Un escándalo de corrupción tras otro, destapados por una comisión de la ONU destacada en Guatemala, tienen contra las cuerdas al presidente Otto Pérez Molina. La revelación de fraudes millonarios –en uno de los cuales está implicada una empresa mexicana distribuidora de fármacos– ya lo obligó a despedir a gente de su círculo cercano, incluida la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero el asunto no para ahí: los guatemaltecos piden más, piden la cabeza del mandatario.
Ciudad de Guatemala.- El mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país le ha costado el puesto a la vicepresidenta, a tres ministros, al jefe de inteligencia y a una juez. Pero los miles de guatemaltecos que se han unido al nuevo movimiento #RenunciaYa consideran esto insuficiente.
Durante seis semanas consecutivas han acudido a la Plaza de la Constitución para exigir la dimisión del presidente Otto Pérez Molina y una reforma estructural que acabe con la corrupción.
La magnitud del escándalo que destapó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado 16 de abril ha llevado a muchos a calificar al gobierno de Pérez Molina como el más corrupto desde la dictadura de Romeo Lucas García, cuya gestión –a inicios de los ochenta– se vio empañada por un fraude electoral y fuertes protestas contra las concesiones a empresas extranjeras.
La CICIG, creada por la ONU en 2006 para desmantelar a los grupos del crimen organizado en el país y fortalecer las instancias del sector judicial, promovió el arresto, ocurrido el 16 de abril, de 21 funcionarios y exfuncionarios acusados de integrar una enorme red de defraudación aduanera –llamada La Línea– que mermaba al fisco mediante el ajuste irregular de los aranceles de importación y la simulación de ingreso de mercancías.
Esa estructura incluía desde tramitadores y técnicos administrativos encargados de la inspección aleatoria de los contenedores, hasta el jefe y el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco y Carlos Muñoz, respectivamente.
La Línea, según la CICIG, estaba dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, prófugo y con una orden de captura internacional.
Según investigaciones publicadas por El Periódico, tras una corta carrera como subteniente, Monzón fue expulsado del Ejército en 1998 por desobediencia, mala conducta e incumplimiento de deberes. Tres años después fue detenido por la policía, acusado de robo de autos.
Desde que asumió el cargo de secretario privado de Baldetti, Monzón adquirió mansiones y fincas valuadas en 2.2 millones de dólares, cantidad que supera con creces los 120 mil dólares devengados en tres años como funcionario.
Otras investigaciones de El Periódico también detallaron la fortuna amasada por Baldetti –13.4 millones de dólares– desde que comenzó su carrera política a mediados de los noventa, cantidad imposible de reunir con su salario.
“La R”
El 16 de abril, cuando arrestaron a los integrantes de La Línea, Baldetti y Monzón estaban en Corea del Sur, donde ella recibiría un doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Daegu.
Monzón, quien nunca había acompañado a la vicepresidenta en un viaje al extranjero, desapareció en Corea del Sur; después la prensa demostró que el equipo de comunicación de Baldetti había mentido sobre su fecha de ingreso al país asiático, lo cual acrecentó los señalamientos de que ella había facilitado la huida.
Días después la prensa publicó la transcripción de conversaciones telefónicas interceptadas por la CICIG que contienen múltiples referencias a “La Señora”, “La Dos” y “La R”, que generan fuertes sospechas en torno al involucramiento directo de Baldetti como el primer eslabón en la cadena de mando de La Línea.
Pérez Molina tampoco pudo justificar por qué había nombrado a Franco jefe de la SAT a finales de 2014, cuando la baja recaudación generaba dudas sobre su gestión.
En el primer trimestre de este año, la brecha fiscal reportada por la SAT alcanzó 22.8 millones de dólares, lo cual afectó las transferencias presupuestales de diversas instancias públicas, dejando a tres de los mayores hospitales públicos del país sin alimentos o material quirúrgico y a las patrullas de la Policía Nacional Civil sin gasolina.
