Los graves antecedentes de violencia social y política en Guerrero, más la relacionada con la actividad del crimen organizado, mantiene en la zozobra a los habitantes de esa entidad. Y debido a este marco de inseguridad y desánimo que diversas agrupaciones ciudadanas no dejan de pugnar por el aplazamiento de las elecciones programadas para el próximo 7 de junio. De plano, no hay condiciones para el desarrollo de los comicios, sostiene uno de los dirigentes del Movimiento Popular Guerrerense.
ACAPULCO, GRO.- En un escenario de violencia e inestabilidad política, al llamado a evitar la realización de la jornada electoral hecho por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) se suma una convocatoria de organizaciones ciudadanas para posponer los comicios, a fin de generar condiciones reales para el ejercicio democrático.
El desánimo entre ciudadanos que poco a poco expresan su inconformidad por el grave deterioro de las condiciones de seguridad y el aumento de la pobreza y la corrupción se ha extendido en diferentes regiones del estado, donde además imperan el miedo y la incertidumbre ante lo que pudiera ocurrir el primer domingo de junio.
La invitación a evitar la votación fue aceptada en el municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica, donde el domingo 17, representantes de colonias y comunidades instalaron el Consejo Municipal Popular de Ayutla (CMPA).
En su edición del lunes 18, el diario El Sur dice que los objetivos del CMPA son evitar la instalación de casillas el 7 de junio, “cazar” a quienes pretendan comprar votos y asumir las funciones del cabildo.
La determinación de los representantes populares de Ayutla se apega a la estrategia difundida por el MPG, integrado sobre todo por miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, normalistas de la entidad y otras organizaciones sociales, que se desplazan por municipios indígenas de La Montaña y en Chilpancingo para destruir propaganda, boicotear mítines y decomisar dádivas (despensas).
Expreso político y fundador y exdirigente estatal del PRD, Bertoldo Martínez Cruz, una de las cabezas visibles del MPG, sostiene en entrevista que no hay condiciones para el desarrollo de las elecciones.
Para el también líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, ante la violencia generalizada, la ingobernabilidad desatada tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la falta de respuesta gubernamental a demandas añejas, el “hartazgo social” y el convencimiento generalizado de que “no hay candidatos ni partidos que no estén contaminados por los narcos”, las organizaciones del MPG consideran impedir las votaciones.
Apunta: “No vamos a decirle a la ciudadanía que no vote, nosotros vamos a buscar parar la elección, estamos yendo a las comunidades y les decimos que no permitan que instalen casillas, quizá si les ponen a los guachos (soldados) o la policía no van a querer acercarse, pero si la elección es libre, no se van a instalar las casillas”.
“Me cansé de pasar vergüenzas pidiendo el voto para candidatos que no cumplen sus compromisos ni les interesa la gente, y que el único objetivo del partido sea ganar por ganar, y por eso los (José Luis) Abarca y los (Ángel) Aguirre.
“No se ve un cambio real. En México se amanece siendo del PRD, se anochece siendo del PAN, al otro día son PRI y luego se van a Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano); ya no hay credibilidad, no es problema de un partido es el sistema el que está mal”, resalta.
Después de meses de movilizaciones para exigir la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, petición a la que se le han sumado demandas añejas de distintas organizaciones sociales, Martínez Cruz reconoce que hay “un desgaste físico, económico” y sobre todo de presencia pública.
Tras apuntar que el problema no son sólo los normalistas desaparecidos, sino los 23 mil en todo el país, más los 100 mil o más ejecutados durante la guerra contra el narcotráfico, el activista agrega que a la violencia e inseguridad se suman los agravios sociales por la pobreza. “Si no compraran el voto, no habría de participar ni 30% de la población. Van a las casillas porque les van a dar despensas, láminas, no porque vea en el voto una esperanza de cambio”, afirma.
Desencanto generalizado
Con un diagnóstico similar pero con una propuesta distinta sobre el proceso electoral, miembros de organizaciones civiles, empresariales, sindicales, profesionistas, policías comunitarios y experimentados líderes sociales, pretenden pasar de la expresión pura del descontento a la intervención popular en la conducción del estado.
Operando de bajo perfil, entre los conductores de la estrategia están figuras como Javier Morlet Macho, empresario y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y el exguerrillero Camilo Valenzuela, quien sin ser guerrerense ha mantenido relación estrecha con la entidad desde los setenta.
