Hace medio año el perredista Rogelio Ortega comenzó a gobernar un estado en llamas: Guerrero. El mandatario constitucional, Ángel Aguirre, había renunciado debido al ataque contra normalistas de Ayotzinapa. El clima social ardía. A seis meses, la situación en aquella entidad recibe menos atención, pero los problemas y el encono se mantienen. De hecho, revela el actual gobernador en entrevista, grupos políticos de “todos los niveles”, algunos medios de comunicación y empresarios lo presionaron para que reprimiera a los manifestantes.
“La salida represiva y autoritaria en Guerrero ha estado a punto, a punto (de ocurrir)”. Para evitarlo, abunda el gobernador interino Rogelio Ortega, él insiste “en el diálogo, en la tolerancia extrema”, que le cuestan “muchos reclamos del otro lado… ‘¿Hasta cuándo, gobernador, los vas a meter a la cárcel? ¿Hasta cuándo vas a permitir las movilizaciones?’, me reclaman”.
A casi seis meses de su abrupta llegada al poder, el 26 de octubre de 2014, en medio de lo que él llama “la tragedia de Iguala y el drama de Ayotzinapa”, Ortega asegura en entrevista que logró frenar la exigencia de reprimir, pero siente la presión de la clase política local por relevarlo.
Este viernes 24, el Congreso guerrerense, dominado por el PRI y el PRD, definirá si renueva el mandato de Ortega –originalmente designado interino por un año–, si Ángel Aguirre retorna al poder o si nombra a otro interino para completar lo que resta del sexenio. El senador del PRD Sofío Ramírez, integrante de la corriente aguirrista, encabeza el grupo que quiere destituir al actual mandatario.
–¿Cómo ve este proceso para relevarlo o ratificarlo? –se le pregunta a Ortega.
–Estoy preparado para lo que el Congreso decida.
Y relata que le han aconsejado “comprar” a los diputados locales: “En esto siempre hay buenos y malos consejos. Hay quienes me dicen: ‘Es muy fácil: convéncete a 31 diputados (de un total de 46) y lo planchas (pactas la permanencia)’. En el fondo, lo que me están diciendo es ‘cómpralos’. Y yo contesto ‘no’, por convicción. No confundo valor con precio. No, porque no hay dinero y porque mis principios no me permiten meterme en esa ruta; aunque hubiera dinero no lo haría”.
Ortega afirma que en estos seis meses no sólo ha resentido las presiones de la clase política. Los medios de comunicación masiva –en especial las televisoras–, dice, también han querido incidir en sus decisiones mediante la concesión de convenios o los contratos de publicidad.
–¿A todos los niveles ha sentido esta presión para ejercer la mano dura?
–Sí. Hay mucha presión, y no sólo local. Incluso, la de mayor fuerza y radicalidad es la que se expresa a escala nacional, con personas que tienen acceso a medios masivos, como la señora (Isabel) Miranda de Wallace y otros colegas suyos, comunicadores, que todos los días me dicen: “Gobernador cómplice, tibio, omiso”. Luego hasta acusan que ando en francachelas. ¡No tengo ni tiempo para eso! Las dos terceras partes de mi tiempo las dedico a resolver el conflicto social por la crisis de Ayotzinapa. He bajado 14 kilos.
–¿Hay guerra sucia de los medios?
–Hay quienes me dicen que falló el modelo de comunicación. Es posible. Si tuviera un periodo completo de gobierno… pero no había tiempo ni para eso. Los medios están muy acostumbrados a los grandes convenios y contratos. Pero no va conmigo, no hay dinero y, aunque hubiera, mejor sería dedicarlo a combatir la marginación, pobreza, salud. Hubo linchamientos mediáticos. Yo pensé: “Mejor ni contesto”. Hay quien dice: “Mira, cómprate a esas plumas para que hablen bien de ti”, pero ésa no es mi convicción.
El perredista se muestra convencido de que dio resultados su estrategia de privilegiar la “tolerancia extrema” con los movimientos sociales. Recibió el gobierno con 46 ayuntamientos tomados “e iban por los 81 de todo el estado”. Actualmente sólo quedan seis. El miércoles 15 le entregaron Chilpancingo.
Ortega relata que en diciembre de 2014 instaló una mesa de negociación con 160 líderes para establecer una tregua navideña. Le entregaron 180 demandas puntuales y resolvieron desbloquear carreteras: “Tuvimos la mejor temporada alta decembrina en Acapulco”.
Ahora, frente a los comicios del 7 de junio, admite que el desafío es escuchar los argumentos de quienes están a favor del boicot electoral y de los partidos que están en campaña. “Se va a disputar una elección muy cerrada entre el PRI y el PRD por la gubernatura”, prevé.
–¿Hay condiciones para el proceso electoral en Guerrero?
–Quienes están en campaña lo hacen desde su posición a favor de la legalidad. Los que quieren el boicot plantean que primero hay que reformar las instituciones y que los partidos planteen candidaturas limpias. Creo que ambas posiciones se deben debatir de manera franca.
