Faltan menos de tres meses para los comicios intermedios y en Jalisco la inestabilidad va en aumento. Las últimas semanas los asesinatos y emboscadas –la más reciente en contra del comisionado de Seguridad, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, el 30 de marzo– mantienen conmocionada a la entidad. Hoy, según las cifras oficiales, Jalisco tiene la mayor incidencia de homicidios dolosos, entre éstos los de 80 funcionarios. Así inicia Aristóteles Sandoval su tercer año de gobierno.
El miércoles 1, cuando Jorge Aristóteles Sandoval Díaz cumplió sus primeros 25 meses como gobernador, el frustrado ataque contra el comisionado de Seguridad, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, tenía conmocionada a la entidad.
Solorio Aréchiga es el segundo funcionario de alto rango atacado desde que Sandoval Díaz despacha en Casa Jalisco. El primer atentado ocurrió el 8 de marzo de 2013, cuando el recién nombrado secretario de Turismo Jesús Gallegos Álvarez fue ejecutado en una concurrida vía pública.
Ambos atentados se atribuyen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, El Mencho. Desde entonces, la entidad registra un récord, pues han sido asesinados más de 80 funcionarios jaliscienses.
La emboscada a Solorio Aréchiga seperpetro la noche del 30 de marzo. Él sobrevivió gracias al alto blindaje de la camioneta en que viajaba, pues resistió los impactos de los proyectiles calibre .50, según datos obtenidos por Proceso Jalisco.
Las autoridades guardaron silencio durante varias horas. Pero decidieron hablar cuando Proceso informó sobre la agresión en su sitio electrónico. Solorio y el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco declararon que los autores fueron sicarios del CJNG.
Refieren que el ataque fue en represalia por la muerte del líder de la plaza de esa organización en la Región Valles, Heriberto Acevedo Cárdenas, El Gringo, y otros dos miembros de su organización. Los tres cayeron el 23 de marzo en Zacoalco de Torres, en un enfrentamiento con uniformados.
El 28 de marzo, dos días antes de la emboscada, un comando de ocho personas acribilló al regidor priista de San Pedro Tlaquepaque, Feliciano García Fierros, en la colonia San Martín de las Flores, y agredieron a su hijo Iván García Flores.
Poco antes, las autoridades federales anunciaron el desmantelamiento de un macrolaboratorio de droga sintética en el municipio de Pihuamo.
El operativo se realizó en la localidad de La Parota, donde agentes de la Procuraduría General de la República y tropas del Ejército aseguraron 23 reactores metálicos, 19 tanques estacionarios para el almacenamiento de gas LP, nueve tubos metálicos, 58 tambos de diferentes capacidades, seis secadoras, así como sustancias químicas.
La emboscada contra Solorio ocurre a menos de tres meses de los comicios del 7 de junio, en momentos en que la administración estatal busca resaltar la reducción de homicidios dolosos y los delitos de alto impacto en la entidad.
Según las cifras oficiales, en 2011 se reportaron mil 222 homicidios dolosos; en 2012 fueron mil 84; en 2013 sumaron mil 99; en 2014 bajaron a 904, y en lo que va de este 2015 los ilícitos de ese tipo continúan al alza: durante el primer bimestre se reportaron 155 casos; es decir, 2.6 por día.
Algunos de los crímenes de alto impacto, incluidos los de reconocidos políticos del PRI, ocurrieron en el municipio de Tlaquepaque, donde la pobreza golpea a más de 36% de los habitantes. La comunidad cuenta con 600 mil habitantes.
Una de las víctimas, el diputado priista Gabriel Gómez Michel, fue levantado a plena luz del día el 23 de septiembre de 2014 junto con su chofer, Jesús Hernández, en Periférico Sur, Tlaquepaque, por un comando armado.
La madrugada del día siguiente, ambos cuerpos aparecieron calcinados dentro de la camioneta Suburban del diputado, que antes había pertenecido a su homólogo Marcos Barba Mariscal.
El fiscal Nájera criticó la lentitud con que operó la Policía Municipal de Tlaquepaque, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló de las precarias condiciones del equipo de videovigilancia instalado en el Periférico.
Un mes antes de la ejecución de Gómez Michel, fue asesinado el exalcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez Torres. Lo acribillaron unos desconocidos cuando llegó a su rancho.
El forense Alfredo Rodríguez García comenta que las bandas del crimen organizado no dejan de intimidar, pese a que en Jalisco opera ya la Fuerza Única, conformada por 700 elementos de élite, impulsada precisamente por Solorio y el fiscal Nájera.
La intimidación
En Jalisco, los criminales confrontan a la autoridad en áreas densamente pobladas de ciudades medias. Así ocurrió el 19 de marzo en Ocotlán, donde hubo entre 11 y 16 muertos, incluidos cinco federales, tres civiles y otros tantos sicarios, según las autoridades.
Por el número de agentes fallecidos, ese ataque es equiparable al de mayo de 2014 en el municipio de Guachinango, en el cual murieron cuatro militares. En ambos casos los agresores fueron integrantes del CJNG.
