En lo que probablemente sea el mayor avance contra los feminicidios en las últimas dos décadas, un juzgado en Chihuahua comenzó un juicio oral contra presuntos integrantes de la banda Los Aztecas por el asesinato de 11 mujeres. El caso, que cuenta con pruebas como testimonios de delincuentes y afectadas, así como tests de ADN, significa un gran triunfo para las madres de víctimas y organizaciones civiles. Sin embargo, la PGR no coopera a cabalidad y aún no hay policías detenidos, pese a que su participación ha sido documentada.
Por primera vez en 20 años un caso por feminicidio llegó a un tribunal mexicano. Se le conoce como El Gran Juicio y arrancó en abril pasado.
Once integrantes de Los Aztecas –brazo ejecutor del Cártel de Juárez– son procesados por el asesinato de 11 jóvenes halladas en el arroyo El Navajo, del Valle de Ciudad Juárez, Chihuahua. Los acusados presuntamente eran tratantes de personas que pagaban “protección” a agentes de la Policía Federal (PF), quienes incluso aceptaban pagos en especie: servicios sexuales de las jóvenes retenidas ilegalmente.
Algunos de los procesados ya habían sido denunciados desde 1995 por madres de muchachas desaparecidas. A partir de esa fecha, más de mil mujeres han sido ejecutadas en la zona. De hecho, sólo entre 2010 y 2014 se reportaron 727 casos
Tras años de investigación, Imelda Marrufo y Santiago González –de la organización Red Mesa de Mujeres de Juárez, que ayuda jurídicamente a las madres de las víctimas– lograron delinear el modus operandi que los implicados seguían a últimas fechas:
“Agentes federales que a partir de 2008 llegaron a combatir al crimen organizado al mando de Facundo Rosas, comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y coordinador del Operativo Conjunto Juárez, impusieron a este grupo de Los Aztecas una ‘cuota’ por operar una red de trata de blancas en el hotel Verde. Ahí, los agentes cobraban por ‘protección’ en efectivo y en especie, esta última con servicios sexuales de las jóvenes retenidas en este lugar en contra de su voluntad.”
El procedimiento
El Gran Juicio –también conocido como caso El Navajo– es un proceso oral que investiga el mayor panteón clandestino de mujeres hallado en Ciudad Juárez. En el predio se encontraron restos de 21 víctimas, pero el proceso penal sólo analiza los casos de las primeras 11.
El 11 de junio de 2013, cuando se realizó la detención de Los Aztecas, Jorge González, fiscal de la Zona Norte, dijo que los aprehendidos se hacían pasar por comerciantes de abarrotes, botas vaqueras y otros productos para ocultar el tráfico de mujeres pobres de entre 15 y 25 años de edad. Las atrapaban mientras ellas buscaban trabajo en el centro de Juárez, engañándolas con el señuelo de convertirlas en modelos.
Una vez retenidas, las obligaban a prostituirse y a vender droga, bajo la amenaza de matar a sus padres y a sus hermanos. Si alguna se oponía la asesinaban y su cuerpo lo arrojaban a El Navajo.
En entrevista, Marrufo y González hablan sobre El Gran Juicio: “En diciembre de 2011, habitantes de San José de Paredes, poblado del Valle de Juárez, reportaron a las autoridades el hallazgo de restos óseos por la cuenca del arroyo El Navajo. El 27 de enero, el 3 de febrero de 2012 y el 3 de marzo de 2013, agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género rastrearon a lo largo de la cuenca del arroyo y localizaron más de un centenar de fragmentos óseos desarticulados”.
Los restos coincidieron con los perfiles genéticos aportados por 11 familiares de jóvenes y niñas desaparecidas entre 2009 y 2011.
A inicios de 2013 se detuvo a un menor de edad por el delito de narcomenudeo. En su declaración inicial aportó datos sobre el rapto de jóvenes y niñas, y mencionó a otros testigos de los secuestros. Derivado de ello, en junio de ese año una juez de Garantía ordenó la detención de Camilo del Real Buendía, Manuel Vital Anguiano, Gerardo Puentes Alba, César Félix Romero, Jesús Hernández Martínez, José Antonio Contreras Terrazas, Édgar Jesús Regalado Villa y Víctor Chavira García (este último murió en el penal por complicaciones renales).
Algunos de ellos eran conocidos como empresarios del primer cuadro de la ciudad: Del Real Buendía es propietario de una agencia de modelos; Chavira, de la tienda de ropa El Caporal, y Vital Anguiano, de una tienda de abarrotes. El resto es personal del hotel Verde.
En la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público planteó una hipótesis: “En los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en los municipios de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, los detenidos procuraron, indujeron, facilitaron, promovieron, reclutaron, mantuvieron, captaron, ofrecieron y trasladaron a las jóvenes”.
Las muchachas, continuó, eran explotadas sexualmente y obligadas a vender droga, principalmente en el hotel Verde. Cuando ya no les eran redituables eran asesinadas y abandonaban sus restos en el arroyo El Navajo.
Conforme avanzaron las indagatorias se identificó a más involucrados en los crímenes: Esperanza Castillo, Rafael Mena y Eduardo Sánchez Hermosillo. Ellos ya estaban detenidos en cárceles federales desde septiembre de 2010 porque, supuestamente, estuvieron involucrados en la ejecución de dos agentes federales perpetrada en el hotel Verde.
El Consejo de la Judicatura Federal ordenó poner a esos tres presos a disposición de jueces estatales. Se determinó, además, que los ocho primeros capturados realizaban “tareas operativas básicas” dentro de la organización criminal.
