A inicios de este sexenio, el gobierno federal anunció que la promoción del deporte sería una de sus prioridades. Para encabezar ese magno esfuerzo puso al exclavadista Jesús Mena al frente de la Conade. Pero el experimento no funcionó. Al contrario: los XXV Juegos Centroamericanos en Veracruz lindaron con el desastre, se canceló el Mundial de Natación en Guadalajara, se adquirió una millonaria deuda en dólares, fracasó el mayor programa contra la obesidad y, tal vez lo más importante, la nueva ley deportiva sigue sin operar cabalmente, a dos años de su aprobación. Así, aún no se funda el organismo que vigilará las elecciones federativas ni existe un registro nacional de cultura física.
Sin éxitos que presumir en su breve experiencia en la función pública, Jesús Mena Campos fue cesado el jueves 16 como director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
Mena coleccionó una abultada lista de incumplimientos, desde el fracaso del programa “Ponte al 100” –con el que el gobierno federal intentaba combatir la obesidad generalizada pero que ni siquiera superó la versión piloto– hasta el retroceso en la profesionalización de las federaciones deportivas y el fallo del censo de infraestructura deportiva.
En su breve paso por la Conade –comenzó a dirigirla en diciembre de 2012– el exclavadista y medallista olímpico tampoco pudo evitar atrasos en la remodelación y construcción de las instalaciones de los XXV Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, cuya desorganización sentó un negro precedente en la historia del certamen, ya que por primera vez estos juegos se desarrollaron sin villas para albergar a los atletas participantes.
Paralelamente, a Mena se le atribuye el mal resultado en dicha justa, en la que México volvió a ser relegado por los cubanos a pesar de competir como local y de las múltiples deserciones de atletas caribeños.
Una mancha más: el destituido director de la Conade deja una deuda de 5 millones de dólares (76.5 millones de pesos), producto de la penalización impuesta por la Federación Internacional de Natación (FINA) al país, debido a que éste declinó organizar el Mundial de Natación que originalmente se celebraría en Guadalajara, en 2017.
Este gasto se suma a los 9.5 millones de dólares (145.5 millones de pesos) que la Conade ya había entregado a la FINA como adelanto de los 100 millones de dólares que se invertirían en la organización del certamen.
La salida de Mena, así pues, no era totalmente inesperada. De hecho, ya había solicitado licencia indefinida “por motivos personales” en septiembre de 2014, pero retornó al cargo una semana después, a solo días del arranque de los Juegos Centroamericanos de Veracruz, encuentro que contribuyó a debilitar su figura.
La ley que nunca funcionó
El peor legado, sin embargo, tal vez sea el fracaso de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD, conocida como Ley Mena, ya que fue propuesta por el otrora funcionario). A punto de cumplirse dos años de que entrara en vigor, la norma no opera, pues contrario a lo que mandata no se ha instalado el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved) ni el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), piezas fundamentales del nuevo entramado administrativo.
Los legisladores que impulsaron la ley ni siquiera han solicitado partidas especiales para crear esas dependencias. De hecho, aquéllos en quienes Mena se apoyó para aprobar la norma –los senadores de la Comisión de Juventud y Deporte, principalmente de la priista Lilia Guadalupe Merodio Reza– ya le habían perdido la paciencia, al grado de que planeaban llamarlo a cuentas en junio próximo, acusado de no actuar conforme a la legislación.
Así, el plan de reestructurar y fortalecer la Conade, ya con nuevo líder, sigue sin fructificar. Al contrario, se extienden la inoperancia, el desorden, la incertidumbre y las elecciones ilegales.
De acuerdo con la LGCFyD, el Coved debe controlar las asambleas electorales de las 78 federaciones deportivas nacionales –transformadas ahora en asociaciones– y cuatro organismos afines, tras la exclusión de la Confederación Deportiva Mexicana A.C. (Codeme) del Sistema Nacional del Deporte (Sinade).
Hasta hace dos años la Codeme, presidida por José Amado Aguilar, era la instancia responsable de regular y vigilar los comicios en los consejos directivos de las federaciones, pero fue eliminada del Sinade, aseguran los afectados, por un capricho de los leales al recientemente fallecido Mario Vázquez Raña, el hombre que desde 1974 dominó el deporte mexicano.
Paradójicamente, la Codeme continúa al pendiente de las elecciones, aunque no exista para la LGCFyD.
La Ley Mena establece en su artículo 58 que el Coved velará de “forma inmediata” por la legalidad de los comicios en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas. Precisa que este consejo dependerá de la Conade, que asumirá parte de las atribuciones que tenía la Codeme.
La Conade, sin embargo, no lo ha hecho. Por ejemplo, en las federaciones de atletismo y deporte sobre silla de ruedas ya hubo reelecciones sumamente criticadas.
En el caso de esta última, una resolución de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD, el máximo órgano de impartición de justicia deportiva en el país) obligó a su presidente, Pablo Lárraga, a celebrar una segunda asamblea de elecciones, derivado de una impugnación de sus detractores. Al final, Lárraga logró reelegirse en marzo pasado –por segunda vez– ya que no fue sancionado por la Conade.
