SANTIAGO DE CHILE/CIUDAD DE MÉXICO.- Los hermanos Hipólito y Jerónimo Gerard Rivero, cuñados del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ya internacionalizaron sus negocios: de vender automóviles en la Ciudad de México y contar con ciertas operaciones inmobiliarias o depender de la burocracia federal, se han convertido en contratistas trasnacionales.
Las empresas chilenas con las que se asocian o de las cuales forman parte tienen la misma marca que en México: están relacionadas con hombres del poder político y protagonizan escándalos de corrupción.
En el caso de Hipólito, su Constructora y Edificadora GIA+A tiene una sociedad con Assignia, la subsidiaria de la española Essentium, con la cual ya ha intentado conseguir contratos de obra en México, como la edificación del nuevo hospital del ISSSTE en Tlatelolco, que terminó ganando el Grupo Tradeco en noviembre pasado.
La sociedad Assignia-GIA+A es objeto de un escándalo de corrupción en Chile, donde esos consorcios consiguieron la concesión del Hospital del Salvador, en enero de 2014, junto con la chilena Cosal.
El caso fue documentado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper-Chile), que publicó un amplio reportaje el 20 de agosto del año pasado, revelando diferentes aspectos de la operación Cosal-GIA+A-Assignia.
“En apenas 10 días y a sólo dos meses de que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó en enero pasado la resolución que decidió el destino del nuevo Hospital del Salvador y de los 679 millones de dólares que, según los últimos cálculos, pagará el Estado por los estudios previos, la edificación y equipamiento, bajo la modalidad de concesión a privados.
“La millonaria inversión para levantar los 165 mil 948 metros cuadrados que involucra el proyecto resulta 185 millones de dólares más cara que si el Estado lo hiciera con fondos fiscales. La concesión fue adjudicada al Consorcio de Salud Santiago Oriente, conformado por una empresa chilena (Cosal), una española (Assignia Infraestructuras) y otra sociedad mexicana (GIA+A)”, se explica en el reportaje.
Samuel Levy Benveniste es socio mayoritario y fundador de la constructora Cosal S.A., que se asoció con GIA+A y la española Assignia Infraestructuras para postular a la concesión de la construcción y operación del nuevo hospital.
El empresario cobró notoriedad por las oscuras licitaciones que ganó en el Poder Judicial: algunas de sus empresas (como las inmobiliarias El Vergel, Juan XXIII y Centro Iquique) obtuvieron irregularmente –entre 2005 y 2007– cinco de las seis licitaciones entregadas para la construcción de tribunales. Los montos involucrados en estas operaciones fueron superiores a los 100 millones de dólares.
La controversia se generó luego de que en enero de 2012 el canal CNN Chile diera a conocer un audio de una sesión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, realizada en agosto de 2011, en la que participaban cuatro ministros de la Corte Suprema. Uno de ellos, Sergio Muñoz, citando un informe de la Contraloría del Poder Judicial, señaló que había indicios de una colusión entre funcionarios de la citada Corporación y las firmas beneficiadas, caso que, a su parecer, ameritaba ser denunciado ante el Ministerio Público. Este planteamiento fue desechado por sus pares, pero luego de conocerse el audio de la sesión fue revertida esta determinación.
Según querella del Consejo de Defensa del Estado, interpuesta en diciembre de 2013, Cosal creó varias empresas dedicadas a postular a la construcción de juzgados. De esta manera buscaba evitar que se conociera que todos los contratos le serían entregados a un mismo dueño.
Levy es actualmente investigado por la chilena Fiscalía Metropolitana Centro Norte en calidad de imputado, pero no ha sido procesado.
Desde su creación en 1975, Cosal ha hecho más de un millar de obras, entre las que destacan aeropuertos y el estadio Monumental, del popular equipo de futbol Colo Colo.
Levy es copropietario de la empresa IDC-Concesiones, opera los aeropuertos de La Serena, Antofagasta y Puerto Montt, en Chile; y los de Bogotá, Curazao, y cuatro de Honduras, en el extranjero.
La operación para que Assignia-Cosal-GIA+A se quedara con el mencionado hospital detonó un conflicto. El 5 de agosto de 2014 la Multigremial de Asociaciones de Funcionarios del Hospital del Salvador (comuna de Providencia, Santiago) desató una huelga contra la concesión de dicho centro de salud. Duró un mes.
Depusieron el paro luego de aceptar una invitación del Ministerio de Salud para conformar una mesa técnica que analizará aspectos relativos a la concesión y que aún se encuentra en funcionamiento.
En entrevista con Proceso, en Chile, el politólogo y experto en economía de la salud Matías Goyenechea expresó que del análisis que hizo de la propuesta de concesión resultó un sobreprecio de unos 40 millones de dólares.
Goyenechea, quien asesora a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud y es presidente de la Fundación Creando Salud, explica que “los trabajadores se opusieron a esta concesión por entender que esto implica un exceso de lucro de parte de los privados y, por lo mismo, se llega a un acuerdo con el gobierno, por el cual se busca limitar los contratos en la concesión; específicamente lo que se va a hacer es revisar cada uno de los aspectos de la concesión, para tratar de hacerlos más adecuados a las necesidades sanitarias del país; y por otro lado, evitar el exceso de lucro”.
Los socios españoles
Inmersa en el escándalo de corrupción del caso Bárcenas, en España, Assignia ha logrado avanzar en México. Sólo en lo que va de la presente administración esa empresa ha logrado varios contratos en el sector energético y de infraestructura.
Pemex Exploración y Producción le asignó el 25 de junio de 2013 un contrato por 469 millones de pesos para pavimentar un camino. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le otorgó, el 6 de septiembre de 2013, 375 millones de pesos para realizar obra carretera en Tabasco.
Además, Pemex Refinación le asignó, también para obras en un tramo carretero, un monto cercano a los 230 millones de pesos.
Por su parte, Jerónimo Gerard, con su empresa ICuadrada, ha financiado obras y concesiones operadas por el español Grupo Azvi, que en los últimos años ha extendido su presencia para pasar de ser una compañía desconocida a una de las más favorecidas por la actual administración.
Gerard es miembro del consejo de administración de Acciona, otra trasnacional española que incrementó su presencia en México. Sólo en la presente administración registra contratos superiores a los 3 mil 127 millones de pesos.
Acciona ha sido denunciada por colocación de certificados fraudulentos. Coincidentemente, igual que GIA+A y Assignia, está envuelta en escándalos de corrupción relacionados con la pretensión de obtener concesiones hospitalarias.
El 14 de enero pasado, Luisa Fernanda Rudia, presidenta del gobierno aragonés, reveló que rechazó la oferta de Acciona para construir el Hospital de Turuel, por considerar que la propuesta era ilegal y que su responsabilidad era defender “hasta el último céntimo de los ciudadanos”.
