Si abril fue un mes aciago para el gobierno de Aristóteles Sandoval, mayo ha comenzado con los peores augurios, y no sólo para nuestras cariacontecidas autoridades, sino también para la sociedad jalisciense, incluidos los miles candidatos que están en campaña, buscando un puesto de elección popular.
Los habitantes de esta parte del mundo y sus gobernantes aún no se acababan de reponer de casos recientes como el cruento atentado que padeció la Fuerza Única Regional en la carretera Puerto Vallarta-Las Palmas o del desfiguro político que protagonizó el magistrado Leonel Sandoval, quien tanto quiere a su hijo (el gobernador Aristóteles Sandoval), que acabó comprometiendo tanto la carrera política de éste como la campaña del candidato priista a la alcaldía de Guadalajara (Ricardo Villanueva), cuando el pasado 1 de mayo se desató una serie concertada de atentados por distintas regiones de la geografía de Jalisco y algunos estados circunvecinos.
Ante estos atentados, atribuidos a un cártel de la droga que se autodenomina Jalisco Nueva Generación, el sorprendido gobernador del estado –al que acompañaron los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, aun cuando éstos no pasaron de ser simples convidados de piedra– poco pudo hacer más allá de presentar un apresurado recuento de daños, tan escueto como errático y poco tranquilizador, y de informar que, a causa de estos hechos que habían venido a alterar el orden público, se había decidido activar el “código rojo”, una medida que, por lo demás, no pareció haber servido de gran cosa como no fuera para meter más miedo en la población, pues ello no fue ningún impedimento para que un día después (el sábado 2 de mayo) se repitiesen otros atentados en Puerto Vallarta.
Todo ello, aparte de crear una sensación colectiva de indefensión ante lo que se ha dado en llamar la “delincuencia organizada”, ha venido a alterar la vida cotidiana de los jaliscienses. Así, por ejemplo, el servicio de transporte urbano tapatío se vio restringido durante el primer fin de semana de mayo, aparte de reportar la muy significativa renuncia de medio centenar de choferes de distintas líneas de transporte por temor a nuevos atentados. La Universidad de Guadalajara, por su parte, decidió suspender también durante un par de días sus actividades, y otro tanto ocurrió con algunas actividades de la Olimpiada Nacional. Y algo parecido sucedió con las campañas políticas, cuyos candidatos optaron por poner pies en polvorosa y resguardarse, por aquello de no te entumas, en algún lugar seguro, comenzando por el búnker doméstico.
No fue sino hasta el lunes 4 cuando las actividades cotidianas de los jaliscienses, incluidas las campañas proselitistas, comenzaron a normalizarse, aun cuando no se haya podido recobrar la tranquilidad pública y la cual ahora pareciera depender, por desgracia, de los planes y hasta del humor de las organizaciones criminales como la que ahora, de súbito, se puso de moda en Jalisco y, a quererlo o no, también en el resto del país: Nueva Generación, la cual ha cobrado renombre por atentados tan letales como el que perpetró el pasado 19 de marzo en Ocotlán, contra de efectivos de la Gendarmería Nacional, y pocas semanas después (el 6 de abril) en la carretera Vallarta-Las Palmas, contra 20 agentes de la policía estatal y del que sólo lograron sobrevivir cinco.
Irónicamente, en una entrevista radiofónica el titular de Fiscalía General de Jalisco, Luis Carlos Nájera, acabó haciendo una ambigua descripción del susodicho cártel Nueva Generación, descripción que muchos interpretaron como un elogio involuntario, pues el funcionario acabó diciendo que, a diferencia de otras, esa banda estaba “entera”. Y por lo visto, en efecto, no sólo está completa, sino que cuenta con una buena organización (aparte de equipamiento y armamento moderno y de avanzada), pues no sólo consiguió sembrar la zozobra en buena parte de Jalisco y entidades vecinas, sino que ese mismo día (viernes 1 de mayo), en un paraje de la zona de la costa sur jalisciense consiguió derribar, se dice que con un lanzacohetes de fabricación rusa, un helicóptero de combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el saldo inicial de seis militares muertos y el resto de los ocupantes de la aeronave (12 personas más) gravemente heridos. Cabe destacar que hasta esa fecha no se sabía de algún ataque de esa naturaleza llevado a cabo por el hampa.
Esta reciente serie de atentados se ha venido dando en pleno proceso electoral y, quiérase que no, ya ha tenido un efecto negativo en las campañas políticas, obligando a los candidatos a tener que referirse –por desgracia con más voluntarismo que buenos argumentos– a la que, sin duda, es la principal demanda ciudadana: la seguridad. Aun cuando todos los contendientes, incluidos los que se identifican con el partido en el poder, tanto en el gobierno federal como en el estado y los municipios más cotizados de Jalisco, reconocen la gravedad del problema, ninguno de ellos ha presentado una propuesta viable para salir de este grave atolladero.
Un buen ejemplo de ello le dieron los candidatos al ayuntamiento de Guadalajara del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano en un debate organizado por Radio Metrópoli el lunes 4. El priista Ricardo Villanueva insistió en su propuesta de instalar a destajo videocámaras a lo largo y ancho del municipio y también en las patrullas municipales. El abanderado del PAN, Alfonso Petersen Farah, se perdió en el túnel del tiempo, hablando de estampas nostálgicas como la del “policía de barrio”, que gozaba de la confianza de la ciudadanía. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano se quedó en aquello de que el desempleo y las desigualdades sociales son causas estructurales de la espiral de violencia que, en mayor o menor medida, padecen los tapatíos, los jaliscienses y la mayor parte del país.
Independientemente de quienes vayan a resultar ganadores en Jalisco los comicios del 7 de junio, los próximos alcaldes y diputados tendrán que lidiar desde sus respectivas posiciones con el enconado problema de la violencia y la inseguridad, problema al que ni siquiera han podido atemperar –ya no se diga encontrarle solución– gobiernos (federales, estatales y municipales) tanto del PAN como del PRI y del PRD e incluso hasta del Verde Ecologista como es el caso de Chiapas.
Dicho de otra manera, los alcaldes que habrán de tomar posesión el próximo 1 de octubre, en los 125 ayuntamientos de Jalisco, parecieran estar también condenados a decepcionar a la ciudadanía en el renglón de seguridad, en el entendido de que no tendrán más remedio que gobernar con las mismas corporaciones policiacas municipales de ahora, tan susceptibles de ser rebasadas, cuando no vulneradas y hasta corrompidas por grupos del crimen organizado, lo que por desgracia también sucede incluso con los presuntos cuerpos policiales de élite, tanto los del estado como los de la federación.
En la medida en que los habitantes de esta parte del mundo sean cada vez más realistas –y consecuentemente menos proclives al optimismo huero e ingenuo que día a día tratan de vender las rolleras autoridades de los distintos órdenes de gobierno–, tendrán que aceptar que el problema del crimen organizado, lo mismo que el de la delincuencia convencional, es algo que parece haber llegado para quedarse (para quedarse al menos por buen rato), en la medida en que se trata de algo que forma parte de nuestra desagradable realidad contemporánea; un muy grave problema y una realidad ídem contra los que muy poco han podido hacer quienes nos han venido gobernando desde hace por lo menos un par de décadas.
