Por medio del dinero, el gobierno español ha ido acallando las voces críticas de la prensa. En un panorama en el cual la mayoría de los medios ha perdido grandes porcentajes de lectores o audiencias, y en consecuencia ingresos por publicidad, las autoridades hispanas chantajean: rescatan financieramente a cambio de una cobertura favorable a ellas, especialmente en éste, que es año electoral. Un panorama que no es extraño en otros lugares, como México…
Madrid.- El pasado 27 de marzo el conductor Jesús Cintora ya no apareció en la pantalla de Las Mañanas de Cuatro, una tertulia política de la cadena propiedad de Mediaset España. Fue destituido abruptamente la víspera, pese a los buenos datos de audiencia de su programa. La filial española del consorcio –propiedad de Silvio Berlusconi, expresidente del Consejo de Ministros de Italia– emitió un duro comunicado contra el periodista.
Señaló que “la línea editorial de Mediaset España es coherente en toda su programación y tiene el claro objetivo de informar, que no formar a los espectadores, a través de un pluralismo con el que dar voz absolutamente a todas las opiniones políticas y con unos presentadores que traten de informar objetivamente”.
El caso de Cintora es similar al de Carmen Aristegui, separada de su espacio en Noticias MVS por ser una de las voces incómodas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y como en el caso de la mexicana, Cintora movilizó las redes sociales al publicar en Twitter el hashtag #26MStopMordazas, que se sumó a otras voces del gremio que lo señalan como uno más de los “periodistas incómodos” sacrificados por presiones del gobierno de Mariano Rajoy.
Esto va de la mano con que en los medios tradicionales de la prensa española, sus directivos fueron cediendo espacios ante el poder, agobiados por sus millonarias deudas, por la caída de las ventas y la baja publicidad, comprometiendo su independencia editorial.
Aparte de la mano del gobierno, el poder económico también influye en la línea editorial de la prensa, a partir de que los bancos, las empresas y las sociedades de capital de riesgo fueron ocupando posiciones en las juntas de accionistas y los consejos de administración de estos medios. Es el caso del Grupo Prisa, que publica el diario El País, una referencia para la prensa latinoamericana, agobiado por sus deudas y supeditado a una operación de rescate.
Con la ayuda de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Prisa consiguió en 2012 un refinanciamiento de 434 millones de euros a través de bonos que en 2014 se convirtieron en acciones –cerca de 25%– que pasaron a manos del Banco Santander, HSBC y La Caixa, y un porcentaje para Telefónica. Hoy 75% de los miembros del consejo de administración tiene vínculos con el sector financiero o proviene de él.
Antonio Caño, director de ese diario desde mayo de 2014, dijo en julio pasado (Proceso 1969) que “la vida era más cómoda cuando teníamos una cuenta de resultados boyante y positiva y no teníamos como accionistas a los bancos. Ahora la vida es más difícil para este periódico y para otros muchos”.
Y reconoció que los bancos “tienen un enorme poder” y ese “es un factor con el que hay que contar; no te oculto que es un factor el hecho de que los medios están atravesando dificultades económicas y necesitan los créditos de los bancos”.
Noticias negativas de esos bancos acreedores difícilmente llegan a las páginas del diario español más reconocido. Pudo ser una coincidencia, pero El País prácticamente no abordó el tema sobre la jugosa lista Falciani, que destaparon Le Monde y otros medios del mundo, que involucra a la filial de Ginebra del HSBC en un esquema global de evasión de impuestos.
En Vocento, grupo editor del diario ABC, de línea conservadora y monárquica, el presidente es Enrique Echenique desde abril de 2014. Este ejecutivo fue consejero delegado del Banco Santander y mano derecha, hasta su muerte, del presidente de ese grupo financiero, Emilio Botín.
Esta influencia empresarial se nota en la sintonía editorial de este periódico con el discurso gubernamental, más que obvia. En marzo pasado, un artículo del director Bieito Rubido, titulado “Ingratitud”, llegó al extremo de pedirle a Rajoy que “hable más” para convencer de sus reformas, porque a su juicio, “si tú no hablas, lo harán por ti las tertulias –sobre todo las televisiones– y trata después de explicar a esos ingratos que las cosas pudieron haber sido bien distintas”.
Pasa lo mismo con el diario La Razón, de línea conservadora y afín a la derecha, cuyo director, Francisco Marhuenda, aparece todos los días en tertulias defendiendo las políticas del presidente español y atacando a Podemos y a otro partido nuevo, Ciudadanos. Lo explica el hecho de que el periodista fue diputado del Partido Popular (PP), director de gabinete de Mariano Rajoy en el Ministerio de Administración Pública y en el de Educación y Cultura, durante el gobierno de José María Aznar, entre otros cargos.
Todas estas concesiones editoriales parecen ir de la mano con los malos números que tienen en ventas y en publicidad, siendo el gobierno y las empresas españoles sus principales anunciantes.