Y más: el 19 de abril renunció el candidato presidencial del oficialista Partido Patriota (PP, al cual pertenecen el presidente y la exvicepresidenta), Alejandro Sinibaldi, tildando a Baldetti de corrupta, y se produjo un éxodo de diputados de ese instituto político al principal de la oposición: Libertad Democrática Renovada.
Mientras el PP se desmoronaba y la popularidad del gobierno caía en picada, crecían la popularidad de la CICIG y la exigencia ciudadana de que renuncie el presidente.
Pérez Molina y la cúpula empresarial habían mantenido una relación tensa con la CICIG desde que se llevó a cabo el juicio a Efraín Ríos Montt, en 2013, pues ésta expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) de revertir la sentencia del dictador, por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Esto irritó al mandatario y al sector empresarial, quienes acusaron a la CICIG de extralimitarse en sus funciones y entrometerse en asuntos internos del país.
El mandato de la comisión caduca en septiembre de este año y pese a su buen desempeño, a su aceptación entre la ciudadanía y a las presiones de Washington para que se le permitiera continuar su trabajo, Pérez Molina se rehusaba a solicitarle a la ONU una prórroga de dos años.
Pero al estallar el escándalo de La Línea, el sector empresarial se vio obligado a distanciarse de Pérez Molina y cambiar su postura. Ahora elogia el “profesionalismo” de la CICIG y llama a librar “una cruzada nacional contra la corrupción”.
“La Línea cambió la correlación de fuerzas. El sector empresarial estaba aceitando las estructuras criminales vinculadas a las aduanas; saben que tienen la cola machucada y por eso no les quedó otra más que jugársela y manifestar su apoyo a la CICIG”, explica a la reportera el politólogo Renzo Rosal, de la Universidad Rafael Landívar.
Así, el 23 de abril Pérez Molina anunció que renovaría el mandato de la CICIG, pero eso no bastó para calmar las protestas que exigían la dimisión del binomio presidencial.
El miércoles 6 el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras se unió al clamor popular y amenazó con llamar a un paro nacional si Baldetti no era destituida. Extraoficialmente también se mencionaban fuertes presiones de la embajada estadunidense para obligar a la vicepresidenta a dejar el cargo a fin de apaciguar el descontento popular y salvaguardar la gobernabilidad del país.
Dos días después Pérez Molina anunció la renuncia de Baldetti, ahora bajo arraigo mientras la CICIG sigue con la investigación.
El viernes 15 Alejandro Maldonado Aguirre, magistrado de la CC, fue juramentado como vicepresidente. Este hombre, de 79 años, durante los setenta militó en el desaparecido Movimiento de Liberación Nacional, agrupación de extrema derecha vinculada con los escuadrones de la muerte.
En 2013 fue uno de los magistrados que votaron por la anulación de la sentencia contra Ríos Montt. Tiene el respaldo de la cúpula empresarial pero no del movimiento ciudadano #RenunciaYa, el cual rechazó a la terna de candidatos propuestos, al considerar que cualquier funcionario dispuesto a integrar el binomio presidencial después de conocerse el caso de La Línea, inevitablemente se vería salpicado por los señalamientos de corrupción contra el gobierno de Pérez Molina.
“Bufete de impunidad”
El viernes 8, cuando Pérez Molina anunciaba el despido de Baldetti, el caso La Línea salpicó al Poder Judicial, luego del arresto (a instancias de la CICIG) de tres abogados acusados de integrar un “bufete de la impunidad” que supuestamente sobornó a la juez Marta Josefina Sierra González de Stalling para que beneficiara con medidas sustitutivas a varios de los altos funcionarios detenidos como parte de la investigación.
La CICIG y el Ministerio Público (MP) solicitan un antejuicio contra Sierra González por los delitos de prevaricato y cohecho pasivo.
Una de las conversaciones telefónicas interceptadas por la CICIG también menciona a la cuñada de Sierra González, Blanca Aída Stalling Dávila, presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las revelaciones agudizaron la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema político guatemalteco.
