Señor director:
A 70 años del fin de la sangrienta Segunda Guerra Mundial, muchas son las voces que reconocen que vivimos en una permanente guerra por el control político y económico a nivel internacional. En esta guerra, con Estados Unidos como principal implicado, México juega un papel sumamente relevante ya que, cuando en 1848, por razones de conflicto interno, la potencia del norte decidió no quedarse con todo nuestro territorio, ninguno de los intereses en pugna en ese momento renunció a la colonización por otros medios, que, como se ha observado en momentos posteriores de nuestra historia, contemplan la ocupación militar.
Así pues, vivimos la operación abierta o encubierta de miles de agentes estadunidenses en territorio nacional, y solicitaron la portación legal de armas aquí, lo que no han dudado en cumplir quienes hoy detentan el poder.
Históricamente, en cada nación conquistada los pueblos originarios han sido sometidos a la esclavitud o, en el peor de los casos, al exterminio. A los mexicanos se nos ha sometido a persecución y explotación permanentes, así como a la constante violación de los derechos humanos.
En uno de tantos casos conocidos pero deliberadamente ignorados, en 1996, en la región Loxicha, Oaxaca, comenzó una despiadada guerra de exterminio contra los indígenas zapotecos, que se tradujo en cientos de indígenas torturados y encarcelados; muchos de ellos antes fueron desaparecidos y sometidos a las peores torturas hasta por nueve meses; el desplazamiento forzado de la población y las ejecuciones extrajudiciales a manos de grupos paramilitares fue el siguiente paso, cuando a policías y militares se les acabó el argumento de la guerrilla.
De aquellos viejos presos políticos y de conciencia quedan ocho indígenas recluidos desde hace 19 años, y han sido ejecutadas extrajudicialmente más de 250 personas, sobre todo líderes comunitarios, pues la represión ha sido permanente y encabezada por grupos paramilitares, como el de Óscar Valencia García, priista que, acompañado de un grupo de hombres armados, ahora hace campaña para la diputación federal.
En 2006, esta guerra descarnada se trasladó a la capital de Oaxaca, cuando la movilización popular pretendió expulsar del poder a Ulises Ruiz Ortiz, gobernante del PRI que, apoyado por el gobierno federal, sofocó las manifestaciones a sangre y fuego. Cientos de personas conocieron la represión, la tortura y la cárcel, además de que se documentó la ejecución extrajudicial de 26 personas afines a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de junio a diciembre de ese 2006.
El 25 de mayo de 2007 fueron desaparecidos en la ciudad de Oaxaca los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez; el 5 de julio de ese mismo año las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años, respectivamente, fueron desaparecidas en la región Triqui. El gobierno del estado se burla de organizaciones y familiares que exigen su presentación con vida.
La represión que se veía venir al regresar el PRI a la Presidencia de la República se hizo efectiva el 1 de diciembre de 2012. A partir de su llegada al poder, las reformas estructurales comprometidas con el capital trasnacional fueron puestas en marcha, aunque había y sigue habiendo un fuerte movimiento social en su contra.
Lo visto en 2006 sólo era una prueba de lo que de manera encubierta estaba por llegar. El Estado no se hallaba dispuesto a perdonar al pueblo insolente que se había rebelado contra el poder; el pacto con viejos priistas represores trajo como consecuencia ejecuciones selectivas de dirigentes de organizaciones sociales, indígenas y campesinos. Para documentar la gravedad de la situación es necesario señalar que en este sexenio de Gabino Cué Monteagudo se han documentado 372 feminicidios.
El magisterio oaxaqueño, más allá de la desaparición forzada del profesor Carlos René Román Salazar y otros en este sexenio, sufrió el 17 y 18 de mayo de 2013 la mayor escalada de violencia con la detención ilegal, tortura y traslado a penales de máxima seguridad fuera del estado de profesores, defensores de derechos humanos e indígenas mediante el viejo mecanismo de la fabricación de expedientes judiciales con el claro objetivo de desacreditar el movimiento magisterial y popular que entonces enfrentaba la reforma educativa. En total, 13 detenidos, entre ellos dos mujeres.
Damián Gallardo Martínez, indígena mixe, profesor y defensor de derechos humanos, ha cumplido, junto con las otras 12 personas, dos años de prisión en manos de dicha dictadura priista este 18 de mayo.
Las ejecuciones extrajudiciales de tres estudiantes y tres jóvenes más, junto con la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, han evidenciado a nivel internacional el carácter fascista del gobierno de Enrique Peña Nieto y la corrupción institucional con el crimen organizado, utilizando al Ejército federal como punta de lanza de contrainsurgencia social en acciones preventivas que se han salido de control y originado incluso la simulada crítica del mismo gobierno de EU.
Ante este panorama de guerra, exijo: 1) Alto a la criminalización y represión de la protesta social; 2) Libertad para los presos políticos y de conciencia en nuestro país; 3) Presentación con vida de todos los desaparecidos en México, incluidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y 4) Alto a la impunidad y castigo a los culpables de la represión y delitos de lesa humanidad en nuestra patria. (Carta resumida.)
Atentamente
¡Porque vivos se los llevaron,
vivos los queremos!
¡Presos políticos y de conciencia, libertad!
Juan Sosa Maldonado
Defensor de derechos humanos
