Los jaliscienses se enteraron de que el Ejército y la Policía Federal habían iniciado la Operación Jalisco el viernes 1, pero fue cuando decenas de vialidades en varios municipios ya estaban bloqueadas por autos incendiados y se confirmó que un grupo delictivo había derribado un helicóptero militar. El gobernador dijo que conocían de la presencia de las fuerzas federales, pero ignoraban que se trataba de una operación en forma, mientras que el cuestionado fiscal general, Luis Carlos Nájera, simplemente no se vio.
La intervención del gobierno federal en el estado para acabar con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el arranque de la Operación Jalisco, coordinada a partir del martes 5 por el general Miguel Gustavo González Cruz, evidenció los desacuerdos y el distanciamiento entre la autoridad local y la federación, cuando el crimen organizado mostró disciplina y un incremento en su poder de fuego.
La primera acción militar, cuyo objetivo era la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, terminó el viernes 1 con la muerte de 15 personas –ocho sin identificar hasta el cierre de edición–, una cantidad no precisada de vehículos incendiados y un helicóptero militar derribado.
Ese día el candidato del PRI a la gubernatura de Colima, Ignacio Peralta, difundió por internet un video en el que expresa: “Siendo las tres de la tarde del primero de mayo, se tiene información oficial de la detención de uno de los jefes del CJNG, Nemesio Oseguera, apodado El Mencho. Esto ha provocado una serie de reacciones desesperadas, principalmente en Jalisco, y en Colima se tiene el reporte de vehículos quemados”.
Esto no fue confirmado ni desmentido por ninguna autoridad.
El CJNG respondió con más de 50 narcobloqueos –algunos sin incendiar vehículos– en más de 32 municipios, más los bloqueos registrados en Colima, Michoacán y Guanajuato.
La versión oficial es que el viernes 1, tras un intento fallido de detener un convoy de vehículos con hombres fuertemente armados en la ruta Casimiro Castillo-Villa Purificación –no se sabe si encabezado por El Mencho– se registró un ataque de lanzacohetes RPG 7 de fabricación rusa contra un helicóptero Cougar de las Fuerzas Armadas, donde se transportaban 16 militares y dos policías federales.
Es la primera vez, en la guerra contra el narco, que un grupo de la delincuencia organizada dispara un arma como esa, reconoció el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, ante los medios de comunicación el lunes 4.
Al día siguiente, el gabinete de Seguridad Nacional, encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llegó a Guadalajara con un enorme despliegue logístico para realizar un acto en el hotel Riu, en el poniente de la ciudad. Ahí el gobierno de Jalisco sólo fue representado por el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.
Por la administración de Enrique Peña Nieto asistieron, en cambio, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda; el comisionado de Seguridad Nacional, Rubido García, y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert.
En la reunión se informó que el general González Cruz –comandante de la V Región Militar, con sede en Zapopan, desde septiembre pasado– fue designado coordinador de la Operación Jalisco, cuyo principal objetivo es desmantelar el CJNG. El militar, de 64 años, es oriundo del estado de Hidalgo y antes fue responsable de la VIII Región Militar, en Reynosa, Tamaulipas.
A decir del investigador universitario Bernardo Jaén Jiménez, la actual crisis de seguridad pública en la entidad está marcada por la desconfianza hacia la administración de Aristóteles Sandoval y especialmente el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Carlos Nájera Gutiérrez, y ello es más evidente con el fracaso del nuevo intento de capturar al Mencho.
La jornada de violencia atribuida al CJNG en la zona centro occidente ocasionó, además de las bajas mencionadas, muchas diferencias entre el gobierno federal y la administración de Aristóteles Sandoval, señala.
Afirma que el nombramiento de un militar para encabezar la Operación Jalisco deja claro el carácter estratégico que la federación le asigna al combate contra el CJNG.
“Desplazamiento de funciones”
Desde la mañana del martes 5, helicópteros militares y de la Policía Federal sobrevolaron el cielo de Guadalajara. Fue notorio el desplazamiento de patrullas y otros vehículos policiacos en la zona metropolitana. Muchos automovilistas se sintieron intimidados por las camionetas con ametralladoras empotradas en sus cajas y sus tiras de cartuchos.
En el Hotel Riu, donde se reunieron los funcionarios del gabinete de Seguridad, el gran ausente fue el fiscal Nájera Gutiérrez.
En círculos políticos locales se difundió desde el sábado 2 que Nájera se iba de la FGE en cuestión de horas y que el anuncio se haría en el marco de la visita de Osorio Chong.