La tira de consecuencias
En noviembre de 2013, la Conade convocó a los presidentes y secretarios técnicos de las federaciones para ordenarles adecuar sus estatutos con base en la LGCFyD. A esta reunión, celebrada en la sede del organismo, asistieron dos de los operadores de Jesús Mena, David y Gilberto Hernández –quienes redactaron el borrador de la Ley Mena por encargo de su jefe. También estuvo el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Enrique Cebrecos, pero sólo permaneció un minuto en la sesión y abandonó la sala junto a Gilberto Hernández.
Todo quedó en manos de David Hernández, quien a inicios de este sexenio dejó la titularidad de la CAAD para unirse al grupo de Mena. Durante la junta Hernández indicó a los federativos que los nuevos estatutos deberían reconocer al Coved. Fijó como fecha límite para concretar las adecuaciones la primera semana de diciembre de 2013; de no hacerlo peligraba la llegaba de presupuesto federal para el siguiente año.
De acuerdo con el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Othón Díaz, todas las federaciones ya cumplieron con el requerimiento. En contraparte, el asesor jurídico de la Federación Mexicana de Frontón, Enrique Ornelas, explica que aunque que ya tienen preparada la modificación estatutaria, ésta no puede protocolizarse ante notario público mientras no exista el Coved.
El abogado detalla que, por lo tanto, ninguna reforma a los estatutos es aplicable. “(En la Conade) ni siquiera tienen presupuesto para llevarlo a cabo ni se ha designado a los comisionados que integrarán el Coved. Ninguna federación pudo haber cumplido con la modificación si no se ha instalado el órgano que las va a vigilar. Es decir, la Conade giró instrucciones a las federaciones sobre algo que no tiene vigencia. Esto es letra muerta”.
Ornelas, quien fue integrante de la CAAD en el sexenio foxista, asegura que tampoco se puede obviar el hecho de que ese tribunal –con plena jurisdicción sobre las máximas instancias deportivas en el país: Conade, Comité Olímpico Mexicano y asociaciones deportivas– funciona desde hace años con tan sólo tres de cinco miembros titulares.
El artículo 80 de la LGCFyD establece que el Ejecutivo federal debe designar a todos los integrantes de la CAAD. No obstante, desde abril de 2010 este requisito ha sido violado sin que Presidencia de la República ofrezca una explicación.
“Por todas estas anomalías, vacíos de la ley e incongruencias, consideramos que los legisladores y especialistas jurídicos en la materia deberán pronunciarse y promover los cambios necesarios en la propia ley y sus reglamentos para adecuarlos a un contexto y marco jurídico regulatorio apropiado a las situaciones cotidianas en México”, plantea Ornelas.
¿Y el dinero?
El pasado 5 de febrero, el suplemento Adrenalina, del periódico Excélsior, informó que Mena anticipaba un nuevo recorte al presupuesto del organismo para este año (3 mil 500 millones de pesos), por las malas condiciones financieras del país.
Arguyó que dicho ajuste le ha impedido instalar el Coved: “No hemos tenido la autorización para abrir las 14 plazas que se requieren, tanto del Coved como del Renade, que van de la mano. Por poner un ejemplo: el Renade es el padrón electoral y el Coved es el instituto de elecciones. Todavía no tenemos la autorización de estas plazas, para así dar el gran cambio a la comunidad deportiva”, admitió. El entonces director de la Conade dijo que se requieren 8 millones de pesos anuales para el funcionamiento de ambas dependencias.
Ante la prolongada ausencia de la autoridad oficial, la Codeme continúa avalando los procesos electivos. En entrevista, José Amado Aguilar, presidente de dicha agrupación y de la Federación Mexicana de Boliche, confirma que desde que la LGCFyD entró en vigor se han celebrado alrededor de 12 comicios.
Confirma, por ejemplo, que el mes pasado se celebró una segunda asamblea extraordinaria en la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, en la que Pablo Lárraga se reeligió como presidente pese a la oposición de algunas asociaciones estatales.
El directivo refiere que estuvo en aquella reunión “y mediamos entre las partes en conflicto. Por un lado estaba la planilla de Lárraga y, por otro, la de Cristina Hoffman. Se dijeron muchas cosas, y la realidad es que la mayoría estaba con Pablo, quien recibió el apoyo de 22 asociaciones. Nosotros simplemente certificamos que el proceso fuera limpio, que todo el mundo cumpliera con lo que establece el estatuto de la Codeme”.
“Nuestro trabajo es vigilar que las federaciones estén debidamente regularizadas para evitar problemas cuando sean requeridas por la Conade”, apunta.
Consciente de que la Codeme quedó fuera del Sinade, Aguilar asevera que su asociación civil ha sido muy precavida para no violar lo estipulado en la LGCFyD. En los procesos electorales “reiteramos que se respetarán los estatutos de Codeme, siempre y cuando no contravengan la ley del deporte actual. De esa manera estamos cubiertos y cumplimos con todos los agremiados. Tengo la libertad de asociación, y cada quien es libre de asociarse como le dé la gana. Desde el momento que seguimos avalando a las federaciones es porque esa posibilidad existe y no necesariamente va contra la ley”.
Aguilar ratifica que de las 78 federaciones deportivas nacionales y los cuatro órganos que estaban inscritos en su grupo únicamente la Federación Mexicana de Natación pidió su desafiliación.