En el caso del atentado contra Solorio, hay por lo menos dos versiones: una indica que sicarios fuertemente armados atacaron a la Fiscalía General del Estado. La balacera se suscitó, sostienen los testigos, cuando elementos de la Fuerza Única les marcaron el alto a los conductores de dos camionetas que circulaban sobre Río Blanco, justo en el cruce con Independencia, en territorio de Zapopan.
La segunda versión establece que más de media docena de desconocidos emboscaron a Solorio y sus escoltas; formaron una barricada sobre Independencia, al lado de una curva pronunciada, en la confluencia con la avenida principal del poblado de Río Blanco.
Los sicarios, quienes llegaron en una camioneta Tahoe y una Chevrolet de modelo reciente, colocaron costales rellenos de arena en los dos extremos de Independencia y varias armas largas: una metralleta calibre .50, un lanza-cohetes y fusiles de grueso calibre para atacar a Solorio y sus acompañantes.
Algunos vecinos relataron al reportero de radio René Hernández que “se oyeron truenos muy grandes, como granadas o bombas”. Horas después del ataque, autoridades estatales localizaron dos vehículos abandonados en esa zona con armas, granadas de fragmentación y un rastreador de llamadas telefónicas.
El doctor Rodríguez García comenta al reportero: “Yo pienso que el mensaje que se envía con este tipo de ataques es para él (Solorio) y para Luis Carlos Nájera. Si lo hubieran querido matar (a Solorio), lo hacen en otro lado. De otra manera no se puede entender ese atentado. Los delincuentes saben que ese tipo de funcionarios siempre viajan en un vehículo blindado”.
De acuerdo con el forense, los agresores se abstuvieron de utilizar armas de mayor capacidad de fuego: “Si hubieran utilizado un misil, lo hubieran matado”.
El 28 de marzo, dos días antes de la emboscada a Solorio, un comando armado de ocho personas irrumpió en una finca de la colonia San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, y acribillaron al regidor priista en ese municipio Feliciano García e hirieron a su hijo Iván García Flores, según relató uno de los hermanos de Feliciano.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el crimen puede estar vinculado a negocios de la empresa del transporte público, pues Feliciano era empresario de esa rama. El fiscal Nájera no descarta que los autores sean integrantes del crimen organizado.
Golpe tras golpe
El 8 de marzo de 2013, cuando Aristóteles tenía apenas una semana en Casa Jalisco, un comando armado persiguió y ultimó a José de Jesús Gallegos Álvarez, recién nombrado secretario de Turismo.
La ejecución tuvo lugar en los límites de Zapopan y Guadalajara, en Colinas de San Javier, un exclusivo fraccionamiento donde vivía el funcionario. Estaba a unas calles de la finca donde tropas del Ejército abatieron a Ignacio Nacho Coronel Villarreal el 29 de julio de 2010.
La Fiscalía General del Estado capturó a cuatro de los presuntos homicidas de Gallegos: Juan Manuel Martínez, El Piojo; Julio Andrés Vázquez, El Padrino; Ernesto Muñoz Morales, El Tilico, y Jonathan García, John Perro, y concluyó que los cabecillas del CJNG habían ordenado su ejecución, según declaró a los medios en mayo de 2014.
Los implicados aseguraron que les habían pagado de 2 mil a 3 mil pesos por participar en el operativo contra Gallegos. Admitieron también que durante varios días vigilaron al funcionario para conocer sus rutinas.
Nájera también ha estado en la mira de los sicarios. En febrero de 2011, varios medios de comunicación informaron que en diversos sitios fueron colocadas por lo menos siete narcomantas en las que se acusaba a Nájera, quien entonces era colaborador del gobernador panista Emilio González Márquez y otras autoridades policiacas de Jalisco, de proteger al CJNG.
Nájera negó la acusación e incluso cuestionó el trabajo de los reporteros porque, dijo, los medios se estaban prestando a las acciones de propaganda orquestadas por los delincuentes, según informó La Jornada Jalisco en su edición del 6 de febrero de 2011.
Días después, el grupo La Resistencia realizó narcobloqueos que afectaron 28 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.
A finales de ese año, el periodista Ricardo Ravelo publicó un reportaje titulado “Aristóteles Sandoval y sus expedientes judiciales”, en el que mencionó a Ignacio Loya Alatorre, un empresario del trasporte que era presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, ejecutado el 21 de febrero de 2007 (Proceso 1832).
En ese reportaje se dan detalles de la amistad entre Aristóteles Sandoval y Loya Alatorre. En la indagatoria sustentada en la averiguación previa 029/2007/H.I./A, según el reportero, se mencionan los contactos de Loya con algunos destacados priistas.
Sergio Oseguera, chofer de Loya Alatorre, por ejemplo, admitió que su patrón entregó al menos 100 mil pesos a Sandoval para sus actos de proselitismo político.
Al principio, Sandoval negó su amistad con Loya Alatorre, pero terminó por admitir que sí era su amigo. No obstante, rechazó que el empresario financiara su carrera política.
Según el reportaje publicado por Proceso en su edición 1832, Sandoval conoció a Loya por medio de Alfredo Barba Mariscal, alcalde con licencia de Tlaquepaque e hijo del líder de la CROC, Alfredo Barba Hernández.
