La dictadura de Augusto Pinochet fue una de las más bárbaras que se hayan visto en el continente. Y a más de 25 años de que concluyera formalmente, en Chile sigue sin hacerse justicia. Esta iniquidad se ceba contra quienes padecieron la tortura durante esos años negros: el gobierno los relegó y los ha tratado como víctimas de segunda, con pensiones de risa y prestaciones a cuentagotas. La lucha de los afectados sigue, y hoy enfrenta un momento crucial.
VALPARAÍSO, Chile.- Una huelga de hambre iniciada el 13 de abril, que se fue extendiendo por todo el país y que duró 40 días, dejó al descubierto la realidad socioeconómica y el nulo reconocimiento que sufren decenas de miles de exprisioneros políticos y torturados por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El ayuno buscó conseguir indemnizaciones del Estado por las torturas infligidas, mejoras de las pensiones, el fin de las incompatibilidades entre la pensión de torturado con la del exonerado político, que se publique el nombre de los torturadores y que se tipifique el delito de tortura en el Código Penal.
Esta protesta la iniciaron medio centenar de víctimas en tres ciudades de la región de O’Higgins (San Francisco de Mostazal, San Felipe y Rancagua).
En Valparaíso, siete huelguistas se instalaron en el Ministerio de la Cultura, que se convirtió en uno de los epicentros de esta inconformidad. Uno de ellos, Gustavo Fuentes Ruminot, explica que la mayoría de los exprisioneros políticos “mueren de cáncer y solos. (…) No tenemos un sistema de salud que nos proteja. (…) Somos indigentes”.
Fuentes, a quien los carabineros le sacaron los dientes en 1986, asegura que la esperanza de vida de un preso político torturado es menor que la del resto de la población: “Es raro que llegue a los 70 años”, asegura.
Él denuncia el abandono que sufren los torturados: “¿Dónde están los partidos de izquierda? ¿A dónde están las cúpulas?”.
La huelga culminó parcialmente el 23 de mayo. Ese día se firmó un protocolo de acuerdo en la catedral de Rancagua, que contempló la creación de una Mesa de Alto Nivel que se abocará a proponer una solución integral al problema.
Esta instancia, cuya primera reunión se realizó el 29 de mayo en la sede del Congreso Nacional, en Santiago, es presidida por el obispo de Rancagua, Alejandro Goic. Está compuesta por 12 representantes de diversas agrupaciones de exprisioneros políticos; por los ministerios del Interior, la Secretaría General de la Presidencia, Hacienda y Desarrollo Social; y el coordinador de este espacio, quien es el secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, el abogado Francisco Ugás.
Serán garantes de este proceso la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes; Jaime Vidal, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el diputado democratacristiano Claudio Arriagada y el senador Juan Pablo Letelier.
Un grupo de huelguistas, vinculados a la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos, rechazó los términos del “acuerdo de Rancagua” y mantuvo el ayuno.
Algo de historia
Tras el retorno de la democracia, en marzo de 1990, los gobiernos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia –antecesora de la hoy oficialista Nueva Mayoría– trataron de resolver las deudas en materia de justicia basándose en tres principios: establecer la existencia de violaciones de derechos humanos; efectuar una reparación a los familiares de ejecutados y desaparecidos, y “hacer justicia en la medida de lo posible”, como señaló el presidente Patricio Aylwin al asumir la presidencia el 11 de marzo de aquel año. El asunto de los torturados no fue considerado en los primeros años de la transición a la democracia.
El 25 de abril de 1990 Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que fue presidida por el abogado Raúl Rettig Guissen. Después de nueve meses de trabajo, ésta presentó el “informe Rettig”. Allí se estableció que 2 mil 115 personas fueron asesinadas por agentes del régimen de Pinochet. Este reporte, sin embargo, no determinó el destino de mil 200 detenidos desaparecidos ni mencionó a los autores de los crímenes cometidos. La Ley Rettig estableció la entrega de indemnizaciones y pensiones para familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos. El monto de las pensiones bordea hoy los 500 dólares mensuales.
