La reciente inscripción de algunas de las zonas arqueológicas más importantes de México en una lista de la UNESCO no tiene que ver con la del Patrimonio de la Humanidad: En la nueva se busca la protección internacional en caso de desastres naturales o saqueos, no de un conflicto armado –aunque así se asienta en el protocolo firmado por nuestro país en La Haya–, a decir de los directores del Patrimonio Mundial del INAH. El tema se plantea en momentos en que los monumentos históricos de Siria están en peligro.
La inscripción de nueve sitios precolombinos en una lista de protección especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), dada a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hace tres semanas, desató un manojo de dudas.
En principio, porque esas zonas arqueológicas ya habían sido reconocidas con anterioridad como Patrimonio de la Humanidad: Calakmul (Campeche), El Tajín (Veracruz), Chichén Itzá y Uxmal, con sus tres pueblos Kabah, Labná y Sayil (Yucatán), Monte Albán (Oaxaca),Palenque (Chiapas), Paquimé (Chihuahua), Teotihuacán (Estado de México), Xochicalco (Morelos). En algunos medios se creyó que se trataba de ese reconocimiento.
México ingresa así –por primera vez– a este registro internacional de patrimonios amparados por la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, aprobada en La Haya, Países Bajos, el 14 de mayo de 1954, y suscrita al día de hoy por 126 naciones.
Según la UNESCO, la Convención de La Haya es “el primer tratado internacional de alcance mundial centrado exclusivamente en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado”. Se estableció luego “de la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial”.
Mediante un correo electrónico, la Cancillería mexicana informó a Proceso que el registro internacional contaba con cinco inscripciones antes de recibir las mexicanas: el Estado de la Ciudad del Vaticano, tres refugios en Países Bajos y uno en Alemania. Ahora, México se convierte en el país con el mayor número de bienes inscritos.
Precisa que hay dos niveles de protección:
General: Para todo tipo de bienes culturales que por su propia naturaleza deben ser considerados, “independientemente de que sean muebles o inmuebles y de su ubicación geográfica”.
Especial: Concedida sólo a “un número limitado de bienes culturales de importancia extraordinaria”.
Esta última considera sólo tres categorías:
1.- Refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado.
2.- Centros monumentales.
3.- Otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande.
No obstante, y pese a no estar exento de un conflicto armado, México no se acoge a ese tipo de resguardo. Y aunque en opinión de varios analistas políticos el país está ya en guerra, Francisco López Morales y Francisco Vidargas, director y subdirector de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), respectivamente, enfatizan a Proceso que la protección es sólo para casos de catástrofes de origen natural o antropogénico.
Al detallar las razones y condiciones de la inscripción de las nueve zonas, los funcionarios indican que se da en el marco del Segundo Protocolo de la Convención, aprobado igualmente en La Haya el 26 de marzo de 1999, e insisten en que el propósito es planear estrategias de protección en “tiempos de paz”, para su aplicación ante desastres. No más, no menos.
La SRE agrega que para una protección efectiva se deben “preparar inventarios, planificar medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, preparar el traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ y designar autoridades que se responsabilicen directamente de su salvaguarda”.
En el caso concreto de las nueve zonas arqueológicas, previo a su registro, se fijaron con ayuda satelital las coordinadas geográficas exactas de cada una. La protección, se agrega, se enfocará a revisar y perfeccionar los planes de emergencia, prevenir y mitigar daños, luchar contra las excavaciones clandestinas y el tráfico de bienes culturales, y promover la conservación de las zonas “procurando vincular medidas de protección según diversas convenciones de la UNESCO”.
Cuando en México se promulgó el decreto de adhesión al Segundo Protocolo, el 14 de abril de 2004 –durante el gobierno de Vicente Fox–, se reprodujo el texto de la UNESCO que habla, como el original, de la protección en casos de conflicto armado. Sólo que los textos principales no mencionan las palabras catástrofe o desastre de ningún tipo.
La pregunta es si las nueve zonas estarán protegidas en caso de un conflicto armado y no sólo de un desastre. Responde López Morales:
“Eso es ir más allá… Debemos insistir en que en nuestro trabajo intersecretarial y de equipo ese tema ni siquiera se tocó, ni se evocó.”
–Pero el asunto de la guerra es la esencia de la convención.
–No, justamente no, porque nosotros estamos atendiendo al Segundo Protocolo y no al otro. El Segundo Protocolo es la muestra más fehaciente de la evolución del pensamiento que se está manejando de la Segunda Guerra y por lo tanto surge cincuenta años después… Cuando hemos actuado en el marco de la Convención de La Haya, siempre ha sido en este rubro, no en el otro.
