Fumigar con glifosato los terrenos donde se cultiva la hoja de coca no le ha dado a Colombia los resultados esperados: no disminuye la producción de la planta y pone en riesgo la salud de los campesinos, pues numerosos estudios ubican la sustancia como cancerígena. Finalmente el gobierno colombiano decidió acabar con décadas de aspersiones del herbicida, pese a la fuerte presión de Washington para mantenerlas. La apuesta de Bogotá está ahora en la regulación estatal de algunos estupefacientes y la búsqueda de alternativas no penales para los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos, los correos humanos y los consumidores.
Bogotá.- En un deslinde de la estrategia antidrogas enfáticamente represiva que impulsa Washington en Colombia desde hace décadas, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió suspender la aspersión de los cultivos de hoja de coca con glifosato, un herbicida que puede causar cáncer y provoca estragos en el medio ambiente.
La medida fue adoptada pese a la presión que ejercieron funcionarios estadunidenses sobre el gobierno colombiano para mantener las fumigaciones con ese producto y al rechazo del procurador general Alejandro Ordóñez, quien dijo que el país “se inundará de coca”.
El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, afirma en cambio que la suspensión de fumigaciones con glifosato representa para Colombia “un paso histórico” hacia una nueva política de drogas.
Ese viraje de la estrategia, indica el ministro, estará marcado por una apertura a la regulación estatal de algunas sustancias, como la mariguana, y por la búsqueda de alternativas no penales para los tres eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos que siembran hoja de coca, los correos humanos que transportan droga y los consumidores.
“Esto supone una regularización de las drogas por vías distintas a la utilización del derecho penal”, dice a Proceso Reyes Alvarado.
Para Colombia, un socio estratégico de Washington en la región y su principal aliado en la guerra contra las drogas, no fue fácil lidiar con la ofensiva diplomática que desplegaron funcionarios estadunidenses para impedir la finalización de las aspersiones aéreas de glifosato.
Hasta horas antes de que el Consejo Nacional de Estupefacientes hiciera oficial la decisión colombiana, el jueves 14, el subsecretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, y el embajador de Washington en Bogotá, Kevin Whitaker, insistieron en que el uso del glifosato no sólo es el mejor método “para eliminar la coca”, sino además es “muy seguro” para la salud humana.
Y el secretario de Estado Adjunto para temas de narcotráfico, William Brownfield, planteó su total rechazo a la eliminación de las aspersiones del herbicida –fabricado por la poderosa multinacional Monsanto– al considerar que llevará a un aumento de cultivos ilícitos en el país.
“Hubo una presión muy soterrada de Estados Unidos, pero el gobierno de Santos parece decidido a hacer un viraje en la política antidrogas y éste es un paso muy importante en esa dirección”, dice a este semanario la politóloga y maestra en medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia Sandra Liliana Mejía.
El “principio de precaución”
El pasado marzo la Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en una lista de posibles cancerígenos, tras numerosos estudios de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer que así lo confirmaron.
El año anterior, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado habían ordenado al gobierno colombiano determinar si ese herbicida tiene efectos nocivos en el ser humano y de ser así o de existir duda, aplicar el “principio de precaución” y suspender su uso.
Hace dos años Colombia debió indemnizar a Ecuador con 15 millones de dólares por los daños genéticos irreparables que causaron a campesinos del vecino país las aspersiones aéreas de glifosato en la frontera común.
Con estos antecedentes, Santos decidió suspender las fumigaciones, símbolo de la estrategia antidrogas que aplicó Colombia bajo el tutelaje de Estados Unidos desde los noventa, siempre en contravía de comunidades campesinas, ambientalistas y sectores políticos que cuestionan su uso y su efectividad.
“Las aspersiones con glifosato han sido una imposición de Estados Unidos y son el eje estratégico del enfoque que busca cortar la producción de drogas con políticas represivas. Pero la cocaína y heroína no han desaparecido, como tampoco los cultivos, y por eso es totalmente legítimo que Colombia busque nuevas formas de enfrentar la lucha contra las drogas”, asegura Mejía.
Aunque el glifosato es utilizado en la agricultura en varios países del mundo, sólo en Colombia se emplea para destruir cultivos. Esto significa que las comunidades campesinas están expuestas a un uso intensivo y muy concentrado de ese herbicida, el cual daña por igual los sembradíos de hoja de coca y los de otros productos agrícolas lícitos que colindan con éstos.
Entre 1994 –cuando comenzaron las aspersiones– y 2014 fueron fumigadas con glifosato 1.8 millones de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia. Según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas, el área sembrada con esa planta pasó de 44 mil 700 hectáreas en 1994 a 48 mil 189 en 2013. En 2000 se registró el punto más alto, con 163 mil 300 hectáreas, pero desde entonces hubo un descenso.
Según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos –que tradicionalmente difieren de los del SIMCI– esa tendencia se rompió el año pasado, pues entre 2013 y 2014 los cultivos de hoja de coca aumentaron 39%.
De acuerdo con investigaciones del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, la capacidad de producción de cocaína pura en Colombia se mantiene en un nivel alto, de unas 290 toneladas al año.
