanos a la justicia cuando alegan que una ley electoral viola sus derechos políticos consagrados en la Constitución y la compatibilidad de la Carta Magna con la Convención Americana.
El 5 de marzo de 2004, Castañeda presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) su solicitud de registro como candidato independiente a la Presidencia de la República. El 12 del mismo mes, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE le notificó al excanciller el rechazo de su solicitud, con el argumento de que conforme a la ley electoral le correspondía “exclusivamente” a los partidos políticos nacionales el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular y el plazo de registros era del 1 al 15 de enero de 2006.
El 29 de marzo de 2004, Castañeda promovió un amparo contra la ley electoral. Alegó que ésta que violaba su derecho político a ser votado, establecido en el artículo 35, fracción II, de la Constitución. El 16 de julio del mismo año el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal declaró improcedente esta demanda de amparo.
Castañeda interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue atraído y, en agosto de 2005, resuelto en contra de la petición de Castañeda.
En octubre de 2005, el aspirante demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación de sus derechos humanos consagrados en los artículos 23 (derechos políticos) y 25 (protección judicial), de la Convención Americana y le solicitó a la Comisión que adoptara medidas cautelares a su favor.
El 17 de octubre del mismo año, la Comisión le ordenó al Estado mexicano que le concediera el registro como candidato presidencial a Castañeda, mientras se decidía la admisibilidad y el fondo de la cuestión. El 27 de octubre, México manifestó que su legislación le impedía registrar a Castañeda.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 21 de marzo de 2007. La institución celebró una audiencia pública el 8 de febrero de 2008 y el 6 de agosto siguiente emitió sentencia a favor del excanciller, pronunciándose sobre la alegada violación al artículo 25 de la Convención. Al mismo tiempo le ordenó al Estado mexicano “la adecuación de su derecho interno”, así como ajustar su legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano.
La sentencia del 6 de agosto de 2008 se cumplió hasta agosto de 2012, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma constitucional al artículo 35, cuya fracción II quedó redactada de la siguiente manera:
“Son derechos de los ciudadanos:
“II Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.”
El decreto del 9 de agosto de 2012 fijó como plazo un año para que el Congreso de la Unión y los estatales legislaran los requisitos, condiciones y términos de las candidaturas independientes. De origen, señala Lourdes López, no hubo una reforma al artículo 116 para obligar a los estados a cumplir con este requisito.
Antes de los comicios de 2014, los únicos congresos que incorporaron a sus constituciones las figuras de los candidatos independientes fueron los de Coahuila, Durango, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Nuevo León fue uno de los últimos en cumplir con el mandato.
En mayo de 2013, el panista José González Morfín presentó una reforma al artículo 116 para homologarlo con lo estipulado en el artículo 35. En septiembre del mismo año quedó incorporada la reforma en el 116 estableciendo como norma de los estados que “se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución”.
La legislación electoral federal soslayó puntos clave en el caso de las candidaturas independientes y varias legislaturas estatales no cumplieron con la obligación de la Constitución. En Sinaloa, Manuel Clouthier demandó en abril de 2014 al Congreso por omitir los detalles de la legislación para candidatos independientes.
Los partidos políticos –advirtió Clouthier en su artículo “Legislar las candidaturas independientes”– “pretenden limitar excesivamente los recursos económicos públicos y privados, así como las prerrogativas de los tiempos oficiales de radio y televisión, y el acceso a medios de comunicación, de tal manera que el candidato que logre el registro no pueda competir en condiciones de equidad, dándoles así ventaja a los candidatos de partido”.
Estos serán justamente los puntos más delicados que tendrán que abordar los próximos diputados federales y los actuales senadores en una nueva reforma electoral que prácticamente todos los especialistas y legisladores consultados dan como un hecho antes de los comicios presidenciales de 2018.