Se le insiste, pues el propio expresidente Felipe Calderón habló de guerra para referirse a la lucha de su gobierno contra el narcotráfico. Asimismo, especialistas como Lorenzo Meyer o José Antonio Crespo se han referido a las recientes masacres en Guerrero y Michoacán como acciones armadas propias de una guerra: No hay detenciones, sólo muertos.
Para López Morales no son temas que atienda el INAH, “no es pertinente”. Dice que al instituto sólo le competen los temas de restauración, conservación y prevención de desastres, “lo demás no está en sus manos”.
Y tercia Vidargas de que la prueba de la protección se apegará a las catástrofes es que la Secretaría de la Defensa Nacional no tuvo ningún reparo para la inscripción de las zonas arqueológicas, aunque pudo tenerlo pues la de Teotihuacán tiene cerca una zona militar. Si se hubiese dado la protección especial en el otro sentido habría limitado al Ejército en su forma de moverse y actuar, pero “no hubo mayor problema”.
Responden a pregunta de Proceso si en la situación de violencia de la actualidad no se ha afectado el patrimonio, cuya protección corresponde al INAH en las circunstancias que sean:
“Afortunadamente no y no creo que se vaya a dar”, dice Vidargas. Y agrega López Morales:
“Tenemos que ser muy claros: Nunca tocamos el punto porque el espíritu de la aplicación de estos sitios siempre va en ese Segundo Protocolo, lo otro para nosotros ni siquiera era punto de atención y por eso no quiero que figure.”
La zona más popular
La iniciativa de incorporar a las nueve zonas precolombinas al Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial, fue de la Cancillería mexicana. Cuenta Vidargas que les llamaron de la oficina de Pedro Luis Echeverría Alegría, director de Derecho Internacional III (a quien se solicitó una entrevista pero hasta el cierre de esta edición el área de Comunicación Social no tuvo una respuesta), para informarles que planeaban inscribir a Chichén Itzá.
Tal vez consideraron que era una de las más visitadas por el turismo o de las más visibles a nivel mundial, dice Vidargas cuando se le pregunta por qué sólo se contemplaba ese sitio. Recuerda incluso que años antes se había dado “ese tema loco de las siete maravillas”, en donde salió seleccionada la pirámide de Kukulkán.
El INAH propuso entonces la inscripción de las diez zonas que forman parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero no se lograron incluir por cuestiones técnicas las cuevas de Yagul y Mitla, en Oaxaca, y quedaron solamente las nueve.
El proceso inició a finales de 2013 con la participación de la SRE, el INAH y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este último que estableció las coordenadas geográficas de las zonas. Además se conformó una Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario (con las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina).
López Morales recuerda que el tratado de La Haya, suscrito por México en 1956, es la primera convención sobre temas culturales adoptada por la UNESCO. Parte de sus bases fueron impulsadas por el intelectual mexicano Jaime Torres Bodet, quien fue el segundo director del organismo internacional desde 1948 y renunció cuatro años después en protesta por un recorte presupuestal.
A decir de los funcionarios, nuestro país ha sido vanguardia en varios temas del patrimonio discutidos en la UNESCO. Vidargas refiere que en la reunión del Patrimonio Mundial de 2013 realizada en Nom Pen, Camboya, en la cual México tuvo voz y voto, propuso la conjunción de las convenciones de La Haya y la de Patrimonio Mundial para reforzar la protección del patrimonio sirio.
Aunque la lista del patrimonio destruido o saqueado en conflictos armados es interminable (cuando Bagdad cayó en manos de los militares estadunidenses se vació el Museo Nacional de Iraq en pocos días y los tanques pisaban tablillas de arcilla con jeroglíficos que no habían sido excavadas nunca), la noticia de la destrucción del patrimonio en Siria causa alarma en la actualidad. La UNESCO reporta que el Estado Islámico ha destruido numerosos sitios históricos y se ha incrementado el saqueo, las excavaciones ilícitas y el tráfico ilegal de bienes culturales.
Vidargas se congratula de que el organismo adoptara la propuesta mexicana y encargara a Bélgica un convenio para unir las dos convenciones arriba mencionadas.
Los representantes del INAH mencionan que desde el año 2002 se implementó en el instituto el Programa de Prevención de Desastres en materia de Patrimonio Cultural (PrevINAH), en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se brinda atención al patrimonio arqueológico e histórico en caso de catástrofes.
Ahí, aseguran, México conjunta las convenciones de La Haya y de Patrimonio Mundial, con lo cual “es vanguardia”. Reconocen que El Salvador es igual “un ejemplo en Latinoamérica” de cómo aplicar la Convención de la Haya pues ha tenido una larga guerra civil y en tiempos de paz trabaja con autoridades civiles y militares para crear conciencia de la conservación.
Consuelo de muchos
En las nueve zonas inscritas en el Registro Especial, dicen, se articularán tres convenciones: Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972; de La Haya de 1952; y la de medidas contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de 1970.