“Veo fragilidad en las tácticas de quienes están a favor del boicot. Hay quienes reparten volantes, hacen pintas o mítines. Eso no es problema. Grave es que tomen la casilla e impidan que se vote. Peor si alguien está pensando en acciones violentas: quemar vehículos, poner barricadas, lanzar petardos. Ésta es la parte delicada del asunto. No sólo en Guerrero, sino en todo el país. Y no es un asunto menor.”
Ayotzinapa y la doble cara
Desde el inicio de la entrevista, realizada en la Ciudad de México, el exsecretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, exdirigente estudiantil y participante en los movimientos sociales de los años sesenta admite que con la Normal de Ayotzinapa tiene un “vínculo y una deuda personal”.
Ortega rememora que a finales de la década de los setenta fue detenido y apresado en una cárcel clandestina. El general Arturo Acosta Chaparro, paladín de la tortura y estratega de la guerra sucia en Guerrero, fue quien lo interrogó y torturó. Antes de liberarlo le dijo: “Tengo la sospecha de que usted está vinculado a la guerrilla. Esto no termina aquí. Si me entero, no va a haber una segunda oportunidad para usted”.
“Al año siguiente –relata– Acosta Chaparro intentó volverme a atrapar, pero no lo logró porque me defendió la universidad, y me fui una temporada a vivir a la Normal de Ayotzinapa. Eso fue en el verano de 1978. Por eso yo tengo una deuda personal con esa escuela.”
–Pero su relación con los normalistas ha sido atropellada. ¿Cómo han sido estos seis meses? –se le pregunta. De hecho, los jóvenes lo han desconocido como interlocutor.
–Desde que asumí la gubernatura interina me planteé dos rutas con Ayotzinapa: la vía exprés y la vía larga. A las dos horas y media de la toma de posesión me estaba reuniendo con los muchachos. Les ofrecí trabajar bajo tres principios: solidaridad, acompañamiento y coadyuvancia. Les dije que podía coadyuvar ante las autoridades federales.
“Ellos me respondieron que estaban de acuerdo, pero que tenían que consensuar. Lo aprobaron, pero llegó el abogado de (la organización civil) Tlachinollan, Vidulfo Reyes, y revirtió el acuerdo.
“En ese momento pensé que era algo grave lo que hacía Vidulfo. Ahora lo entiendo. Es la lógica del movimiento. En esa lógica está rota toda relación con el gobierno de Guerrero, con el de Aguirre y con el nuevo. Regresar al diálogo con autoridades locales era un retroceso en la ruta que se habían planteado.”
–¿Era algo personal?
–No, ahora lo veo así. Tiene coherencia con la ruta que trazaron. Con el aguirrismo, nada; con el nuevo gobierno, nada. Además, ya tenían la interlocución con el gobierno federal y la investigación estaba en manos de la Procuraduría General de la República.
“Ahí pueden entreverarse algunos elementos subjetivos. En ese momento Vidulfo tuvo temor de que yo entrara y capitalizara la conducción del movimiento. Y no era ésa mi intención. Mi objetivo era decirles que este gobierno es exitoso si logra ser un interlocutor confiable. Ésa era la vía exprés. El plan A fracasó y no insistí. Nada que sea con calzador ni a la fuerza. Mejor vamos por el plan B: la vía larga.”
Ese proyecto consiste en buscar a los liderazgos comunitarios en los municipios, reunirse con los familiares de las víctimas y de los heridos y atenderlos. A pesar de eso persiste la desconfianza.
–¿Cómo explica usted esta reacción del movimiento?
–Es la respuesta al agravio. Ahí no solamente se expresa el caso de Ayotzinapa, sino una gran cantidad de resabios sociales no atendidos. Hay un encono, una rabia de todo lo que sea gubernamental e institucional. Por eso fueron a quemar el Palacio Municipal de Iguala. Era el símbolo de la corrupción y la narcopolítica.
Ortega relata que logró convencer a los dirigentes de no bloquear las carreteras más importantes.
–¿Algún día dijo usted que tenía que aplicarse la “tolerancia cero” en contra de las manifestaciones?
–No, al contrario. La tolerancia al extremo, y lo he dicho reiteradamente. Ésa es la posición que me generó la crítica de los otros sectores: “Es un gobernador cómplice, débil, terrorista, subversivo, guerrillero, protege a sus camaradas…”
“Es como la doble cara de Jano”, afirma en referencia al dios romano de dos rostros: el que mira al pasado y el que ve hacia el futuro. “Para unos soy represor y asesino, y para otros soy cómplice de los generadores de violencia”.
–¿Cómo enfrenta esa polarización?