La justicia avanzó muy poco en los primeros años de la “transición a la democracia”: la resistencia de los militares a la apertura de juicios, la negativa de los gobiernos democráticos a enfrentarse a éstos y el efecto del Decreto Ley de Amnistía de 1978 –que en los hechos fue de autoamnistía– fueron los principales obstáculos. Sólo tras el arresto de Pinochet en Londres, el 10 de octubre de 1998, y de su regreso a Chile, el 2 de marzo de 2000, comenzó a avanzarse en esta materia.
En 2001 la Corte Suprema comenzó a nombrar “jueces especiales” que se han abocado a investigar y sancionar los crímenes de la dictadura, y su labor ha significado un extraordinario avance en esta materia.
Pese a ello, la realidad de los presos políticos y torturados sigue pendiente. En entrevista, el vocero del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y miembro de la Mesa de Alto Nivel, Nelson Aramburú, sostuvo que en 1998 “como efecto colateral de la detención de Pinochet en Londres, más de 500 expresos políticos constituimos en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Santiago, la Agrupación Nacional de Ex Prisioneros Políticos (Anexpp), cuyos objetivos fueron verdad, justicia y reparación”.
Aramburú señala: “Los gobiernos de la época nos advirtieron que no nos desgastáramos. Nos dijeron que con el informe Rettig el tema de la reparación en derechos humanos estaba concluido”. Sin embargo, ellos perseveraron en su lucha.
En 2003 el viento jugaría en favor de los torturados. Influyó en esto la sorpresiva reunión que en mayo de aquel año sostuvo en Iquique el diputado y presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, con familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En esa junta se analizaron diversas formas de avanzar en la reparación del daño. Pese a que Longueira intentó vincular los eventuales beneficios al fin de los juicios en causas de derechos humanos, la preocupación por las víctimas expresada por un partido identificado con la dictadura remeció el ambiente político y mostró que la deuda en derechos humanos no había sido saldada.
Entonces, los partidos de la Concertación por la Democracia, como el Socialista y la Democracia Cristiana, retomaron la bandera de los derechos humanos que había inspirado, a finales de los ochenta, su constitución como principal referente de oposición al régimen cívico militar.
En este contexto resultó decisiva la campaña Tortura ¡Nunca Más!, impulsada por la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT). El corolario de este esfuerzo tuvo lugar el 26 de junio de 2003. Entonces el obispo luterano y figura mundial de los derechos humanos Helmut Frenz, el exembajador noruego en Chile Frodde Nilsen, el cantante uruguayo Daniel Viglietti y los sobrevivientes de la dictadura y dirigentes de la CECT Juana Aguilera y Ricardo Frodden entregaron su propuesta de “verdad, justicia y reparación” al presidente Ricardo Lagos.
El 11 de noviembre de 2003 –por Decreto Supremo 1.040– el socialista Lagos constituyó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y anunció una ley de reparación, que se conocería como Ley Valech, para las víctimas de la prisión política y la tortura.
La noche de aquel día, Lagos se dirigió al país desde el palacio de La Moneda, en cadena nacional de radio y televisión: “Debe entregar el Estado una compensación que, aunque sea austera, sea una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido”.
Esta comisión –que fue presidida por el obispo Sergio Valech– acreditó a 28 mil 459 víctimas de la prisión política y la tortura.
La Ley 19.992 o Ley Valech dispuso la entrega de una pensión –incompatible con la otorgada por la Ley de Exonerados Políticos–, cuyo monto actual alcanza los 150 mil pesos (250 dólares). También otorgó becas para estudios universitarios, entre otros beneficios.
Esta normativa incluyó un artículo que pasó entonces inadvertido y que hoy está en el centro de la polémica: el que establece que por 50 años habrá secreto sobre los testimonios de las torturas recibidas por los prisioneros, escondiendo la identidad de los victimarios.
A poco de que se promulgara esta ley, se hizo evidente que miles de sobrevivientes de torturas y prisión política habían quedado al margen de todo amparo social, por lo que organizaciones de exprisioneros constituyeron el Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, en 2003.
