Tres especialistas en transparencia consultadas por este semanario coinciden en un punto: la necesidad de investigar el posible conflicto de interés en el que pudo haber incurrido el secretario de Gobernación.
“El que haya rentado no lo exime de un posible conflicto de interés”, explica Jaqueline Peschard. Para saberlo, dice, deberían contrastarse los contratos de arrendamiento con los precios de mercado. “Si a partir de la relación con el contratista se las dieron más baratas (las rentas), sí podría (haber conflicto de interés)”.
Para Lourdes Morales, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la fórmula que se ha venido repitiendo en este sexenio –contratistas federales de obra que facilitan viviendas a los gobernantes– podría “perfectamente” encajar en la definición de conflicto de interés.
“Merecería una investigación más profunda. En el tema de obras y de la relación sector público-sector privado habría que afinar los mecanismos de seguimiento y de las operaciones que se hacen con funcionarios para evitar conflictos de interés.
“Hay una duda fundada (en el caso de Osorio). Todo esto se podría despejar si da más información. Así se clarificaría si hay conflicto de interés o no. Creo que es un caso grave, como la Casa Blanca es un caso grave y las explicaciones que han dado son muy deficientes. Aquí estamos hablando de una noción básica de rendición de cuentas que no tenemos”, puntualiza Morales.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señala que entre otras cosas el conflicto de interés se puede configurar cuando las acciones de los funcionarios están ligadas a un interés personal secundario.
Peschard agrega: “Esto se da cuando se entrelazan las funciones públicas para obtener algún tipo de beneficio privado”.
“Hay una costumbre muy arraigada de uso patrimonial de recursos públicos. El problema es que no está tipificada, claramente establecida, que lo deja a la discrecionalidad de los funcionarios”, lamenta la excomisionada presidenta del IFAI.
La directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), Lourdes Morales, refiere: “No tenemos un sistema de responsa-
bilidades en México que lleve a la corrección del problema ni a la sanción. Es decir, los incentivos que hay para cometer conflictos de interés son mucho más fuertes que para no cometerlos. Inclusive hay un tipo de corrupción que podríamos decir que es legal, por las fugas que hay en la ley.
“Yo no descarto que muchos de los comportamientos de funcionarios del gabinete sean por el aprendizaje que tuvieron al gobernar en sus estados. Entidades en donde no hay suficientes contrapesos, en donde no hay un periodismo crítico, la mayoría están cooptados por los gobernadores, y entidades donde hay una sociedad civil mucho más débil de lo que podemos encontrar en otros lados. El mensaje es muy grave. Lo pueden hacer (incurrir en conflictos de interés) porque no hay consecuencias”.
Para Mariana Campos “claramente deberían existir más controles para que no queden a discrecionalidad” los posibles conflictos de interés. Sin embargo, sostiene, en el país hay una “resistencia política enorme” a abrir esta información.
En la propuesta que la RRC presentó para elaborar la Ley Anticorrupción que estaría por promulgarse, se lee:
“La corrupción se ha convertido en el fenómeno más controvertido de este sexenio. (…) La falta de una respuesta institucional articulada y completa ha favorecido que el tema se haya extendido en los medios y las redes sociales.”
Rendición de cuentas
Para la directora de la RRC, el asunto medular es la renuencia de los funcionarios mexicanos a rendir cuentas.
“Nuestra gran debilidad es que todavía no tenemos una política de rendición de cuentas, que muchas veces se confunde con transparencia. Es decir: podemos tener más acceso a la información y la prueba es que nos enteramos de estas casas, pero no hay consecuencias ni explicaciones a la ciudadanía.
A Morales le parece insuficiente la simple aclaración del secretario Osorio Chong limitándose a negar la propiedad de las casas. “La respuesta (del secretario) no da más tranquilidad, sobre todo con los antecedentes que tenemos. Si el secretario de Hacienda dijo en su caso que estaba tranquilo (en lo que respecta a su casa en Malinalco), pues qué bueno que esté tranquilo, pero éstas son burlas a la ciudadanía.
“Yo no estoy acusando al secretario Osorio Chong. él dice que ésa no es su casa, pero no da más explicaciones. Si quiere dar certeza, que dé explicaciones de su actuar a la ciudadanía. Es lo que se está pidiendo en este caso. Ante las exigencias ciudadanas, la falta de sensibilidad ha caracterizado a este gobierno.”, dice Lourdes Morales.