Pero el fiscal se mantuvo en el puesto. Las autoridades federales sólo informaron sobre el coordinador de la operación militar. El investigador Jaén Jiménez comenta que los altos funcionarios “no dijeron nada nuevo; quizá lo más relevante sea la designación del general Miguel Gustavo González como encargado de la Operación Jalisco, pero él ya estaba aquí desde antes, en la V Región Militar, y su nombramiento manifiesta la desconfianza que existe hacia las autoridades locales en materia de seguridad y de combate al crimen organizado”.
Precisa el investigador: “De lo más destacado es que el fiscal Nájera no se hizo presente, al menos no apareció en presídium. Previo a ello, lo que más llama la atención son las declaraciones del gobernador dando traspiés y titubeando al ser entrevistado por medios locales e internacionales sobre la situación que prevalece en Jalisco”.
Tras la reunión oficial, no se aclaró quiénes fueron los ocho muertos localizados cerca de los restos del helicóptero en Villa Purificación y que permanecen en el Servicio Médico Forense; tampoco se especificó si hay más fallecidos, cuestiona Jaén.
Destaca el bajo perfil de la procuradora Arely Gómez: “Ella debió ser una de las personas al frente de ese encuentro y tuvo que darle un mensaje claro a la población”.
En cuanto a Osorio Chong, le parece que ofreció un mensaje general y distante de los gobernados. Habló de cuerpos de seguridad bien preparados e incorruptibles y que la administración de Peña Nieto “va con todo” contra la delincuencia, “pero si el gobierno federal va a ese tipo de cosas y de mensajes sin hablar del diagnóstico real, entonces da la impresión de que no quieren informar a la población de todo lo que pasa”.
En la reunión del hotel Riu, el secretario de Gobernación dijo que El Mencho es uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal en el combate al crimen organizado.
Jaén Jiménez señala que en gran medida la reunión del gabinete de Seguridad Nacional sirvió de pantalla de humo para no reconocer las diferencias entre el gobierno federal y el estatal, así como la crisis de seguridad e incluso el escándalo de la invitación a violar la ley electoral que hizo el padre del gobernador, el magistrado Leonel Sandoval Figueroa, y su activa promoción del candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara.
Según Jaén, la petición de que el magistrado pidiera licencia en el Supremo Tribunal de Justicia y se apartara de la campaña no fue una ocurrencia del gobernador:
“Por supuesto que esta solicitud vino desde la federación, y los señalamientos ante el Tribunal Electoral se desechan en el marco de esta crisis de inseguridad, ligando asuntos electorales con esto. Yo veo que hay una total desconfianza hacia el gobierno de Jalisco y se ve que le están retirando el apoyo a Sandoval Díaz y de paso al PRI local, ante los problemas que enfrenta ese partido en la entidad.”
Para el académico, todo parece indicar que el PRI nacional ya se ve perdido en la contienda por Guadalajara y ya piensa en la contienda de 2018. Lo mismo hace, por su parte, el magistrado Sandoval Figueroa: no descarta que su muchacho busque la Presidencia de la República.
En tanto, el exdiputado del PRD y líder de la organización Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona, dice que la Operación Jalisco implica un claro mensaje: que el Ejército es el responsable de llevar a cabo las acciones estratégicas y “le dejan al estado la responsabilidad de las policías municipales”, en un desplazamiento evidente de funciones.
Cuestiona la actuación del fiscal general: “Replica, en una nota del periódico Mural, que él informó oportunamente sobre el crecimiento del CJNG, pero dice que no le hicieron caso y que ahora siguen sin verlo… Se queja de falta de atención por parte de la federación en los operativos de Jalisco”.
Primero el gobernador reconoció que la presencia de los helicópteros obedeció al inicio de una operación militar en tierras jaliscienses. Por la noche lo confirmó el secretario de la Defensa Nacional, pero al día siguiente el fiscal Nájera señaló que no se trataba de un operativo del Ejército y los delincuentes derribaron el helicóptero cuando hacía labores de vigilancia y reconocimiento.
“En el momento en que (la tripulación del Cougar) avista el convoy de hombres armados y bajó a enfrentarlos o detenerlos, los narcos creyeron que era una cosa más grande… Pero vuelve a salir a los medios Monte Alejandro Rubido y aclara que sí era un operativo en el que participaban cuatro helicópteros, y que cuando cae el Cougar los sicarios intentaron rematar a los militares, pero las otras aeronaves inhiben esa acción”, repasa Cosío Gaona.
No concuerdan datos como el número de vehículos que integraban el convoy de sicarios; hay quienes señalan que eran más de 100 y otros dicen que 20 o 30, observa.