–Cuando entrego resultados. Cuando ya va a llegar diciembre y tengo a 160 líderes reunidos, en secrecía, en Acapulco, tomando acuerdos para atender la exigencia número uno, que siempre es la aparición de los 43 de Ayotzinapa; segundo, la liberación de los presos políticos, y después, la gama de problemáticas que cada líder presenta. Avanzamos en las mesas de diálogo y tomamos un gran acuerdo, que fue la tregua navideña.
Otros logros, enumera, son la disminución de carreteras bloqueadas, el fin de los incendios provocados en edificios públicos y la devolución del parque vehicular retenido en municipios en conflicto, incluyendo camiones de Coca Cola.
Ante el temor de que hubiera más bloqueos y violencia, rememora, el empresario Olegario Vázquez Raña, organizador del campeonato para elegir a los seleccionados olímpicos en tiro con escopeta, le preguntó: “¿Hay condiciones para organizar la competencia en Acapulco?”. “Sí”, respondió el mandatario. Había más de 40 países invitados.
Las sombras
–Usted recibió un estado muy crispado por la corrupción de Ángel Aguirre, y se le vinculó con él. ¿Rompió con el exgobernador? –se le inquiere.
–Debo ser muy claro y transparente: entré a gobernar convencido de ir en una ruta que construirá armonía en Guerrero. Para eso tenía que reducir la gran franja que separa a la clase política de la sociedad civil. Tuve que ser muy cuidadoso. No me voy a meter con Aguirre. No le voy a echar más gasolina al fuego, prometí, pero también les dije que entiendan que las cosas ya no pueden seguir como antes.
“Lo dije: ‘Yo no vengo con linchamientos contra nadie ni a satanizar a nadie, mucho menos al aguirrismo’. Y debí hacer cambios en el gabinete. Los fui concretando de manera discreta, para no generarme conflictos con el aguirrismo.”
Los principales relevos ocurrieron en la Secretaría General de Gobierno, en la Procuraduría y en la Secretaría de Educación. Hubo presiones, denuncia. Le sugirieron que no hiciera ninguna modificación.
–¿Navega en un campo minado?
–Navegué entre arenas fangosas. Haces un cambio y rápido te bloquean una carretera. Claro, entendí. Es que pisé callos.
–La clase política en Guerrero se desdobla también en movimientos sociales. ¿Utilizan las movilizaciones para presionar?
–Las usan para cobrar facturas. Y déjeme decirle otra cosa: en el gobierno de Aguirre estaba el aguirrismo, mayoritario, pero también había cuotas y aliados de otras posiciones políticas. Líderes del perredismo, como Sebastián de la Rosa, (David) Jiménez Rumbo, Víctor Aguirre, los de Evodio (Velázquez), los de (Armando) Ríos Piter…
“Luego de los cambios vienen y me dicen: ‘Amplíame mi parcela. Tú necesitas gobernabilidad y yo te la puedo dar’. No ha sido nada fácil.”
–¿Hubo un pleito por el botín del gobierno?
–No como pleito, pero sí como reclamo, exigencia, como demanda en todas las formas: desde las más sutiles hasta las más radicales.
–¿Cómo reaccionó el aguirrismo frente a usted?
–Les dije a los integrantes de esa corriente: ‘Yo no vengo en plan de linchamiento del aguirrismo, entonces ayúdenme. Y la mejor forma de ayudarme es bajarle a su protagonismo político. ¿Cómo impulsan al hijo de Ángel Aguirre en Acapulco?’. Se tuvo que llegar a las detenciones para que entrara la prudencia, la mesura.
–¿A usted lo ha presionado Aguirre?
–No, nunca, pero sí siento la presión del aguirrismo.
La tentación violenta
A lo largo de la plática, Ortega insiste en un hecho que él conoce como investigador y participante de movimientos sociales: “Uno sabe cuándo empieza un conflicto, pero nunca sabe cómo terminará”.
–¿Ha existido otro momento más crítico en la historia de Guerrero?
–El movimiento de 1960, que culminó en la matanza del 30 de diciembre. Era una protesta por la autonomía universitaria y por demandas sociales y populares que enarbolaba Genaro Vázquez Rojas. Desde entonces Ayotzinapa ha estado presente. Eso terminó en una salida autoritaria y violenta. Eso lo tenía muy claro desde el momento que acepté la gubernatura: ¿cómo llevar a este movimiento a una ruta institucional, que no termine en una salida represiva? Y hemos estado a punto, a punto…
–¿Cómo le ha hecho para evitar esa salida?
–Insistiendo en el diálogo, con la tolerancia extrema, que me cuesta muchos reclamos.
–¿A nivel local, del gobierno federal?
–A todos los niveles.
Paralelamente, prevé otro escenario conflictivo durante los comicios locales.
“Hay condiciones excepcionales en Guerrero y tenemos que ver una ruta donde no se reprima el derecho de unos por votar y la voluntad de otros por el boicot electoral”, advierte.
–¿Hay una mayoría a favor del boicot?
–No. Están en la ruta del diálogo. El hecho de que hayan entregado los ayuntamientos es una demostración de que vamos ganando por esa ruta.