Contra lo que se cree, el mayor costo de esta estrategia ha recaído en Colombia. No sólo por las muertes que ha causado en el país la guerra contra las drogas y el narcotráfico –3 mil 800 de 1994 a 2008–, sino porque por cada dólar que Estados Unidos destina a las fumigaciones, el gobierno colombiano desembolsa dos.
Estudios del Cesed indican que para destruir una hectárea de plantíos de hoja de coca es necesario fumigar con glifosato 29 hectáreas, lo que tiene un costo de 72 mil dólares. La hoja de coca recolectada en una hectárea tiene, en cambio, un valor muy inferior, de sólo 400 dólares, cifra irrisoria para los narcotraficantes.
Colombia ha gastado en las últimas dos décadas 2 mil 975 millones de dólares en estas tareas, monto que duplica los aportes de Estados Unidos.
Para el ministro Reyes Alvarado, estos recursos podrían destinarse a programas de desarrollo alternativo en las zonas de cultivo, donde la marginalidad, pobreza y abandono del Estado orillan a los campesinos a cultivar la hoja de coca a pequeña escala como medio de subsistencia.
“La solución no es simplemente acabar físicamente con los cultivos ilícitos. La solución completa requiere una intervención social del Estado en la que estamos trabajando. Hemos cambiado unas 14 mil hectáreas de hoja de coca y amapola por plantaciones de café, de caña, de cacao, palmitos y pimienta en distintas regiones del país”, señala el ministro.
Reyes Alvarado indica que las aspersiones aéreas con glifosato se suspenderán totalmente antes de octubre próximo, lo cual dará tiempo al gobierno para reforzar los programas de desarrollo alternativo y de sustitución voluntaria de cultivos en las zonas cocaleras.
Como parte de la nueva estrategia, que se elaborará con base en las propuestas que presente un comité técnico el mes próximo, el gobierno también ampliará el programa de erradicación manual de cultivos ilegales, que el año anterior destruyó 11 mil 702 hectáreas de hoja de coca.
Cambio de paradigma
El sociólogo y especialista en drogas y conflicto armado Ricardo Vargas considera que la decisión de Santos “marca, por primera vez, una postura autónoma de Colombia frente a Estados Unidos en este tema, y de esa forma, el presidente armoniza su discurso en el exterior, en el que impulsa estrategias alternativas en la lucha contra el narcotráfico, con su discurso doméstico”.
“No era muy coherente abogar por cambios drásticos en las políticas antidrogas en auditorios internacionales y mantener a nivel interno estrategias tradicionales contras las drogas que han dado resultados contraproducentes”, indica en entrevista el investigador.
Para Vargas, el fin de las fumigaciones con glifosato significa acabar con un factor perturbador para los programas de desarrollo alternativo y para la estabilidad de las regiones rurales, donde la ausencia del Estado facilita que las guerrillas de las FARC y el ELN y las bandas criminales fomenten la siembra de hoja de coca.
El autor del libro Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo, dice que la decisión de Santos se inscribe también en el marco del proceso de paz que desarrollan desde hace dos años y medio el gobierno y las FARC en La Habana.
El año pasado, las partes alcanzaron un acuerdo sobre drogas ilícitas que obliga al gobierno colombiano a fortalecer los programas de desarrollo alternativo en las comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca y a dejar las fumigaciones aéreas de glifosato como último recurso dentro de la estrategia antidrogas.
Las FARC, por su parte, se comprometieron a abandonar cualquier relación con las drogas ilícitas y a desminar las zonas cocaleras que en la actualidad permanecen bajo su control, lo que facilitaría el ingreso de la fuerza pública para erradicar manualmente los cultivos.
El procurador Ordóñez, enconado opositor al proceso de paz, dijo que el fin de las fumigaciones aéreas es una “concesión” a las FARC.
Vargas desestima esa afirmación y dice que aunque la estrategia general antidrogas “sigue viva”, el fin de las fumigaciones con glifosato es un avance hacia nuevas formas de enfrentar el fenómeno del narcotráfico y representa “un cambio de paradigma” en esa lucha.
Colombia busca que el viraje en las políticas contra las drogas sea asumido como una necesidad por la comunidad internacional y considera que una “oportunidad única” para avanzar en esa dirección se producirá en la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de Naciones Unidas, a celebrarse el próximo año en Nueva York.
Como parte de los preparativos para ese encuentro, Reyes Alvarado presentó este mes en la sede de la Organización de Estados Americanos el estudio Alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con drogas, el cual cuestiona el uso indiscriminado de la prisión para esos ilícitos y sugiere aplicar penas alternativas a infractores menores, no violentos, como los campesinos que producen materia prima para estupefacientes a pequeña escala, los correos humanos o “mulas” y los consumidores y portadores de droga en dosis menores.
De hecho, en el Congreso colombiano se preparan iniciativas de ley que apuntan en esa dirección y buscan despenalizar el uso de la mariguana con fines medicinales y regular las sustancias psicoactivas.
Funcionarios del gobierno colombiano comentan en privado que para este país no será fácil explorar nuevas rutas en la costosa guerra contra los estupefacientes. Ellos saben que Estados Unidos aumentará la presión si los cultivos de hoja de coca aumentan.