Se les pregunta por qué era importante la inscripción en esa lista de la UNESCO si, como han dicho, ya existe el PrevINAH, además de que las leyes Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y General de Bienes Nacionales, están para proteger al patrimonio del país, sin distinciones de ser o no Patrimonio de la Humanidad. Y tratándose de desastres naturales, saqueos, robos o daños por diversas causas, incluidos conflictos sociales o de otro carácter.
Explican que al formar parte de las convenciones internacionales, los bienes inscritos se vuelven prioritarios para la asistencia internacional técnica o económica, pues existen fondos para la recuperación del patrimonio afectado. Además, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que todo instrumento internacional ratificado por México está por encima de cualquier ley nacional (aunque nunca por encima de la Constitución Política) la inscripción “permite contar con mayores instrumentos normativos para la protección”.
Hay situaciones que rebasan la capacidad de las instituciones y de los Estados mismos, ya sea en casos de conflicto armado o de desastres naturales como los terremotos ocurridos hace unas semanas en el Valle de Katmandú, en Nepal, que es Patrimonio Mundial. En esas circunstancias, agregan, es evidente que las prioridades a atender son las humanas, pero después viene también la de prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales y su destrucción.
Entonces recalca López Morales que en el artículo tercero del Segundo Protocolo de la Convención de La Haya, de 1999, están claros los propósitos. Lee:
“Además de cumplir cabalmente con las disposiciones de la convención, de la que México es Estado parte, el interés principal detrás de la inscripción de las zonas arqueológicas, es garantizar plenamente su completa y plena protección, así como su resguardo ante cualquier circunstancia.”
Para remarcar la idea, alude también al artículo quinto que habla de las medidas que se adoptarán “en tiempo de paz” e indica que el régimen de protección especial “contribuirá, entre otros temas, a la planificación de medidas de emergencia ante desastres de origen natural o antropogénico (tales como incendios provocados, inundaciones por mal manejo de aguas, derrumbes por trabajos mal encaminados)”.
La protección y ayuda internacional que recibirían las nueve zonas arqueológicas se enmarcan en el llamado Comité Internacional del Escudo Azul, que sí incluye “amenazas de todo tipo”, como guerras y desastres naturales (pese a lo que se diga), y se propone intervenir “estratégicamente con los tomadores de decisiones y las organizaciones internacionales pertinentes para prevenir y responder a los desastres naturales y hechos por el hombre”.
A los bienes inscritos en la Lista de Protección Especial se les colocan los escudos azules para señalar que cuentan con ese amparo. López Morales evoca que durante el terremoto en Aquila, en la región de Abruzos, en Italia, en 2009, sufrieron daño diversos monumentos romanos, góticos, barrocos y renacentistas, así como museos, bibliotecas y colecciones privadas, se movilizó el Comité del Escudo Azul para proporcionar ayuda.
Cabe señalar que además de los desastres naturales y las guerras, existen proyectos de carácter “antropogénico” que amenazan constantemente al patrimonio cultural, como el desarrollo urbano, la construcción de presas, carreteras y la explotación minera, y en los últimos años proyectos turísticos y de remodelación emprendidos por gobiernos como el de Puebla con Rafael Moreno Valle, que cuentan incluso con el visto bueno o la aprobación explícita del INAH.
Ante ello, los funcionarios expresan su confianza en que la inscripción en el Registro de Protección Especial contribuirá a crear conciencia de la necesidad de salvaguardar estos bienes.
Según ellos ya se ha logrado detener algunos de estos proyectos como el de la construcción de 800 casas a un lado del Santuario de Jesús de Nazareno, en Atotonilco, cerca de San Miguel de Allende (declarado Patrimonio Mundial en julio de 2008).
Describen además que no es una situación exclusiva de México, que hay sitios patrimoniales como las pirámides de Giza, en Egipto, que las fotos hacen aparecer como aisladas en el desierto, cuando la imagen satelital permite ver que se encuentran “acosadas” por la mancha urbana (como ocurre con varias zonas arqueológicas mexicanas).
También recuerdan el caso de la ciudad de Dresde, en Alemania, que perdió su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial cuando las autoridades citadinas prefirieron “el progreso” y construyeron sobre el río Elba el puente Waldschlösschenbrücke, considerado entonces por la alcaldesa Helma Orosz como una “obra maestra de la ingeniería”.
“Son batallas permanentes”, dice López Morales, y agrega que la inscripción de Mitla y Yagul en la Lista del Patrimonio Mundial se logró gracias al trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desviar la carretera Panamericana que tomaría justo por los valles centrales, y finalmente “la carretera no pasa por ahí.”
Esos son ejemplos de cómo ayudan las convenciones mundiales de la UNESCO, puntualizan cuando se les pregunta si realmente sirven de algo, al recordar que al final del día nada ha detenido la destrucción en casos como Siria o Bagdad.