En ese momento, Red Mesa de Mujeres tuvo conocimiento de que en El Navajo se habían encontrado restos de 10 mujeres más, pero sus casos ya no alcanzaron a entrar en El Gran Juicio.
González aporta más detalles: “Teníamos entrevistas con detenidos, como César Félix Romero Esparza, a quien se le relaciona con varias víctimas desaparecidas incluso desde 1995; también con Manuel Vital Anguiano y con Jesús Regalado Villa. Teníamos una hipótesis alrededor de ellos, por lo que la declaración del menor de edad vino a consolidarla y a dar luz sobre personas que tenían información al respecto”.
Marrufo abunda: “En un principio se investigaban los casos como hechos aislados y no se indagaba la desaparición como parte de un conjunto de criminalidad. Ésta fue una deficiencia en las líneas de investigación que retrasó el momento que vivimos ahora”.
“Si las víctimas aparecen muertas en el Valle de Juárez –explica González–, no son casos aislados. Están vinculados. Pueden ser diferentes circunstancias, diferente modo de operar, en diferente lugar, pero tienen una relación, que es el rapto, la trata, el asesinato.”
–¿A todas las jóvenes las concentraban en el hotel Verde? –se le pregunta a Marrufo.
–Algunas fueron vistas ahí antes de desaparecer, otras en la tiendita de Manuel Vital Anguiano. Estoy hablando de información proporcionada por KDM, una testigo protegida, quien trabajaba con él pero salía a dormir a su casa. Ella regresaba al negocio de él todas las mañanas bajo la amenaza de que, si no lo hacía, la asesinarían a ella y a su niña. Había otros sitios, como una bodega a unas cuadras de la tienda de botas El Capora, que también se utilizaban para los actos de explotación sexual.
KDM relató que cuando llegó a la tienda de Manuel Vital en busca de trabajo él la contrató de inmediato. Sin embargo, después de un corto tiempo, ella se dio cuenta de que no había clientela. Además, le resultó sospechoso ver a civiles, a policías municipales y a federales entrar y salir por un costado de la tienda. En ese momento ató cabos y decidió renunciar.
Sin embargo, en ese momento le resultó imposible alejarse: en una ocasión fue interceptada por una camioneta blanca en la que viajaban varios hombres, entre ellos Gerardo Puentes, uno de los detenidos. Él la subió al vehículo, la golpeó y la violó frente a otros pasajeros. Le advirtió que si intentaba escapar matarían a su hija. “En ese momento supe que yo les pertenecía”, relató KDM a Marrufo.
La tienda de Vital se ubica en pleno centro de Ciudad Juárez, a escasos metros de la estación Delicias de la Policía Municipal. Muchos de los agentes acudían al expendio a contratar servicios sexuales, por lo que era impensable escapar. “¿A quién le pides auxilio cuando sabes que la policía no es una opción?”, cuestiona Marrufo.
Además de la contundencia del testimonio de KDM, asegura, el Ministerio Público presentará a otras víctimas que lograron escapar, quienes aseveran que nunca volvieron a ver a algunas jóvenes que incumplieron las órdenes de sus captores.
Entre los castigos que aplicaban Los Aztecas, relata González, “estaba tener sexo con los clientes, prohibir la comunicación con familiares o con otras personas y no hablar mucho con otras jóvenes. La constante entre las víctimas es que todas andaban en busca de trabajo y en la tienda de Vital lo encontraban. Incluso se presentaron testigos a las que quizá dejaron ir porque no fueron consideradas víctimas fáciles, porque (los agresores) se dieron cuenta de que tenían más redes familiares y de apoyo”.
Marrufo interviene: “Hace tiempo solicitamos la intervención de la PGR para que indagara sobre los policías federales en el Hotel Verde, porque de ellos no hay un solo detenido, a pesar de que es una línea de investigación muy fuerte. Sin embargo, la PGR se ha negado a colaborar.
“Se tiene que investigar la vinculación de la Policía Municipal y de la Policía Federal, pues es un hecho que tenían conocimiento del establecimiento. Incluso el asesinato de dos agentes federales ocurrido en su interior no fue una casualidad, pudieron ser matados cuando algo resultó mal por el cobro de derecho de piso”, insiste.
–¿Esos agentes federales a qué acudían al hotel?
–KDM y otros testigos mencionan que los agentes federales que patrullaban la ciudad iban a cobrar cuota, si no con dinero, sí con servicios sexuales. Acudían pese a que allí era un punto de reunión de la banda de delincuentes. Incluso el acceso al tercer piso estaba prohibido a las jóvenes porque allí se almacenaba, se repartía y se distribuía la droga y las ganancias. En el primero y segundo nivel del hotel estaban ellas.
De acuerdo con las líneas de investigación de las madres y de los integrantes de la Red, en su “ingenuidad” los policías federales muertos se metieron a extorsionar al lugar y a la gente equivocada. Por eso los mataron.
Recuerda que, durante un cateo en ese hotel, dentro de un buró encontraron un mensaje escrito con labial, que decía: “Atrapadas. Ayúdenos”.
Tampoco es una casualidad que los cuerpos de las jóvenes estén apareciendo en El Navajo: esa zona era resguardada por la Policía Federal y el Ejército.
Respecto de El Gran Juicio, Marrufo asienta: “El hecho de que las madres por primera vez comparezcan ante un tribunal judicial, que puedan estar allí, que por primera vez y frente a los victimarios de sus hijas puedan hablar sobre quiénes eran ellas y demandar justicia, es sumamente importante para las madres y, sin duda, para la vida del país”.