El informe anual Infoadex arroja que el conjunto de la inversión publicitaria en los diarios españoles pasó de mil 155 millones de euros en 2008 a 454 millones en 2013, que representa una caída de 61%. La publicidad en radio cayó 50% al pasar de 476 millones a 239 millones, mientras en televisión pasó de 2 mil 307 millones a mil 191, es decir una caída de 48%.
Mientras que el informe del Observatorio de Prensa Diaria señala que en el primer trimestre de este año, el caso más grave lo tuvo el diario ABC, que cayó 19% en ventas y 20% en difusión; El País bajó 16% y 11%, respectivamente, mientras El Mundo lo hizo 11% y 13%, en cada uno de esos rubros.
Los datos de este informe elaborado por Deloitte en enero pasado para la Asociación Española de Editores, también señalan que la caída del sector fue de 4% general, aunque en el caso particular de El País su caída a enero pasado fue de 18% respecto de enero de 2014 y El Mundo perdió 17% de ventas de publicidad en este mismo periodo.
“Pax audiovisual”
Las dificultades de las televisoras privadas son de otra índole: Mediaset con sus canales Telecinco y Cuatro y el grupo Atresmedia, con sus canales Antena 3 y La Sexta, vienen supeditando sus líneas editoriales al proceso que dirige el gobierno para subastar a fines de abril cinco canales de televisión nuevos.
Estas empresas también piden al gobierno de Rajoy que cabildee ante el Tribunal Supremo para que se suavice una inminente sentencia contra ellas, que podría anularles algunas concesiones otorgadas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y dejar “sus pantallas en negro”.
Lo que buscan es que el gobierno emita un decreto para beneficiar a Mediaset y Atresmedia, y con ello evitar que otra televisora extranjera pueda adquirir esas concesiones que sancione el tribunal.
Con estas dos medidas Rajoy busca firmar una “pax audiovisual” en pleno año electoral, como la describió el diario digital El Confidencial. Este guiño del gobierno ya tuvo su recompensa y se refleja en las pantallas de estas dos cadenas, las cuales en pocos días disminuyeron su atención mediática a Podemos, el partido que representa a la indignación española.
Cedieron a las críticas provenientes desde el PP y el gobierno en el sentido que estaban fomentando el fenómeno de Podemos, cuyos líderes son tertulianos habituales en las barra de actualidad política, lo cual les da el foro idóneo para lanzar sus mensajes reivindicativos contra “la casta” en el poder.
La vicepresidenta Sáenz, artífice de esta política de cara a controlar el tablero mediático rumbo a las elecciones generales de este año, reanudó los encuentros en enero con los principales ejecutivos de las televisoras.
Después de esos encuentros, los programas de actualidad política súbitamente centraron su atención en el proceso de inestabilidad de Venezuela, relacionándolo con Podemos por sus “propuestas populistas” o “chavistas” y sobre el supuesto financiamiento del país sudamericano al partido de Pablo Iglesias.
El pasado 28 de enero, los kioscos de prensa en España amanecieron con las portadas de todos los diarios tradicionales con la misma publicidad del banco Santander. Los cabezales de los siete diarios de mayor tiraje iban acompañados con una publicidad a plana completa.
A diferencia de otras ocasiones en que los diarios llevan un forro externo con publicidad pero conservan su primera página, en esta ocasión El País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña y 20 Minutos cedieron su portada al lema del plan “GeneraciON Encendida” del banco español.
Esto fue una demostración de fuerza de la nueva presidenta del Banco Santander, Patricia Botín –uno de los mayores anunciantes en España–, hija de Emilio Botín, fallecido el 10 de septiembre de 2014.
El fallecimiento de este banquero fue otra muestra de una desmesurada cobertura en la que dichos medios mostraron un absoluto servilismo, como lo refiere Manuel Conthe, extitular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien consideró que “el despliegue informativo y encomiástico sobre el banquero fallecido, tan desmesurado y servil, que me ha parecido ‘bananero’ e incompatible con la idea de una prensa libre”.
Los caídos
El 6 de noviembre de 2014 El País inauguró su sitio elpais.cat, su versión digital en catalán, como un guiño al gobierno español en plena crisis política por la independencia de Cataluña.
En el acto, la vicepresidenta Sáenz brindó con los principales directivos del diario, encabezados por Juan Luis Cebrián e Ignacio Polanco, imagen que representó el sello de la intervención de la mano derecha de Rajoy en su operación de salvamento del grupo Prisa.
La mano de la vicepresidenta ayudó para que Telefónica adquiriera 53% del negocio televisivo de Prisa, Digital plus, por 650 millones de euros, con la coincidencia que la empresa de telecomunicaciones no sólo se comporta como empresa de Estado, con fuerte presencia de expolíticos o familiares, como el mismo esposo de Sáenz de Santamaría, José Iván Rosa Vallejo.
