Tres investigaciones judiciales sobre casos de corrupción entre la clase política, y que implican a la derecha y a la izquierda por igual, han generado una repulsa popular unánime en Chile. Los sonados casos Penta y Caval, con todas sus aristas, evidencian una maraña de financiamientos bajo el agua a partidos de todo signo y movilizaron a los chilenos a tal grado que incluso la mandataria Michelle Bachelet sugirió la posibilidad de renunciar, en tanto que algunos analistas hablan ya de la necesidad de un nuevo congreso constituyente.
Valparaíso, Chile.- La presidenta Michelle Bachelet, su gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, los grandes medios y los grupos económicos que controlan el país viven un terremoto que afecta las raíces de la institucionalidad construida en la dictadura militar, consolidada en la “transición a la democracia” y que tiene su gran pilar en la aún vigente Constitución de 1980.
Tres procesos judiciales aceleran su caída. Se trata del Caso Penta, investigación judicial por sobornos, cohecho y financiamiento ilegal de campañas políticas, que afecta básicamente al derechista partido Unión Demócrata Independiente (UDI); el Caso Caval, proceso que compromete al hijo y a la nuera de la presidenta en oscuros negocios inmobiliarios; y lo que se agrega ahora con virulencia: La arista Soquimich del caso Penta.
La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) es la mayor productora mundial de litio y yodo. Fue privatizada en los estertores de la dictadura, en un oscuro proceso que favoreció al yerno del general Augusto Pinochet y actual controlador de la misma, Julio Ponce Lerou, cuya fortuna personal fue cuantificada en el último ranking de Forbes en 2 mil 100 millones de dólares, ubicándose entre los mil hombres más ricos del planeta.
Para mantener esta fortuna e impedir que se levanten cuestionamientos a sus oscuros e ilícitos procedimientos, Ponce y sus asesores, entre quienes destaca el recién defenestrado gerente general de Soquimich (o SQM), Patricio Contesse, construyeron una red de apoyo que fue mucho más allá de la UDI, su partido. Así lo han evidenciado las investigaciones recientes.
Fiscal Gajardo
Las pesquisas de la arista Soquimich son encabezadas por el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, quien, inflexible, pone en el banquillo de los acusados a banqueros y políticos. En audiencia de formalización del Caso Penta –los pasados 6 y 7 de marzo– consiguió encarcelar a los dos dueños de este grupo económico, Carlos Lavín y Carlos Délano y al viceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner.
Gajardo descubrió que Wagner recibía pagos ilícitos de Penta justificados con boletas “ideológicamente falsas”, esto es, por servicios que no se prestaron. Hizo lo mismo con SQM. En julio de 2009 Wagner entregó a esta minera una boleta de su cuñada María de la Cerda como justificación del pago de 7 millones de pesos (13 mil dólares).
Como nada es gratis en la vida, Wagner adjudicó a SQM –en septiembre de 2012– la licitación internacional del primer Contrato Especial de Operación de Litio que le entregaba a esta empresa la explotación de 530 mil toneladas métricas de carbonato de litio chileno. Sin embargo, al conocerse públicamente una serie de irregularidades cometidas por Wagner, este proceso se declaró desierto.
Con los antecedentes que involucraban a SQM en casos de financiamiento ilegal de campañas y sobornos a políticos, Gajardo envió –el 7 de noviembre de 2014– un informe al Servicio de Impuestos Internos (SII) sugiriendo que se querellara contra esta empresa minera.
El pasado 9 de enero el SII se querelló por eventual delito tributario contra Wagner y su cuñada De la Cerda, más no contra SQM. En su escrito pidió revisar toda la documentación tributaria de esta empresa, entre 2009 y 2014, posibilidad que encendió las alarmas de la clase política puesto que desde hace tiempo es un secreto a voces que SQM entregaba a diestra y siniestra dinero para campañas.
Sorpresivamente el SII corrigió a los pocos días su querella, acotándola sólo a julio de 2009, lo que restringía el trabajo de la fiscalía en esta arista y daba algo de alivio a la clase política.
De todos modos, con la información obtenida Gajardo elaboró una lista de 19 personas vinculadas al ámbito político, que recibieron pagos ilícitos de Soquimich en 2009, año de elecciones generales. Entre los implicados destacaban el senador socialista Fulvio Rossi, el exembajador democratacristiano Marcelo Rozas y el excandidato presidencial de la UDI en 2000 y 2006, Joaquín Lavín.