Empresas irregulares
Fantasmales, las empresas de Sosa Velasco –que aparecen al final en las cadenas de compraventa de las casas facilitadas a Osorio Chong– son muestra de la laxitud con la que son certificados los proveedores de los gobiernos estatales y del federal.
Según Peschard, esa ha sido una deficiencia de las secretarías de la Función Pública, Hacienda y Economía.
“Se requiere identificar con claridad la recurrencia con la cual se favorece a ciertos tipos de empresas y ver si los dueños de esas empresas han tenido algún tipo de relación personal con los funcionarios, como las que se han encontrado. Ahí es donde está el posible conflicto de interés”, dice Peschard.
Declaraciones patrimoniales
Desde que es funcionaria federal, la esposa de Miguel ángel Osorio Chong, Laura Ibernia Vargas Carrillo, “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.
El secretario, por su parte, dio cuenta de cuatro terrenos a su nombre pagados de contado –sin ubicación ni monto de las operaciones–, un palco en el estadio del club de futbol Pachuca y cinco referencias bancarias.
Detonado por el equipo de investigación de Carmen Aristegui el asunto de la Casa Blanca presidencial de las Lomas de Chapultepec, situada a unos metros de la residencia del secretario de Gobernación, éste se comprometió públicamente el 27 de noviembre de 2014 a ampliar su declaración patrimonial, como entonces se vio obligado a hacerlo el presidente de la República.
“El secretario de Gobernación lo hará. Sí, no tengo ningún problema”, dijo a José Cárdenas en su programa radial. No cumplió. Por el contrario, decidió omitir los bienes en resguardo de su esposa, publicando una declaración incompleta.
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga a proporcionar información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, de los servidores públicos y sus cónyuges.
“La abrió a medias. Los servidores públicos tienen la obligación de entregar completa su declaración patrimonial a la Función Pública. Los ingresos de él, de su cónyuge y de sus dependientes económicos. Tiene que decir si tienen algún tipo de crédito (a nombre de la mujer), si tiene deudas, así estén casados por separación de bienes. Pueden hacerlas públicas o no, ocultar lo que quieran y mostrar lo que les parezca”, explica Peschard, aunque aclara que un servidor público tiene la facultad de elegir qué hace público. “Y es lo que hace Osorio”.
Respecto a los contratos de arrendamiento, Lourdes Morales piensa que podrían incluirse en el artículo 44 de la misma ley: “Para los efectos de la Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que disponga su cónyuge…
“El problema no es si renta o no. El problema es la resistencia a que cada vez que aparece una iniciativa para abrir esto al escrutinio público, lo cierran los propios legisladores”, dice la directora de la RRC y lamenta que en las reformas en materia de transparencia no se haya incluido la obligación de divulgar las declaraciones y “evitar posibles enriquecimientos inexplicables”.
Añade: “Una de las batallas que dimos en la aprobación de la Ley General de Transparencia que se discutió en el Congreso fue la publicidad de la declaración patrimonial, la de interés y la de impuestos. No quisieron. Sólo ocho gobernadores, cuatro diputados y cuatro senadores aceptaron hacerlo”.
En comparación, Mariana Campos indica que hay una ley modelo de la OEA que dice que los funcionarios tienen que incluir declaración de interés, ingresos activos y pasivos, en donde venga toda la información de créditos y deudas hipotecarias.
Peschard asegura que en “aras de la transparencia”, lo ideal sería que los funcionarios hicieran públicas la declaración de conflictos de interés, la declaración de impuestos y la declaración patrimonial. Por eso lucharon por que se incluyera en el sistema nacional anticorrupción, sin éxito.
Explica que en la actualidad la única que se hace pública voluntariamente es la patrimonial. Y si uno compara la patrimonial con la de impuestos, lo que se tiene y lo que se gasta, sería una manera de identificar si hay una consistencia en las declaraciones.
Pero aclara: De lo que se tenía en la primera iniciativa del Ejecutivo a lo que se tiene ahora hay años luz de distancia. Esto tiene que ver con una mayor exigencia social.