También su intervención permitió que los bancos acreedores suavizaran su posición ante el grupo mediático y se capitalizara en acciones la deuda adquirida, como era el acuerdo, hasta poseer alrededor de 24% de Prisa.
En reciprocidad, Cebrián cambió a Javier Moreno de la dirección –durante cuya gestión se publicó el caso Gürtel, que tanto molestó a Rajoy– por Antonio Caño, quien desde su llegada rebajó el tono editorial contra La Moncloa.
Unos meses antes, en enero de 2014, Unidad Editorial anunció la destitución de Pedro J. Ramírez al frente del diario El Mundo, periódico que dirigió durante casi 25 años, desde su fundación. Y es que el periodista dio amplia cobertura al caso Gürtel y al caso Bárcenas, que molestó al gobierno.
Bajo su dirección se publicaron los documentos originales de la libreta de Bárcenas, una entrevista de cuatro horas con el incómodo extesorero del PP y luego los mensajes de texto que se enviaron Bárcenas y Rajoy, donde éste le pedía “resiste Luis”, en alusión a la ofensiva judicial y mediática por el caso.
Federico Jiménez Losantos, el polémico conductor de radio y colaborador de Ramírez calificó su salida de El Mundo como un golpe de “los poderes fácticos” y las “coacciones procedentes de La Moncloa y de Zarzuela”, debido a que también ofreció innumerables exclusivas sobre la trama de corrupción en que están envueltos la infanta Cristina Borbón y su esposo Iñaki Urdangarín.
En un artículo publicado en The New York Times, titulado “En España, despedido por hablar claro”, Pedro J. Ramírez advertía en febrero de 2014 que la democracia española vive su momento “más frágil” desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
“Los anteriores presidentes, incluido el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aceptaron las críticas de la prensa. Pero todo cambió cuando Mariano Rajoy llegó al poder. Aunque le apoyamos –desde El Mundo– en tres ocasiones, una vez en el poder mostró hostilidad hacia las verdades incómodas e indiferencia respecto a la opinión pública”.
Añade: “Mi confrontación con el gobierno empezó el año pasado, cuando el extesorero del partido de Mariano Rajoy, Luis Bárcenas, ahora encarcelado con cargos de corrupción y fraude fiscal, aportó documentos que mostraban la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas”.
El 12 de diciembre de 2013 de La Vanguardia fue destituido José Antich, director durante 13 años, y en su lugar fue nombrado Márius Carol, quien antes fue corresponsal de ese diario catalán ante la Casa Real.
El motivo fue el enojo monumental del rey Juan Carlos I porque el diario había apoyado la deriva soberanista en Cataluña, por lo cual exigió al propietario, Javier Godó, que destituyera a Antich. La obediencia de Godó ante el exabrupto se entendió porque fue el monarca quien le concedió los títulos nobiliarios a su familia, como tercer conde de Godó y Grande de España.
De esa forma lo explicó la revista satírica Mongolia, en su sección “Reality News”, donde publicó un detallado reportaje del periodista Pere Rusiñol en el que refiere el enojo del monarca y la abyección del dueño de La Vanguardia.
Por su parte, al periodista Jesús Cintora lo destituyeron cinco días después de las elecciones de Andalucía, del 22 de marzo, que representaron un batacazo para Rajoy pese a que se implicó públicamente para intentar salvar al PP; su pifia fue ampliamente abordada en la prensa española.
Pero con antelación había una serie de hechos que disgustaron a La Moncloa y al PP, como la difusión en su programa de unas fotografías del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en una plaza de toros el mismo día que se produjo el atentado de Túnez en el que murió un matrimonio español.
También les disgustó una incómoda entrevista que el periodista le hizo a Rafael Hernando, portavoz del PP.
Pero particularmente incómoda era escuchar en esa tertulia política los ácidos comentarios de sor Lucía Caram, una monja de clausura de la orden dominica contemplativa, que es particularmente crítica con el gobierno de Rajoy tanto como de los abusos del poder financiero en este país.
La religiosa que dirige una fundación que da comida a mil 600 familias no tuvo empacho, desde la pantalla, en exigirle a Rajoy la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien criticó por desdeñar un informe de Cáritas sobre la pobreza en España.
“O (Montoro) demuestra que el informe no es real o que dimita, porque está insultando a 3 millones de españoles que están en una situación de exclusión social”, dijo, y agregó que hay muchos voluntarios que trabajan diario para “paliar esta crisis demoledora en la que gente está siendo expulsada del sistema” por una clase política que “inyecta dinero público y rescata bancos e ignora a las personas”.
En un artículo en eldiario.es, Rusiñol sostiene que “jamás el partido del gobierno había tenido en democracia un nivel tan extraordinario de control sobre los medios” y compara: “La libertad de expresión y de información en España empieza a parecerse al derecho a la vivienda: grandes y rimbombantes palabras en la Constitución, pero una legión de desahuciados en la vida real”.