No obstante, el director del SII, Michel Jorrat, emitió una señal que llamó a confusión. El pasado 12 de marzo anunció en conferencia de prensa que su institución abrió un programa especial que permitirá a contribuyentes que se autodenuncien, evitar acciones penales si pagan lo adeudado.
El semanario Qué Pasa señaló en el reportaje “Los problemas de Michel”, el 19 de marzo: “El anuncio del SII se leyó como la apertura de una salida administrativa a casos como Penta y, eventualmente, SQM”. El lunes 13, en entrevista con El Mercurio, Jorratt –quien trabajó en el área programática del comando de Bachelet en la última campaña presidencial– fue más allá al afirmar que “es poco probable que el SII se querelle contra políticos en los casos Penta y SQM”.
Increíblemente Jorratt reconocía en dicha entrevista que él recibió pagos de la empresa Asesorías y Negocios SpA, del geógrafo y principal recaudador en las dos campañas presidenciales de Bachelet, Giorgio Martelli. Dicha empresa emitió facturas a Soquimich en el periodo 2012 y 2013, según reveló El Mostrador, el miércoles 1.
Pese a estos antecedentes, el martes 14 Bachelet ratificó a Jorratt en su cargo. Esto le valió severas críticas. Su rival en las pasadas elecciones presidenciales Evelyn Matthei (UDI) dijo ese día –en entrevista con CNN– que después de tomar esa decisión “la Presidenta ya no puede decir que es una persona honesta”.
Sin embargo, en medio de la polémica generada por su pasividad en la materia y fruto de la presión ciudadana, el SII presentó el 23 de marzo una querella contra los controladores de SQM por los delitos tributarios en los que habrían incurrido al registrar como gasto, en su contabilidad, facturas y boletas de honorarios falsas.
Según reportó el sitio de periodismo investigativo Ciper Chile el jueves 2, en la nómina que el SII pidió al Ministerio Público investigar figuraban 172 contribuyentes. De estos: 59 personas tienen nexos con la UDI y 15 con el también derechista partido Renovación Nacional. “Algunos de los implicados ya reconocieron que no hicieron trabajos para SQM”, señala Ciper.
Entre los investigados hay varios de los principales dirigentes políticos del país. La administradora Bancorp, propiedad del expresidente Sebastián Piñera, emitió –en 2009– 15 facturas por un monto de 318 millones de pesos, esto es, más de medio millón de dólares. Los representantes legales de esta firma son sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel.
El senador y recién electo presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, también aparece como beneficiario indirecto de las dádivas de SQM. La empresa Ventus Consulting, creada en enero de 2010 por tres de sus hijos: Benjamín, Sebastián y Jorge Pizarro Cristi, entregó en 2010, 11 facturas por un monto total de 45 millones de pesos.
Una sociedad familiar del actual director de Chilevisión: Jaime de Aguirre Hoffa, presenta tres boletas entregadas a SQM, por 45 millones de pesos. El actual miembro del directorio de TVN, el exdiputado de la UDI Cristián Leay, recibió a través del Centro de Estudios Nueva Minería el equivalente a 80 mil dólares. La participación de estos directivos en los mencionados delitos ha abierto un debate respecto de su relación con los grandes grupos económicos que controlan el país.
Ha causado sorpresa que entre los vinculados a esta causa apareciera el exdiputado y hasta ahora favorito en las encuestas de cara a las presidenciales de 2018, Marco Enríquez Ominami, hijo del mítico líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Miguel Enríquez.
Con el paso de los días, a cuentagotas, han aparecido nuevas revelaciones que comprometen seriamente al gobierno. El miércoles 15 el diario electrónico The Clinic dio a conocer que el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, emitió en 2012 cuatro boletas por un monto de 4 millones de pesos a Asesorías y Negocios SPA, empresa de Martelli que también pagó a Jorrat.
El fin de Peñailillo
El ingeniero comercial Pablo Peñailillo –de 41 años– fue gobernador (designado) de la provincia de Arauco, bajo la Presidencia del socialista Ricardo Lagos Escobar (2006-2010). Sin embargo, su ascenso en la política se explica fundamentalmente por su cercanía con Bachelet. Fue su secretario personal en su primer mandato presidencial (2006-2010), y tras concluir éste, siguió actuando como su representante.