Pero hay una pieza más de la investigación cuyas implicaciones podrían ser particularmente graves para Pérez Molina: una conversación telefónica interceptada por la CICIG entre dos supuestos integrantes de La Línea que hace referencia a una persona llamada “el presidente”, quien supuestamente ordenó que Francisco Javier Ortiz Arriaga, Teniente Jerez, uno de los cabecillas del grupo delincuencial, se incorporara a la estructura criminal.
Ortiz Arriaga es uno de los acusados de emplear el “bufete de la impunidad” para sobornar a la juez Sierra González con 25 mil dólares a cambio de ser beneficiado con arresto domiciliario en vez de prisión preventiva.
“Me lo confirmó Jerez, mirá, me dijo, lo que te voy a decir es en serio, que esto se volvió un mercado y por eso la CICIG tiene información, y eso fue lo que el presidente me ordenó que cambie”, afirma Pineda en la grabación presentada por la CICIG ante los integrantes de la Red Moreno, una estructura dedicada al fraude aduanero desde los setenta, desarticulada en 1996 pero que, según la CICIG, nunca desapareció del todo.
La crisis política se agudizó el miércoles 20, cuando la CICIG destapó un nuevo escándalo de corrupción relacionado con el otorgamiento de un contrato anómalo de 14.5 millones de dólares en favor de la empresa mexicana Droguería Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal.
Como parte de la investigación fueron detenidos otros altos funcionarios, incluyendo al presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, y el presidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez.
Según investigaciones publicadas por El Periódico, Rodríguez fue parte de la unidad de inteligencia militar G2 (la contrainsurgencia financiada por la CIA en los ochenta) y pertenecía a un grupo de oficiales leales a Pérez Molina, llamado Los Titos por el pseudónimo militar Tito Arias, supuestamente utilizado en esos años por Pérez Molina.
Rodríguez fue uno de los financistas del PP y en 2012 fue nombrado secretario privado del presidente.
Un año después Pérez Molina lo nombró presidente de la Junta Directiva del IGSS, tras una controvertida intervención militar para deponer al antecesor de Rodríguez, Luis Reyes Mayén, envuelto en un escándalo sexual.
Pérez Molina justificó el nombramiento de Rodríguez aseverando que era una persona “de su plena confianza”, palabras que lo han puesto en aprietos a la luz del más reciente escándalo de corrupción.
Entre los detenidos por el asunto IGSS también está Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada Stalling Dávila.
El jueves 21, un día después de que estallara el escándalo del IGSS, Pérez Molina hizo un desesperado intento por controlar la crisis y anunció la destitución de tres ministros, un viceministro, el jefe de inteligencia y la cónsul de Guatemala en Miami.
Los destituidos fueron: el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, un teniente coronel retirado, considerado brazo derecho de Pérez Molina; el viceministro de Seguridad, Edi Juárez Prera; el ministro de Energía y Minas, Érick Archila Dehesa; la ministra de Ambiente y Recursos Naturales Michelle Martínez; el jefe de inteligencia Ulises Anzueto, y la cónsul en Miami, Gabriela Aparicio.
A López Bonilla, Juárez Prera y Anzueto se les acusa de otorgar un contrato sobrevalorado para la compra de cámaras de vigilancia para la policía. A Archila, de otorgar contratos sobrevalorados para la compra de generadores eléctricos, y a Martínez, de autorizar la compra de un desinfectante israelí para limpiar el Lago Amatitlán –a un costo de 17.9 millones de dólares–, sin hacer un estudio previo de impacto ambiental, como estipula la ley.
Aparicio es una joven maquillista que tenía una estrecha amistad con la exvicepresidenta Baldetti y había sido objeto de escarnio por parte de los medios por carecer de las calificaciones necesarias para el servicio exterior.
“Son ministros que han participado en contrataciones que pueden tener dudas razonables. El presidente prefiere adelantarse y tomar algunas medidas paliativas, pero el reclamo ciudadano va a seguir porque lo ven como alguien que está gobernando con corruptos”, afirma el politólogo José Dávila.