Y sostiene que Nájera queda entre lo que dice su jefe y las acciones e informes de la autoridad federal, por lo que considera necesario analizar el relevo en la FGE.
Desacuerdos
La candidata del PRD a la alcaldía de Guadalajara, Celia Fausto Lizaola, sostiene que ante la gravedad del ataque del viernes 1 urge un cambio en la FGE. Para ella, ante el operativo militar fue evidente que existe filtración de información hacia los grupos delictivos.
Gerardo de la Cruz Tovar, maestro en Derecho con especialidad en administración de Justicia y Seguridad Pública, considera que la Operación Jalisco no fue sorpresiva, pues desde hace más de un año el gobierno federal mencionó que la entidad “tiene una presencia importante de grupos de la delincuencia organizada, por lo tanto se tendría que cambiar de estrategia”.
Además, cuando se creó la División de Gendarmería, Jalisco fue de las primeras entidades contempladas para desplegarlas, pues el gobierno federal puso al estado en el mismo nivel de inseguridad que Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.
–En su cargo anterior, como responsable de la VIII Zona Militar, González Cruz no logró abatir la inseguridad en Tamaulipas. ¿Se corre el riesgo de que Jalisco llegue a los extremos de ese estado? –se le plantea al académico.
–El problema es que el narcotráfico y la delincuencia organizada en general no son tan sencillos de combatir (…) Cuando se ha logrado abatir, no sólo en Jalisco sino en toda la República, a alguien que organiza un grupo delictivo, inmediatamente se fracciona en más grupos, que además generalmente son más agresivos hacia la sociedad, y se generan los enfrentamientos que padecemos.
Admite que existe la posibilidad de que la entidad alcance los grados de violencia que se viven en Tamaulipas y Michoacán: “Hace años que decimos: no veamos a Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas como algo distante, finalmente estamos en México y cerca de ellos”, comenta.
Lo irónico, añade, es que tras la violencia del viernes 1 en Jalisco, Michoacán blindó la zona limítrofe, cuando antes ocurría lo contrario.
Acerca del fiscal general, estima que ha emitido discursos desafortunados, como “que en los últimos cinco años se dejó crecer a la delincuencia. Entonces recordamos: ¿dónde estabas hace cinco años? ¡Si tú eras el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública!”.
Dice que el gobernador tal vez no quiere cambiar al fiscal porque “tiene mucha confianza en él. No quiero decir que tiene compromisos, pero las estadísticas no mienten, y podemos darnos cuenta que a cinco años de distancia, antes de que se lograra abatir a Ignacio Coronel, teníamos una situación más tranquila. Surgieron grupos más agresivos”.
Por su parte el académico Dante Haro Reyes, presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, considera que el arranque de la Operación Jalisco dejó un saldo negativo para la sociedad y los efectivos militares y policiacos, por lo que es necesaria una mejor coordinación entre las instituciones.
Precisa que para abatir al crimen organizado no basta detener a los cabecillas, sino que es indispensable atacar su estructura operativa. “Hablo del financiamiento, del blanqueo, del gran poderío que tienen estos grupos delincuenciales por la parte económica, y sobre todo mientras no se ataque la protección política a estos grupos en los diferentes niveles, es una estrategia trunca”, señala.
El miércoles 6 la Sedena dio a conocer el fallecimiento de otro de los militares heridos en el ataque al helicóptero militar, con lo que el número de muertos se elevó a siete. Y al día siguiente se difundió el deceso de una policía federal herida en el mismo hecho.
El mismo miércoles, el gobernador corroboró la postura del fiscal Nájera al señalar en una entrevista televisiva al Grupo Milenio que desde hace un año se alertó a la PGR, entonces encabezada por Jesús Murillo Karam, sobre el crecimiento del CJNG.
Las posturas contradictorias continuaron el jueves 7, en el marco del Foro Económico Mundial para América Latina con sede en Cancún, Quintana Roo, cuando Sandoval Díaz sostuvo que Jalisco “está en calma”.
A los cuestionamientos de la prensa sobre la jornada de violencia del viernes 1, negó que se tratara de “narcoterrorismo” y precisó que fueron “actos vandálicos” de drogadictos a sueldo del “grupo criminal”. Intentó aclarar también que los bloqueos y el ataque al helicóptero de la Sedena son “hechos diferentes”.
Según el diario La Jornada, cuando los periodistas plantearon la posibilidad de una fuga de información, porque los delincuentes sabían por dónde pasarían los helicópteros, el gobernador contestó: “No, la Policía Estatal no conocía de que iban a estar en qué región. Solamente se informó de que iban a estar en el Estado”.