En los primeros meses de la actual administración se perfiló como el hombre más cercano a la presidenta. “Cuando habla él, habla ella”, se decía en los pasillos de La Moneda. Por el protagonismo a él entregado, no pocos especularon que era el tapado de Bachelet para reemplazarla en La Moneda. Pero la mala conducción en el Caso Caval –que creció como una avalancha ante la inacción de Bachelet y Peñailillo– y su papel en el caso SQM, están terminado por sepultarlo.
El director del diario electrónico El Mostrador, Mirco Macari, expresó el miércoles 8 en entrevista con Radio Bío Bío, que en ese momento estaba en marcha una operación dirigida por Peñailillo y por el ministro de Hacienda Alberto Arenas, “para que el SII no entregue un segundo listado con más de 100 nombres de políticos o de personas que dieron boletas a Soquimich ligadas a políticos”.
Macari también denunció que el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, fue removido del caso SQM a instancias de estos dos ministros. “El poder intenta salvarse”, aseguró.
No sería la primera maniobra que tiene por fin cerrar las causas que complican a los líderes políticos y empresariales. El 18 de febrero, cuando el fiscal nacional Sabas Chauán se encontraba de vacaciones, su subrogante, Solange Huerta, intentó sacar a Gajardo de los casos en comento. En comunicado de aquel día, informó que definió asignar la investigación de la “arista Soquimich” al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, mientras que el caso Penta lo entregaba al fiscal regional metropolitano Oriente, Alberto Ayala.
Sin embargo, tras el fuerte rechazo que aquella decisión provocó, el 24 de febrero el fiscal Chauán deshizo lo obrado por su reemplazante, asumiendo él mismo la dirección de la investigación del Caso Penta y todas sus aristas, manteniendo en el equipo al fiscal Gajardo.
La casi inevitable caída de Peñailillo se produce en momentos en que el respaldo a Bachelet se encuentra en su punto más bajo. Según encuesta de la consultora Adimark, dada a conocer el miércoles 1, sólo 31% de los chilenos aprueba su gestión.
Tan crítica es la situación, que la presidenta ha mencionado tres veces la posibilidad de renunciar, aunque lo negó en reunión con corresponsales extranjeros el miércoles 8 en La Moneda.
Como forma de buscar salida a la crisis, el jueves 16, siete partidos de la oficialista Nueva Mayoría y de la opositora Alianza por Chile –desde el Partido Comunista hasta la UDI– suscribieron una declaración de seis puntos en la cual asumen que es necesaria una nueva institucionalidad que aborde la relación entre dinero y política; se comprometen a respaldar las propuestas que surjan de la Comisión Asesora Presidencial contra la Corrupción, constituida el pasado 10 de marzo y cuyas conclusiones serán dadas a conocer el viernes 24; y dan un espaldarazo a Bachelet.
Pero numerosos analistas interpretaron dicho acuerdo, como una señal a la justicia para que pusiera freno a sus investigaciones. Respalda esta lectura el hecho de que cuatro días después de firmada esta declaración, se produjo la confirmación de Jorratt en su cargo.
Sin embargo, el poco respaldo verificado tras la firma de este acuerdo, el involucramiento de Peñailillo en el caso SQM y la multitudinaria marcha contra la corrupción realizada por estudiantes este jueves 16, estarían echando por tierra la salida pactada.
En entrevista con Proceso, el diputado Hugo Gutiérrez expresa que estamos en presencia de una “pandemia política que se extiende como reguero de pólvora y afecta tanto a la derecha política como a la Nueva Mayoría”.
Agrega: “Creo que esta crisis se va a extender y va a provocar una desconfianza masiva en la institucionalidad vigente”. Convencido de que el comentado acuerdo político quedó superado por los acontecimientos, asegura que “la única salida es que se le consulte al pueblo qué solución quiere darle a esta crisis”. Alude a la posibilidad de que la presidenta convoque a un plebiscito que dé paso a una asamblea constituyente.
Desde los sectores conservadores se maneja otra posibilidad, como lo destaca el analista político y periodista Víctor Herrero en su columna “Bachelet en su laberinto” (Diario Universidad de Chile, 6 de abril). “Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable”, escribió.
Entre los nombres que más suenan en caso de que esta postura se imponga, se encuentra el del actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien terminará su mandato internacional en mayo próximo y ya ha dado público aviso de que quiere volver a la política chilena.
