Xalapa, Ver.- El clima de inseguridad, corrupción e impunidad en Veracruz, aunado a los asesinatos de 11 reporteros y la desaparición de otros cuatro, dio pie a que en la red social Twitter se creara la etiqueta #HastaQueRenuncieDuarte, convertida pronto en trending topic de periodistas de todo Latinoamérica.
Tras el más reciente homicidio de un reportero –el de Moisés Sánchez el pasado 2 de enero– quedó demostrado que tanto la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) como la actual Fiscalía General del Estado (FGE) tienen una característica común: resuelven los casos de comunicadores asesinados sólo a medias.
En el caso del reportero-editor de La Unión, transcurridos casi cuatro meses de su ejecución, sólo hay dos detenidos: Clemente Noé Rodríguez, expolicía intermunicipal y asesino confeso, y José López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín y autor intelectual; sin embargo, siguen en libertad los expolicías El Harry, El Chelo, El Moy, El Piolín y El Olmos, oficiales a quienes la FGE sólo conoce por sus apodos.
Libre sigue también Omar Cruz Reyes, exalcalde de Medellín de Bravo –desaforado por el Congreso local el pasado 26 de marzo–, pese a que en la investigación ministerial 01E/2015 de la FGE Noé Rodríguez lo incrimina como el otro autor intelectual del homicidio del reportero.
Algo similar ocurrió con el caso del homicidio del corresponsal de Milenio, Víctor Manuel Báez, cuyo cuerpo mutilado fue arrojado la madrugada del 14 de junio de 2012 a una cuadra de Palacio de Gobierno con el siguiente mensaje: “Eso le pasa a quienes traicionan y se quieren pasar de listos, atentamente Los Zetas”.
De esa ejecución la PGJ, con Amadeo Flores a cargo, concluyó semanas después, que los “asesinos de Víctor Manuel Báez” habían muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales, muy cerca de la zona centro de Xalapa, con lo cual la procuraduría dio carpetazo al asunto.
A medias
El modus operandi de la impartición de justicia a medias también se vio en el caso que sacudió al periódico Notiver en junio de 2011 con el asesinato de su columnista Miguel Ángel López Velasco; el de su esposa, Agustina Solana, y el de su hijo, el fotógrafo Misael López Solana.
Días después del triple homicidio el entonces procurador, Reynaldo Escobar Pérez, hizo responsable del crimen al exagente de Tránsito municipal Juan Carlos Carranza Saavedra, El Ñaca.
Para mayo de 2013 la misma PGJ, apoyada en un boletín de la Procuraduría General de la República (PGR), “confirmó” que El Ñaca murió en Jalisco en un enfrentamiento con marinos; a partir de ahí el gobierno de Duarte dio “carpetazo” al caso. El móvil nunca se exploró a fondo.
Situación similar está por ocurrir con los seis presuntos homicidas de Goyo Jiménez, asesinado en febrero de 2014, quienes ya obtuvieron uno de tres amparos que necesitan para poder recuperar su libertad provisional en Coatzacoalcos, por estar sujetos a un proceso penal plagado de irregularidades.
Pese a todas estás aristas, el actual fiscal general, Luis Ángel Bravo, asegura que desde su designación, el pasado 30 de enero, al frente de una entidad autónoma, hay “investigaciones ministeriales abiertas” y cuyas “diligencias” tendientes a la identificación de “partícipes” en homicidios de periodistas se tienen que “agotar”, así como “localizar” a los responsables.
Sin embargo, en el caso de periodistas asesinados y cuya investigación atrajo la PGR, Bravo Contreras ataja: hay una “definición legal” en la que ni la autoridad local ni la Fiscalía General del Estado tienen ya competencia.
“Las indagatorias iniciadas en años anteriores han tenido una definición legal que incluye la incompetencia de algunas de ellas, en virtud de la facultad de atracción ejercida por parte de la PGR, eso sí, las que aún permanecen en la Fiscalía, se agotan todas las líneas de investigación para lograr (sic) el esclarecimiento de los hechos que motivaron su inicio”, dice en entrevista por escrito.
Asegura: “La verdad histórica y legal a la que se arriba en cada indagatoria es producto de una investigación seria. El mensaje es que en Veracruz no hay impunidad para nadie”. (Noé Zavaleta.)