En entrevistas por separado ambos narran cómo es que representantes del movimiento magisterial y estudiantil, que han protagonizaron acciones extremas de protesta, se encontraron con empresarios del puerto de Acapulco.
A partir de noviembre del año pasado, un reducido grupo de empresarios encabezados por Morlet Macho se contactó con dirigentes de la Asamblea Nacional Popular para exponer sus preocupaciones.
Fueron encuentros de reclamos entre ambas partes. Los empresarios exponían que los bloqueos carreteros descapitalizaban la economía de Acapulco, la más importante del estado, lo que imposibilitaba a patrones mantener su plantilla laboral.
Los activistas justificaban las acciones de presión para localizar a los estudiantes y alertar sobre la violencia generalizada, que desde noviembre del año pasado cobró la vida de 22 maestros en tanto que ocho fueron secuestrados, según datos de la Secretaría de Educación de Guerrero.
El convencimiento de ambas partes de que en Guerrero no hay garantías para los ciudadanos de cualquier nivel económico y social, y de que la ingobernabilidad afecta a toda la población, unió a ambos grupos en el proyecto de refundación del estado.
Morlet, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Acapulco, sostiene que “el escenario es catastrófico, la elección del 7 de junio sería la continuidad de la ruta que nos ha llevado al desastre”.
Empresario inmobiliario, Morlet apunta que la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa puso en evidencia “que Guerrero representa lo peor de este país en corrupción, impunidad, opacidad, abusos, con una debilidad institucional extrema”.
Continúa: “Hay una evidente protesta de grupos sociales que han provocado que se viole la ley y no haya ninguna pena para quien bloquee autopistas, hay un condicionante de ingobernabilidad muy alta, y si a eso le agregas la alta pobreza y alta marginación, el enorme desempleo, tenemos un estado de Guerrero en plena decadencia y no se ve que las cosas vayan a cambiar con la elección”.
Convencido de que en la entidad prevalece “un desencanto de la sociedad por la política y por los políticos”, Morlet estima que en la próxima jornada electoral el abstencionismo podría rebasar 60%, lo que dejaría al próximo gobernante sin legitimidad.
“La sociedad no ve que votando por alguien se resuelvan los problemas que actualmente están viviendo y a ello hay que sumar la amenaza del MPG de que va a boicotear las elecciones y de hecho está boicoteando actos de campaña de algunos candidatos”.
Con el objetivo de realizar la Convención Estatal por el Rescate de Guerrero el próximo sábado 30, los activistas tienen como una de las premisas “hacer un alto en el camino” y aplazar los comicios.
Morlet apunta que “en este momento especial de crisis, la coyuntura se presenta oportuna para posponer las elecciones, de establecer condiciones distintas, una refundación de instituciones, no reparar las que ya están, sino reconstruir instituciones para cambiar la ruta y no nos lleve al desfiladero sino empezar a cambiar hacia una ruta de progreso que tanto nos urge”.
Camilo Valenzuela Fierro, dirigente de la corriente perredista Red de Izquierda Revolucionaria, apela a la “voluntad política” de los congresos federal y local para postergar las elecciones, porque “jurídicamente no hay manera”.
Alerta que lejos de resolver la descomposición social y política de la entidad, la votación “puede desencadenar confrontaciones que si el gobierno despliega el poder policiaco y militar tan dominante y extendido en Guerrero, puede cobrar muchas vidas”.
Valenzuela sostiene que la intención de los representantes de distintos sectores sociales y políticos de Guerrero es “construir una convocatoria participativa incluyente que supere la dinámica del reclamo, de la protesta defensiva y retome una iniciativa que ofrezca salidas alternativas a la continuidad de una política que va en camino al abismo y la profundización de la barbarie”.
Tras afirmar que “la frustración y el resentimiento social en Guerrero es muy grande” y ello justifica la posposición de la jornada electoral, Valenzuela alerta que de llevarse a cabo “quien quede (al frente del gobierno estatal) no va a resolver nada”.
Ante esa perspectiva, considera que la salida “a esta situación de barbarie y pudrición de la vida política y social de Guerrero, es un proceso de construcción de una organización ciudadano-popular para que se conforme como una fuerza refundacional del estado, que siga existiendo más allá del tiempo electoral”.
El objetivo final, agrega, es que desde la sociedad civil organizada se sienten las bases para la consolidación de un proyecto de nueva Constitución en Guerrero “que incorpore lo más avanzado de la legislación nacional e internacional”.