A partir de aquel año la presión fue creciendo. La presidenta Michelle Bachelet, que sufrió los rigores de la prisión política en el cuartel Terranova –mejor conocido como Villa Grimaldi– de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), recibió el 27 de noviembre de 2008 al Comando Unitario, que le presentó su pliego. Éste, según Aramburú, incluía: Abrir un nuevo proceso de calificación de exprisioneros y torturados; heredabilidad de la pensión para las viudas y traspaso de la beca educacional a un hijo o nieto; poner fin a la incompatibilidad entre pensiones de torturados con las de los exonerados políticos; homologación de montos de las pensiones Valech y Rettig, e indemnización por cada día de prisión.
“Allí Bachelet nos informó que los puntos que estábamos pidiendo irían agregados a la ley que crearía el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)”, asienta Aramburú, quien participó de dicha reunión.
En efecto, por medio de la Ley 20.405, de diciembre de 2009, se creó el INDH y la última comisión de verdad: la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, la “Comisión Valech II”.
Aramburú recalca que en esa nueva norma, Bachelet dejó fuera los últimos tres puntos antes señalados, lo que determinó que el problema se mantuviera pendiente.
La Comisión Valech II entregó su informe al presidente Sebastián Piñera en agosto de 2011. Admitió como víctimas adicionales de prisión política y tortura a 9 mil 795 personas, mientras que 22 mil 705 personas fueron excluidas, sin derecho a apelación.
Juventud castigada
En entrevista, el premio nacional de historia (2006) Gabriel Salazar explica que el problema que motiva la huelga “es que más de la mitad de los exprisioneros políticos tiene una situación de vida muy desfavorable”.
Dice que, en parte, esto se origina en el hecho de que “cuando ellos cayeron presos tenían en torno a 20 años, por lo que muchos no habían terminado de estudiar y tuvieron que irse al exilio, por lo que no lograron establecer en Chile una red social sobre la cual volver después y construir un proyecto de vida seguro”.
Salazar, doctor en historia social y económica (Universidad de Hull), destaca que los expresos políticos “están viejos: tienen un promedio de cerca de 70 años. Se están muriendo a razón de 34 o 35 por mes, lo que implica cerca de 400 al año”.
Abunda el historiador: “Es ridículo que la pensión Valech entregue 150 mil pesos, que no alcanzan para nada, en circunstancias que hay otra pensión, la de la Comisión Rettig, que tiene el doble de valor”.
El historiador critica fuertemente el rol que ha tenido en esta materia la administración Bachelet: “Es realmente increíble que el gobierno no haya tenido ninguna reacción y haya ignorado por tanto tiempo sus reclamos, y esté organizando una comisión, con gran cantidad de expertos y funcionarios, para comenzar a pensar el problema, y todos en Chile sabemos que estas comisiones sirven sólo para distraer la atención”.
Al ser consultado por las motivaciones que tuvo la dictadura para practicar la tortura en forma masiva, Salazar –que es autor de Villa Grimaldi. Historia, testimonio y reflexión (Lom, 2013)– resume: “La dictadura puso en ejecución un plan maestro diseñado en Estados Unidos, que consistía en cambiar toda la mentalidad de un pueblo sobre la base de reducirlo a una condición de niño.
“La tortura transforma a un ser humano maduro en un niño, que queda dependiente absolutamente del torturador”. Una vez destruida esa persona, continúa, le cayó encima el mensaje de que en Chile se apuntó “a construir un nuevo hombre, un nuevo Chile, un nuevo orden social”.
“El grueso de la tortura se aplicó a personas de entre 16 y 25 años. La mayoría de los muertos y exiliados son de esa generación. Toda esa generación fue borrada del mapa.”
Salazar estima que la Junta Militar “pudo instalar el modelo neoliberal sobre la base de eliminar la generación que pudo tener una oposición más activa”.
Las mujeres y hombres que en su primera juventud impulsaron el arribo de Salvador Allende a la Presidencia del país, que luego plantaron cara a la dictadura y más tarde sufrieron prisión política y tortura, están hoy dando su pelea más dura. Ésta tiene que ver con enfrentar la recta final de sus vidas en condiciones dignas. Miles han muerto sin conseguirlo. “Es ahora o nunca y vencer es nuestro destino”, concluye Fuentes Ruminot.
